viernes, 18 de enero de 2013

Pulgar Vidal tras caso Pluspetrol Norte: Porcentaje alto de multas no se ejecutan porque empresas acuden al PJ

Ideeleradio.- La multa impuesta a la argentina Pluspetrol Norte por no efectuar trabajos de remediación ambiental en el yacimiento Yanayacu, ubicado dentro de la reserva natural Pacaya Samiria no fue arbitraria y si acude al Poder Judicial, está recurriendo a una práctica que lleva a que un alto porcentaje de sanciones no se ejecuten, estimó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.


Fue al comentar el comunicado de dicha compañía, en la que anuncian que agotarán las acciones legales correspondientes tras la multa de 30 millones de soles, impuesta por el estatal Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por no implementar un Plan Ambiental Complementario (PAC).

“Ellos, efectivamente están recurriendo –parece no sé si ya lo presentaron– que van a recurrir al Poder Judicial y eso lamentablemente es un derecho, pero también es una práctica que lleva a que un porcentaje muy alto de sanciones no se ejecuten, no se paguen porque van al Poder Judicial”, advirtió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Los administrados tienen todo el derecho, si inician un procedimiento judicial y solicitan una medida cautelar para que se suspenda la aplicación y la ejecución de la sanción impuesta, efectivamente la administración pública tiene que suspender la ejecución de la cobranza hasta que no se concluya el procedimiento judicial”, explicó.

El ministro remarcó, en otro momento, que la OEFA cumplió estrictamente su función, pues cuando se hizo una supervisión se comprobó que Pluspetrol Norte no ejecutó el Plan Ambiental Complementario referido a pasivos ambientales de hidrocarburos.

“Cuando se hizo la supervisión se hizo las supervisiones correspondientes se verificó que no se estaba ejecutando el PAC y que en algunos casos algunas medidas ya no habían continuado y otras ni siquiera se habían asumido; entonces, lo supervisores van y hacen una verificación objetiva de la situación”, argumentó.

“Respecto a los calificativos, eso uno tiene que asumirlo, ninguna autoridad que impone sanciones recibe flores ni rosas, es natural que se pongan esas cosas. Quizás si vale la pena señalar que, en este caso específico, el OEFA ha cumplido estrictamente su función y está garantizando que la ley se aplique en beneficio de todos los ciudadanos”, anotó.

Proyecto para constituir una garantía al iniciar un juicio
Pulgar Vidal refirió que el acceso a la justicia es una facultad de la persona natural o jurídica que no puede ser limitado porque es un derecho fundamental y constitucional. No obstante, dijo que el Poder Ejecutivo espera la aprobación de un proyecto de ley que permita constituir una garantía para iniciar un proceso judicial, como se hace en Indecopi y la Sunat.

“El Ministerio del Ambiente, el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley a inicios de diciembre, que ya ingresó al Congreso bajo el Nº 1815 y he escuchado mucha voluntad y disposición del Congreso para que sea discutido y aprobado, que corrige esta situación para hacer que en el futuro el administrado sancionado a nivel de la administración pública y que quiere llevar al Poder Judicial, deba constituir una garantía para iniciar su proceso judicial, no se le puede limitar, pero deja una garantía y esto no es una arbitrariedad del Ministerio del Ambiente, funciona en Indecopi y la Sunat”, aseveró.

“Lamentablemente, en este caso [Pluspetrol Norte] ya no, pero sí creo que esto nos permite tener atención y cuidado en que este proyecto de ley debe ser aprobado rápidamente. Este proyecto 1815 no es un proyecto de ley represivo, porque por su lado tiene un elemento fundamental para los administrados y si subsana la omisión una vez que es supervisado, no se utiliza el procedimiento administrativo, pero si se lo quiere saltear vamos a ser muy estrictos”, apuntó.

Pudo haber modificado el PAC
Inicio Puntualizó que la sanción que representa un poco más de 8 mil UIT, casi 30 millones de soles, fue dispuesta por una resolución de segunda instancia por un determinado mal comportamiento ambiental de Pluspetrol Norte y la no ejecución de las medidas de remediación del Programa de Adecuación Complementaria (PAC) respecto a los pasivos ambientales.

“¿Qué es lo que alegó Pluspetrol? Que en realidad no había podido ejecutar las medidas del PAC porque las condiciones naturales de revegetación en la zona hacían que su intervención pudiese generar daños no previstos porque eventualmente parte de la contaminación había sido absorbido por la regeneración natural y el ecosistema, y que, en consecuencia, su intervención iba a causar más daños que soluciones”, detalló.

“El Tribunal ha planteado, y me parece una medida correcta, que el PAC es una medida dispuesta por el Estado, pero que es elaborada por ustedes que son los operadores, conocen las condiciones de los hidrocarburos. Segundo, si en el camino hubieran visto que las condiciones variaban hubieran podido modificar el PAC, comunicar oportunamente a la autoridad y solicitar la modificación del PAC, pero ninguna de estas situaciones se dieron”, dijo.