martes, 26 de junio de 2012

Alcalde de Huasmín: Solución a caso Conga no se dará desde sillón presidencial

Ideeleradio.- El jefe de Estado, Ollanta Humala, debería solucionar en Cajamarca el conflicto social que genera el proyecto minero Conga y no desde el sillón presidencial, enfatizó José Marín Agusti, alcalde distrital de Huasmín, al comentar los 27 días de paro indefinido que se acatan en esta región.

“Lo que nosotros hemos dicho desde un inicio es que la minería debería colocarse a un lado y la población en otro lado. Y el Gobierno Central debería ser el mediador; pero, lamentablemente, el Gobierno se ha comprado el problema y ha dejado que la minería mire de lejos. Aquí el enfrentamiento es entre la población y el Gobierno y la minería no está haciendo nada para solucionar el conflicto”, declaró al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Se tiene que ver la solución del conflicto porque la población ya no puede estar en marchas y protestas. Yo quisiera que el mismo presidente venga a Cajamarca y se solucione [el conflicto Conga]. Creo que como autoridades tenemos que solucionar el problema en el campo no desde el sillón presidencial o sillón municipal, en el caso de nosotros”, añadió.

Ejecutivo debe bajar al llano
Indicó que para solucionar este conflicto social e iniciar un diálogo verdadero, tanto el Ejecutivo y las autoridades de Cajamarca, deben bajar al llano y sustentar técnicamente sus posiciones. Refirió que en este aspecto se necesitan de mediadores que expliquen sobre la Ley de Recursos Hídricos.

“Para empezar un diálogo ambos debemos bajar al llano. El Gobierno Central tiene que decir, no va Conga y la población igual, ponerse de acuerdo y sustentar técnicamente. Si van a venir con imposición el Gobierno de que Conga va y los dirigentes dicen que Conga no va, nunca vamos a llegar al diálogo”, manifestó.

“Tiene que existir mediadores ahí para que se explique y se vea la misma Ley de Recursos Hídricos, que dice que no puede existir minería en cabeceras de cuenca y lo ha dicho muy claro la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”, apuntó.

Población impedirá construcción de represa
Marín Agusti advirtió, además, que la población de Huasmín, Sorochuco, La Encañada y Bambamarca, que están en la zona de influencia del proyecto Conga, de ninguna manera aceptarán la construcción de represas por parte de la empresa Yanacocha.

“De ninguna manera va aceptar la población [el inicio del proyecto Conga]. La población va a ir y ofrendar sus vidas, dicen ellos. No van a aceptar. Lo primero que tiene que hace el Gobierno es colocarse como mediador y la minería tiene que explicar por qué han mentido tantos años”, criticó.

“Es el precio que ahora están pagando por mentir a la población de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Bambamarca que se encuentran directamente en la zona de influencia. Por qué la población ha despertado tanto y no les cree, no hay nada creíble acá. Tiene que venir el gobierno a Cajamarca y explicarle a la población. La población va a escuchar detenidamente”, señaló.

Minera destruirá bofedales
Finalmente, el burgomaestre denunció que con el proyecto Conga se destruirán 100 bofedales, 60 pozos de agua, 54 sistemas de agua potable y 800 manantiales. Dijo que jamás en la vida una laguna natural será igual que una artificial y recordó que el reservorio de San José, ubicado en La Encañada, nunca funcionó.

“Van a destruir los cerros que almacena agua, donde hay más de 100 hectáreas de bofedales [o pantanos] y 60 hectáreas puras de pozos de agua. Tiene más de 54 sistemas de agua potable y 800 manantiales y 6 canales de irrigación. Todo se encuentra en la parte alta, en la cabecera de cuenc, y sería afectada con el proyecto Conga”, concluyó.

Santos: Población se trasladará a zonas altas y militarización traería gravísimas consecuencias

Ideeleradio.- La población se trasladará a las zonas altas donde se prevé construir los reservorios que anuncio la compañía minera Newmont y la militarización de la zona de influencia del proyecto Conga traería gravísimas consecuencias advirtió el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, al señalar que tanto el Ejecutivo como las autoridades regionales serían los responsables.

Fue al comentar la resolución suprema publicada en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, en la cual el Ejecutivo prorrogó por un mes más la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas contra el proyecto minero Conga.

“[Tras el anuncio de Yanacocha de iniciar la construcción de los reservorios] lo que va a pasar es que la población se va a trasladar a las zonas altas y lo que va a ocurrir es que ahí la militarización puede tener gravísimas consecuencias, y de eso seremos responsables tanto el Gobierno Central, como nosotros. El Servicio de Inteligencia le debería decir al presidente que nos posible imponer de manera violenta o armada el proyecto [Conga] porque eso sería un precedente muy negativo para la protesta y para el propio Gobierno”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros ya estamos militarizados, tenemos una presencia policial importante, todos los dirigentes, todas las autoridades siempre estamos llamando a nuestra población a que se exprese libremente y que no caiga en actos de provocación. [No entiendo] militarizarlo más, judicializarlo más, esta lucha no sé hasta dónde se va a llevar, porque ya tenemos los juicios ahí en camino, tenemos la Policía por todas las provincias, entonces militarizarlo más no sé hasta dónde podrían llegar”, cuestionó.

Construcción de reservorios dañará lagunas
En otro momento, expresó que la construcción de reservorios es una farsa y que de todas maneras las lagunas Azul y Chica serán destruidas. Responsabilizó, en ese sentido, a la empresa Newmont de haber hecho inviable –con sus acciones y omisiones– el proyecto minero.

“Esa es una farsa, esa es una enorme mentira, para construir los reservorios necesitan destruir todas las lagunas, los humedales y los pantanos, porque ni siquiera están hablando de su basurero. ¿A dónde lo van a reubicar? Si dicen que la laguna Chica y la laguna Azul no va a ser utilizada como botadero ¿Dónde va a ser su botadero? Hay un conjunto de cosas ocultas y no las dicen, porque saben ya que la población y nosotros sabemos cómo trabajan ellos [Yanacocha] de cómo engañan para ingresar y luego destruyen mucho más de cuando empiezan”, aseveró.

“Todos estos hechos de más de 150 procesados, militarización, juicios a las autoridades, demuestran de que Newmont tiene todo un conflicto con nosotros, desde las autoridades dirigentes y personalidades que tienen están en debate, entonces mucho más inviable ha hecho Newmont este problema”, estimó.

Reiteró, asimismo, que se debería realizar un cambio constitucional para que aquellas empresas que incurrieron en faltas graves durante sus actividades comerciales extractivas sean sancionadas y no vuelvan a operar. Mientras tanto, subrayó que el Ejecutivo debería garantizar la protección del medio ambiente y en especial las cabeceras de cuencas.

Enfatizó que las autoridades y organizaciones sociales de Cajamarca buscan que desde el Estado se apoye e impulse el desarrollo regional ecológico y económico, el reordenamiento territorial y los proyectos de inversión pública, referidos al sector salud y educación, así como el pago de una tributación justa por parte de las empresas extractivas.

Medidas de fuerza son acuerdos colectivos
Santos Guerrero respaldó, finalmente, al presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, quien anunció medidas radicales contra el proyecto Conga. Refirió que son las organizaciones sociales las que formulan las acciones y acuerdos de protesta, que son difundidas por sus interlocutores o sus dirigentes.

“Eso [la radicalización] no son acuerdos personales. Los acuerdos que se dan lectura, interpretamos o que explicamos, son acuerdos colectivos de los dirigentes sociales con sus organizaciones. Aquí existe la institucionalidad de las rondas campesinas y de las organizaciones sociales, la lucha no depende de los individuos”, expuso.

“Aquí hay un compromiso de las comunidades que nosotros asumimos, que si el Gobierno dice que no puede [y dice es viable Conga], Cajamarca va a seguir en su resistencia y nosotros vamos a seguir apoyando a los cajamarquinos que están en esta reclamación justa para que en el Perú se siente un precedente. Empresa abusiva que no cumple, no solo debe ser sancionada sino que los pobladores deben tener derecho de sancionarla con la expulsión”, concluyó.

Baraybar: Cartagena tiene una percepción medieval sobre rol de antropólogos forenses

Ideeleradio.- El médico especialista en medicina legal Juan Manuel Cartagena, quien emitió un informe a pedido del Ministerio de Justicia (Minjus) sobre el caso Chavín de Huántar, tiene una percepción bastante medieval sobre el rol de los antropólogos forenses, sostuvo José Pablo Baraybar, director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

Fue al comentar las declaraciones del experto español, quien dijo que el trabajo de José Pablo Baraybar fue incompleto y que no se explica por qué los antropólogos entran en el campo de la medicina forense, ya que estos no tienen conocimientos médicos.

“Jamás he escuchado hablar de él [Juan Manuel Cartagena], ciertamente él no trabajó en ninguno de los proyectos multinacionales por los tribunales penales internacionales en los Balcanes por ejemplo, donde se trabajaron miles de miles de casos. Yo no quiero descalificar a nadie porque no sigue las mismas técnicas de los demás”, subrayó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El otro punto es que este señor, ciertamente, tienen una percepción bastante medieval respecto al rol de los antropólogos forenses de los médicos forenses, es decir, más bien el señor Cartagena no tiene nada que ver, ni que decir porque esta no es su especialidad, es exactamente lo contrario”, aseveró.

Fabricaron informes contradictorios
El experto aseveró que el informe presentado por Juan Manuel Cartagena echa por tierra el peritaje encargado por el Ministerio de Defensa y recalcó que ello implicará que el Estado haga un papelón sin ningún tipo de vergüenza.

“Está clarísimo para mí que el Estado peruano no tiene ningún tipo de vergüenza de hacer un papelón como lo está haciendo en este momento, porque el informe de Cartagena echa por tierra el informe hecho por la Policía hecho, por el Ministerio de Defensa. Es decir, el Estado fabrica peritajes que se contradicen entre ellos mismos, para tratar de tapar el sol con un dedo, a estas alturas del partido sinceramente es como que hay que reírse supongo yo, es vergüenza ajena”, agregó.

Muchos agujereados y uno solo con un disparo
Por otro lado, precisó que el tema de fondo es que en la operación de rescate Chavín de Huántar todos los estudios revelan que hubo una persona que presenta características distintas de heridas de bala, tras la ocupación militar en la residencia del embajador del Japón.

“El tema de fondo es el siguiente, tienes un montón de gente que está absolutamente agujereada, que tiene disparos por todas partes y tienes solo uno que tiene un disparo en la parte posterior del cuello, lo que para fines populares viene a ser la cabeza. Si eso de acá no le llama la atención a nadie; pues, bueno, cada quien puede ver lo que quiere ver, finalmente. Pero creo que el rasgo más importante, el rasgo más saltante de todo esto es ese, y habría que ciertamente de otra manera, ¿cómo es posible que esta persona tenga un solo disparo?,” se preguntó.

Enfatizó que en ningún momento el peritaje que él y su equipo realizó hablaba de distancia en relación a los disparos que realizaron las Fuerzas Armadas, tal como se afirmó desde el Ministerio de Justicia.

“He leído el peritaje del señor [Juan Manuel] Cartagena, no he visto la conferencia de prensa de ayer porque francamente tengo mejores cosas que hacer, el tema de fondo para mí es que en ningún momento nuestro peritaje habla de distancia, es un tema que y ha sido inventado por alguno de los procuradores en algún momento”, manifestó.

“El punto número dos es que el disparo a distancia es un disparo que ocurre entre 30 a 40 cm de la víctima, si tú conoces algún manual de ejecuciones extrajudiciales que yo no lo conozco y quizás ese señor sí, donde diga que para ejecutar extrajudicialmente a alguien hay que dispararle a mas de 30 cm o de 40 cm, entonces ese si sería un argumento de peso. Pero creo que tal cosa no existe”, subrayó.

Cuestionan a jefa de Devida y señalan que cumbre se hizo entre gallos y medianoche

Ideeleradio.- La contratación de Peruvian Airlines, que pertenece al empresario César Cataño, quien es investigado por supuesto lavado de dinero, demuestra que la Cumbre Antidrogas se organizó entre gallos y medianoche, afirmó el exjefe de Devida, Ricardo Soberón; tras cuestionar la actitud de la actual titular de esa institución, Carmen Masías, quien evitó responder a los cuestionamientos que generó dicha transacción.

Fue al comentar las declaraciones de la jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, quien dijo que no había leído la denuncia de la presunta contratación de Peruvian Airlines, por parte de diversos organismos del Estado Peruano al momento de requerir servicios de transporte.

“Yo haría una diferencia entre la destemplada reacción de la señora Masías en relación al incidente [por la contratación de la aerolínea de Cataño] con el incidente mismo. Sobre lo segundo, muestra una poca correa para poder estar al tanto y responder a la opinión pública y enfatiza cómo esta conferencia ha sido manejada entre gallos y medianoche. Sobre su debate y discusión no conocemos nada. Normalmente en un evento internacional hay participación de observadores de la sociedad civil”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Contratación de Peruvian Airlines es grave
Soberón Garrido dijo, en ese sentido, que es grave que en la administración pública se haya suscrito un convenio con Peruvian Airlines por el que se obliga a funcionarios del Ministerio del Interior (Mininter) y a mandos policiales a comprar pasajes a dicha compañía. Estimó que seguramente alguien ha querido jugar “una mala pasada” respecto a la organización del evento.

“Me temo que un duendecillo le ha querido hacer una mala jugada a toda la parafernalia del evento, y seguramente le ha generado más de un dolor de cabeza a los organizadores. Lo grave tiene que ver con errores que comete la administración pública y que salen a la luz en estas circunstancias. Es grave que en la administración pública se cometan estos errores y tiene que ver, pues, precisamente porque los operadores y los burócratas no tienen en sus chips cerebrales el tema del narcotráfico a lo largo de su gestión”, indicó.

Refirió que el hecho que la administración pública haya suscrito un convenio con una empresa que tiene sospechas y procesos por lavado de activos ha trascendido a nivel internacional. Mencionó que se revela que hay severos problemas de un manejo responsable de la información para la toma de decisiones.

“Se imaginan que en el Ministerio del Interior por el cual deben pasar varios sellos para poder gestionar un convenio con Peruvian Airlines, que su asesoría legal no les haya dicho, cuidado con esta empresa, no es culpable aún, pero manejémonos con cuidado. Me temo que allí hay severos problemas y fisuras de manejo responsable de la información para la toma de decisiones”, argumentó.

“El problema es que trasciende, el efecto ya ha ocurrido. A nivel internacional se sabe que la administración pública peruana suscribió un convenio con una empresa que tiene sospechas y procesos por lavado de activos”, añadió.

Roy Gates parte del problema que impide política clara
Indicó, del mismo modo, que el hecho de que personajes como Eduardo Roy Gates, quien anteriormente asumió la defensa de Cataño y que hoy se desempeña como asesor en temas legales del presidente Ollanta Humala impide que se tenga una política clara y solvente sobre la lucha antidrogas.

“[La presencia de Eduardo Roy Gates en el gobierno] es parte de un complejo problema que le impide al presidente y a su entorno tener una política clara, solvente [sobre drogas]. Estamos al mes de junio y todavía el Plan Nacional de Lavado de Activos no se termina de aplicar, el Registro de Insumos Químicos no se ha puesto en funcionamiento. Es decir se cometen errores de omisión graves y nadie dice nada”, cuestionó.

Baraybar: Harán papelón ante la Corte y juegan en pared para beneficiar a Montesinos

Ideeleradio.- El Estado hará un papelón de proporciones éticas al presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una serie de peritajes contradictorios sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar, afirmó José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), al advertir que las autoridades estarían jugando en pared a favor de Vladimiro Montesinos y sus coprocesados.

Fue al comentar el informe que presentó el especialista español en medicina legal Juan Manuel Cartagena, a pedido del Ministerio de Justicia, en el que se sostiene que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, alias "Tito", murió cuando estaba de pie y con un disparo en la vértebra cervical a larga distancia.

“Yo creo que el Ministerio de Justicia está haciendo un papelón de proporciones bastante éticas, en la medida en que un Estado aparezca con peritajes doce años después de esta manera con esta insistencia con peritajes que se contradicen entre sí. Simplemente de esta forma, encubriéndole de esta manera, yo creo que la Corte Interamericana con un poco de sentido común va a pensar que el Estado peruano se está moviendo con otro tipo de interés” declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Como perito mi rol acabó, pero como ciudadano si te diría que para mí la estrategia del Estado es una sola y es, simplemente, hacerle el juego en pared con todas las herramientas del Estado y los tributos que pagamos todos los peruanos –y no solamente los ministros– en exculpar de alguna manera por este caso a la gente implicada en este proceso que no son los comandos Chavín de Huántar, sino que son Montesinos, [Nicolás] Hermoza, [Roberto] Huamán Azcurra y [Jesús] Zamudio que son los únicos procesados en este caso”, anotó.

Cabe recordar que Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga son los únicos procesados por el caso de la ejecución de “Tito”, quien habría sido capturado vivo durante la operación de rescate de 1997. Ningún comando que participó de la liberación ha sido comprendido en el juicio.

Minjus citó a directores de medios
En otro momento, reveló que el Ministerio de Justicia (Minjus) convocó la semana pasada a varios directores de medios de comunicación para que se haga un tratamiento especial sobre este tema. Manifestó que eso explica porque pocos medios de comunicación han requerido su opinión en torno a este tema.

“Mira yo sé por ejemplo, que hubo una reunión privada con directores de medios de prensa, con directores, ya hace una semana, fue el jueves o viernes antepasado, con el Ministerio de Justicia y yo supongo que esa fue la preparación de lo que estamos viendo ahora [en los titulares de los medios]”, explicó.

“Hubo una reunión en el Ministerio de Justicia con directores de medios de prensa donde se asume, se habría sugerido un tratamiento especial para este tema, y eso explica porque los únicos medios que me están entrevistando hasta el momento han sido solo los de internet y un solo medio”, puntualizó.

VIDEO del 30-04-2011: Visita de Humala a Gregorio Santos en el Gobierno Regional de Cajamarca

Ideeleradio.- Desde aquel 30 de abril de 2011, en plena segunda vuelta electoral, en que se produjo un encuentro en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, entre Ollanta Humala, Nadine Heredia, Jorge Rimarachín y Gregorio Santos, a la fecha (27 días del paro regional), aún no se produce un nuevo acercamiento entre estas autoridades ni en Lima o Cajamarca.

En este material audiovisual se escucha decir a Santos Guerrero que compartía los mismos proyectos regionales del entonces candidato presidencial de Gana Perú, en un momento en que ya habían empezado los cuestionamientos contra este proyecto y en un contexto en que Humala Tasso afirmó que no iba a fallar al pueblo de Cajamarca.

Por ese entonces, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca sancionó al presidente regional Gregorio Santos Guerrero con una amonestación pública y una multa de S/. 108 mil, por vulnerar el principio de neutralidad durante el proceso electoral. Por aquellos días, las comunicaciones entre ambos políticos eran de conocimiento público.

A cerca de un mes del paro indefinido contra el proyecto minero Conga, a la fecha no hay visos de diálogo entre Ollanta Humala y Santo Guerrero, que permitan una solución al conflicto social de Cajamarca. Las imágenes que a continuación difunde Ideeleradio hablan por sí solas.