martes, 15 de octubre de 2013

IDL: Política energética no está por encima de los derechos del pueblo indígena Nahua

Ideeleradio.- La política energética no está por encima del derecho a la vida y la salud del pueblo indígena Nahua, que habita en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN), donde Pluspetrol busca ampliar la explotación gasífera del lote 88, sostuvo Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar el editorial La rebelión de los nahuas del diario El Comercio, donde se señala que un grupo de ONG buscó un beneficio propio utilizando la posición del pueblo indígena Santa Rosa de Serjali (SRS), ubicada en la zona del lote 88.

“Cuando hay un conflicto entre la política energética y el derecho a la vida y la salud, la primera opción es armonizar y compatibilizar los derechos en juego. Si no es posible armonizar, tenemos que entrar a proteger aquellos derechos que son más importantes y en este caso tenemos vida y salud. Vida y salud están por encima de política energética. No es que –como dijo alguna vez Alan García– el interés de la mayoría tiene que subordinarse al interés de la minoría”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[...] La protección del derecho a la vida y la salud, la protección de pueblos, la no extinción de pueblos indígenas es un asunto de interés público. No es que la mayoría se subordina a la minoría. La razón de ser del Estado es proteger la salud y la vida. En virtud de eso, si no hay manera de armonizar la vida de estos pueblos y la actividad energética, como parece acá, tenemos que entrar a proteger aquellos derechos más importantes”, argumentó.

Colisión política energética vs. vida
Ruiz Molleda estimó que en el caso del Lote 88 de Pluspetrol hay una colisión entre la política energética, que jurídicamente debe impulsarse, y el derecho a la vida y la salud del pueblo indígena Nahua.

“En principio, hablamos de una de las reservas más grandes, quizás la reserva más grande de petróleo, gas. El tema es que aquí tenemos, por un lado, la política energética lo cual es un bien jurídico digno de protección. O sea es importante proteger todo lo que es política energética, jurídicamente tenemos que impulsarla, pero el problema es que acá entra en colisión con el derecho a la vida y la salud. Los derecho a la vida y a la salud son un límite infranqueable de la política energética”, detalló.

“Lo que está en juego acá es la vida y la salud de un grupo de peruanos. Son pueblos que tienen una extremada vulnerabilidad porque su sistema inmunológico no está preparado para enfrentar enfermedades comunes, y si hay un contacto con trabajadores, madereros, esta gente va a morir porque se va a contagiar de enfermedades para los cuales ellos no están preparados”, señaló.

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