IDL: Proyecto anticorrupción del Poder Judicial debe ser sometido a debate

Ideeleradio.- El proyecto de ley que otorga facultades extraordinarias al presidente del Poder Judicial para combatir la corrupción revela que existe el interés de combatir este flagelo y, por eso, es importante que sea sometido a un debate, aseveró Lilia Ramírez integrante del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Ya que el Poder Judicial está con ganas de luchar contra la corrupción –según lo que dice este proyecto– es momento de un debate. Si alguien de repente dice que estas medidas me parecen y estas no, se puede hacer un buen debate, pero que impliquen hacer y tomar otras medidas que complementen y que organicen mejor la lucha contra la corrupción judicial y no descubrir la pólvora”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Estas medidas se han estado evaluando desde hace mucho tiempo y solo hace falta que se apliquen, se debatan y salgan a la luz. Acá no se está descubriendo nada”, agregó.

Unidad anticorrupción en las cortes superiores | Inicio La abogada de Justicia Viva dijo, en ese sentido, que es importante el diagnóstico y, por eso, consideró indispensable que se cree una Unidad especializada y multidisciplinaria de análisis de la corrupción encargada de identificar a las cortes superiores con mayores problemas, basándose en hechos fácticos.

“Tiene que ser una unidad no sólo integrada por abogados porque el problema es complejo y se trata de redes”, anotó.

Consideró que otro de los puntos importantes es la creación de una comisión especial anticorrupción integrada por altas autoridades que integran el sistema de justicia. Afirmó que hay un conjunto de instancias que están implicadas dentro de la corrupción y que se deben encargar de emitir medidas específicas.

Mencionó, igualmente, que los colegios de abogados tienen que tener un mecanismo de sanción de sus integrantes mucho más profesional, serio y punitivo. Aseveró que debería haber sanciones mucho más drásticas. “Se necesita mayor prevención”, puntualizó.

Un procedimiento engorroso de denuncia

En otro momento, sostuvo que es importante que se promueva la necesidad de poner en evidencia los actos de corrupción y que los actores judiciales que los denuncien o la ciudadanía tengan cierto tipo de premiación. Sugirió que exista un solo ente que sancione las irregularidades para que no haya duplicidad de funciones y que el procedimiento sea sencillo.

“Lo que actualmente ocurre es que cuando hay una denuncia de un acto de corrupción, llega a la ODECMA (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura) se investiga, luego pasa a la OCMA. Es un procedimiento engorroso”, identificó.

En tal sentido, refirió que es necesario crear mecanismos de seguridad y de tutela para este tipo de jueces que conocen de actos de corrupción. Refirió que hay una ley de protección al denunciante y que esta debe extenderse a la judicatura.

“Conocemos que hay varios jueces que han sido amenazados y llegaban a su casa y les quitaba la seguridad. Eso no debe ocurrir”, relató.

IDL: Proyecto de ley de César San Martin no es un golpe de Estado al Poder Judicial

Ideeleradio.- El proyecto de ley que otorga facultades extraordinarias a una comisión especial del Poder Judicial para combatir las redes de corrupción al interior de las cortes superiores no es un golpe de Estado, sostuvo Lilia Ramírez, integrante del área Justicia Viva del IDL, al considerar que la propuesta del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, fue tergiversada por algunos sectores de la judicatura.

Fue al comentar las críticas del magistrado Javier Villa Stein, quien calificó la propuesta de ley del titular César San Martín como un golpe de Estado al Poder Judicial.

“No [es un golpe de Estado al Poder Judicial], el proyecto ha sido tergiversado por algunos sectores y han tratado de ponerlo de que solamente son facultades del presidente del Poder Judicial y no es así, porque es todo un procedimiento, donde primero tiene que haber un informe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) […] que a modo propio o a pedido del presidente del Poder Judicial o de la Sala Plena realiza este un informe, el cual debe ser luego sustentado y aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La Sala Plena lo evalúa y en caso de aprobarlo le otorga facultades al presidente del Poder Judicial para tomar medidas y sancionar a los magistrados y funcionarios de las cortes superiores en caso de haber incurrido en casos de corrupción”, anotó.

Ramírez Varela precisó que el planteamiento busca intervenir adecuadamente en las redes de corrupción donde interactúan varios funcionarios ya sean administrativos o jueces. Detalló que el poder sancionador recaerá en tres vocales supremos y no solo en el titular de la Corte Suprema.

“Con la modificación que se ha establecido en la Comisión de Justicia del Congreso, este poder sancionador no recaerá únicamente en el presidente del Poder Judicial, sino que junto al juez más antiguo de la Corte Suprema y con el propio jefe de la OCMA serán los encargados de establecer una serie de medidas y sanciones en esa Corte Superior donde se hayan detectado casos de corrupción”, afirmó.

Propuesta fue aprobada por la Sala Plena

En otro momento, recordó que esta propuesta fue estudiada desde el año pasado por la Sala Plena y no únicamente por César San Martin Castro. Desestimó, del mismo modo, que con este proyecto este alto funcionario pueda hacer y deshacer en el Poder Judicial.

“Esta propuesta surge desde el año pasado, las cuales no únicamente son propuestas de César San Martin, son propuestas que se han ido estudiando a nivel de la Sala Plena del Poder Judicial, estas propuestas han pasado por un proceso de elaboración primero en una comisión técnica y, posteriormente, la Sala de la Corte Suprema ha aprobado esta propuesta”, relató.

“No es como señalan algunos de que César San Martín hará y deshará con este proyecto. Es más bien todo un proceso de investigación de redes de corrupción algo que es un poco complicado digamos de afrontar ahora con las actuales facultades que tiene la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)”, apuntó.

Corrupción en el Poder Judicial no es un hecho aislado

Finalmente, indicó que con la propuesta de César San Martin se hace evidente que el problema de corrupción en el Poder Judicial no es aislado. Opinó que con esta iniciativa se reconoce formalmente que sí existen redes de corrupción que operan al interior de los sistemas de justicia.

“La verdad que la corrupción siempre ha sido un tema bastante sensible desde la judicatura, siempre se ha tratado de adoptar desde el punto de vista de que es aislado y ha saltado a un sector de la judicatura, porque el mismo Poder Judicial, su misma Sala Suprema ha reconocido de que el problema no es aislado, sino que sí existen estas redes de corrupción”, declaró.

“Siempre se ha dicho que hay corrupción en el Poder Judicial, pero nunca fue como ha sido ahora en este proyecto de ley que está escrito en blanco y negro, existen redes de corrupción, estamos preocupados por estas redes y necesitamos hacer algo, y el Poder Judicial, la Sala Plena aprueba este proyecto de ley, que por eso es importante porque reconoce algo que no necesariamente ha sido reconocido y saltan algunas voces que se sienten cuestionadas también”, concluyó.