Rivera: Declaración y evaluación psicológica demuestran que Telmo Hurtado no estaba loco

Ideeleradio.- La declaración del exoficial del Ejército, Telmo Hurtado, ante la Sala Penal Nacional, demuestra que hubo un intento de encubrimiento por parte de los altos mandos militares quienes recomendaron al exoficial responsabilizarse de los crímenes de Accomarca y declararse en estado de demencia, afirmó el abogado del IDL Carlos Rivera Paz.

“Buena parte de los generales que están siendo actualmente procesados comenzaron desde el inicio a desarrollar la tesis de que este crimen lo cometió Hurtado porque estaba loco, en realidad nunca se evidenció eso. Él [Telmo Hurtado] se pronunció, ha sido evaluado psicológica y psiquiátricamente aquí [Perú] y en los Estados Unidos, y él ha dicho: 'a mí me pidieron que me haga el loco'”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Se formó una comisión investigadora del Congreso y Hurtado entre el 16 y 17 de setiembre de 1985 es interrogado por dicha comisión, un día antes, dice Hurtado, el jefe del Estado Mayor un oficial que está procesado Nelson Gonzales Ferio, le dice y ordena que se haga el loco, porque ya se había definido que la única responsabilidad iban a estar cargadas en Telmo Hurtado –un oficial ciertamente joven– teniente de 23 años, y él acepta toda esa responsabilidad […] en la cual se excluye a quienes justamente le ordenaron cometer el crimen”, declaró.

Telmo Hurtado no es el único responsable

El letrado insistió en señalar que con las declaraciones de Telmo Hurtado quedan sin sustento los argumentos de defensa de los otros militares acusados de la matanza de Accomarca, la cual consistió en otorgar toda la responsabilidad de lo sucedido al ex mayor del EP.

“Era una versión que ya se venía desarrollando en el propio juicio oral que comenzó en noviembre del año 2010, decir que era imposible que Telmo Hurtado haya matado a todos, inclusive en la versión de los elementos militares que están ahí siendo procesados llegaban al ridículo al decir que solamente Telmo Hurtado había disparado, una cosa en verdad bastante inconsistente”, señaló.

“Lo que Telmo Hurtado da cuenta es que esto fue una operación conjunta en la que participaron cuatro patrullas, es decir 80 personas, y que cada una de ellas tenía una misión por cumplir de acuerdo a la planificación que dos días antes se sabían planificado en el Cuartel los Cabitos en Huamanga”, comentó.

Masacre fue coordinada y planificada por altos mandos

El abogado del IDL mencionó, por otro lado, que las declaraciones del exoficial del Ejército se evidencia que la matanza en Accomarca fue producto de una planificación y coordinación entre los altos mandos militares del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería del Ejército mediante el plan 17 con la cual se le ordena realizar el crimen en dicha localidad.

“Él [Telmo Hurtado] ha dicho que fue una orden, producto de una planificación de reuniones de coordinación, entre el Estado Mayor de esta Segunda División de Infantería del Ejército, y los elementos militares que iban a dirigir las patrullas que iban a participar en el crimen, lo cual ya determina un nivel de responsabilidad superior, que no fue un acto de locura, sino un crimen organizado de una manera bastante ordenada, con una división del trabajo, como iba a corresponder a la participación de 80 elementos militares”, relató.

Plan 17 revela procedimiento seguido en Accomarca

Consideró, igualmente, que el caso Accomarca no solamente es relevante por lo emblemático del crimen y de la tragedia que generó en esta comunidad, sino porque, además se ha logrado ubicar el famoso ‘Plan 17’, un documento de dos carillas, en la que efectivamente se hace una sumilla de cómo deben proceder los militares para la matanza de Accomarca.

“[En el Plan 17] se dice que hay que destruir y detener elementos subversivos, delincuentes terroristas en la comunidad quebrada de Huancayo que es vecina de Accomarca, [Telmo Hurtado] cumple ese plan y los otros elementos también lo hacen, es cierto”, ratificó.

Explicó que la matanza de 69 campesinos de la localidad de Accomarca no fueron crímenes individuales, excesos ni actos de locura, sino que fueron perfectamente planificados y que hubo una combinación de documentos y también de órdenes verbales.

“Hay una reunión de coordinación con los elementos militares del Estado Mayor, en la cual participan Telmo hurtado y Juan Rivera Rondón, donde el jefe político-militar de Vilcashuamán, les dice que todos los pobladores de Accomarca son terroristas, y en la cual el agente de Inteligencia César Martínez Uribe le da la orden directa a Telmo Hurtado, y le dice tú no vas a tener a nadie detenido, inclusive al guía que te estoy dando también lo tienes que eliminar y, efectivamente, las ordenes son cumplidas tal y cual se establece en el documento y se establece en la reunión”, puntualizó.

Hurtado sólo reconoce el asesinato de 31 personas 

Rivera Paz reiteró que Telmo Hurtado reconoció su responsabilidad directa en el asesinato de 31 de las 69 víctimas de la matanza de Accomarca y adjudicó las 38 restantes al teniente Juan Rivera Rondón.

“Telmo Hurtado ha hecho una aclaración el día de ayer que de esos 69, él reconoce que de manera directa, tanto él como los elementos de su patrulla asesinaron a 31 personas, cinco dice porque corrieron, que era además un procedimiento regular en el Ejecutivo que porque correr le disparaban a la gente, 25 luego de haber sido juntados, reunidos en una casa y ahí asesinados a balazos y con una explosión y luego el asesinato del guía, un supuesto terrorista que también fue eliminado”, aseveró.

“Se le preguntó ¿qué había pasado con las otras 38 personas? Bueno, él dio cuenta que había otra patrulla, la del teniente en ese entonces, Juan Rivera Rondón que también había ingresado al lugar de los hechos y él entiende que también cumplió una suerte de eliminación física de los pobladores de Accomarca”, concluyó

Viceministro de Interculturalidad: Causa sorpresa absoluta cuestionamientos a Ley de Consulta

Ideeleradio.- Es una sorpresa absoluta que después de un año y medio de trabajo se diga que la Ley de Consulta Previa y su reglamento son contrarios a los derechos indígenas y a la Constitución, manifestó Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad, tras cuestionar la posición de algunas organizaciones a esta norma.

“Es una sorpresa absoluta que después de haber hecho un trabajo de año y medio de muchos actores [sobre la Ley de Consulta], se diga que esa norma es contraria a los derechos indígenas y contraria a la Constitución”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Cuestionó, en este sentido, que se diga que el referido dispositivo es atentatorio y consolida una violación a los derechos indígenas. Sostuvo que cuando se trabajó la propuesta no existía reglamento y que ahora existe una norma que establece un conjunto de procedimientos con mayor detalle.

“Evidentemente, ese último punto es lo que estamos en completo desacuerdo, en primer lugar porque esa ley tiene el mismo texto de la norma que se aprobó en mayo del 2010, y, efectivamente, es una norma que fue observada por el Poder Ejecutivo y que hubo un rechazo de los pueblos indígenas y que tenía que aprobarse tal cual, y ese fue el fundamento de la demanda durante año y medio, hasta que se dictó la norma”, aseveró.

“Eso va a ayudar, sin duda, a los procesos que hay de aquí en adelante […] Hay que entender que el país ha tenido un déficit respecto a la identificación de los pueblos indígenas y sus organizaciones y esa es una tarea que hay que seguir saldando con una creación de esta base de datos oficial”, mencionó.

Reconoció que los funcionarios no han tenido una experiencia práctica previa para desarrollar el proceso de consulta y que se van a ir generando capacidades para la aplicación de este mecanismo.

“Hace unos días, se ha cerrado el primer curso de capacitación para100 funcionarios públicos y hemos lanzado la primera convocatoria para los 25 intérpretes con quienes vamos a iniciar el proceso de capacitación que también se requiere para que por lo menos en seis lenguas originarias se empiecen a trabajar el tema de fortalecimientos de capacidades de los que van a estar a cargo del proceso de la consulta”, informó.

Procesos de consulta será posterior a la vigencia de la norma

El viceministro opinó, igualmente, sobre los cuestionamientos en el reglamento de la Ley de Consulta donde se establece que sólo se aplicará para los actos administrativos y normativos que afectan a los pueblos indígenas, pero que se adopten posteriormente a la entrada en vigencia del mismo. Indicó que hay que distinguir lo que es la insistencia del derecho de consulta y sus procedimientos.

“Dentro de la ley y el reglamento, establecen un conjunto de procedimientos, evidentemente, no puedes aplicar los estándares de procedimiento antes de la vigencia de estas normas […] Los procedimientos que aquí se plantean, inclusive los plazos, nacen con el reglamento y eso no puede aplicarse antes”, puntualizó.

“[Eso no significa que lo que antes se dio pueda evaluarse nuevamente de alguna manera] Ahí tiene que evaluarse en concreto. ¿Cuáles son los requisitos para que haya consulta, que haya un pueblo indígena, que haya una medida administrativa que los afecta directamente y que, efectivamente, se abra un proceso de diálogo entre el Estado y el pueblo indígena”, anotó.

Aseveró que los mecanismos están disponibles en la legislación vigente y que si no se han utilizado es porque no hay una sensación de que no ha habido una afectación directa. “[…] El tema va porque los estándares tienen que ir subiendo y lo que esta ley y este reglamento están planteando en mejorarlos y que se evite dudas por el proyecto que se va a desarrollar”, remarcó.

Habrá que analizar caso por caso

Por otro parte, coincidió con la posición de algunos miembros del Tribunal Constitucional, en el sentido de que habrá que analizar caso por caso, aquellos que no fueron consultados.

“Todas las acciones que se han dado, no todas requerían pasar por consulta porque primero tiene que haber pueblos indígenas, y luego afectación de derechos de pueblos indígenas y luego asegurarte de que lo que hizo no cumpla con lo establece el convenio 169. Entonces, es una discusión que, efectivamente, se dé caso por caso, y estoy completamente de acuerdo con esa posición”, pormenorizó.

Explicó que la Ley de Consulta es la norma que otorga esta responsabilidad general a las entidades públicas que son las que aprueban normas administrativas o legislativas y la potestad de hacer las consultas no deriva de las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y locales.

“Lo que dice el Convenio 169 es que el Estado es el que tiene la obligación de consultar, pero no dice quien dentro del Estado, quien ha definido esto es la Ley de Consulta. No es cierto que no tenga opinión con respecto a todos los sectores, se señala que debo emitir opinión previa sobre procedimientos previos a la Ley de Consulta”, reiteró.

“Debe haber un rol de rectoría clave del gobierno nacional en funciones nacionales porque si no lo hay con lineamientos claros, lo que existe es un desorden sobre el mecanismos de las funciones. En este caso, lo que establece la norma es una mecanismo por el cual un gobierno unitario reconoce que son los gobiernos regionales y locales los que toman las decisiones, pero que tiene que haber es algún tipo de mecanismo directriz que establezca un orden respecto al funcionamiento del Gobierno”, concluyó.

Soberón: Secuestro en Cusco podría ser una reacción de terroristas al anuncio de gasoducto

Ideeleradio.- El hecho de que presuntos delincuentes terroristas hayan secuestrado a un grupo de trabajadores de empresas contratistas del proyecto del gas de Camisea, sería una actividad propagandística de esta columna que busca indicar que manejan el territorio o podría ser una reacción al interés del Gobierno en la construcción del Gasoducto, que afectaría sus rutas de “negocio” vinculadas al narcotráfico, opinó Ricardo Soberón, exjefe de Devida.

“Sí, en parte concuerdo con ese punto [de que podría ser una reacción porque se afecta su 'negocio'], es clarísimo que la atención que se ha puesto en el VRAE, por lo menos en el último semestre del año pasado ocasionó movimientos del narcotráfico, ya desde el 2012 a la fecha lo que podemos constatar es que en términos del narcotráfico como fenómenos en el Perú cada vez es más clara la importancia estratégica de la ruta sur hacia el cono sur”, explicó.

“En ese contexto, la región Puno y todas su zona de frontera y de selva, tanto en Inambari como en San Gabán, se constituyen en un espacio privilegiado para la producción, el procesamiento y el tráfico binacional de pasta básica que, finalmente, termina en grandes ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, o Buenos Aires. Este hecho no puede ser desdeñado por el Gobierno, para –a tiempo– hacer las reformas necesarias en el manejo de las políticas de seguridad en el VRAE y fortalecer la presencia del Estado en Puno”, argumentó.

El experto recordó que la región Cusco tiene casi similar importancia a lo que representa Conga para los metales, pero guardando las distancias. Mencionó que el gasoducto ha ocasionado cambios sustantivos e irreversibles en la región, algunos muy buenos y otros no.

Terroristas buscan ofrecer sus servicios

Soberón Garrido dijo, además, que la reacción de esta columna terrorista podría ser una suerte de actividad propagandística por la que estos delincuentes buscan ofrecer sus servicios al narcotráfico, señalando el supuesto manejo y control que tienen en esta zona del VRAE.

“No cabía duda de que era una posibilidad de que estos grupos remanentes, particularmente los de Proseguir y los hermanos Quispe Palomino, quisieran también dar un golpe propagandístico, luego de la captura de Artemio, como un hecho como esto en una región que está en pleno auge en el tránsito de drogas, armas, insumos de ida y vuelta”, manifestó.

“Esto [la ruta] va desde la zona de Pichari, Kimbiri, Kepashiato, Quillabamba, Pilcopata, el Salvador y sales a Bolivia, esa ruta terrestre es necesaria de ser usada por el narcotráfico y, obviamente, estas columnas ofrecen servicios que un hecho como este secuestro colectivo les permite indicar que manejan el territorio”, anotó.

Hay que incidir en labores de Inteligencia

Finalmente, tras considerar que este grupo de delincuentes debe poner en libertad a los trabajadores que permanecen retenidos, sugirió incidir en el tema de las labores de Inteligencia, actividad que permitió, entre otras cosas, la captura del cabecilla de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, camarada Artemio.

Mencionó, en ese sentido, que aquellos análisis que hablan de una guerra o de una “farcarización” de los remanentes terroristas invocan a más de lo mismo y no ayudan a dar soluciones a hechos como los que ocurren en el centro poblado de Kepashiato, distrito de Echarate, en la provincia cusqueña de La Convención.

“Creo que además de pedir por la pronta liberación de las personas retenidas y secuestradas, creo que hay que hacer referencia sobre de qué se trata, para poder entender que ha ocurrido con esta acción aparentemente senderista, recordemos que la provincia de La Convención y sus distritos Kimbiri y Pichari están en el VRAE y el VRAE es la principal región donde primero se produce pasta básica de cocaína para los mercados internacionales y segundo es donde los remanentes de Sendero Luminoso tendrían su espacio de acción”, expresó.

“Conocimos de todas las circunstancias alrededor del tema de la captura de Artemio como un resultado de Inteligencia, eso nos debe hacer pensar que para el caso del VRAE es fundamental subrayar la importancia del trabajo de inteligencia policial militar y civil en la zona, antes que acciones poco direccionadas en materia militar, como las que han ocurrido en los últimos meses y años”, concluyó.

Lanegra: Accionariado de comunidades en mineras es una posibilidad abierta y legítima

Ideeleradio.- El accionariado de las comunidades en las empresas mineras es una posibilidad abierta y absolutamente legítima porque no existe impedimento legal para ello, pero esto implicaría un estudio serio y llegar a determinados acuerdos, opinó Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Fue al comentar las declaraciones de Vladimir Cerrón, presidente regional de Junín, quien estimó que las comunidades deben ser incluidas como accionistas, en donde intervengan empresas mineras y exploten sus recursos, y quien emitió una ordenanza promoviendo este mecanismo.

“[¿El presidente regional de Junín ha propuesto abrir la posibilidad del accionariado de las comunidades en las empresas?] No hay impedimento legal al respecto, también es una posibilidad. Es decir, los mecanismos por los cuales la población local se incorpora a los proyectos de inversión son múltiples. El tema es que tienen que haber acuerdos, evidentemente, eso implica un acuerdo”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El viceministro aseveró que en el país se tiene la libertad de establecer acuerdos dentro de los contratos que se consideren convenientes, pero –anotó– que el tema es cómo se pueden promover de manera tal que sean mecanismos que, efectivamente, ayuden al proceso de entendimiento.

“Es un asunto que requiere de un estudio muy serio, muy detallado, para ver cómo el Estado si fuera su interés promueve ese tipo de acciones, pero la vía está abierta, es una vía absolutamente legítima por lo cual la población local se incorpora en los beneficios de los proyectos mediante una vía directa”, afirmó.

Consulta vecinal no es consulta previa

En otro momento, al ser consultado por la viabilidad de que se plantee dentro de los resultados del peritaje al proyecto Conga la posibilidad de una consulta, el funcionario manifestó que no puede pronunciarse sobre el mismo. Sin embargo, en líneas generales dijo que la palabra “consulta” se ha vinculado a otro tipo de mecanismos como las llamadas consultas vecinales.

“Lo que pasa que la palabra consulta se ha vinculado a otros mecanismos llamados consultas vecinales que son estos referéndum que hacen los alcaldes o las autoridades con el propósito de consultar algún tema a la población”, dijo.

“No hay que confundir, entonces, consulta es algo así como referéndum, no es consulta a los pueblos indígenas, puede ser consulta vecinal, pero consulta no es”, añadió.

Periodo de 120 días es suma de etapas previas

Por otro lado, se pronunció sobre los cuestionamientos al reglamento en el que establece que una consulta se hará en 120 días, luego de las cuales tomará una decisión. Anotó que el tiempo que se estableció fue el resultado de sumar las etapas previas a dicho proceso.

“La consulta no solamente es en esa etapa de 120 días, dice la norma expresamente contados desde que se entrega el plan de consulta hasta que se firme el acta, pero hay cosas que ocurren antes y cosas que ocurren después de ese periodo. Antes de ese periodo está la etapa de identificación de la medida, en la cual identificas al pueblo indígena y está la etapa de reparación del plan de consulta que es el elemento quizás más importante del proceso”, mencionó.

“En esa etapa, el propio reglamento establece la posibilidad de acceder a un conjunto de etapas preparatorias previas al proceso que puede implicar un tiempo mucho más largo dependiente de la complejidad del proyecto; pero una vez ya culminada esa etapa, efectivamente, ya están los cuatro meses de centro del proceso”, aseveró.

Consideró que en la práctica lo que va a ocurrir es que la etapa de información no va a empezar en el momento que se entregue el plan de consulta porque, posiblemente, en los grande proyectos se va a trabajar información de mucho tiempo atrás.

“Hay que recordar que son múltiples los tipos de proyectos que pueden ser objeto de consulta. Estamos hablando de muchos casos, desde un pequeño proyecto hasta un proyecto de gran escala, el plazo ha tenido que jugar en esos márgenes. No obstante, es evidente las etapas preparatorias a veces toman varios meses previos, de trabajo antes de iniciar el proyecto de consulta para asegurarse de que todos los pasos, las etapas están muy bien afirmados y se pueda construir sobre eso un proceso de consulta efectivo”, subrayó.

Soberón: Sistema penal carece de capacidad para desmantelar al clan Sánchez Paredes

Ideeleradio.- El pedido de archivamiento del megaproceso por narcotráfico que se le sigue al clan de los Sánchez Paredes, planteado por la ahora exfiscal superior María Camila Maguiña Torres, evidencia que el sistema penal peruano carece de capacidades para desmantelar una organización criminal, sostuvo Ricardo Soberón, ex jefe de Devida.

Fue al comentar el hecho de que el Fiscal de la Nación haya dejado sin efecto el nombramiento de la mencionada magistrada y al referirse al inicio de una investigación preliminar en contra de Maguiña Torres ante la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI).

“Lo primero es activar todos los mecanismos de control jurisdiccional para identificar y monitorear los argumentos y los motivos por los que esta magistrada tomó tal decisión, dada las evidencias. En segundo lugar, queda clarísimo que todavía el sistema de justicia peruano penal, carece de las capacidades para actuar y terminar con el desmantelamiento de una organización criminal”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo que se menciona como un clan que para La Libertad puede ser muy conocido, mis referencias en otras regiones bastantes más lejanas a Trujillo o a Huamachuco es que de este tipo de varones hay varios custodiando y manejando rutas, redes de suministro en toda la zona del Cusco y Puno, por ejemplo, y por supuesto los convoyes de burros, mulas y burriers que transitan desde el VRAE hacia el exterior”, anotó.

Cumbre debe constatar fracaso de politica antidrogas

Finalmente, remarcó que la VI Cumbre de las Américas, a celebrarse en la ciudad colombiana de Cartagena, debería concluir que la política antidrogas fracasó en los últimos años, citando como ejemplos, lo ocurrido con el caso de los Sánchez Paredes y el secuestro de trabajadores en el Cusco, perpetrado aparentemente por narcoterroristas.

“Déjeme terminar relacionando estos lamentables hechos con la necesidad de que los presidentes latinoamericanos puedan decirle al mundo dos cosas: primero, constatar el fracaso de lo realizado en 30 años a nivel hemisférico y global y segundo, el derecho que tiene América Latina de reformar las políticas de lucha contra el narcotráfico”, enfatizó.

IDL: Declaración de Telmo Hurtado debe servir para aclarar otros casos en Ayacucho

Ideeleradio.- Esperamos que la declaración del exoficial del Ejército, Telmo Hurtado, en la que señala que la comisión de crímenes de violación de derechos humanos era una práctica regular en 1985, sirva y marque la pauta para el esclarecimiento de otros casos de asesinatos y desaparición forzada en Ayacucho, que se cometieron días antes o después de la matanza de Accomarca, sostuvo Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Esto va a significar el esclarecimiento final de los hechos […] Y ojalá también sirva para otros procesos judiciales, en los que de igual manera los elementos militares dicen que nunca vieron nada, que nunca escucharon nada y que nunca emitieron órdenes y que todo eran estudios en derechos humanos en zonas de emergencia, cuando las investigaciones dicen todo lo contrario”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ojalá que lo de ayer y el resultado que seguramente va a ayudar a tener en este caso las declaraciones de Telmo Hurtado, sean decisivos para otros tipos de procesos judiciales. Exactamente [tendría que serlo por lo menos para los crímenes que se cometieron en el mismo tiempo en Ayacucho] porque como el caso Accomarca hay otros que se están judicializando y que se cometieron días antes y después de Accomarca”, agregó.

Hay otros casos de tierra arrasada

El letrado dijo, en ese sentido, que después del caso del expresidente Alberto Fujimori, el testimonio de Telmo Hurtado es realmente importante porque contribuirá a esclarecer al caso mismo; pero, además, a señalar un derrotero en relación a otros procesos por violación de derechos humanos, que se enmarcaron en un procedimiento denominado como “estrategia de tierra arrasada”.

“No tengo ninguna duda, a mí me parece que este evento que ha ocurrido ayer es una cosa de las cosas más relevantes después del caso Fujimori, por lo que puede significar para el caso mismo, el esclarecimiento final de los hechos, el resarcimiento de la exigencia de justicia de las víctimas después de 27 años”, aseveró.

“Todo indica, por lo tanto, que era la práctica regular y los procedimientos regulares de la época, para ese tipo de casos de la llamada de ‘tierra arrasada’, que imperó en las zonas de emergencia época de los años 80, creo que el testimonio de Hurtado es particularmente revelador y ojalá que marque una pauta para el esclarecimiento de ese tipo de casos también”, refirió.

Hurtado será confrontado con sus superiores

Indicó que el exoficial del Ejército, Telmo Hurtado, tendrá que ser confrontado con los exgenerales a los que acusó de haber tenido conocimiento del asesinato de los campesinos de Accomarca, durante el devenir de las audiencias que programe la Sala Penal Nacional.

En la víspera, Hurtado Hurtado dijo que recibió la orden del oficial de Inteligencia, César Gustavo Martínez Uribe Restrepo de "capturar y destruir" a los que encontraran en esa "zona roja" y que esa indicación debió informársele al jefe político militar de Ayacucho en 1985, Wilfredo Mori Orzo.

“El conocimiento y las imputaciones van hasta ese nivel y que señala al Ejército en su conjunto. [...] Lo que hemos visto y hemos sido testigo es importante porque acarrea situaciones poco comunes, que es justamente este deseo de confrontar con sus superiores”, mencionó.

“Hurtado va a tener que confrontar con los altos oficiales y generales que están procesados porque todos han dado una versión absolutamente diferente y contradictoria sobre el crimen y ahora con las declaraciones de Telmo Hurtado. Hay muchísimos puntos de confrontación en los que seguramente Telmo Hurtado va a tener que decirle a los demás generales, de manera directa, y frente a los requerimientos que haga la defensa o la Fiscalía como la parte civil”, remarcó.

Iván Lanegra sobre Camisea: Habrá proceso de consulta si hay pueblos indígenas afectados

Ideeleradio.- La construcción de proyectos vinculados al Gasoducto del Sur Andino, como la instalación de una planta de fraccionamiento, de una central termoeléctrica y una planta envasadora tendrá que someterse a consulta previa si es que hay pueblos indígenas, cuyos derechos colectivos puedan verse afectados, aseveró Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

“Si hay pueblos indígenas y el proyecto [del Gaseoducto del Sur] implica la afectación de sus derechos colectivos incluyendo tierras y uso recursos naturales por ejemplo, claro que sí. […] Donde hay pueblos indígenas y se afecta sus derecho colectivo, sí. La respuesta es donde haya pueblos indígenas y haya afectación de sus derechos colectivos sin duda”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si, por ejemplo, un proyecto de inversión de cualquier tipo implicara desarrollarse en áreas en las cuales puede implicar una afectación directa a los derechos de los pueblos indígenas, en este caso al uso de los recursos naturales, a la tierra, a su derecho de propiedad potencialmente, por supuesto, es un típico caso que requería consulta antes de realizarse”, puntualizó.

En otro momento, al ser consultado por la aplicación del reglamento de la Ley de Consulta Previa y el interés del Gobierno de llevar adelante el proyecto del Gasoducto Sur Andino forma rápida, el viceministro de Interculturalidad mencionó que la propia norma establece mecanismos por los cuáles se pueden atender estas situaciones en las que se requiere una velocidad mayor.

“En este caso creo que va a haber un esfuerzo enorme, yo creo que hay una voluntad efectiva del Gobierno de hacer todos los esfuerzos por conseguir siempre un diálogo con las comunidades y no hacer nada que implique ir en contra de sus intereses”, aseveró.

“Esa voluntad [ya está presente] yo coordino muchas veces con los funcionarios a cargo de estos temas y existe esa voluntad. Pero hay que transformar estos temas en los cuales se ha ido trabajando una manera basada en los mecanismos de participación básicamente y transformar los mecanismos de consulta. El reglamento establece un estándar mayor, entonces eso se va a ir haciendo”, mencionó.

Indicó que es necesario que se tome en cuenta que los procedimientos establecidos en el reglamento de la Ley de Consulta, se aplican a partir de su vigencia y que existen reglas establecidas al respecto.

“En ese marco sin duda. No sólo [la consulta] se refiere a los proyectos vinculados con inversiones, sino también puede estar vinculada con otro tipo de medidas, como por ejemplo, estamos teniendo en el Ministerio de Agricultura un procedimiento para el reglamento de la Ley Forestal”, aseveró.