Ideeleradio.- La construcción del Gasoducto del Sur, así como la edificación de una planta termoeléctrica, de fraccionamiento y una envasadora se regulará con el máximo cuidado, pues el Gobierno ha creado una comisión multisectorial para que no se afecte los derechos de las poblaciones indígenas, no se dañe el medioambiente, y se pueda tener una matriz energética más limpia, anunció Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam).
“Esta intervención en el sector energético [a través del Gasoducto del Sur] es un ejemplo de otras más que se están realizando en el país en varias zonas y que requieren, efectivamente, un fortalecimiento de la regulación ambiental, tanto de materia política, normativa, instrumentos de gestión para efectos de prevenir y resolver conflictos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Todo ello requiere el máximo cuidado y, en ese sentido, el Ministerio del Ambiente, junto a otros sectores estamos siguiendo de cerca la cartera de proyectos por un lado; y, por otro lado, considerando las experiencias y los desafíos que se vienen en términos de inversiones en este sector es que es importante generar las condiciones para el escenario deseado que es que el país aproveche esos recursos, los realice en forma sostenible sin afectar derechos de poblaciones indígenas y que contribuya a tener una matriz energética más limpia”, agregó.
El funcionario precisó, en ese sentido, que el Gobierno creó una instancia de trabajo multisectorial en el que participan representantes de los sectores de Economía, Interculturalidad, Ambiente, Energía, la Autoridad Nacional del Agua y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas para identificar los desafíos, administrar la cartera de proyectos y asegurar sostenibilidad en la optimización de procesos, así como, el respeto a los estándares ambientales y sociales.
“Sin duda, en este campo ya el país ha venido realizando experiencias que deben ser positivas y, también, negativas en materia de gestión ambiental en proyectos como el de Camisea y que, efectivamente, deben servir de base como lo están haciendo ya para un mejoramiento de las políticas de regulación ambiental en el sector energético. Además, implica zonas importantes, sensibles en materia ambiental y social, que tienen que ver no solo con la zona de extracción, sino en aquellas áreas que son ocupadas por los ductos”, refirió.
“En esta línea, el Gobierno ha creado una instancia de trabajo multisectorial, donde está Economía, Interculturalidad, Ambiente, Energía, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas para identificar cuáles son los desafíos en esta materia, además de administrar la cartera de proyectos y asegurar sostenibilidad en la optimización de procesos, lo cual lo no implica en ningún caso reducción de estándares ambientales y sociales, sino más bien optimización de procesos para una respuesta clara y oportuna”, agregó.
Diálogo con informales requiere de varios sectores
En otro momento, saludó la última encuesta de GfK que señala que un 69 % de la población es consciente de que la minería informal contamina el medioambiente. Subrayó que se está trabajando para solucionar el conflicto con la minería informal mediante el diálogo, al ser consultado por el 66% de los encuestados que piden este mecanismo de acercamiento para enfrentar la problemática de la minería informal.
“Esto es muy importante porque muestra una sociedad informada y que, efectivamente, conoce el problema sino que está dispuesta a que se adopten medidas para efectos de reorientar y corregir las circunstancias negativas, donde efectivamente una de las cuestiones más serias es el de la afectación en algunos casos irreversible de nuestro ecosistemas […] y que requiere de parte del Estado, medidas cohesionadas de todos los niveles del gobierno, como entiendo están dándose”, declaró.
“En primer lugar, yo diría que es un tema que requiere la intervención de muchos sectores, cosa que se está dando, anteriormente había solo la intervención de un sector bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente en el gobierno anterior. Esa situación, hoy día es claramente distinta, porque requiere también [la participación] del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía fuertemente, así como también al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Trabajo, a la Sunat y a los gobiernos regionales con quienes estamos trabajando acciones destinadas a fortalecer los programas regionales de formalización”, añadió.
Reiteró que la minería ilegal está afectando de diversa manera a 21 departamentos del país, llegando en algunos de estos departamentos a situaciones absolutamente intolerante como el caso de Madre de Dios.
“Sin duda, este tema de la minería ilegal está afectando de diversa manera a 21 departamentos del país, algunos de estos tienen alguna situación absolutamente intolerable, lo cual requiere de medidas para efectos de no seguir postergando un tema que por malas prácticas de gestión de recursos, esta agravado aún más la contaminación en esa región”, señaló.
Caso de la baronesa del oro está en manos de la Fiscalía
Finalmente, aclaró que la denuncia del Ministerio Público contra la baronesa del oro, Gregoria Casas Huamanhuillca, más conocida como “Goya”, y de su exesposo Cecilio Baca por lavado de activos es una cuestión que compete a las autoridades judiciales. Indicó, además, que se han dictado normas para evitar la evasión tributaria en las zonas donde se practica dicha actividad minera.
“No hay duda que personas como la señora Goya y Cecilio Baca, efectivamente, tienen un rol significativo tanto en la actividad minera informal, sino también fuera del mismo […] Estamos en una actuación coordinada con la Fiscalía de la Nación. Yo mismo me he reunido con el Fiscal de la Nación hace como de un mes, donde hemos expresado y cambiado ideas sobre este asunto […] y si es que los imputados tienen las condiciones para responder a estas acusaciones, la justicia lo dirá, este es un asunto que corresponde al Poder Judicial determinar, efectivamente, si hay responsabilidad” detalló.
“Se han dictado normas destinadas a la cuestión tributaria […] Si ha habido una empresa comercializadora, de la cual una de ellas ha facturado 900 millones de dólares en el pasado, me pregunto: ¿Cuánto ha pagado de impuestos? Y todos aquellos otros que están vinculado
