lunes, 4 de marzo de 2013

Medina: Investigaciones a personas jurídicas por TID podrían caerse y fiscal de la Nación debe analizar el caso

Ideeleradio.- Si se confirma el contenido del dictamen del fiscal supremo Carlos Ramos en el que se señalaría que en nuestro sistema jurídico no es posible investigar a una empresa, se corre el riesgo de que se “caigan” varios casos en los que se vinculan a personas jurídicas con actividades relacionadas al narcotráfico, sostuvo la procuradora antidrogas Sonia Medina, tras solicitar el pronunciamiento del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

Fue al comentar la noticia publicada por La República, en la que se señala que el fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, dio un respaldo implícito al dictamen de la fiscal superior María Maguiña Torres que retira la acusación de lavado de activos del narcotráfico a los Sánchez Paredes. Según el diario, el magistrado dice “que en nuestro sistema jurídico no es posible investigar a una empresa” e “impone una multa del 20% de su sueldo al entonces fiscal provincial Jorge Chávez Cotrina por incluir en esta investigación, el año 2007, a las empresas de dicha familia”.

“[¿Qué significaría si se confirma que el fiscal Carlos Ramos avaló la posición de la fiscal que archivó el caso?] Significa, así de simple, una conminación de que las opiniones de los dictámenes fiscales simplemente se aparten de investigar a las personas jurídicas y ese es un pésimo mensaje que creo que al fiscal de la Nación le corresponde analizar esa situación”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

[¿Varios casos se caerían?] Definitivamente, tienen una extrema vinculación o relación entre personas naturales y personas jurídicas, y entonces ahí viene nuestra máxima preocupación que de haber leído esta noticia que espero que haya sido una mala transcripción. […] Repito es preocupante y es el fiscal de la Nación quien tiene que medir esta situación tan preocupante”, acotó.

Personas jurídicas son agentes pasivas de un delito
Medina Calvo dijo esperar que el dictamen del magistrado se trate de un error y estimó que, en caso contrario, esta sería “una opinión aberrante” ya que en la actualidad “no son solo son las personas naturales, sino las personas jurídicas quienes también están involucradas o son agentes pasivos de un delito”.

“El tribunal lo que le corresponde ahora, que por cierto la semana pasada salió una noticia bastante preocupante con respecto al pronunciamiento del archivo de la denuncia de oficio que le hace el Ministerio Público a la fiscal que archivó el caso. Y ahora, en este momento, hace eco, resolviéndose por el archivo con respecto a esa denuncia del fiscal supremo Ramos y aquí lo digo como ciudadana, como abogado y con la solvencia que me da el cargo, de que espero y deseo, sinceramente, que haya habido una mala transcripción o una mala recepción de lo que podía decir este doctor Ramos”, explicó.

"De no ser así, es muy extremadamente preocupante este pronunciamiento porque constituiría una opinión aberrante el que él tenga que calificar que no se puede investigar a las personas jurídicas sería tener un desconocimiento descomunal con respecto a la doctrina legal y los principios jurisprudenciales de que tenemos que investigar a las personas jurídicas, porque, justamente, hoy por hoy no son solo son las personas naturales, sino las personas jurídicas quienes también están involucradas o son agentes pasivos de un delito”, argumentó.

Mencionó que el contenido de ese dictamen sería muy conminativo en relación a lo que podrían decidir otros magistrados, a pesar de que la investigación es un aspecto que está dentro de sus funciones constitucionales.

Cambios en SPN son saludables
Por otra parte, consideró que está dentro de lo saludable los cambios producidos en la Sala Penal Nacional, así como el nombramiento de de la magistrada Inés Villa Bonilla como coordinadora. Opinó que era más que necesario que se establezcan modificaciones porque se requieren decisiones más certeras que permitan luchar contra el crimen organizado.

“En la medida en que nosotros desde la Procuraduría podemos sentir que ya era, a veces más que necesario, tener algunos cambios porque ha habido señores vocales que son bastante antiguos y en esa antigüedad es que muchos de ellos creen tener patente de corso parta resolver y decidir como lo han venido haciendo hasta ahora, supuestamente apoyados por esa antigüedad, por unos criterios impuestos desde de repente muy intrínsecamente desde su formación jurisprudencial, pero si no es así dónde entra la opinión de la comunidad jurídica de tener que muchas veces criticar estas resoluciones. Creo que responde a lo saludable que puede significar estos cambios”, refirió.

“Obviamente, también, estamos haciendo votos porque estos nuevos cambios signifiquen en la administración de justicia las decisiones más certeras que pueda haber alrededor del crimen organizado. […] Creo que aquí lo que debemos considerar al margen de un caso específico, para nosotros si bien es cierto un caso muy emblemático, a nivel de todo nuestro bagaje que tenemos a nivel de narcotráfico y lavado de activos, el tema es que esas decisiones que puedan imprimir ahora las salas o los vocales de los remanentes antiguos o los que están ingresando son verdaderas decisiones a luchar frontalmente contra el crimen organizado “, concluyó.