jueves, 31 de enero de 2013

Piden observadores locales e internacionales para ver cumplimiento de consulta previa

Ideeleradio.- La Defensoría del Pueblo debería convertirse en una suerte de observador del cumplimiento de las obligaciones en materia de consulta previa para que coadyuve la labor del Estado, planteó César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), al comentar el conflicto social en la localidad de Cañaris que rechaza el proyecto Cañariaco.

“Me parece que debería haber una suerte de observadores locales e internacionales que garanticen el cumplimiento del mismo [como es la consulta previa]. Me parece importante que la Defensoría del Pueblo haya emitido una opinión [sobre el caso Cañaris], pero debería convertirse en una suerte de observador del cumplimiento de las obligaciones que coadyuve la labor del Estado, de garantizar que esas inversiones son necesarias para el país y las comunidades, de acuerdo con los tratados y las leyes nacionales”, expresó al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Recordó, en ese sentido, que el Estado peruano tiene obligaciones internacionales derivados de su compromiso libre y soberano en el marco del Convenio 169 de la OIT, que regula el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando se lleva algún tipo de inversión público o privado.

“Las actuaciones del Estado o particulares que afecten los elementos esenciales de la vida, como pueden ser obras, infraestructura, explotaciones mineras, etc., me parece que no solo es un asunto de carácter nacional de respeto y cumplimiento de la ley, del reglamento aprobado, sino también de una obligación internacional”, opinó.

Landa Arroyo opinó, del mismo modo, que las empresas deberían fortalecer las áreas de responsabilidad social para una actividad productiva sostenida, responsable.

“Es importante apelar a ello [a una producción sostenida y responsable] para que sean los propios inversionistas que requiera el Estado que su inversión estará segura y garantizada, siempre y cuando el Estado respete sus propias normas en torno a establecer los mecanismos de consulta y planificación de las poblaciones que podrían verse afectados y que deberían ser beneficiadas con esta labor extractiva de recursos naturales”, acotó.

“Las poblaciones locales directamente no solo deben ser beneficiarias directa o indirectamente, sino también participar en lo que la ley ha previsto mediante la consulta previa”, concluyó.