Ideeleradio.- El Pleno del Congreso debe archivar el proyecto de ley que establece la vacancia de los presidentes, vicepresidentes o consejeros regionales que participen de protestas sociales porque esta medida adicional de corte político no contribuye a la gobernabilidad democrática ni responde a la idea de un gobierno unitario y descentralizado, sostuvo Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.
Fue al comentar la decisión de la Comisión de Descentralización del Parlamento que aprobó el proyecto de Ley 1241-2011, que señala que estas autoridades podrían ser vacadas por participar directa o indirectamente de manera indubitable en acciones que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y comercios.
“Cuando una comisión toma una decisión de esta naturaleza frente a autoridades que están investidas de autonomía constitucional, creo que no es una señal que contribuya a la gobernabilidad democrática. Mi impresión es que una medida como esta se hace para posibles conflictos entre autoridades, poderes del Estado, niveles de gobierno”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[Yo tenía] la impresión de que la descentralización se había pasmado y ojalá no sea peor que eso. […] No es la primera ocasión que se pretende una norma de esta naturaleza, lo que pasa es que ahora se ha aprobado en la Comisión de Descentralización y, sinceramente, confío en que el Pleno del Congreso rechace esta medida”, añadió.
El experto recalcó que tiene la impresión de que esta iniciativa no responde a un idea de un gobierno unitario ni descentralizado en el cual las políticas nacionales y sectoriales se formulan de manera concertada. Enfatizó que la descentralización es una política de Estado, que está prevista en el Acuerdo Nacional y la Constitución y que, por tanto, debería ser un compromiso asumido por todos los ciudadanos y los tres niveles de gobierno.
No entendemos por qué crean medida adicional de corte político
El directivo de Transparencia dijo no entender por qué se promueven medidas de corte político como la aprobada en la Comisión de Descentralización, pues, recordó que la actual normatividad ya menciona los procedimientos a seguir cuando los presidentes regionales emiten ordenanzas que podrían ser de competencia del Gobierno Nacional o cuando se trata de la rendición de cuentas o de la citación ante comisiones ordinarias o de investigación.
“Creo que es importante recordar que en el sistema legal vigente existen mecanismos para resolver situaciones de conflicto de competencias, la norma es clara por ejemplo, que cuando un nivel de gobierno pretende asumir competencias de otro nivel, eso se resuelve en el Tribunal Constitucional, hay varias sentencias que declaran la inconstitucionalidad de ordenanzas regionales, por ejemplo, con relación al cultivo de la coca, a la importación de ropa usada y a otras medidas en relación al caso de Cajamarca; existe en el Código Penal la tipificación de los delitos, incluso cuando involucran a funcionarios y autoridades”, indicó.
“Si la norma ya prevé estos mecanismos por qué necesitamos crear una adicional de corte político para generar una confrontación entre dos poderes del Estado, eso es lo que yo no termino de entender. La utilidad de la norma yo creo que va a ser contraproducente en realidad porque las autoridades y funcionarios están obligados a prestar colaboración con las comisiones del Congreso, cuando se rinde cuentas. Las comisiones de fiscalización han investigado a presidentes regionales sin ningún impedimento en periodos anteriores, [entonces] ¿por qué necesitamos esto?”, manifestó.
Parece que solo falta juramentar ante el Código Penal
Finalmente, ironizó el tema y dijo que pareciera que dentro de poco las autoridades van a tener que juramentar frente al Código Penal y ya no ante la Constitución. Subrayó que la respuesta a los conflictos sociales no es el endurecimiento de las medidas de corte penal, sino la búsqueda constante del diálogo.
“En un momento dije también que pareciera que dentro de poco que las autoridades van a tener que juramentar ya no frente a la Constitución, sino frente al Código Penal porque apenas ocurre algo, entonces buscamos cuál es el delito. Antes de buscar cuál es el delito hay que buscar cuál es la medida de la fórmula del diálogo para resolver los conflictos”, declaró.
“Tienes el caso de Espinar, finalmente, luego de una primera reacción en la que se busca –entrecomillas– aplicar el Código Penal y meter preso injusta o justamente a Mollohuanca, finalmente termina sentados el ministros, el alcalde y los demás discutiendo, eso es lo que queremos, eso es lo más democrático, concertar, buscar el diálogo, no se trata de endurecer las pena, se trata de fortalecer el mecanismo de diálogo”, remarcó.
