lunes, 14 de octubre de 2013

Óscar Ayzanoa: Nueva ley no favorece a Antauro Humala o un caso particular

Ideeleradio.- La nueva ley aprobada en segunda votación por el Congreso de ninguna manera debe interpretarse como una norma destinada a favorecer a Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta Humala, porque nosotros evitamos cualquier situación que implique el favorecimiento a conductas particulares, afirmó Óscar Ayzanoa Vigil, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y miembro del Consejo Nacional Penitenciario.

"[¿Ustedes sostienen que de ninguna manera debe interpretarse así como una ley para Antauro?] Definitivamente. Nosotros evitamos cualquier situación que implique favorecimiento a conductas particulares. Creo que a la hora de normar, el Congreso, el Ejecutivo, a través de sus facultades normativas reglamentaria debe normar en función a situaciones generales y no a casos particulares”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En ese sentido, el razonamiento es muy simple. En agosto de este año se dieron un conjunto de leyes que implementan, dentro de la facultad del Congreso, la necesidad y la realidad de restringir beneficios penitenciarios para ciertos tipos de delitos y nuevos tipos de delitos que fueron creados por estas normas. El tema es que no se dejó establecido a partir de cuándo se aplicaban estas nuevas restricciones a conductas que ya tenían restricciones previamente dentro del marco normativo anterior”, declaró.

Un régimen claramente definido

Según Ayzanoa Vigil, la ley aprobada el jueves último interpreta y deja claramente establecida que esas nuevas leyes rigen para aquellos delitos que sean cometidos en adelante. Indicó que no se otorgan beneficios penitenciarios a conductas que ya tenían restricciones.

“Lo que se hace [la norma] es que se establece un régimen claramente definido para que se aplique los beneficios penitenciarios de acuerdo a ese criterio, porque nos dimos cuenta que de un día para otro, 16% de la población, es decir 10 mil internos que tenían restricción de beneficios penitenciarios se convertían de pronto por el hecho de estas nuevas leyes en 48.700 internos, es decir 73% de población penal”, refirió.

“Casi tres cuartas partes de la población penal iba a estar totalmente restringida de beneficios penitenciarios y esto variaba las normas aplicándose de una forma negativa por el cual fueron sentenciados”, explicó.

INPE dio una campanada de alerta

Finalmente, sostuvo que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dio un vistazo o una campanada de alerta, tanto en el Consejo Nacional de Política Criminal como al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y a diversas autoridades para que se evalúe este caso.

“En el sentido, que la aplicación de las normas bajo este criterio interpretativo ponía en gran riesgo todas las políticas de tratamiento que tratamos de implementar, más aún porque iban a motivar que los egresos iban a ser mucho menores y se podía genera algunas situaciones en los penales de mucho riesgo”, acotó.