viernes, 4 de mayo de 2012

Diez Canseco: Si no separan a ministros, actuaré de modo coherente y decidiré sobre mi continuidad en Gana Perú

Ideeleradio.- Si el presidente de la República, Ollanta Humala, no separa a los ministros de Defensa, Alberto Otárola y del Interior, Daniel Lozada, como parte de las responsabilidades políticas por el tema del abandono a Dionisio Vilca, padre del suboficial César Vilca, actuaré coherentemente y tomaré una decisión sobre mi continuidad en Gana Perú en base a mis principios, sostuvo el congresista Javier Diez Canseco, al señalar que este hecho quiebra elementos centrales de una alternativa de gobernabilidad.

Fue al comentar la gestión de ambos funcionarios en relación al Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y al precisar que su posición no implica una amenaza a Gana Perú.

“Yo creo que esto es un tema trascendente significativo y aquí no cabe una política que no asuma responsabilidades. Si eso se pretendiera imponer, creo yo que sería una circunstancia que resultaría inaceptable en este campo que pondría en cuestión el planteamiento de la seriedad de la gestión y el compromiso con ella, porque creo que quiebra elementos centrales de una alternativa de gobernabilidad y de solución a los graves problemas que representa esta situación. De manera que mi decisión en ese sentido sin pretender presiones sobre nadie dependerá de cómo se manejen las cosas, qué decisiones se tomen”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Si el presidente no separa a los ministros Defensa e Interior sería un punto de quiebre para separarse?] Yo hablo a título individual como lo expresé ayer [en el Parlamento]. No quiero comprometer a nadie que no sea yo mismo en las cosas que digo. […] Esto es un tema que hay que decidir en función de los acontecimientos. Yo voy a actuar conforme a los principios y a lo que he expuesto, mi actuación será coherente con ese terreno. No quiero aparecer ni amenazando ni prediciendo a nadie diciéndole ‘si tú conducta es así yo actúo asá’, pero yo actuaré coherentemente con lo que he mencionado”, agregó.

Hay poco espacio de diálogo en bancada de Gana PerúEn ese sentido, Diez Canseco Cisneros reveló que existe poco espacio de diálogo en la bancada de Gana Perú y que por ello se necesita un manejo distinto en torno a la relación entre sus integrantes. Indicó que a raíz de ese escaso nivel de comunicación es que se ven obligados a hacer planteamientos públicos en relación a temas como el del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y el de los conflictos sociales.

“La verdad es que yo sospecho que hay poco espacio de relación, de diálogo, en este terreno que necesitamos un manejo distinto en términos de la relación con la propia bancada con la representación nacional y me parece que el nivel de comunicación es realmente limitado, cosa que nos ha llevado a un planteo público, abierto de posiciones, porque creemos que es nuestro deber dejar claramente sentadas posturas y posiciones cuando los temas son de principios y trascendentes para el país y esto lo hacemos conociendo el costo que ello pueda representar, pero creemos que hay posturas que implican principios y urgencias que no pueden ser obviadas", manifestó.

“Entonces, esto nos ha conducido a hablar con la mayor claridad posible respecto a este tema que resulta ya un tema imposible de evitar como lo es también otro tema que está generando un costo en vidas significativo el de la conflictividad social y la ausencia de manejo político de operadores y el mecanismo de diálogos adecuados que ha llevado en el terreno de los conflictos sociales alrededor de ocho muertos en lo que va de esta gestión y eso es otro tema que nos preocupa la política de seguridad y orden interno en el país”, refirió.

Defensoría: Conflictos aumentaron y Gobierno tiene poca capacidad de respuesta oportuna

Ideeleradio.- Existen en la actualidad 237 conflictos sociales y se ha registrado, entre el 2011 y el 2012, un incremento de 16% en los que están referidos a protestas socioambientales activas, advirtió Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, al estimar que el Gobierno no cuenta con un plan de intervención y que este carece de una capacidad de respuesta oportuna.

“En los últimos meses hay un preocupante incremento, el último mes ha habido 10 casos nuevos, la mayoría de ellos conflictos socioambientales; de los conflictos activos que se han elevado hemos pasado a 72% de casos que son de tipo socioambiental. Entonces, claramente se nota en el país que hay una problemática en la relación entre las compañías mineras, petroleras, de gas, las comunidades, que no está siendo atendida adecuadamente. No tenemos todavía un plan para intervenir”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Sobre el tema de] conflictos [socioambientales] activos estábamos como en 56.2% y hemos pasado a 72.2%, es un incremento substancial, preocupante. Pero preocupa aún más que todavía en el país no hayamos logrado institucionalizar la respuesta frente a los conflictos sociales”, anotó.

Indicó, en ese sentido, que el reporte de la Defensoría es un instrumento que describe situaciones y que está basado en un sistema de monitoreo de los datos obtenidos de las 38 oficinas defensoriales. Cuestionó, además, que el Estado no esté utilizando los estudios que se publican periódicamente para abordar los conflictos, y priorizar su solución y estrategia.

“Es un instrumento valioso que debería estar siendo más utilizado de lo que siento que es, porque si ahí estamos diciendo persistentemente, mes a mes, que hay 230 o 237 como ahora, y no se convoca a una reunión para decir cuáles son los 30 conflictos más urgentes, cómo nos distribuimos las tareas, en qué estado se encuentran, cuál es la estrategia más adecuada caso por caso y actuamos como Estado; no actuamos de manera aislada e independiente solo con criterio político; no”, señaló.

Ordenamiento y sistema de evaluación son solo enunciadosEl funcionario interpretó el aumento de las cifras de las divergencias por temas socioambientales como parte del resultado del poco avance en los temas de la revisión del otorgamiento de las concesiones, del sistema de evaluación ambiental, del ordenamiento territorial y hasta cierto punto de la consulta previa.

“Hay dos instrumentos; uno es el de la gestión pública, donde tiene que haber cambios substanciales, por ejemplo, en relación a este tipo de conflicto se ha hablado continuamente de que hay que revisar el otorgamiento de las concesiones, del sistema de evaluación ambiental, ordenamiento territorial, de la consulta previa, y sin embargo, excepto el último en el que hay avances, lo demás se ha quedado en el enunciado, no tenemos un marco normativo”, declaró.

“Y otro es la gestión del conflicto, donde tiene que haber un equipo especializado en analizar los actores, en conocer las dinámicas políticas locales, conocer la cultura de cada comunidad y tener los hilos para manejar el conflicto en los tiempos oportunos, organizar buenos procesos de diálogo, pero para eso se necesita darle más recursos a la Oficina de Gestión de Conflictos de PCM”, añadió.

Muchos conflictos y poca capacidad de respuesta oportunaEl adjunto comentó, además, que fue un acierto la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero lamentó que a pesar de que cuenta con personal calificado, no existen suficientes niveles de coordinación ni recursos para que se trabaje de manera descentralizada.

“Son muchos los conflictos y poca la capacidad de respuesta oportuna, por eso es que los procesos de diálogo en más del 50% se instauran después de hechos de violencia. Creo que se le debe dar una presencia mayor, es decir quien tiene en sus manos el control del conflicto es esa oficina, no es el sector que tiene quizá la respuesta técnica, pero quien está manejando la situación frente al presidente regional, el dirigente del frente, es esa oficina”, puntualizó.

“Creo que hay un nivel de coordinación, pero no lo suficiente, no hay un empalme perfecto entre el trabajo que realiza esta oficina y el trabajo que desarrollan los sectores, eso está en proceso de construcción. Recordemos, también, que recién se están implementando las oficinas de conflictos sociales en los ministerios. Ya casi todos los ministerios tienen estas oficinas y lo que se espera es que en un tiempo prudencial pueda haber una articulación mayor para que no haya estas descoordinaciones”, aseveró.

A última hora hay forcejeos en la puertaEl funcionario lamentó que todavía existan dificultades para organizar buenos procesos de diálogo, pues cuando se instalan las mesas no se define con claridad a los interlocutores, el escenario ni la agenda prevista.

“No puede ser que a estas alturas todavía tengamos dificultades para organizar buenos procesos de diálogo, que no hay una etapa de prenegociación, donde quede claro quiénes van a participar, cuáles son los puntos de la agenda, dónde se va a realizar y en qué escenario, cómo se implementa el escenario para realizar un proceso de diálogo y vemos que a última hora hay forcejeos en la puerta para ver quién entra, no se sabe bien por dónde empezar, no se sabe si va a ser una negociación directa o intermediada por alguien”, subrayó.

Precisó que los conflictos no son fabricaciones políticas y que se debe entender que detrás de posibles pretensiones personales de quienes promueven una protesta, hay una causa del conflicto que debe ser analizada.

“La política estará siempre presente en los conflictos sociales, eso es inevitable, y habrá quienes quieran capitalizar los conflictos sociales para fines personales, pero eso no quita que detrás de esas pretensiones haya una causa del conflicto, una razón por la cual la gente se moviliza y reclama; puede ser que no sea una razón plenamente fundamentada, pero justamente para eso se abre un espacio de diálogo”, remarcó.

Diez Canseco plantea salida de todo el Gabinete Valdés

Ideeleradio.- Los cuestionamientos y los pedidos de renuncia contra los ministros de Defensa, Alberto Otárola y del Interior, Daniel Lozada, abren la oportunidad para que se plantee el cambio de todo el Consejo de Ministros que preside Óscar Valdés, opinó el congresista Javier Diez Canseco.

“[¿Existe la posibilidad de que con el liderazgo de Valdés se puedan hacer estos cambios o la salida de estos ministros ya deberían marcar un esquema de un Gabinete distinto?] Yo concuerdo con lo segundo. Creo que hay necesidad de una visión más integral, más amplia en este terreno y que eso incluye la situación del propio Gabinete Valdés. Creo que eso es un tema que hemos reclamado abiertamente frente a los problemas que encara el país y creo que esto es una oportunidad en la cual este tema debiera plantearse”, comentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Anotó, igualmente, que no solo se requiere un cambio de personas, sino que se retorne a lo que estaba en el programa de Gana Perú sobre la presencia del Estado y un plan de desarrollo antiterrorista.

No hemos hablado con HumalaSubrayó, además, que no han tenido una relación de cercanía con el presidente de la República, Ollanta Humala, como para abordar el tema de la ineludible responsabilidad política de los ministros del Interior, Daniel Lozada, y de Defensa, Alberto Otárola, por el tema del VRAE.

“[¿Ha hablado con el presidente Humala para que se tome una decisión en ese sentido?] La realidad es que no hemos tenido una relación que permita el tratamiento de este tema. De ahí que ha tenido que plantearse [el problema] públicamente en las condiciones concretas en las que nos hemos encontrado porque es inevitable asumir una responsabilidad política frente a un hecho que resulta grave y que tiene en este comunicado del Ministerio del Interior la gota que rebalsa el vaso, cuando no se asume la responsabilidad del hecho de que quien ubica al suboficial Vilca, bárbaramente destrozado, es el padre”, puntualizó.

“Y creo que hay que asumir responsabilidades políticas frente a una estrategia y forma de actuar que no solo le falta el respecto al país en el manejo que se hace de ese comunicado, sino que es una estrategia que tiene costos en los errores y no pueden ser evadidos”, declaró.

Sería desastroso tener ministros del perfil de Rey o GiampietriEn otro momento, advirtió que la lucha contra el terrorismo rebasa lo militar y pasa más bien por incidir en los temas de desarrollo, como parte de las respuestas políticas y sociales. Por ello, indicó que sería desastroso tener como ministros de Defensa o Interior a personas que tengan, por ejemplo, el perfil del excongresista Rafael Rey o del parlamentario Luis Giampietri.

“[¿Le parece que hay que tener cuidado porque con los cambios porque el remedio podría ser peor que la enfermedad y podríamos tener como ministros a personas como Giampietri o Rey?] Eso sería desastroso porque sería reafirmar el camino anterior, afirmar un camino que no comprende la lucha contra el terrorismo y contra el accionar senderista. Es una lucha que rebasa lo militar y represivo; lo comprende, pero lo rebasa”, manifestó.

“Tiene que ver con temas de desarrollo, respuestas políticas y sociales y tiene que ver con el cumplimiento de un país que tiene a flor de piel la demanda de cambios con sacar adelante los compromisos de transformación del país que fueron hechos en este terreno y la atención de áreas abandonadas y de la ausencia del Estado que afectan importantes áreas del país”, concluyó.

José Peláez: Caso Sánchez Paredes debe ir a juicio oral

Ideeleradio.- El Ministerio Público está convencido de que la investigación que se le sigue al clan de los Sánchez Paredes debe llegar a la etapa de juicio oral, sostuvo el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, al considerar que el expediente tendría que ser derivado por parte de la Sala Penal Nacional a la respectiva Fiscalía Suprema.

“Estamos convencidos plenamente que ese caso debe llegar a un juicio oral de todas maneras y hacemos votos para que la Sala [Penal] que va a resolver este caso se pronuncie, disponiendo que el caso vaya a la Fiscalía Suprema para que allí defina el fiscal supremo y ordene que se formule acusación”, anotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El magistrado calificó, en ese sentido, como un golpe muy duro para el Ministerio Público el hecho de que la fiscal adjunta María Maguiña Torres haya pedido el archivamiento del proceso seguido a la familia Sánchez Paredes por supuesto lavado de activos. Cuestionó, igualmente, el tiempo que llevó la magistrada en revisar el voluminoso expediente.

“Realmente este hecho ha sido un duro golpe para el Ministerio Público porque no esperábamos una situación de esta naturaleza. No esperábamos un pronunciamiento primero de una fiscal adjunta, en segundo lugar de un caso de gran envergadura, además de más de mil 500 cuadernos haya podido ser revisado en 15 o 30 días. Realmente es una cosa inusitada. Para el Ministerio Público esto ha sido un golpe muy duro y así lo hemos expresado al día siguiente de conocer estos hechos”, refirió.

Fiscal Maguiña podría ser destituidaEn otro momento, Peláez Bardales informó que se ha dispuesto que la Fiscalía Suprema de Control Interno evalúe el desempeño de la magistrada María Maguiña, quien fue retirada de la Fiscalía contra el crimen organizado. El titular del Ministerio Público confirmó que inclusive podría haber un pronunciamiento pidiendo su destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Hemos puesto a disposición de la Fiscalía de Control Interno a la doctora Maguiña y la hemos retirado del sistema anticorrupción, de crimen organizado que formaba parte, porque es imposible que una investigación de cuatro años pueda ser resuelta de la manera más rápida y de la noche a la mañana. Aquí parece que ha trabajado sola y dio la sorpresa lanzando esto”, cuestionó.

“Ella está siendo investigada por la Fiscalía de Control Interno, y se está recopilando toda la información del caso y las declaraciones que se pueden obtener y allí va a haber un pronunciamiento que puede ser una propuesta de destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura”, adelantó.

Levantamiento de inmunidad de Nayap se daría en 8 mesesPor otra parte, adelantó que el Congreso podría tomar entre seis u ocho meses en el análisis de un eventual pedido de levantamiento de inmunidad del congresista oficialista Eduardo Nayap, quien fue denunciado por la Fiscalía Provincial de Condorcanqui (Amazonas) por los presuntos delitos de fraude electoral y falsificación de firmas.

“Hasta donde yo tengo conocimiento esta es una investigación que se viene llevando a cabo en Utcubamba, en Amazonas y el fiscal luego de evaluar las pruebas correspondientes ha formulado una acusación contra este congresista que se habría beneficiado con unas actas fraguadas y ha habido un incremento de la votación, y hay listas en las que aparece solo él con el mayor número de votos de los que deberían concurrir sobre eso”, detalló.

“Bueno, lo que tendría que haber ya es una acusación constitucional y el Congreso de la República tendría que disponer el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, es decir, el antejuicio. […] Eso yo calculo que podría ser unos seis u ocho meses, eso ya depende de la voluntad de las comisiones del Congreso”, especificó.

Soto Vallenas deberá explicar cena con procesadosEn otro momento, opinó que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gastón Soto Vallenas, tendrá que dar las explicaciones del caso tras la difusión de unas fotos en la que aparece en una cena en su homenaje, a la que también asistieron Jacqueline Beltrán, ex pareja de Vladimiro Montesinos, el ex candidato presidencial Marco Antonio Arrunátegui, investigado por lavado de dinero, y Ana Maritza López, procesada por haber atropellado a una persona.

“Lamentablemente a veces las autoridades tenemos que concurrir a determinadas actividades sociales y ahí muchas veces nos podemos ver envueltos en estar en contacto o estar al lado de gente que realmente puede tener algunos malos [aspectos]. Lamentablemente estas cosas suceden, yo no sé en qué momento se habría retirado el doctor Soto, de todas maneras el creo que va a tener que dar las explicaciones”, manifestó.

Dos investigaciones contra García NúñezEl fiscal informó, además, que Gonzalo García Núñez, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) afronta dos investigaciones ante el Ministerio Público. Pormenorizó, asimismo, que no tiene información de la existencia de una denuncia contra Luz Marina Guzmán Díaz, representante de los colegios profesionales ante el CNM, a quien se le cuestionó por haber sido elegida supuestamente mediante la acreditación de más de 400 firmas falsificadas.

“Se vienen investigando dos denuncias, se están recogiendo información y testimonios., Una es la que formula Vladimir Paz de la Barra contra Gonzalo García Núñez sobre la supuesta demora en el cumplimiento de un acuerdo del Consejo que determinaba la no ratificación de un fiscal. Y la otra tiene relación con el supuesto ocultamiento de una documentación respecto de un candidato que estaba siendo sometido a una ratificación y que tenía un antecedente. Esta también es contra García Núñez”, detalló.

“Ese caso [de Luz Marina Guzmán Díaz] no ha llegado al Ministerio Público y en todo caso a lo mejor ha llegado a una fiscalía de menor nivel porque este hecho se habría producido antes de su designación como consejera, probablemente”, concluyó.

Peláez no descarta que se quiera “pasar la factura” a la Corte IDH por caso Fujimori

Ideeleradio.- El fujimorismo podría tener el interés de querer “pasarle la factura” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con los pedidos que se plantean para apartarse de este sistema, a raíz de que ese organismo tuvo una participación activa e importante en la viabilidad para el juzgamiento del expresidente Alberto Fujimori, estimó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

“[¿Hay un ánimo de pasarle la factura al Sistema Interamericana por caso Fujimori?] Claro, allí la Corte tuvo una participación activa e importante porque señaló como se había producido en el país un mal sistémico, no solamente de corrupción, sino también de violación de derechos humanos. Eso lo manifestó la Corte oportunamente y fueron pronunciamientos que sirvieron inclusive para sustentar primero la acusación y luego la sentencia [a Fujimori]”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿No cree que hay ese sinsabor en el sector fujimorista y creen que esa es su oportunidad de pedir el retiro de la Corte?] Podría haber un interés de esa naturaleza, ese ha sido en cierto modo pronunciamientos no solamente de ahora, sino desde hace muchos años cuando hubo la intención de retirarse de la Corte Interamericana”, agregó.

En la víspera, el exvicepresidente Luis Giampietri planteó el retiro del Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque dijo que “no pasa nada” si nos retiramos del sistema supranacional.

No obstante, el titular del Ministerio Público recordó que el convenio firmado por el Estado Peruano ante la Corte Interamericana tiene rango constitucional y que existe la necesidad de respetar los acuerdos suscritos. Además, destacó el aporte realizado por dicha entidad supranacional.

“El convenio que tenemos firmado con la Corte tiene rango constitucional y si bien es cierto la Corte ha hecho muchas observaciones en determinados momentos y en caso puntuales, no por ello debería denunciar el tratado como lo viene haciendo otros líderes [Hugo Chávez]. Hay que respetar los convenios, los tratados en este caso, el que tenemos celebrado con la Corte Interamericana que es parte de la normativa constitucional”, enfatizó.

“La Corte ha tenido muy buenos pronunciamientos en diferentes momentos, en otros el Estado no supo defenderse, eso es la verdad; entonces, nos hicieron responsables de pagos de indemnizaciones por qué porque ha habido una ausencia del Estado en ese nivel de la Corte. Si hubiera habido una buena defensa no habríamos tenido la necesidad de pagar como lo hemos hecho. [El papel de la Corte] ha sido una oportunidad para esclarecer mejor los hechos que acaecieron en el país”, comentó.

Por otro lado, el titular del Ministerio Público cuestionó a los que buscan la aplicación de la pena de muerte. Dijo no sirve para corregir o enmendar a las personas involucradas en graves delitos.

“Creo que la gente no comete esos graves delitos pensando que va a haber una pena de muerte o cadena perpetua. [El ‘camarada Gabriel’] por ejemplo, estamos frente a un psicópata, por la forma de presentarse no le importa absolutamente nada, puede morir a lo mejor envenado o de un balazo o puede sufrir cadena perpetua si es capturado”, señaló.

Sería importante una reforma del PJ desde adentroEn otro momento, Peláez Bardales se refirió a las declaraciones del magistrado Javier Villa Stein, quien acusó al titular del Poder Judicial de intentar dar un 'golpe de Estado'; al acusarlo de pedir facultades al Congreso para reemplazar a jueces, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales denunciados por casos de corrupción. Sugirió, también, la conveniencia de tener un pronunciamiento o una reforma en el Poder Judicial.

“No conozco el proyecto de ley porque esto ha sido discutido por la Sala Plena. Entiendo que si este asunto va a pasar, darle mayores facultades a la Oficina de Control Interno para que pueda intervenir con mayor rapidez y pueda –vamos a suponer –disponer la abstención de determinados magistrados así de inmediato, como lo hubiese sido el caso a nivel de la Fiscalía”, estimó.

“Entonces con la intervención de la OCMA para facilitar además el trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que sería conveniente que desde adentro se haga un pronunciamiento de esta naturaleza o una especie de reforma del Poder Judicial”, comentó. Indicó que la opinión pública aprecia que existen actos de corrupción y que lo ideal sería que se pueden detectar.

“Yo no sé si esa es ya la posibilidad que tiene el Poder Judicial de haber detectado cuáles son los lugares o zonas donde está predominando actos de corrupción por parte de magistrados”, mencionó.

Pérez Tello advierte que peritaje policial podría terminar favoreciendo a Montesinos y Hermoza Ríos

Ideeleradio.- El dictamen pericial de Medicina Forense de la Policía, que presentó el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén Olaya, podría terminar beneficiando al exasesor Vladimiro Montesinos, al exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, los excoroneles Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, quienes son investigados por el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se habrían registrado durante la operación Chavín de Huántar, advirtió la congresista Marisol Pérez Tello.

“[¿En realidad lo que está haciendo el procurador es defender a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Huamán Azcurra y Zamudio Aliaga?] Exacto, lo cual es una barbaridad y es lo que se ha hecho siempre. Todas estas leyes y estas barbaridades que se hacían eran para proteger a los grandazos y no para proteger a quienes de alguna manera terminaban siendo la pita que se rompía”, expresó al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Este tal vez sea el primer caso donde pueda establecerse una responsabilidad directa y con la excusa de proteger a los comandos se está protegiendo a gente que puede haber dado una orden y se está evitando una investigación que se tiene que hacer. O sea ponen a la Corte Interamericana como un monstruo que no lo es”, puntualizó.

Habría que investigar por qué recién aparece informeEn otro momento, opinó que se tendría que investigar las razones por las que recién aparece un peritaje policial sobre el operativo Chavín de Huántar, para saber a quién beneficia.

“[La presentación de los dos peritajes] es un elemento que tendrá que valorar la Corte. Me parece además que habría que hacer una investigación sobre qué hace un peritaje después de todo este tiempo que ha transcurrido y si es posible hacer un peritaje hoy. ¿Es posible hacer el peritaje ahora? Yo creo que no”, precisó.

“Si estaba antes dónde estaba metido. Se puede probar con la tinta. ¿Esta es la etapa procesal para presentar este nuevo peritaje? Esto es una cosa juzgada fraudulenta o pretende ser una cosa fraudulenta y a quién favorece, beneficia. [Por seguro esto] no beneficia a los comandos”, aseveró.

En ese sentido, indicó que el Ministerio de Defensa no tendría que emitir opinión sobre el operativo Chavín de Huántar, debido a que es una investigación que le corresponde al Poder Judicial (PJ) y que será analizado procesalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El Ministerio de Defensa no tendría nada que ver en este tema, no debería. Esto lo está haciendo el Poder Judicial. El Poder Judicial debería hacer la investigación como es debido. Creo que es una mala idea pretender engañar a la Corte [Interamericana] que tiene años viendo Estados en América tratando de eludir su responsabilidad, pero tiene que existir una investigación”, insistió.

¿El poder marea, pone estúpida a la gente?En otro momento, criticó la gestión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, y de su antecesor Francisco Eguiguren Praeli, por su posición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Chavín de Huántar.

“Creo que el hecho que aparezca una nueva pericia [sobre el caso Chavín de Huántar] es montar alguna tesis. Los ministros de Justicia [Jiménez y Eguiguren] y lo digo con mucha vergüenza y cólera han dicho barbaridades respecto a la Corte y es algo que no puedo aceptar. Qué le pasa a Jiménez, que trabajó por los derechos humanos en los últimos quince años de su vida”, recalcó.

¿El poder marea, pone estúpida a la gente? No entiendo y lo digo con indignación. [Francisco] Eguiguren, mi profesor de [Derecho] Constitucional diciendo que un decreto de urgencia que es una barbaridad se ajustaba a la Constitución. ¿Qué le pasa a la gente? O sea el poder no te puede hacer perder de vista las cosas que sabes”, subrayó.

Respeto profundamente trabajo de comandosFinalmente, la legisladora destacó la participación de los comandos Chavín de Huántar que permitieron la liberación de más de 70 rehenes que fueron secuestrados por los terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la residencia del embajador de Japón en Perú.

“Estas medallitas, pues, equivocadas. Algunas cosas sobre el tema de los comandos Chavín de Huántar que además muchos han sido alumnos míos o son mis amigos. Yo respeto profundamente el trabajo que ellos hicieron, el operativo de rescate, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra”, aclaró.

“El orgullo que tenemos que sentir por el operativo es una cosa, pero la responsabilidad que tenemos que sentir de investigar cualquier suceso fuera del operativo que pueda haber significado una violación a los derechos humanos es una responsabilidad de todos y que no pone en duda que muchos o todos los comandos hicieron esto con un plan que no estaba destinado a violar derechos humanos”, concluyó.