martes, 16 de abril de 2013

Defensoría: Publicación de base de datos no es una condición para una consulta en Cañaris

Ideeleradio.- La publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios no es una condición para desarrollar una consulta en la comunidad campesina de Cañaris, explicó el defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque.
 
“Nosotros mantenemos nuestra posición, expresada oficialmente en una comunicación enviada al Poder Ejecutivo, en la que señalamos que Cañaris es un pueblo indígena y que la consulta es perfectamente procedente. Cañaris es un pueblo quechua, muy antiguo que se extiende más allá de sus propias fronteras”, aseveró en el programa No Hay derecho de Ideeleradio.
 
“Ahora es muy importante la base de datos, sin embargo, el ejercicio del derecho a ser consultado sobre asuntos que interesan a un pueblo indígena, no necesariamente requiere de una base de datos. Es decir, necesitamos la base de datos, porque eso aclara dónde están ubicados y quiénes son los pueblos indígenas que tienen este derecho, pero para ejercer el derecho no es necesaria la condición que tengamos una base de datos”, apuntó.
 
El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que falta determinar con claridad el motivo de la consulta que se tiene que oficializar. Indicó que hay una serie de medidas administrativas y que falta determinar a cuál será sometida la consulta.
 
“[¿En la práctica, al margen de la relación, debería hacerse la consulta ya?] Lo que se tiene que determinar con claridad, todavía, es qué es lo que se va a consultar, porque tiene que oficializarse. Desde que se otorga una concesión hasta que se aprueba el estudio de impacto ambiental para explorar o explotar, hay una serie de medidas administrativas. Lo que cabe definir es cuál de estas medidas administrativas se va a someter a consulta”, anotó.

Debemos poner atención al caso Cañaris

Al respecto, consideró que debemos poner atención al caso Cañaris, que desde hace un año permanece en un mismo estado. Indicó que, por lo menos, se ha llevado a cabo cuatro reuniones, en las que no es posible todavía entrar a la discusión sobre la validez legal de las asambleas que se han llevado adelante para el acuerdo previo.
 
“La última [reunión] en la que cuatro funcionarios de la Defensoría del Pueblo estuvieron presentes en Cañaris, lo que relatan es que hubo una descoordinación sobre las personas que deberían ingresar a el proceso de diálogo. En estos casos, la invocación es a ser flexibles. Si una dirigencia solicita que ingresen dos o tres personas más, y eso no va a causar una gran perturbación en el proceso de diálogo y no va a poner en riesgo. Hay que ser flexible y permitirlo”, argumentó.
 
“Dicho sea de paso, hemos enviado oficios al Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitando información legal, que hasta ahora no nos ha sido enviado. Debemos pasar rápidamente a un momento de esclarecimiento total de la legalidad, porque ese es un punto importante, ya son cuatro reuniones en las que no se puede tratar este tema”, refirió.