miércoles, 4 de abril de 2012

IDL: Ambigüedades en reglamento de Ley de Consulta podrían llevar a interpretaciones arbitrarias

Ideeleradio.- Algunas disposiciones del reglamento de la Ley de Consulta previa pueden ser ambiguas y dar lugar a interpretaciones arbitrarias, advirtió Juan Carlos Ruiz, integrante del Área de Justicia Viva del IDL, quien estimó que este dispositivo no se adecua al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Yo creo que acá hay normas que han sido bien intencionadas, pero la relación tal como está, no creo que es la mejor y puede dar pie a interpretaciones, creo que arbitrarias, como en caso de previsión de servicios públicos, donde no se consulta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Cusco con la construcción del aeropuerto de Chincheros, [donde la no consulta] va a significar el desplazamiento de una comunidad campesina”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Nos preocupa el artículo 2.3 del reglamento de la Ley de Consulta que establece también una disposición que también es ambigua y dice en concreto, que los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad […] lo cual afectará directamente a los pueblos indígenas”, remarcó.

Comentó que la norma que fue publicada el martes en el diario oficial El Peruano hace un esfuerzo por recoger algunos de los planteamientos que se formularon durante las reuniones con parte de las asociaciones indígenas. Calificó, en ese sentido, de insuficientes el hecho de que existan disposiciones que corrigen algunos defectos de la propia Ley de Consulta.

“Creo que hay algunas disposiciones que tienen una relación ambigua, porque tenemos una ley que no recoge, incumple, se aparta, se desvincula de estándares establecidos en el Convenio 169 y a través de ahí vienen algunas complicaciones, creo que el canal que hay que seguir es una demanda de inconstitucionalidad contra la ley porque no se adecua al Convenio 169”, subrayó.

Plazo de 120 días es rígido
En otro momento, criticó que se establezca un plazo máximo de 120 días para el proceso de consulta y advirtió que su rigidez puede complicar el procedimiento. Indicó que el Estado debería fijar un plazo adicional para que se pueda informar y notificar a las comunidades indígenas sobre el proceso de consulta que, eventualmente, se podría desarrollar en sus localidades.

“Nos preocupa que el plazo máximo de duración del proceso de consulta sea de 120 días. Entonces, yo creo que la misma norma dice que tiene que ser un plazo razonable; sin embargo, la rigidez con que se plantea este plazo, teniendo en cuenta la complejidad, heterogeneidad y las distancias con la Amazonía […] puede complicar el proceso de consulta”, enfatizó.

“Tampoco se trata de consultas permanentes, eternas, interminables; pero creo que deberían establecer plazos de quince días, treinta días para una notificación, una cosa es estar en Lima donde tú puedes tomar rápidamente conocimiento de las decisiones del Estado, pero en estos casos creo que hay que exigirle al Estado que la validez de las decisiones deben estar subordinadas a la efectiva notificación”, añadió.

Viceministerio segunda instancia y se consultará a partir de exploración
Adelantó que hay otras disposiciones que hay que corregir como el hecho de que el Viceministerio actué como segunda instancia, a pesar de que ya adelantó una opinión técnica. Señaló que otro de la norma no es clara y que parece que no participarían los pueblo indígenas del acuerdo previo ni la elaboración del plan de consulta, donde se establecen las reglas de juego.

Indicó que otro tema es que no se consultaría la concesión minera, sino a partir de la exploración que no se enmarca dentro de lo que sostiene el Convenio 169 o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remarca que la consulta es previa a la decisión inicial.

“La redacción que se tiene es que se consultaría recién al momento de la exploración, es decir la concesión no se consultaría. Esto hay que debatirlo, esto es un tema complicado y no se estaría consultando una decisión inicial. Hay otro tema que dice que no se van a consultar los decretos de urgencia, que en nuestro país son utilizados para saltarse procedimientos”, refutó.

Estudiantes de PUCP: Reformas planteadas en acuerdo con Iglesia vulneran autonomía

Ideeleradio.- Las reformas planteadas en el acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) vulneran en cierta medida la autonomía de esta casa de estudios, manifestó Alonso Marañón, representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria, quien hizo un llamado a docentes y alumnos para ratificar la independencia de la PUCP.

Fue al comentar este acuerdo que establece una la reforma de los estatutos de esta universidad, documento que será sometido a consideración de la Asamblea Universitaria, el próximo 13 de abril.

“Personalmente, creo que en general toda las reformas [presentadas en el acuerdo alcanzado de las negociaciones del Arzobispado de Lima y la PUCP] en cierta medida vulneran la autonomía [de la universidad], algunas menos que otras. Por ejemplo, por mencionarte una […] la Iglesia tendría poder de veto sobre las reformas al estatuto que tengan que ver con su vínculo con la Iglesia. Entonces, ahí claramente se viola la autonomía [de la universidad], declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“También hay otras reformas de menor intensidad, por ejemplo, la que crea un comisión fuera de la institucionalidad de la universidad para que se revise en cierta parte todo el aspecto económico de nuestra casa estudios […] por lo que vamos a empezar a hablar con los profesores y con los alumnos, para que ante esta nueva posición, se reafirme la defensa de nuestra autonomía, en la cual, la universidad se ha pronunciado ya varias veces […] Hay que ser firmes en la defensa de nuestra autonomía”, enfatizó.

Exigimos mayor plazo para discutir este acuerdo
En otro momento, el dirigente estudiantil solicitó a las autoridades universitarias que se disponga de un tiempo mayor para discutir a fondo los alcances del acuerdo establecido entre el Arzobispado de Lima y el Rectorado de la PUCP. Cuestionó, igualmente, la celeridad con la que se pretende aprobar este entendimiento.

“Nosotros vamos a estar reuniéndonos esta semana para emitir una posición como estudiantes, lo que sí hemos venido criticando este documento que se quiere aprobar el próximo viernes, digamos, [es que] este documento plantea reformas muy importantes para el futuro de la universidad y si estamos yendo a un proceso de diálogo aún podíamos esperar un poco más, pues digamos, la comunidad universitaria tiene que enterarse qué es lo que se va a aprobar ¿Qué es lo que hay que debatir y aprobar?”, subrayó.

Puntualizó que se necesitan los tres quintos de los votos de la Asamblea Universitaria para que se apruebe el acuerdo. “Para que el paquete completo se apruebe que es lo que desea la Iglesia se necesitarían 3/5 de la asamblea universitaria, eso es más o menos 48 votos”, precisó.

Iglesia ofreció terminar los juicios con PUCP
Finalmente, cuestionó que el Arzobispado de Lima haya ofrecido acabar con todos los juicios ganados a esta casa de estudios si se aprueba el acuerdo con el rectorado. Reveló que con este acuerdo la Iglesia Católica busca influir en la vida institucional de la universidad.

“El documento trata de una serie de concesiones de reforma al estatuto, donde finalmente si se acepta todo el paquete completo lo que se les ha ofrecido a cambio es que terminen todos los juicios, respecto a los bienes que tenía la universidad con el arzobispado”, explicó.

“Básicamente lo que buscan es tener opinión sobre la decisión del rector, influir de algún modo en ese aspecto, además tener cierta fiscalización económica sobre la universidad y finalmente reafirmar la identidad católica de la universidad, ”concluyó.

JDC: Keiko pidió "desantaurizar" la política para que no se hable de privilegios de Fujimori

Ideeleradio.- La lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, pidió “desantaurizar” la política para que no se hable de la situación de privilegios que tiene el expresidente Alberto Fujimori en el centro de reclusión de la Diroes, estimó el congresista Javier Diez Canseco.

Fue al comentar las declaraciones de la exparlamentaria Keiko Fujimori, quien exhortó a la prensa a tratar otros temas de coyuntura política porque a su juicio se está ‘antaurizando’ la agenda y dejando de lado temas como los conflictos sociales, la calidad de la educación o la atención en salud.

“Sí, coincido [con esta idea de que Keiko quiere pasar la página porque cree que la suerte de Fujimori está ligada a la de Antauro] porque estoy convencido de que la gente sabe también que la habitación de Fujimori es absolutamente privilegiada”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Fujimori] es el único preso en el Perú que tiene 109 metros de celda propia, con espacio para leer, cuarto propio, baño propio y hasta tiene un huerto que atiende, y un área de movimiento sin ningún mecanismo de restricción, visitas a cualquier hora y hasta ha logrado meter a [los músicos de] Los Iracundos en el día de su cumpleaños”, apuntó.

Diez Canseco Cisneros dijo, en ese sentido, que lo que se necesita es una política firme que proscriba los privilegios en los penales y estimó que los medios de comunicación hubieran desarrollado varios titulares en los noticieros, si Antauro Humala gozara de las prerrogativas que tiene actualmente Alberto Fujimori en la Diroes.

Antauro se caricaturizó como una persona carente de equilibrio
El congresista consideró, en otro momento, que Antauro Humala se ha caricaturizado con la imagen de una persona carente de equilibrio y no como alguien firme en términos de principios.

“[¿Antauro se ha caricaturizado él mismo?] Sí de alguna manera se ha hecho una imagen de una persona carente de equilibrio más que firme en términos de principios y eso me parece grave para él, y para su figura política. Yo creo que es una figura de un radicalismo y una prédica sin alternativas marcadas por una lógica fundamentalmente destructiva, para mí preocupante”, declaró.

Medios levantan posición de la familia para presionar al Gobierno El parlamentario consideró, además, que es normal que Isaac Humala defienda a su hijo Antauro Humala, pero estimó que el levantamiento de sus opiniones políticas, por parte de los medios de comunicación, buscaría presionar la gestión del Gobierno.

“Los medios han trabajado [de manera] consciente el levantamiento de estas opiniones como una forma de operar y presionar sobre la gestión del Gobierno. A mí no me parece una casualidad que se haya levantado como se ha hecho la figura de la familia como tal en estas circunstancias que es un elemento y una de las debilidades más fuertes de Ollanta Humala que se ha encarado más contra él” , indicó.

IDL cuestiona que nuevo reglamento blinde concesiones que no fueron consultadas

Ideeleradio.- El reglamento de la Ley de Consulta Previa persiste en el error porque establece un blindaje para un conjunto de concesiones suscritas desde 1995 y que no fueron consultadas a los pueblos indígenas, a pesar de que el Convenio 169 estaba vigente, sostuvo Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al considerar que este reglamento, que recoge parcialmente las reglas fijadas en el derecho internacional y en el marco de los derechos humanos, establece en su segunda disposición que sólo se aplicará para los actos administrativos y normativos que afectan a los pueblos indígenas, pero que se adopten posteriormente a la entrada en vigencia del mismo.

“¿Cuál es el cuestionamiento si el Convenio 169 entró en vigencia el año 95 y el Tribunal Constitucional ha dicho que el año 95 era exigible el derecho a la consulta? ¿Por qué no se va a someter a consulta o cuál es la situación jurídica de los actos normativos, administrativos, de las concesiones mineras petroleras que fueron adoptadas con posterioridad al año 95 y que no fueron consultadas. ¿Se las está blindando?”, se preguntó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Este reglamento lo que hace es repetir un error de la Ley de Consulta porque lo que hace es blindar un conjunto de decisiones que no fueron consultadas a pesar de que el Convenio 169 se lo exigía”, argumentó.

El letrado recordó, incluso, que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha dicho en sus sentencias que cualquier acto normativo que afecta a los pueblos indígenas con posterioridad al año 95 debió haber sido consultado o de lo contrario es incompatible con la Constitución.

“En otras sentencias, [el TC] ha dicho algo parecido cualquier acto parecido, administrativo, concesión petrolera o minera que no ha sido consultado es incompatible, tiene un vicio de inconstitucionalidad”, mencionó.

“Esto es importante porque los especialistas señalan que el 80% de territorio amazónico ya está concesionado ¿qué significa esto? Que habría que consultarse ese 20%. O sea en Puno, si tú sumas las concesiones mineras que están en trámite, suman el 70% y, según esta disposición, sólo el 30% sería materia de consulta”, declaró.

En otro momento, señaló que el reglamento de la Ley de Consulta recoge parcialmente las reglas que establecen el derecho internacional y los derechos humanos.

“Este reglamento ha recogido pero parcialmente las reglas que establece el derecho internacional y los derechos humanos; no ha recogido todos. ¿Qué dice el derecho internacional? Que cuando se va a poner en peligro la sobrevivencia, la subsistencia de un pueblo indígena, además de consultarle se necesita obtener el consentimiento. Aquí ha habido un avance, pero no se ha recogido totalmente las reglas –ojo– obligatorias, vinculantes que hay en el derecho internacional”, manifestó.

Argumentó, finalmente, que otro tema en cuestión está referido a la obligación del consentimiento y la regla es que si no hay acuerdo, el Estado toma la última decisión, pero en determinados casos el ordenamiento jurídico le exige además obtener el consentimiento.

“Por ejemplo cuando va haber desplazamiento del pueblo indígena, hay una serie de supuestos que están en el convenio 169, que están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿Qué ha hecho este reglamento? Creo que a diferencia del borrador del reglamento recoge, por ejemplo, el supuesto que está en el artículo 16 del Convenio 169 que dice que cuando va haber esa medida , por ejemplo la construcción de una minera, hidroeléctrica , una actividad minera va a suponer el desplazamiento del pueblo indígena, además de consultársele , se le tiene que obtener el consentimiento”, concluyó.

Aidesep: Indígenas participarán de consultas para ratificar críticas a la ley y su reglamento

Ideeleradio.- Los pueblos indígenas participarán de los procesos de consulta previa que formule el Gobierno para ratificar sus cuestionamientos a la Ley de Consulta Previa y señalar que el reglamento, publicado el martes, no subsana los vacíos de esta norma, informó Henderson Rengifo, dirigente nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

“Desde nuestro punto de vista, [el reglamento] no lo subsana [el tema de los vacíos] y además en el proceso de la reglamentación de esta ley no hemos encontrado el consenso porque más que respetar esa decisión de los pueblos, el Gobierno ha hecho de las suyas. En ese sentido, nosotros vamos a ir por el camino correcto”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros vamos a participar como pueblos indígenas [de los procesos de consulta], yo creo que los pueblos dentro de su territorio van a estar presentes y ahí es donde va a decir nuevamente que esa ley no recoge las demandas y que no es el proceso como el que esperaban los pueblos. Ahí veremos, dentro del proceso, si esto es aplicable o no, la respuesta la tienen los pueblos indígenas”, puntualizó.

Presentarán acción de inconstitucionalidad
El dirigente recordó que desde un inicio Aidesep saludó la dación de la Ley de Consulta Previa y que a la vez se señaló que tiene varios vacíos que ameritan su modificación. Ratificó, en ese sentido, que se recolectarán firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad porque la norma no recoge el espíritu del Convenio 169.

“Nosotros desde Aidesep, que recogemos las demandas y los pueblos indígenas desde que se aprobó esta ley, nosotros hemos saludado porque es un paso importante. Sin embargo, hemos dicho claramente que esta ley es perfectible porque tiene vacíos y hemos pedido la modificatoria de esta ley”, puntualizó.

“Hemos mencionado los artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria, hemos fundamentado por qué queremos la modificatoria, porque no recoge el espíritu del Convenio 169 y no recoge tampoco las demandas de los pueblos indígenas; sin embargo, a pesar de todo eso, ayer han publicado esta ley y nosotros, habiendo transcurrido todo este tiempo que hemos pedido al Gobierno, ahora hemos adquirido para recolectar las firmas e interponer una demanda de inconstitucionalidad”, concluyó.

Diez Canseco: Asesoría que dio Roy Gates a Sánchez Paredes y pedido de archivo deben ser "mirados con lupa"

Ideeleradio.- La decisión de la fiscal superior adjunta de Criminalidad Organizada, María Maguiña, de no formular acusación contra varios integrantes del clan de los Sánchez Paredes, y la relación que tuvo el consejero presidencial Eduardo Roy Gates como asesor legal de esta familia es un tema que debe ser "mirados con lupa" y con detenimiento, sostuvo el congresista Javier Diez Canseco.

Fue al comentar el informe de las revista Caretas que desliza la posibilidad de que la decisión de solicitar el archivamiento del caso responda a la susceptibilidad de sectores de la Fiscalía para hacerle eco al poder político y que recuerda que Eduardo Roy Gates se desempeñó como uno de los abogados que interpuso hábeas corpus para archivar este “megaproceso”.

“A mí me parece un tema que habrá que mirar con detenimiento. Ya hemos visto la situación de tener uno de las autoridades principales [de la Dirección General de Hidrocarburos] del Ministerio de Energía, que es a su vez uno de los más importantes exportadores de oro en el país, este tipo de cosas evidencian que en determinadas circunstancias pueden colarse personajes muy problemáticos y la situación de Roy Gates como asesor y defensor legal de los Sánchez Paredes y ahora este archivamiento me parece a mí un hecho súper preocupante”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Me parece a mí un hecho súper preocupante] porque los vínculos entre este grupo [de los Sánchez Paredes] y el tema del narcotráfico han sido mencionados y denunciados en innumerables oportunidades. Y este es un tema que a mí me parece que sin duda tendrá que ser mirado con lupa en este campo y que la vinculación de Roy Gates con este núcleo y a su vez su función en el Ejecutivo presenta problemas que no pueden ser obviados”, agregó.

Hace unos días, la fiscal María Maguiña concluyó que no existen méritos para acusar a los hermanos Orlando, Fortunato y Manuel Sánchez Paredes; a los hijos de este último, Fidel y Miguel Sánchez Alayo; ni a Blanca Sánchez y a un administrador de las empresas del clan familiar.