García Sayán: No hay un cargamontón contra Humala

Ideeleradio.- El Estado no es el agente de inversión, sino el que representa los intereses de la sociedad en su conjunto y por eso los conflictos sociales no tienen que ver con un cargamontón contra el presidente Ollanta Humala, afirmó el exministro de Justicia, Diego García Sayán, al considerar que lo que se requiere es hacer ajustes en las políticas del Gobierno, construir la institucionalidad y los mecanismos adecuados de procesamiento de estas demandas.

“Lo que yo siento es que los gobiernos en general y no me refiero solo al gobierno solo del Perú, cuando estallan están demandas sociales por ser consultados por pedir esto o pedir el otro, parecería que están enfrentando una anomalía y lo que se está enfrentado es una perfecta normalidad, a la cual primero hay que adaptarse y, en segundo lugar, lo que falta todavía es construir la institucionalidad y los mecanismos de procesamientos de esta demanda adecuados”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Siento que las cosas en el Perú han tenido en los últimos meses muchísimos problemas por la falta de compresión, pese a que yo estimo que en el presidente Humala y en la mayoría de los ministros hay muy buena fe y todo el propósito de hacer bien las cosas, pero no están saliendo bien de manera que es momento de hacer correctivos, sabiendo que aquí no es que haya un cargamontón contra el presidente Humala sino que hay problemas que son muy parecidos a los que se viven en otros lados”, manifestó.

Remarcó que el Estado no es el agente de inversión, sino más bien es el que tiene que representar los intereses de la sociedad en su conjunto. Por ello, sostuvo que debe haber temas de sintonía y de modulación y que lo que se debe tener es una clara percepción por parte de la sociedad de que el Estado está de lado de la gente y que el Estado “a veces le arranca algunas cosas a las empresas sin poner en peligro la inversión”.

No basta con repetir que se necesita presencia de Estado

García Sayán dijo que le preocupa la situación de conflictividad en el país y que hay que hacer ajustes en la definición de las políticas de gobierno. Afirmó que no basta concretar algunas obras públicas o repetir que se necesita más presencia del Estado.

“No basta con repetir se necesita más presencia del Estado y arrinconar y hacer algunas obras públicas. Yo creo que la gente a estas alturas del desarrollo democrático espera no sólo ver obritas que se hagan, quiere tener un sitio en el proceso de las toma de decisiones. Antes no era así, antes se daba una concesión venía la inversión y si la gente pataleaba bueno iba la guardia de asalto y ponía orden y se acabó el asunto. Hoy no es así y los gobiernos democráticos no están dispuestos a que la inversión se dé sobre la base de la sangre de la ciudadanía”, aseveró.

Indicó que cuando existe un contexto de crecimiento de la economía y un aumento de la inversión, automáticamente las expectativas aumentan al margen que haya o no un discurso político que las promueva, como pasa por lo general en todo proceso electoral.

“Yo creo que hay un ingrediente cualitativo que hay que entender como asunto prioritario que es el derecho a la participación, eso es cualitativamente desde el punto de vista de la auto percepción de la dignidad, del respeto como ciudadano, mucho más importante que cuánto se va a recibir al final […]”, ratificó.

“Preocupa la situación de conflictividad en el país y estoy seguro que por eso es tan importante hacer ajustes en la definición de estas políticas que son absolutamente fundamentales que es establecer con la sociedad, con la población en estas zonas y en torno a estos temas tan sensibles una dinámica proactiva, donde la iniciativa esté en manos del Estado[...] La misma Xstrata de Tintaya en las Bambas viene invirtiendo desde hace mucho tiempo dinero en un proceso de diálogo social”, comentó.

Conflictos: Una realidad de 14 países de América Latina

Argumentó que cuando se sostiene que hay agitadores que promueven las protestas sociales se incurre en la típica simplificación de la realidad, cuando en general las respuestas no están funcionando. Si bien no negó la posibilidad de que haya agitadores, opinó que la explicación a la conflictividad social se dará cuando se conciba que esta es una realidad extendida no solo en Perú, sino en otros trece países de América Latina.

“Por ratos parecería que hay una especie montaje en el Perú para hacerle la vida imposible al Gobierno o a la inversión minera con esta, efectivamente, importante conflictividad social que hay en torno a la inversión minera y a los temas ambientales, viendo más allá del árbol y del bosque, se encuentra que hay no menos de 14 países en América Latina que tienen una situación muy parecida”, explicó.

“¿Qué es lo que está pasando? ¿De pronto ocurre que los llamados ecologistas han adquirido una capacidad de organización y de movilización, absolutamente espectacular en América Latina? O que hay algunos datos en la realidad que explican estos conflictos, sin negar por supuesto, que en todas las situaciones pueda ver agitadores y gente interesada en meterle más leña al fuego. […] Algo está fallando; está fallando entender, primero, que la gente hoy en día tiene una noción de sus derechos, a veces distorsionados, pero la gente sabe que hay un derecho a ser consultado y hay una obligación en consecuencia de organizar las cosas […]”, acotó.

Estados arrastran los pies con procesos de consulta

Apuntó, finalmente, que el proceso de diálogo no puede ser algo a lo que el Estado se resigna, sino que debe ser considerado una iniciativa. Por ello, cuestionó que parecería que el Estado “arrastra los pies” cuando se trata de llevar a cabo los procesos de consulta.

“En los procesos de consulta como que parecería que los Estados arrastran los pies, a regañadientes, ese es un componente esencial del proceso de inversión y tiene que ser entendido así, como lo han entendido, creo yo antes que los gobiernos, muchísimas empresas transnacionales que entienden que esta dinámica de construir una buena relación con la población, no solamente es un requisito para poder hacer la inversión, sino para poder sostenerla a lo largo del tiempo”, añadió.

“El proceso de diálogo no puede ser algo a lo que el Estado se resigna, sino que tiene ser algo en donde el Estado tome la iniciativa y los procesos de consulta no deben ser asumidnos como una penalidad del Estado tiene que asumir, sino que al revés como uno de los elementos que enriquecen la capacidad democrática y de acción del Estado, yo creo que la sociedad mayoritariamente va a apoyar esos esfuerzos, porque todos sabemos que esta inversión es absolutamente esencial para mantener el crecimiento económico del país, y para poder reducir la pobreza como se está avanzando de alguna manera”, concluyó.

García Sayán: Es necesaria capacidad de autocrítica del Estado en nuevo clima de diálogo en Espinar

Ideeleradio.- El conflicto en Espinar no debe ser visto como un accidente y la capacidad de autocrítica del Estado es indispensable en este nuevo clima de diálogo que se percibe tras las declaraciones del alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, y de funcionarios del Poder Ejecutivo, consideró el exministro de Justicia, Diego García Sayán.

“Es posible que hayan habido unas respuestas discutibles en aras de preservar el orden interno y que se hayan cometido algunos excesos, pero viendo las cosas de aquí en adelante para el futuro yo percibo un clima distinto. Yo creo que las declaraciones que ha hecho Mollohuanca, ante la prensa, son declaraciones abiertas al diálogo, creo que hay señales del propio Gobierno abiertas en esa misma dirección y, naturalmente, ese es el único mecanismo posible”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es absolutamente inexplicable que una comunidad social importante pueda organizarse en torno a esta demanda del 30 % de los ingresos de Xstrata Tintaya para la población, cosa que no tiene una viabilidad alguna; pero si hubiera existido un proceso participativo y de diálogo con la población, debida y oportunamente informada, yo estoy seguro que una participación de ese tipo ni siquiera se hubiese planteado. Entonces, yo creo que la capacidad de autocrítica del Estado es indispensable e insisto no ver esto como un accidente, si no como un ingrediente que ya han llegado a la dinámica social”, expresó.

Presidentes regionales deben tener un rol importante en el diálogo

En otro momento, señaló que los gobiernos regionales tienen que ser actores importantes en los procesos de diálogos con el Ejecutivo. Refirió que el Gobierno Regional de Cajamarca debería avocarse a solucionar, también, los problemas internos de su población que no están siendo atendidos hasta ahora.

“Los gobiernos regionales tienen que asumir que son pate del Estado, lo que no los obliga a seguir la política del Gobierno, pero si ser un actor importante en ese proceso de diálogo, de fomento de la participación, para llegar a un buen puerto, para llegar a una buena solución, por eso es lamentable las declaraciones de Gregorio Santos, el otro día [que pedía sacar al presidente Ollanta Humala del poder]”, subrayó.

“El gobierno regional es parte del Estado y el Estado tiene un propósito común que es promover el desarrollo, promover la inversión y eso es un tema de alta relevancia política que a mi juicio eso no está en el debate. Por ejemplo, en Cajamarca el abastecimiento de agua en la ciudad hace crisis desde hace tiempo, es responsabilidad del Gobierno Regional del Cajamarca, ampliar la planta de tratamiento del agua, tiene el dinero, eso no se hace y yo no entiendo como eso no es parte ya de un debate político que pone al gobierno del señor Santos en su sitio”, anotó.

Gobierno carece de operadores políticos

Por otro lado, sostuvo es necesario que todo Gobierno tenga operadores políticos con capacidad de representación. Puntualizó que es lícito y democrático que los gobiernos regionales puedan discrepar con el Gobierno Central, pero presentando propuestas.

“Todo Gobierno necesita no solamente a alguien que haga declaraciones a la prensa, y que pueda tomar las grandes decisiones, sino que necesita operadores y operadoras políticos, que no sea simplemente el chasqui que lleva un mensaje, sino gente con capacidad de representación, entonces un Gobierno es mucho más que personas que tienen una responsabilidad en ministerios y que tiene que ver, también, con este asunto que es esencial y yo creo que, también, aquí hay que destacar la responsabilidad de los gobiernos regionales”, detalló.

“Un gobierno regional puede discrepar del Gobierno Central, es sumamente lícito, perfectamente democrático, pero hay que tener una propuesta de cómo hacer las cosas mejor y también tener una responsabilidad de lo que son sus propias funciones. Yo creo que el centralismo tiene muchas características, el conocido el típico que todas las decisiones se toman en Lima, pero también hay un centralismo que es a veces reforzado por quienes tendrían que estar peleando por una dirección distinta por autoridades locales y regionales que, finalmente, trasladas sus responsabilidades al centralismo limeño”, precisó.

Hay que juzgar declaraciones de Santos con responsabilidad

Finalmente, evitó pronunciarse sobre las declaraciones del fiscal de la Nación, José Peláez, quien solicitó establecer responsabilidades respecto a las declaraciones del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por sostener y que se debería sacar del cargo al presidente Ollanta Humala. Sin embargo, subrayó que la democracia no debe implicar poner en peligro la autoridad.

“Yo no quiero juzgar la decisión del fiscal de la Nación [José Peláez Bardales], porque creo que esta dentro del ámbito de las opciones legítimas, pero sí creo que hay que juzgar con mucha responsabilidad [las declaraciones del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos]”, consideró.

“La democracia no es hacer y decir cualquier cosa, poniendo en peligro la autoridad que tiene un origen legítimo, yo creo que el extremo de eso, puede ser una herramienta de la sociedad cuando la autoridad ostensiblemente ha quebrado la institucionalidad, el marco de la ley y el respeto de los derechos de los demás”, concluyó.

García Sayán: Corte IDH no es un tribunal penal y peritajes son solo relevantes en procesos internos

Ideeleradio.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no puede ni va a juzgar a ninguna autoridad militar o civil en el caso Chavín de Huántar porque no es un tribunal penal y, por lo general, los peritajes son solo relevantes en los procesos penales internos, sostuvo el exministro de Justicia, Diego García Sayán.

Fue al comentar la presentación de 14 informes forenses como parte de la defensa del Estado ante la Corte IDH, elaborado por un perito y que está referido a la muerte de los emerretistas en este operativo de rescate del 22 de abril de 1997.

“Mi opinión es estrictamente personal y no hablo como presidente de la Corte. […] Estoy muy desconcertado con las informaciones de los últimos días que parecerían entender que la Corte es una especie de tribunal penal que va a revisar la inocencia o responsabilidad penal de los comandos [Chavín de Huántar] o de Vladimiro Montesinos o de quien fuere para llevar peritajes que demuestren una u otra tesis en materia de responsabilidad penal y esto no es así”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay gente que dice, vamos a pagarle abogados para que defiendan a los comandos ante la Corte Interamericana, pero la Corte no va a juzgar ni puede juzgar a ninguna autoridad militar o civil o lo que fuere de ningún país”, agregó.

García Sayán insistió en que la este organismo supranacional jamás podrá ser un espacio de justicia para declarar a una persona inocente o culpable, pues aclaró que este tipo de juzgamientos no es su responsabilidad. Aseveró que las pericias que se hagan en torno a un caso solo son muy relevantes en los procesos penales internos.

“En general, ese tipo de pericias son muy relevantes en los procesos penales internos. Habrá que ver cuáles son los que la Corte estima pertinentes en su propio espacio que insisto no es ni podrá ser jamás un espacio de justicia penal para declarar inocente a alguien o culpable, ese no es su responsabilidad”, enfatizó.

“Creo que en la medida que eso se entienda es mucho más fácil asumir que este es un proceso como cualquier otro que donde un Estado, como el peruano o quien fuera llevado a la Corte tiene que preocuparse, primero, de tener una defensa de primerísimo nivel que no es necesariamente lo que se ha tenido en el pasado”, argumentó.

Si Perú juega sin arquero, le meterán goles 

En tal sentido, recordó que la Corte IDH, de acuerdo a su tratado de creación, establece la responsabilidad que pueda tener un Estado en respetar o no ciertas garantías al debido proceso, al plazo razonable o al derecho a la vida.

Consideró, del mismo modo, que ningún país debe sentirse agredido o arrinconado por llevar un caso ante dicha instancia y que lo que deben hacer los Estados es contratar buenos abogados porque si Perú juega sin arquero, le meterán goles.

“La base [de la Corte] siempre son y serán las determinaciones de las autoridades nacionales y, eventualmente, si hay necesidad de una investigación tiene que hacerla la autoridad nacional, es un mecanismo de ida o de vuelta”, remarcó.

“Y lo que tendrá que demostrar el Perú o cualquier país cuando se le presente un caso ante la Corte –todos los países sin excepción tienen casos, de manera que ningún país tiene por qué sentirse agredido o arrinconado–, es tener buenos abogados y demostrar que hubo pleno respeto o reconocer como hacen muchísimos Estados que hay ciertas cosas que se hicieron mal y que más adelante no se harán mal, sino bien […] Si vas a jugar un partido y juegas sin arquero te van a meter un montón de goles y después no le puedes echar la culpa al público o al equipo contrario”, puntualizó.

Cabe indicar que la Procuraduría del Ministerio de Defensa presentó un nuevo peritaje sobre el caso Chavín de Huántar que contradice el primer informe que presentó, y el cual negaba la posibilidad de muertes extrajudiciales de emerretistas.

Seguimiento a declaración del Parlamento Europeo

En otro momento, se refirió a las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien señaló ante el Parlamento Europeo que su país “respeta lo que firma”, en relación a los compromisos con los derechos humanos y el medioambiente que prevé el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Refirió que los derechos humanos no son un tema de agenda de las ONG, sino un punto central en las relaciones internacionales.

“Si un área del mundo prioriza un tema como este es precisamente la Unión Europea para la cual los acuerdos de asociación no es un Tratado de Libre Comercio, sino que incorporan el ingrediente político, el principal es el de los derechos humanos que no implica solamente que los gobiernos participantes no hagan barbaridades o maten gente, sino que tienen una capacidad de protección y de promoción de los derechos humanos, que es mucho más que eso”, mencionó.

“De manera que esta declaración que aprobó en este contexto el Parlamento Europeo hace dos días referida a Colombia y Perú es, sin duda, un ingrediente que va a tener seguimiento en el proceso antes, durante y después”, replicó.

Gobierno debe dar señales adecuadas en DD.HH.

Finalmente, dijo que lo declarado por el mandatorio en materia de derechos humanos no es un acto protocolar y que tiene darse señales adecuadas para demostrar que se hace lo necesario para proteger y garantizar que los derechos humanos sean plenamente respetados.

“De manera que no es una cosa extraña, sino algo absolutamente consustancial a un acuerdo como el que celebra los demás países que lo han hecho ya con la Unión Europea y Estrasburgo es el lugar que es la sede de la Corte Europea de Derechos Humanos de manera que son temas que despiertan altísima sensibilidad y estoy seguro que el Gobierno lo entiende”, finalizó.

García Sayán: Interceptación legal debe ser fundamentada y no usada de forma arbitraria

Ideeleradio.- El procedimiento legal por el que optan las autoridades judiciales para disponer la interceptación de las comunicaciones telefónicas debe ser bien fundamentado y este mecanismo no puede ser usado de forma subjetiva ni arbitraria, sostuvo el ex ministro de Justicia Diego García Sayán.

Fue al comentar, en líneas generales, la controversia que generó la disposición del Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, de interceptar la línea celular del congresista Luis Galarreta, sin que se hayan cumplido con los procedimientos regulares, en el marco de las investigaciones al periodista Rudy Palma.

“Creo que la prudencia es indispensable, la sustentación de por qué se hace [la interceptación] en cada caso –cosa que aparentemente no lo hizo el fiscal del caso– es importante, pero creo que también es bueno rescatar que esa capacidad [de las autoridades] existe y por supuesto [tiene que estar debidamente fundamentada]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esto no puede ser una herramienta subjetiva y una herramienta que se use con arbitrariedad, sino muy regulada porque sino el peligro es que esto se puede deslegitimar y al final acabemos en un sistema donde se prive a la autoridad del uso en el momento y con los procedimientos correctos de este tipo de herramientas”, aseveró.

García Sayán indicó, en ese sentido, que es natural que este tipo de situaciones y cuestionamientos se produzcan debido a los antecedentes que se registraron durante el gobierno de Alberto Fujimori. No obstante, recalcó que no se puede negar el derecho de las autoridades de utilizar estas herramientas cuando indagan la posible comisión de un ilícito.

“El Estado peruano está haciendo sus pininos en este tema porque estamos hasta cierto punto vacunados con la interceptación telefónica, absolutamente irregular en las épocas de Vladimiro Montesinos, y es natural que algo como lo que ha ocurrido despierte una reacción negativa, estando de por medio la libertad de expresión y la inmunidad de un congresista, pero, por otro lado, tampoco se puede negar el derecho de la autoridad de hacer uso de estas herramientas cuando sea legítimo para investigar la posible comisión de un delito”, argumentó.

Fiscalía debe revisar transferencias de propiedades

En otro momento, sugirió que el Ministerio Público revise las posibles transferencias de propiedad que habrían realizado muchos de los condenados del régimen de Alberto Fujimori que adeudan millonarias reparaciones civiles al Estado. Subrayó que es extraño que estas personas no acrediten ni siquiera un lapicero cuando se conoce que muchos de ellos son personas de bastantes recursos.

Fue al referirse a la información difundida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que señala, por ejemplo, que el expresidente Alberto Fujimori le debe al Perú 27 millones 400 mil soles, mientras que la deuda de su otrora asesor Vladimiro Montesinos sobrepasa los 400 millones de soles.

“Y eso es gravísimo y hay varios casos en donde se sabe. Lima finalmente tiene ocho millones de habitantes, pero las cosas se saben que han ido transfiriendo sus propiedades a familiares cercanos, a las hijas, para no poder ser embargados. Creo que hay acciones que se podrían adoptar en la medida en que se pueda presumir, en algunos casos no digo en todos, que esas transferencias de propiedad han sido hechas de mala fe para evitar el pago de reparaciones civiles”, advirtió.

“Creo que el Ministerio Público puede perfectamente abrir una revisión de algunas de esas transferencias de propiedad que hacen que muchos de estos deudores sean personas que no tienen como propiedad ni siquiera un lapicero y eso es extraño porque se sabe que muchos de ellos son personas de bastantes recursos”, añadió.

Recordó que, aunque la situación es distinta, durante la gestión del desaparecido presidente Valentín Paniagua se logró la repatriación de más de 100 millones de dólares, en un lapso de escasos ocho meses, en los procesos anticorrupción.

Libertad de expresión es esencial en democracia

Dijo, finalmente, que las condenas que reciben los periodistas por casos de difamación en agravio de funcionarios públicos es un tema complejo y que el derecho a la libertad de expresión tiene que ver también con el derecho al honor y a la intimidad.

“Es un tema complejo como cualquier otro, es difícil hablar en términos generales sin referirse a casos específicos, pero es claro que los derechos tienen que estar en relación a otros derechos y que el derecho a la libertad de expresión tiene que ver también con el derecho al honor y a la intimidad que puedan tener otros y en consecuencia los límites que tiene la propia libertad de expresión”, declaró.

“La libertad de expresión es un ingrediente esencial de una sociedad democrática para que se ventilen los asuntos que sean de interés público y naturalmente como se ha establecido en el derecho internacional, quienes ocupan posiciones de autoridad tienen que estar mucho más sujetos al debate, a la crítica y al análisis. Cuando esa libertad supone ya atribuir delitos, conductas que son ostensiblemente falsas se abre el terreno de las responsabilidades civiles o penales que deben ejercerse en defensa al honor de las personas”, concluyó.