jueves, 22 de marzo de 2012

Juez cita a periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More a lectura de sentencia

IDL .- El juez del 12º Juzgado Penal de Lima José Rolando Chávez Hernández, ha citado para mañana viernes 23 de marzo, al director de Diario 16 Juan Carlos Tafur y al periodista Roberto More Chávez, a una lectura de sentencia por la denuncia que el general Antonio Ketín Vidal Herrera realizó en contra de los mencionados periodistas por la publicación de un informe que lo relacionaba con la familia Sánchez Paredes.

Increíblemente, el magistrado ha decidido dictar sentencia sin haber escuchado los Informes Orales de la defensa. Esto, a todas luces, es un acto arbitrario e irregular pues, los argumentos de la defensa, son un momento crucial para todo proceso penal.

Por esta razón el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha presentado una recusación contra el referido magistrado, pues el juez no está actuando imparcialmente; y porque, ese tipo de actuaciones, perjudican los derechos de los defendidos.

La nota periodística, publicada el 12 de enero del 2011, y titulada “Policía vincula a Ketín Vidal con los Sánchez Paredes. Documento secreto revela que el héroe de la captura del siglo abogó por el clan trujillano durante la investigaciones policiales por lavado de activos”, basa su información en documentos policiales y, al ser el general Vidal un personaje de reconocida trayectoria pública, el informe tiene relevancia periodística.

Solo con el titular se puede advertir que el diario basa la nota periodística en un documento policial; sin embargo, para el general Vidal Herrera, el informe no solo lo difama sino que lesiona su derecho al honor.

El general Vidal Herrera expresa en su escrito que -con el mencionado informe- el periodista tendría como único objetivo sugerir que su persona es un “corrupto, mafioso, manipulador, ladrón delincuente, aprovechador”, y demás adjetivos que, en ningún momento, han sido consignados en el artículo periodístico.

Además, Vidal Herrera asegura que tanto el director del diario como el periodista autor de la nota, han iniciado una “campaña sistemática de difamación y descrédito” en su contra. Nadie podría afirmar que un artículo da cuenta de la existencia de una “campaña sistemática”; por ello, la denuncia del general, presenta hechos que no se ajustan a la verdad y que pretenden sorprender a la justicia.

Cabe destacar que cuando los periodistas fueron citados a declarar al juzgado señalaron de manera clara y concreta que jamás había existido un ánimo de difamar o maltratar el honor del general Vidal y que la única razón que había motivado la publicación del informe era que Vidal es un personaje público –capturó a Abimael Guzmán, fue director de la PNP, fue Ministro del Interior y candidato a la presidencia de la república- y que los hechos tenían una notable relevancia periodística, más aun si la información policial lo vinculaba a uno de los casos judiciales más connotados de los últimos tiempos.

De igual modo, ambos periodistas, han dado cuenta que la información que publicó Diario 16 provenía de una fuente policial, la misma que, inclusive, ya había sido utilizada por otros medios de comunicación como la revista Caretas.

EL IDL espera que este hecho no sea otra muestra de manipulación o instrumentalización de la justicia para perseguir intereses privados contra periodistas que –como en el caso de Diario 16- ha quedado demostrado que su accionar responde al ejercicio de la libertad de expresión, la cual tiene, entre otras, la responsabilidad de fiscalizar y escrutar la actuación de personajes públicos.

Cabe señalar que el general Vidal Herrera ha solicitado una reparación civil de un millón de soles. La lectura de sentencia se realizará mañana a las 11 a.m. en el 12º Juzgado Penal de Lima ubicado en Jr. Miró Quesada 549 – Cercado de Lima (a la altura de la cuadra 5 de la av. Abancay).

OCMA: Jueces deben fundamentar órdenes de detención con sólidas razones

Ideeleradio.- Los jueces deben fundamentar las órdenes de detención con sólidas razones que están previstas en nuestra legislación y contemplar, también, las circulares que ha emitido la Corte Suprema al respecto, sostuvo Enrique Mendoza, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

“Más bien cuando se dispone la detención es porque hay un peligro procesal, es decir que la persona con sus actividades puede amenazar el proceso y la investigación, o también cuando no tiene un domicilio conocido o cuando es un delito de alta peligrosidad, y dos o tres normas dictadas a través de circulares o jurisprudencia que le permiten al juez disponer la detención. Es decir, fundamenta la detención con estos argumentos que le permiten pues dictar estas medidas drásticas, pero respaldada por sólidas razones que ya están previstas en nuestra legislación”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El titular de la OCMA consideró, asimismo, que en principio los magistrados deben ser proclives a dictar medidas de comparecencia en los casos en que no reúnan los requisitos para afectar la libertad, tras indicar que esa es la tendencia del derecho actual.

“En principio, los jueces deben ser proclives a dar la comparecencia y la libertad, esa es la tendencia del derecho actual, el juez debe estar propenso a otorgar, a no afectar este derecho de la libertad que tiene todo ciudadano. De manera que si vemos que se han cumplido estos presupuestos, respetamos la decisión. Investigamos más bien cuando vemos que no hay argumentación, esa es la definición”, acotó.

El juez correcto debe cuidarse de presiones
Mendoza Ramírez indicó, en otro momento, que hay tres formas de presión que han sido identificadas y que el juez correcto debe tomar con cuidado: la presión política que pueda ejercerse alrededor de un caso, la presión de los propios involucrados, y la presión de la prensa o la opinión pública. Recalcó que el juez debe ser objetivo al momento de emitir sus resoluciones.

“Hay tres formas de presión identificadas en la actividad judicial, una es la de los propios interesados, la otra es una presión política que podía haber, y la otra de [la] prensa u opinión pública. El juez correcto debe cuidarse de las tres […], el juez correcto debe abstenerse y ser objetivos en sus resoluciones”, argumentó.

Mendoza Ramírez subrayó que el juez no puede supeditarse a lo que diga la prensa, aunque resaltó el trabajo de los medios de comunicación que aporta mucho con información.

“La prensa nos ayuda mucho, porque en realidad hay un sinnúmero de denuncias que nosotros recogemos de los medios y, por supuesto, esas denuncias son pasadas por una criba a efectos de saber su veracidad y verosimilitud de lo que se está denunciando. Por supuesto, también hay otros medios que también hacen afirmaciones y que nosotros las descartamos luego de una brevísima investigación”, declaró.

“La cuestión es que el juez no debe estar atento, debe conocerlos sí, pero no debe supeditarse a ellos. Hemos visto que en un canal va la defensa del acusado, en el otro la defensa del agraviado y eso no es así, hay libertad de prensa pero el juez debe ser objetivo”, expresó.

Dos investigaciones reservadas en temas de lavado de activos
En otro momento, informó que existe en curso dos investigaciones sobre el tema de lavado de activos, las cuales –precisó– se encuentran bajo reserva. Fue al ser consultado por el cumplimiento de los acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema en materia de lavado de activos y por el archivamiento de casos en relación a la necesidad de comprobar el delito fuente.

“Es un problema este tipo de investigaciones, tenemos dos investigaciones sobre este tema, pero están en este momento bajo reserva esta investigación, pero no puedo adelantar opinión. Sin embargo, es un tremendo problema”, declaró.

Sin displicencia en otorgamiento de beneficios penitenciarios
Remarcó que en materia de delincuencia, se han dado indicaciones a los jueces para restringir el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Aseveró que ya no existe esa displicencia y tolerancia con la que se venía otorgando estas medidas.

“En el casos de la delincuencia que se detectaron hace dos años en Trujillo, Chiclayo; Lima es que habían delincuentes que cometían delitos y salían con beneficios penitenciarios en uno o dos meses. Desde agosto del año pasado, del 2011, ya no encontramos eso. Reto a cualquier periodista para que encuentre un caso de un delincuente ‘ranqueado’ que haya sido liberado con beneficios penitenciarios. Ha bajado drásticamente de 500 mensualmente que se otorgaban a 95 y 100 mensualmente en todo el Perú”, puntualizó.

“Por el contrario, hemos debido dar las indicaciones para que los jueces analicen cada caso porque realmente es un beneficio que es positivo en lo que se refiere a la tugurización de las cárceles y a la rehabilitación del individuo en lo que es la aplicación de las penas. Ya no hay esa displicencia o tolerancia con que se venían otorgando”, enfatizó.

Lanzarán campaña de valores
Finalmente, confirmó que la OCMA viene impulsando una campaña de valores que tiene el objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso a dicho ente, para que la ciudadanía pueda realizar sus reclamos sobre algún tipo de inconducta funcional de los magistrados.

“La campaña básicamente tiene como meta acercar a la Oficina del Control de la Magistratura a la ciudadanía a efecto de facilitar a esta para que haga sus reclamaciones, esa es la idea. Por otro lado, cuando el ciudadano reclama y es acogido este reclama adquiere una mayor confianza. El juez debe ser una persona confiable […]”, señaló. “En este momento, estamos trabajando a nivel nacional de revisión de las herramientas que tiene el Poder Judicial para la protección de menores, violencia de menores y de la mujer, tutela para menores de edad de niños y adolescentes”, concluyó.

Eliana Coquis: Eva y Liliana son inocentes y tendrán que salir sí o sí en septiembre por exceso de carcelería

Ideeleradio.- Eva Bracamonte y Liliana Castro, presuntas autoras intelectuales del asesinato de la empresaria Myriam Fefer, tendrán que salir de prisión sí o sí el 8 de septiembre porque cumplirán 36 meses detenidas y las autoridades no tendrán ninguna excusa para evitar su liberación por exceso de carcelería sin sentencia, sostuvo Eliana Coquis de Castro, esposa del padre de Liliana Castro.

Fue al referirse al juicio que afrontan Eva Bracamonte y Liliana Castro ante la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel y al ratificar la inocencia de las procesadas, así como la carencia de pruebas incriminatorias.

“Eso es por ley [la libertad por exceso de carcelería], ahora sí ya no hay forma que lo amplíen ni que lo vuelvan complejo, ni que se les ocurra ninguna otra ley más por la que las chicas puedan estar detenidas. El 8 de setiembre cumplirían sus tres años de carcelería y sí o sí las tienen que soltar, esperemos que antes termine el juicio y salgan inocentes de este tema”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ambas llevan detenidas dos años y siete meses, [entonces estamos hablando de 31 meses] recién la acusación ha sido en diciembre del año pasado, entonces han pasado en investigación más de dos años y medio [presas]. Entonces, no tiene lógica, son chicas que en ese momento del asesinato cuando fue el asesinato una tenía 18 y la otra tenía 20, ahora una tiene 24 y la otra 26 años ¿Y quién se los va a devolver si son inocentes?”, agregó.

Denunció, además, públicamente que el juicio oral empezó la semana pasada a pesar que no se había terminado de entregar la acusación fiscal, documento en el que se pide 35 años de prisión para Eva y Liliana por ser las presuntas autoras intelectuales del asesinato de la madre de la primera.

“El juicio recién se podría decir que empezará el martes, porque el viernes de la semana pasada se ha terminado de entregar la acusación fiscal. ¿Cómo es posible que empiece un juicio oral si no terminan de decirte de qué las acusas? Por eso es que nosotros pedíamos que no empezara el juicio oral porque no teníamos la acusación fiscal”, declaró.

Eva y Liliana no debieron estar con detención preventiva
En otro momento, señaló que tanto Liliana Castro y Eva Bracamonte debieron afrontar las investigaciones del caso en libertad y no en prisión preventiva porque a su juicio nunca existió peligro de fuga. Advirtió que hasta el momento la Fiscalía y el Poder Judicial solo tienen indicios de culpabilidad y no pruebas.

“O sea yo puedo entender si te han visto [cometiendo el delito] o tienen una prueba muy fuerte y, realmente, podrían estar en peligro de fuga podrían retenerte, pero si tienes todos los requisitos para no fugarte, todos los requisitos que pide la ley [para que sigan en proceso bajo comparecencia ] no entiendo porque siguen adentro, acá ha habido una presión muy fuerte, sentimos que la justicia no ha sido nada justa, no ha sido totalmente imparcial, la presión de los medios ha sido muy fuerte y tenemos una parte civil muy agresiva”, refirió.

“A ellas [Liliana Castro y Eva Bracamonte] se les acusaba de poder huir del país, al momento que les decían que ellas podían huir del país, [lo cual no era cierto porque] ellas lo que tenían era arraigo [domiciliario], tenían familia, ambas estudiaban en la universidad, Eva tenia propiedades y Liliana tenía toda una familia completa acá y la familia de Eva también, entonces no hay ningún motivo por el cual las chicas tenían una excusa como para que pudieran fugarse del país […] y hasta el día de hoy lo que tiene la [la Fiscalía y el Poder Judicial] son indicios, no existe ninguna prueba”, agregó.

Un tema de herencia o de reparación civil
En otro momento, sostuvo que la familia de Liliana Castro contempla la posibilidad de que exista un tema económico relacionado a la reparación civil o un aspecto vinculado a la herencia del abuelo, al ser consultada por la motivación del juicio contra Eva Bracamonte y Liliana Castro.

“Sí creemos que hay un tema económico, tanto así que hay una reparación sumamente fuerte, de 900 mil, cosa que es un monto sumamente alto para una reparación civil, una de las más altas que he escuchado. Y otra de las hipótesis que nosotros pensamos es que si él [Ariel] trata de lograr de decir que Eva mató a su madre por la herencia, trata de utilizar eso para poder quitarle la herencia del abuelo y poder ser él el que lo maneje”, apuntó.

Ariel tuvo más cobertura mediática que cualquier otro político
En otro momento, reconoció que fue un grave error no aprovechar la gran cobertura mediática del caso para ayudar a probar la inocencia de Liliana Castro y Eva Bracamonte, como si lo hizo Ariel Bracamonte para acusarlas.

“Ese fue una grave error, fuimos mal asesorados por los abogados, que nos decían que en verdad no nos metamos, que esto es una cosa totalmente legal, y que no nos expusiéramos. Fue un grave error insisto, porque en verdad no compensamos el tiempo que Ariel [Bracamonte] ha salido tres años [en los medios] dando, dando y dando, ha estado en los medios más que cualquier otro político”, reseñó.

Estimó que esa cobertura mediática y exposición en los medios de Ariel Bracamonte fue demoledora para la defensa de su hija, puesto que utilizó a los medios para perjudicarlos –dijo– con acusaciones sin sentido. “Él [Ariel Bracamonte] ha salido a decir incluso que mi esposo, padre de Liliana que el sicario trabaja con él, que era millonario, que sus tarjetas de crédito y nos hundió, y es sumamente grave que los medios de comunicación, den como cierta una acusación sumamente grave”, reclamó.

Gemela de Liliana se perjudicó con este caso
Explicó, finalmente, que debido a la cobertura mediática del caso, la hermana de Liliana Castro resultó perjudicada en el ámbito laboral y personal. Calificó de ilógico el pedido de 35 años de prisión efectiva solicitada por la Fiscalía.

“Tatiana que es la gemela de ‘Lili’; a donde va, la gente la señala, hablan, chismean, ahora gracia a Dios la cosa ha cambiado un poco, en ese sentido Tatiana tiene muchos problemas también en trabajo, en el alquiler de departamento, no consigue de nuevo trabajo, entonces si es complicado”, lamentó.

“El fiscal ni siquiera conoce a ‘Lili’ nunca la ha entrevistado [tampoco] ni la jueza, entonces cómo puede ser posible que la fiscal haya acusado a Liliana de coautora intelectual si ni siquiera le ha mirado la cara. Lo mínimo para tú poder hacer la acusación fiscal, […] ¿cómo la puede acusar a 35 años si no la conoce y nunca la ha entrevistado? ¿Por referencias?, se preguntó.

Enrique Mendoza: CNM ha confirmado más del 90% de sanciones impuestas por OCMA

Ideeleradio.- La relación entre la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) funciona bien, a tal punto que más del 90% de las sanciones disciplinarias dictadas contra los jueces han sido confirmadas por el CNM, informó Enrique Mendoza, titular de la OCMA.

“La relación entre la OCMA y el CNM viene funcionando bien. Hay un índice bajísimo de revocatorias de nuestras sanciones que imponemos. Más del 90% está siendo confirmada. De diez, uno o media podrían ser revocadas por el CNM. En la mayoría de casos están bien fundamentados, sobre delitos flagrantes en que ha habido una inconducta que no cabe otra cosa que la destitución”, argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Mendoza Ramírez informó, asimismo, que en el 2011 se destituyó a 33 jueces y que se dictaron alrededor de 65 suspensiones. Mencionó que a pesar de que han ingresado mayores quejas, se han mantenido el número de sanciones disciplinarias.

“En el 2011 se tuvo 33 destituciones de jueces, aproximadamente 64 y 65 suspensiones por días, además [de] multas y amonestaciones. Nuestro objetivo no es aumentar las sanciones, nuestra satisfacción va a fundamentarse en una disminución de estas sanciones. A pesar de que han ingresado más quejas, se han mantenido en los niveles disciplinarios por parte nuestra en un número similar”, declaró.

La OCMA se preocupa por la imagen del PJ 
Por otro lado, reconoció que la existencia de una investigación en la OCMA podría perturbar la función del juez, la cual debe ser cuidada y protegida para que resuelva un caso de manera correcta. Indicó, no obstante, que el trabajo de este organismo se basa en la preocupación por la imagen del Poder Judicial.

“En lo posible, la OCMA no debe aparecer nunca en el despacho de un juez. Los que conformamos la OCMA somos jueces y nos preocupamos de la imagen del Poder Judicial a través de nuestros procesos disciplinarios y las tareas preventivas que hacemos. A cualquier juez que honre su cargo cuando hay una investigación, esto le ofende”, afirmó.

Coto a tramoyas legales en casos de cuotas pesqueras
En otro momento, dijo que no se tiene conocimiento de la existencia de investigaciones a jueces que hayan ventilado casos de minería informal, aunque detalló que se viene trabajando en torno a los casos de las cuotas pesqueras.

“Los jueces que están ubicados en el litoral de nuestro país, ya rechazan las medidas cautelares, de licencia de pesca que antes con una serie de subterfugios legales formalmente correctos se lograban licencias de pesca. Se ha puesto coto a esas tramoyas legales. Por el contrario, ahora se rechazan y en eso estamos en línea con la preocupación del ministro del sector, de salir a controlar estas cuotas, que es la riqueza hidrobiológica que tiene nuestro país y que debe ser conservada. La cuestión es que los jueces están instruidos”, mencionó.