Peláez a favor de embargar predio que heredaría Abimael Guzmán

Ideeleradio.- Las autoridades judiciales deberían embargar el predio que heredaría Abimael Guzmán, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso (SL), como parte de la reparación civil que debe pagar al Estado por el daño causado al país, opinó José Peláez Bardales, fiscal de la Nación.

Fue al comentar la información brindada por el secretario general del Ministerio de Agricultura, Eduardo Gariboto, quien advirtió que Guzmán Reynoso se beneficiaría con el terreno que perteneció a su fallecida esposa Augusta La Torre, en Ayacucho, y que se encuentra en proceso judicial para su recuperación.

“[¿No podría si es que esto se materializa concretarse expropiándole estas tierras para de alguna manera cobrar el tremendo daño que hizo al país?] Si esta propiedad está registrada a nombre de Abimael Guzmán, quien está purgando pena por gravísimos hechos de terrorismo y todas sus secuelas y si este bien de alguna manera va a ser objeto de una trasmisión hereditaria, ese bien puede responder tranquilamente para pagar la indemnización que es además de varios millones”, anotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo creo que lo que tendrían que hacer las autoridades, en este momento, en vías de ejecución de sentencia, es embargar el predio este para que sirva para pagar parte de la reparación civil”, agregó.

Dictamen de Caso Petroaudios debe estar por concluir

El magistrado aseveró, en otro momento, que ya debe estar por concluir el dictamen correspondiente sobre el caso Petroaudios, referido a la presunta ilícita concesión de lotes petroleros en el 2008. Al ser consultado por la exhortación del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, al Ministerio Público para que se formalice la acusación, mencionó que la demora se debió a que se aplicó un doble sistema a dicho caso.

“La demora en el caso Petroaudios es porque se estaba aplicando el doble del sistema, el proceso se inició con el Código de Procedimientos Penales y luego se ha adecuado al vigente para temas anticorrupción que es el nuevo Código Procesal Penal, que es mucho más expeditivo”, declaró.

“Desgraciadamente, tenemos toda la carga que significa el material que se encontró y que se acumuló con el Código de Procedimientos Penales, pero ese es un proceso que está finalizando y yo voy a interesarme en averiguar cómo está la marcha porque tampoco puedo intervenir en lo que son [órganos] autónomos de la Fiscalía. Voy a indagar cuál es el estado porque yo pienso que debe estar para concluir con el dictamen correspondiente”, informó.

Fiscalía investiga incendio en almacén de Minedu

Por otra parte, Peláez Bardales se refirió al peritaje internacional anunciado por la ministra de Educación, Patricia Salas, en torno al incendio de uno de los almacenes del sector. Refirió que la Fiscalía ya está investigando este hecho para determinar y esclarecer los orígenes del siniestro.

“Esto está a cargo de una fiscalía provincial que viene trabajando en esta línea. Sí viene actuándose las diligencias como repito, ya se abrió al día siguiente una investigación sobre este hecho”, argumentó.

Observatorio de Criminalidad y exterroristas en el magisterio

Finalmente, confirmó que se está haciendo un seguimiento a partir del Observatorio de Criminalidad de las personas que fueron sentenciadas y cumplieron su condena por terrorismo. Fue al ser consultado por la información que advierte de la presencia de más de 800 profesores y trabajadores administrativos en el magisterio que purgaron condena por terrorismo en las últimas décadas.

“Estamos tratando de ubicar dónde están laborando, si son actividades lícitas y de alguna manera vamos a tener que trabajar muy estrechamente con la Policía y con otros organismos como el Ministerio de Educación para que se haga, por ese lado, el seguimiento de estas personas”, afirmó.

“Esto no es un accionar de una entidad, sino creo que tenemos que participar una serie de organismos y entidades para hacer un control eficiente de las actuaciones de estas personas que salieron en libertad cumpliendo su pena”, remarcó.

Sergio Sánchez: Investigación a dirigentes busca eliminar oposición a Conga y asustar a población

Ideeleradio.- La captura de dirigentes de Cajamarca que encabezaron el paro regional en noviembre del año pasado contra el proyecto Conga busca amedrantar a la población y eliminar la oposición a esta inversión de la minera Yanacocha, opinó Sergio Sánchez, experto del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

“Lo que ha pasado el día de ayer, tanto con el señor [Wilfredo] Saavedra, con el representante del Sutep [Luís Díaz Chávez], lo que ha pasado con el representante de Construcción Civil de Cajamarca y la notificación que llegó a todos los 41 dirigentes que prácticamente estamos mirando el tema ambiental en Cajamarca, sonó ayer más a una redada, que a una investigación policial”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Todo el show que se armó con el señor Saavedra en Tacna, en traerlo en avión para dar una declaración o lo que han hecho con el dirigente del Sutep es una especie de amedrentamiento hacia la gente”, agregó.

Añadió, en ese sentido, que si la denuncia llega a mayores y se detiene a la totalidad de los dirigentes, se dejará a Cajamarca sin oposición al proyecto Conga, justo en momentos en que el Gobierno presentará las conclusiones del peritaje internacional.

“En el caso que se llegara a la detención [de todos los dirigentes], prácticamente cuando salga el peritaje [internacional dispuesto por la PCM] no encontrará a ninguna oposición adelante, ni oposición del lado del gobierno regional, en el tema administrativo e institucional [no encontraría oposición]. Desde el lado social prácticamente a la CGTP que está liderando una parte de la movilización con Construcción Civil, y [tampoco de] la gente que está a cargo de los mercados, de los barrios, acá en Cajamarca, los cuales a cada uno de ellos hay una notificación y un proceso a seguir”, refirió.

No hemos cometido ningún delito | Inicio En otro momento, el experto señaló que los dirigentes no han cometido ningún delito y que, por tanto, se encuentran tranquilos. Reiteró que la elaboración del peritaje alternativo que presentó el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) tiene por objetivo elevar la discusión a nivel técnico.

“Nosotros a fin de cuentas estamos tranquilos porque sabemos que no hemos cometido ningún delito, siempre hemos trabajado en paz y cuando ha habido una marcha o algo hemos salido todos los cajamarquinos. En todo caso, si querían hacer una denuncia no debió haber sido hecha a los 41 [dirigentes] sino a los otros 30 mil que también han participado en la marcha. Pero acá, básicamente ha escogido a los dirigentes que estamos mirando el tema [de Conga] del lado técnico, del lado administrativo, del lado legal, del lado social”, aseveró.

Peritaje de Grufides deja una valla alta al Gobierno

Consideró, además, que se le ha puesto una valla alta al Gobierno y que se ha puesto en aprietos al Poder Ejecutivo al presentar el informe paralelo presentado por el hidrogeólogo Robert E. Morán.

“Nosotros desde Grufides lo único que hemos querido es poner en debate el tema técnico y la llegada del señor Robert E. Moran a Cajamarca y la ejecución de un estudio simplemente lo que ha puesto en aprietos al gobierno porque la valla la ha dejado alta en el tema técnico, pero así es, lo que nosotros queremos es elevar el debate a un tema técnico que nos permita sentarnos en la mesa en algún momento y decir si este tema puede pasar y cuál es la solución que se le puede dar”, argumentó.

Se debió denunciar también a los 30 mil manifestantes

Por otro lado, el exgerente de Recursos Naturales de Cajamarca dijo que la denuncia presentada por el Ministerio Público debió incluir a los 30 mil manifestantes que protestaron contra el proyecto minero Conga. Apuntó que existe un temor válido de la población de perder sus recursos naturales.

“Según el documento que tenemos de notificación de parte de la Fiscalía nos sindican por participar en las marchas y según ellos, perturbación de los medios de transporte y otros. Oye si tienen 30 mil personas en la Plaza de Armas es obvio que ningún carro no va a pasar, pero nosotros hemos marchado para empezar pacíficamente reclamando temas que son normales”, refirió.

“Hay un temor válido en la población en que se pueda perder recursos naturales sobre todo recursos hídricos de la parte alta de Cajamarca, ahora entre el 24 de noviembre y 9 de diciembre hasta el 9 de marzo ha pasado muchísimo tiempo”, subrayó.

Consulta ciudadana del 5 junio correría peligro

Indicó que, entre otros puntos, lo que se buscaría es detener la consulta ciudadana que busca saber si la población da o no su aprobación a la realización del proyecto minero Conga, la misma que se realizará el 5 de junio y que es organizado por los dirigentes de Bambamarca y de San Miguel.

“Esta denuncia busca detener por el lado social y rural a este señor Eddy Benavides de Bambamarca y a los dirigentes de San Miguel que están liderando la consulta ciudadana que se va a realizar el 5 de junio para decidir si va o no el proyecto Conga. Esa consulta ciudadana, si bien es cierto, quizás no será legal para el Gobierno, lo será para las municipalidad y es legítimo del lado de licencia social de parte de la población”, subrayó.

Resaltó, finalmente, que se trata de un tema de mucha sensibilización social en Cajamarca y que en ningún momento han tratado de convertir la defensa de los recursos hídricos en un tema político.

“Este es un tema de sensibilización social grande en Cajamarca [Conga], que no se trata de un tema político como lo quiere llevar el presidente [del Consejo de Ministros]. Es más fácil llevar los casos de conflictos sociales y decir que es un tema político, porque por ahí se puede manejar y decir que es un exemerretista o es el presidente Gregorio Santos que le gustan las marchas y que el señor Arana que está agrupado para agitar el tema”, concluyó.

Piden que Confiep se pronuncie por favores que pidieron ciertos empresarios a Antauro

Ideeleradio.- La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) deberían pronunciarse sobre el caso de Antauro Humala, afirmó que Gonzalo García Núñez, presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Fue al comentar los emails que recibió el líder etnocacerista Antauro Humala durante su interenamiento en el penal de Piedras Gordas. Los correos electrónicos dan cuenta que algunos empresarios solicitaron a Antauro Humala algún tipo de intermediación para obtener beneficios particulares.

“Acá hay algo extraordinario, que unos empresarios le envíen una carta para que medie ante una institución, seguramente a través de sus contactos que son familiares, me parece que es una cosa totalmente impropia de las dos partes [empresarios y Antauro Humala]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En ese sentido, creo que la Confiep y la Sociedad de Minería deberían expresar un punto de vista, porque si así fuera ya no hay límites en la vida en común, porque si los propios empresarios están buscando mediaciones familiares para buscar algún tipo de circunstancia que pueda beneficiarlos, eso eso sin duda es una manera impropia, ilegal, que tiene que sancionarse”, comentó.

Caso de Antauro Humala es eminentemente político

García Núñez indicó que el caso de Antauro Humala es un tema eminentemente político y no penitenciario, como informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en relación a la aparente falta de seguridad.

“Tiene una combinación de factores, pero que prevalece un factor político. Yo creo que el tema del señor Antauro Humala es eminentemente político y, por tanto, una decisión alrededor de eso tiene un componente político. [¿Le parece bien cómo se ha tratado el caso Antauro Humala?] Yo lo habría tratado de otra manera”, señaló.

“Yo creo que el señor Antauro Humala tenía unas enfermedades más o menos complejas y requería un tratamiento. Luego hubiese ido a un centro especializado y después de sanar sus enfermedades tendría un comportamiento igual para todos los que están recluidos. No habría que dar ningún beneficio adicional fuera de lo que se establece en la norma”, subrayó.

Ollanta tiene un sentimiento igualitario

No obstante, García Núñez opinó que el presidente Ollanta Humala tiene un “sentimiento sumamente igualitario” y estimó que él sabrá cómo actuar en el caso de Antauro Humala, quien fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro en el denominado "Andahuaylazo".

"Yo creo que Ollanta Humala tiene un sentimiento sumamente igualitario, es su característica política que además lo ha destacado. Por tanto, creo que aplicará esta característica en igualdad de condiciones y oportunidades para todos, incluyendo a su hermano Antauro”, declaró.

“Evidentemente, es muy doloroso como supongo yo y suponemos todos, pero hay que aplicar la norma aunque sea sumamente dolorosa en términos personales, eso es muy desafortunado; pero así debiera ser”, puntualizó.

Se necesita una fuerte inversión

Finalmente, el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) consideró que se necesita una reforma penitenciaria para mejorar los niveles de corrupción en los centros penitenciarios en general, a propósito del caso de Antauro Humala, quien tenía un iPhone pese a estar recluido en el penal de Piedras Gordas.

“Los reflectores de todo tipo de debate están alumbrando sobre el problema del Inpe, o sea el problema carcelario en el Perú y después una sociedad tan traumatizada como la nuestra con tremendos conflictos heredados donde hay penas que aún están en curso. En mi opinión eso requiere una muy fuerte inversión, un trabajo de un grupo especializado en desarrollar esto [el sistema penitenciario] y resolver políticamente cuál es el futuro del sistema de justicia en la salida del Inpe”, concluyó.

Peláez: El Frontón puede ser una posibilidad para recluir a Antauro Humala

Ideeleradio.- Si el penal El Frontón estaría operativo, esta prisión podría servir muy bien como un centro aislado y de control de teléfonos en el que se podría recluir a diversos internos, como Antauro Humala, quien tuvo acceso a Internet y a teléfonos celulares cuando estuvo en el presidio de Piedras Gordas, opinó el fiscal de la Nación, José Peláez.

Fue al referirse al informe periodístico que da cuenta de que Antauro Humala, hermano del jefe de Estado, Ollanta Humala, intercambiaba correos electrónicos desde su celda y hasta tenía un iPhone.

“[¿Si el Frontón estaría funcionando Antauro Humala debería estar ahí?] […] Indudablemente, no solamente él [Antauro Humala], sino muchísimos otros podrían estar en esta isla [….] El penal yo creo que sigue siendo uno de los lugares que pueden ser utilizados con algún costo, lógicamente por el hecho de que no hay agua potable, pero ahora hay grandes tanques de almacenamiento de este líquido que puede servir muy bien para funcionar como un centro aislado y fácil control de los teléfonos”, anotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entiendo que ese es una de las grandes soluciones al grave problema que significa el tema de los penales, la carencia de locales, de inmuebles dedicados a este control que tiene que ejercerse”, agregó.

Caso Antauro amerita investigación fiscal

Por otro lado, consideró probable que algún fiscal de turno haya dispuesto recopilar la información correspondiente sobre el caso Antauro Humala y haya abierto algún tipo de investigación. En este aspecto, estimó que existen hechos delictivos que así lo ameritan.

“Si no se ha producido esto [una investigación], porque los fiscales están debidamente alertados en cuanto aparezcan estas noticias en la prensa, en los medios de comunicación y de oficio proceden a abrir investigación. En este instante voy a tomar las medidas del caso, para determinar si ya se produjo esta situación, porque eso sí configuraría hechos delictivos investigados, que son lógicamente investigados por el Ministerio Público”, afirmó.

“Se debe partir desde las conversaciones que el señor Antauro Humala ha sostenido con otras personas, tendríamos que ver qué clase de documentación hay y eventualmente las autoridades del penal deberían responder por la falta de control que se ve que a todas luces no ejercen, la responsabilidad se debería determinar para ver hacia dónde llega”, acotó.

Traslado de Humala escapa al control del MP

En otro momento, evitó pronunciarse sobre las explicaciones que brindó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, en torno al traslado de Antauro Humala al penal “Virgen de las Mercedes”. Remarcó que esta medida es de carácter administrativo y que ello escapa al control de las autoridades judiciales.

“Lamentablemente estas decisiones son de un instituto [Inpe] que maneja independientemente el control de los penales y de los presos y esto corresponde al Ministerio de Justicia que explicó las razones por las cuáles se ha trasladado a este preso”, argumentó.

Arbizu sobre caso Antauro: Investigación debe darse sin importar que el protagonista sea hermano del Presidente

Ideeleradio.- Antauro Humala es un interno más y en ningún caso debería contar con una situación de privilegio ni de gollerías, sostuvo el procurador anticorrupción Julio Arbizu, al referir que en una eventual investigación de este tema no debe importar que el protagonista de este caso sea hermano del presidente Ollanta Humala.

“No [no importará que el protagonista de la historia sea el hermano del Presidente]. En este caso y lo ha dicho el ministro, el hermano del Presidente es un interno más y no hay en este caso o no debería haber en ningún caso, algún tipo de privilegio o gollería”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ayer lo decía el ministro, este no es un caso aislado, es verdad hay que tener en cuenta que esto es recurrente en el Inpe, […] y esto ciertamente hay que investigar y castigar a los responsables, y yo siempre lo he dicho que esto tiene que llegar a donde tiene que llegar y nosotros acompañaremos, una vez que pongamos de conocimiento del Ministerio Público estas investigaciones, haciendo nuestra propias pesquisas”, apuntó.

Procuraduría evalúa caso Antauro

El letrado explicó que la Procuraduría está recopilando información sobre el caso de Antauro Humala y que se está analizando la posibilidad de cuál será el tenor de la comunicación que cursarán al Ministerio Público.

“El ministro [Juan Jiménez] nos instruyó para que viéramos este caso, nosotros ya lo habíamos advertido y estaba dentro del espectro de las competencias nuestras y lo que hemos hecho ya es solicitar el video del canal donde se transmitió la noticia el domingo último y también solicitando toda la información que tiene el Inpe”, recalcó.

“Estamos analizando la posibilidad en virtud de esas informaciones –de las que no tenemos todavía una visión completa– poner en conocimiento del Ministerio Público algún tipo de noticia”, indicó.

Nivel de responsabilidad lo definirá la Fiscalía

Explicó que será la Fiscalía la que determine el nivel de responsabilidad así como la jerarquía de los funcionarios que estén implicados en este tema. No obstante, adelantó que parecería que existió un relajo en el régimen penitenciario de Antauro Humala y responsabilidad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciarios (Inpe).

“Hay varias cosas aquí, el ingreso de medios con posibilidad de conexión a internet a un penal, cosa que ya es una irregularidad y también la salida e ingresos de algunos mails, son hechos sobre los cuales hemos pedido información, que nos va a dar cuenta de la oportunidad de la presentación al Ministerio Público”, indicó.

“Eso tendrá que determinarlo las investigaciones, en principio parecería que hay si no un relajo excesivo, algún tipo de responsabilidad penal sin duda, de funcionarios del Inpe que han dejado ingresar”, remarcó.

Coincidimos con San Martín en caso Petroaudios

Informó, finalmente, que la Procuraduría Anticorrupción hace eco de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quien instó al Ministerio Público a formalizar acusación contra los procesados del caso Petroaudios, referido a la presunta ilícita concesión de lotes petroleros en el 2008.

“A nosotros nos preocupa a lo largo de la etapa de instrucción, la serie de dilaciones que ha tenido la etapa de instrucción y nos preocupa ahora el que no exista una acusación, siendo que los hechos son absolutamente evidentes, entonces, igual hacemos eco de la preocupación del presidente del Poder Judicial y esperemos que la acusación esté lo más pronto posible”, subrayó.

“Hay varios casos que siguen su cursos, estamos en la parte final del caso Busisness Track, esperando prácticamente una sentencia que debería estar lista en una o dos semanas a más tardar y estamos pendientes de los casos en todas sus etapa. En su momento, conocerán algunas acciones que está tomando al Procuraduría en relación a casos y medidas trasversales para poder luchar contra la corrupción”, concluyó.

Peláez: Fiscalía no busca criminalizar la protesta ni perseguir a dirigentes del caso Conga

Ideeleradio.- El Ministerio Público no busca criminalizar la protesta ni perseguir a dirigentes que encabezaron la protesta contra el proyecto minero Conga en noviembre del 2011, aseguró el fiscal de la Nación, José Peláez, al precisar que la investigación y la citación a los organizadores de esta manifestación busca deslindar las responsabilidades del caso.

Fue al referirse al pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que rechazó las detenciones de los dirigentes cajamarquinos y calificó que las acciones judiciales “forman parte de una campaña contra las protestas sociales”.

“No, no, no [se busca criminalizar la protesta], o sea la protestas no son perseguibles en tanto y en cuanto no causen daños a la propiedad privada o a la propiedad pública u otro tipo de acciones violentas. Lo que pasa es que allí en Cajamarca ha habido algunos actos que ameritan una investigación y eso es lo que viene llevándose a cabo”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No hay ninguna intención en ese sentido de perseguir a los dirigentes lo que pasa es que durante las marchas se van identificando a través de filmaciones, a través de comunicados y, en este caso, son cabezas de las organizaciones por eso es que son citados a prestar declaraciones a la investigación porque imagínate investigar a mil o 2 mil personas, eso es imposible”, puntualizó.

En la víspera se detuvo a Wilfredo Saavedra, en Tacna; a Luís Díaz Chávez, del SUTEP Cajamarca y a César Aníbal Tafur Tacilla, secretario provincial de Construcción Civil, estos dos últimos en Cajamarca, quienes luego fueron puestos en libertad.

Se cita a las cabezas para deslindar responsabilidades

Peláez Bardales ratificó, en ese sentido, que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Judicial de Cajamarca, dispuso las órdenes de captura contra algunos de los dirigentes cajamarquinos por su renuencia de acudir a declarar y en el marco de las prerrogativas que tienen los magistrados para poder emplazar a los ciudadanos de grado o fuerza.

Estimó, asimismo, que el titular de ese despacho consideró pertinente centrar la investigación en los líderes de estas organizaciones para deslindar responsabilidades de los desmanes que se produjeron durante la protesta en Cajamarca.

“Esto deriva de una investigación del 9 de noviembre en la que se tienen que llevar a cabo indagaciones y todo un control de pesquisas que han sido iniciadas por los fiscales, en este caso por el fiscal de Cajamarca, [región] que viene trabajando con el Código procesal Penal. Entonces, ahí se han impartido algunas citaciones a una serie de gentes, sobre todo estas personas que participaron a la asonada de Cajamarca y bueno una citación, dos citaciones, tres citaciones y no concurren a hacer sus descargos”, refirió.

“En este caso, el fiscal considera pertinente centrar la investigación en las cabezas que son los dirigentes de estas organizaciones para que expliquen cuál es la razón y el por qué se protestó en la forma que lo hicieron, entonces tienen que dar cuenta y se van deslindando las responsabilidades”, remarcó.

Explicó que las medidas coercitivas que se dictaron no implican que los dirigentes purgarán prisión, sino que la disposición judicial busca que las personas concurran a rendir su manifestación para luego recuperar su libertad.

“En Trujillo hay medidas de esa naturaleza que pueden hacer uso los fiscales y, eventualmente, lo utilizan. Lo que pasa es que en este caso son 40 personas y se ha impartido esta medida porque realmente no concurren, o sea son renuentes a concurrir a dar declaraciones y eso determina que se adopten otro tipo de medidas, algunas más drásticas”, concluyó.