miércoles, 24 de julio de 2013

Defensoría: No bastan las disculpas porque los deudos quieren justicia y reparación

Ideeleradio.- Las disculpas públicas que dio el Estado a los familiares de las personas que fueron asesinadas por escuadrones de la muerte durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori son gestos importantes, pero insuficientes, porque lo que ellos buscan es justicia y reparación, estimó Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Fue al comentar el cumplimiento de una de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien pidió disculpas públicas a los familiares de Saúl Cantoral, Consuelo García, Kenneth Anzualdo y Bernabé Baldeón, secuestrados, torturados y desaparecidos por escuadrones de la muerte.

“Nosotros saludamos esta decisión del Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Estado, de reconocer públicamente las disculpas para esos familiares, de personas que durante mucho tiempo, lamentablemente, desconocen el paradero [de sus familiares], por eso creo yo que no basta solamente las disculpas públicas, siendo un gesto muy importante, estas personas también exigen que se continúe el tema de reparaciones y, además, encontrar justicia”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Los temas de memoria, justicia y reparación son procesos que van de las manos, van juntos, entonces la gente considera que además de estas disculpas públicas que son un mandato de la Corte Interamericana [de Derechos Humanos], también están sus expectativas a los temas de justicia y reparación que debemos seguir avanzando a favor de esas personas, que durante de años han esperado este gesto por parte del Estado”, acotó.

En una ceremonia en el Ministerio de Justicia, su titular Daniel Figallo expresó, a nombre del presidente Humala, su sentimiento de dolor por estos hechos “que nunca más debieran repetirse”. En el acto participaron el premier, Juan Jiménez, y el secretario general de la CIDH, Diego García Sayán.