jueves, 17 de octubre de 2013

Presentan guía para mejorar la protección de los denunciantes de actos de corrupción

Ideeleradio.- El denunciante de actos de corrupción tiene el derecho a que el Estado lo proteja y adopte medidas eficaces, porque está haciendo un ejercicio de sus derechos humanos, afirmó Claudio Nash Rojas, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Fue al comentar la presentación de la Guía para la utilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Protección de los Denunciantes de Actos de Corrupción, documento que busca que el Estado aplique mejores mecanismos de defensa para ciudadanos y ciudadanas que se enfrentan al poder.

“El denunciante tiene el derecho a que el Estado lo proteja y adopte medidas eficaces para la protección de esta persona. Si eso no es suficiente o si esa protección no se da o esa protección en definitiva fracasa, se habilita la protección internacional y nosotros, con esta guía, invitamos a mirar esa protección internacional”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El denunciante de actos de corrupción está haciendo un ejercicio de derechos humanos, usando su libertad de expresión y tiene derecho a que el Estado proteja esa actividad. Nosotros hemos trabajado sobre la base de una idea amplia de denunciantes que merecen protección, incluso aquellos que han sido parte de procesos de corrupción. En ese sentido, también merecen protección sin perjuicio que hayan responsabilidades civiles o penales”, puntualizó.

Explicó que las relatorías son una buena posibilidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para garantizar la protección de los denunciantes. Sostuvo que se tienen que buscar formas de proteger de mejor manera a aquellos que denuncian actos de corrupción y mencionó que el Estado tiene esta responsabilidad.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile dijo, además, que quien se enfrenta al poder debe contar con ciertas herramientas que le permitan desarrollar su denuncia sin verse afectado en sus derechos más básicos.

Estimó que las organizaciones pueden generar espacios de diálogo solicitando audiencias especiales ante la Comisión Interamericana para analizar, por ejemplo, la falta de protección de denunciantes de actos de corrupción y ver si el Estado está adoptando medidas eficaces.

“¿Por qué eso es importante? Porque se genera un espacio de diálogo en condiciones de igualdad entre el Estado y esas organizaciones; y quien es el veedor de este diálogo y se puede pronunciar al respecto es la Comisión Interamericana”, anotó.