martes, 6 de marzo de 2012

Alto Comisionado de NU para DD.HH. sobre caso Antauro: Estado es responsable de la vida de presos

Ideeleradio.- Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, este asume toda la responsabilidad en torno a la vida de los presos, sostuvo Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al ser consultado por el cambio del centro de reclusión de Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta Humala.

Fue al considerar que el internamiento de un recluso no debe significar una sentencia de muerte y al cuestionar que exista la posibilidad de que se atente contra la vida de una persona dentro de un reciento carcelario, argumento utilizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Esa es la responsabilidad del Estado, cuando un Estado priva de la libertad asume la mayor responsabilidad porque va a caer bajo su completa responsabilidad. […] Y si hay amenaza, evidentemente, hay algo que no funciona en ese establecimiento penal, en primer lugar. O sea [en] un establecimiento penal de reclusión no [se] puede permitir que haya peligro a la vida de las personas que están allí”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No de ninguna manera [puede haber un privilegio para alguien que tiene un vínculo con el que gobierna un país], pero eso es igual para todos, si hay peligro de vida dentro de una instancia penitenciaria donde realmente no debería ser, evidentemente el Estado tiene la primera responsabilidad. O sea mandar la gente a la cárcel no es sentenciarlo a muerte, no hay pena de muerte, por lo tanto tiene que garantizar la vida.

Viceministerio de DDHH: Voluntad de cambio
En otro momento, el funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó que el Perú haya creado un Viceministerio de Derechos Humanos y sostuvo que esto es una muestra tangible de una voluntad política de cambio.

"Para mí y para la oficina es un honor poder estar en el país y acompañar este esfuerzo de la creación del nuevo viceministerio de Derechos Humanos, cuando se institucionaliza el tema de derechos humanos, nosotros estamos más que satisfechos y que es una muestra tangible no solo de la voluntad política de hacer cambio, de también llevarlo a la práctica, y eso es lo más importante”, refirió.

No hay ciudadanos de primera o segunda categoría 
Indicó, igualmente, que todos los seres humanos nacen con similares derechos y que no puede haber funcionarios de primera, segunda o tercera categoría, al ser consultado por las declaraciones del entonces presidente Alan García en relación al conflicto en Bagua (Amazonas). Subrayó que los países tienen que balancear sus necesidades de recursos con sus posibilidades de desarrollar los derechos ciudadanos.

“El tema de derechos humanos es un tema que nos corresponde a cada uno de nosotros, como seres humanos, no hay seres humanos de primera, segunda, ni tercera categoría; todos nacemos con los mismos derechos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra inclinación política”, aseveró.

“Evidentemente, en un país tiene que balancear sus necesidades de recursos con sus posibilidades de desarrollar cada vez más los derechos que le corresponden a cada una de las personas, y eso es justamente lo que se trata de alguna manera en el esfuerzo que se trata de compartir con las autoridades del Perú, la experiencia internacional en relación con el plan de acción en materia de derechos humanos”, acotó.

Añadió que lo recomendable sería que los sectores del Gobierno y la sociedad civil se reúnan para definir cuáles son las prioridades que se van a atender a corto, mediano y largo plazo, con acciones concretas y medibles, con mecanismos de supervisión y de monitoreo participativo.

“El Estado es el gran responsable de realizar los derechos humanos, porque tiene toda la potestad para hacerlo, pero en su ejercicio también necesita que haya un monitoreo de la sociedad civil en su conjunto”, enfatizó.

Política criminal y política penitenciaria
Finalmente, al ser consultado por el eventual cierre del penal de Challapalca (Tacna), recomendó tener una política integral criminal que incluya el tema de la política penitenciaria. Incidió en que la prisión preventiva no puede ser una regla y que el Estado debe invertir en la rehabilitación de los internos, especialmente de los jóvenes.

“Lo que si no puede ser es que la prisión preventiva sea un regla, eso significa que otra cosas no funcionan en el Estado. […] La situación carcelaria nos muestra situaciones que afuera de las cárceles no funcionan, entonces tenemos que prestar atención. Tenemos que ser claro con cuál delito como sociedad no lo vamos a tolerar. […] No solo eso, [el tema de las penas alternativas] sino ver cuál sector de la población que ha infringido realmente es rescatable de alguna manera, si hay o no persona que fue rescatada. Si hay el Estado, tiene que invertir, especialmente nuestra apuesta en los jóvenes porque los jóvenes pueden ser rehabilitados con mayor facilidad que los adultos”, explicó.

“[¿Se debe cerrar Challapalca?] Hay penales que dependen un poco de cada uno de las políticas y qué tipo de penales de mayor o seguridad, lo importante es tener una política integral, que es una política criminal que va predicada a una política penitenciaria; no puede ser apartada, tú no puedes tener una política penitenciaria sin saber exactamente qué va a hacer la parte del Ejecutivo, que está encargado de combatir el delito. […] Una sociedad tiene que discutir qué tipo de sociedad queremos, no puede ser una sociedad que solo abre las puertas para poner la gente adentro, eso no sirve”, declaró.

Yanacocha sobre declaraciones de Abugattás: Nos gustaría mostrar nuestras certificaciones

Ideeleradio.- A la minera Yanacocha le gustaría poder mostrar las certificaciones que tiene en relación a su gestión ambiental y social porque así se podría evitar declaraciones negativas en contra de esta compañía, opinó Darío Zegarra Macchiavello, gerente de Responsabilidad Social del Proyecto Conga de Yanacocha.

Fue al comentar la percepción de la ciudadanía y del presidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien afirmó que dicha corporación "es la mina más desacreditada de Perú por incumplimiento de responsabilidad social y de protección de medioambiente".

“Nosotros sentimos que debemos hacer un esfuerzo mucho más contundente en términos de información. Nos gustaría poder mostrar las certificaciones con las que la empresa cuenta en términos de nuestra gestión ambiental y social, nos gustaría poder alcanzar mucho más el tipo de desempeño que tenemos y estamos seguros que de alcanzar toda esta información podríamos tener otro tipo de declaraciones”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

En otro momento, mencionó que valorarán oportunamente las conclusiones del estudio que realizando en paralelo el Gobierno Regional de Cajamarca con la ONG Grufides, si es que tiene un carácter técnico y no político o ideológico.

“Nosotros creemos que toda la información que sea realizada desde el punto de vista técnico, debe de apuntar a resolver las preguntas y las dudas que tienen la población, […] entendemos por información que se ha distribuido aquí en Cajamarca a través de los medios, que los peritos se han reunido con especialistas cajamarquinos […]”, explicó.

“En ese marco, sentimos que todas las contribuciones técnicas deben tener un lugar; sin embargo, creemos que los acercamientos deben ser estrictamente desde el punto de vista técnico, creo que las posiciones ideológicas deben ser dejadas de lado. […] Si su planteamiento [de los otros expertos] es técnico, esto debe ser siempre valorado desde esta perspectiva, si llegan a ser ideológicos, en procesos con posiciones ya tomadas, estos sin duda, son más bien un aliciente hacia los procesos de los cuales debemos de alejarnos, porque nos llevan a la confrontación, nos llevan a un clima en que no queremos vivir en Cajamarca”, enfatizó.

Yanacocha: Nos sorprende que se planteen situaciones inexistentes ante CIDH

Ideeleradio.- Nos sorprende que algunos Organismos No Gubernamentales (ONG) planteen situaciones inexistentes de supuesta afectación al medioambiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló Darío Zegarra, gerente de Responsabilidad Social del proyecto Conga de Yanacocha.

Fue tras comentar la medida cautelar que presentó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) para que se ordene la anulación del referido proyecto, pedido que fue planteado durante el estado de emergencia decretado en Cajamarca.

“Nosotros tenemos un proceso continuo de trabajo con la comunidad en el área de influencia del proyecto [Conga], nosotros tenemos muy buenas relaciones con la comunidad, no tenemos procesos pendientes en temas ambientales en el área del proyecto. Tenemos, también, un proceso permanente de reporte hacia el Ministerio [de Energía y Minas] y fiscalización que no ha repercutido en ningún tipo de problema que esté en curso, evaluación o en análisis; entonces, me sorprende que se planteen situaciones que en este instante no existen”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Nosotros] no tenemos dificultades en este espacio [de daño al medioambiente], lo que sí tenemos es un proceso de información que tenemos que ahondar en espacios más allá del área de influencia, en otras provincias que han sido movilizadas hacia el proyecto y han mostrado un proceso violento. Entendemos que la gran mayoría de personas tiene una preocupación legítima por la cantidad y calidad del agua y esas respuestas deben absolverse para la tranquilidad de todos los cajamarquinos”, agregó.

Remarcó que tanto su compañía como el Estado entienden que los procesos deben enrumbarse a que desde el punto de vista técnico se atiendan las preocupaciones de la ciudadanía.

Si proyecto Conga no prospera sería una gran insatisfacción
En otro momento, estimó que si el proyecto minero Conga no prospera esto generaría una gran insatisfacción en la compañía. Expresó su confianza y compromiso en que el Perú seguirá atrayendo capitales extranjeros, pese a la incertidumbre que existe en torno a la referida inversión.

“Si el proyecto no próspera, sin duda, sería una gran insatisfacción, una gran pena [para la empresa] hay muchas personas acá en Cajamarca que están comprometidas en que este proyecto prospere y avance […] Sin duda hay mucho que todavía se debe hacer, sin duda todo lo que se ha hecho es insuficiente tenemos que hacer más en Cajamarca como sociedad y como sector empresarial”, recalcó.

“En relación a la inversión y a los inversionistas, nosotros como peruanos quisiéramos que las empresas sigan viendo con nuevos ojos al Perú y sigan trayendo los capitales que el Perú necesita y que Cajamarca necesita muy en particular. Y haremos nosotros los esfuerzos porque continuemos en el compromiso hacia el país, pero sentimos que debe ser un esfuerzo que compartan todos los sectores de la sociedad en el entendimiento en que la inversión responsable, ambiental y socialmente responsable es necesaria en el país y nosotros estamos convencido de eso, y creemos que vamos a llegar a buen puerto, nosotros no renunciamos al diálogo y la concertación”, remarcó.

Darío Zegarra: Peritaje al EIA del proyecto Conga resolverá dudas de la población

Ideeleradio.- El peritaje al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga logrará resolver las dudas que tiene la población sobre la calidad y cantidad del agua y, en su momento, se evaluarán las conclusiones a las que arriben los tres expertos internacionales contratados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sostuvo Darío Zegarra Macchiavello, gerente de Responsabilidad Social del Proyecto Conga de Yanacocha.

“Nosotros, sin duda, al presentarnos en este proceso que colabora hacia la concertación, tendremos que evaluar en ese mismo espíritu, las recomendaciones y conclusiones que el estudio técnico de los peritos arroje. Nosotros tendremos que evaluar las conclusiones cuando las tengamos a la mano, nosotros en estos instantes estamos convencidos de la fortaleza del estudio […] seguramente vamos a valorar esas recomendaciones”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros estamos muy confiados de la solidez del estudio, por una primera razón, que los profesionales y las instituciones que han participado en la elaboración son de primera línea, [segundo] porque esto ha sido expuesto, discutido, reforzado ya en el proceso de participación ciudadana con la población directamente afectada […] y tercero, esto ha pasado por un proceso riguroso de revisión por parte del Estado. Por estas tres razones nosotros nos sentimos muy confiados que el EIA es una buena propuesta; sin duda, es un estudio que puede ser perfectible y estamos nosotros llanos a encontrar en su oportunidad mejoras”, detalló.

Zegarra Macchiavello subrayó que el EIA no es un documento que se preparó en uno o dos meses, sino que su elaboración tomó años pues se deben seguir de manera muy explícita las guías y el proceso de evaluación.

“Es un proceso que contempla la participación de diferentes instituciones, no únicamente del Ministerio de Energía y Minas, debe señalarse de manera muy particular, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Agricultura que participan de esta evaluación y que deben tener una opinión favorable para que el estudio pueda ser aprobado […] la elaboración del EIA han sido hechas por empresas de primer nivel, [en las que han participado] consultoras internacionales y nacionales que ayudaron a desarrollar este estudio”, explicó.

Peritaje sacará a la luz los fundamentos técnicos
Remarcó que el peritaje logrará resolver las dudas que tiene la población sobre la calidad y cantidad del agua, tras resaltar que la compañía hizo todo lo posible para establecer el diálogo y lograr la concertación con la población. Dijo que el análisis permitirá que los fundamentos técnicos salgan a la luz y se dé respuesta a sus preocupaciones.

“Desde el punto de vista técnico, sentimos que hay claramente respuestas concretas a la preocupación de la población […] y lo que es necesario poner a la luz es que podemos estar en desacuerdo, pero no podemos propiciar violencia ni sembrar la duda que generan tensiones y luego generan violencia”, argumentó.

“Todos los actores debemos ser inmensamente responsables y creo que, como empresa, nosotros estamos dando pasos en pro del diálogo, en pro de la concertación. Hemos aceptado la solicitud, el pedido de suspensión [del proyecto] y esta nueva revisión del EIA, que es un estudio ya aprobado; sin embargo, en el ánimo en que el diálogo y que las preocupaciones sean absueltas en la población que legítimamente tiene sus preocupaciones sobre el agua, sean esclarecidas, pero lo que no es aceptable, es que se plantee en este proceso, un proceso en términos de posiciones ideológicas inaceptables si es que esto nos lleva a la violencia”, afirmó.

Hay intereses y buscan sembrar la duda
Finalmente, enfatizó que la compañía ha cumplido con todos los procedimientos establecidos y denunció que existen personas que buscan soliviantar a la población con el fin de generar un clima de violencia. Enfatizó que la minería, agricultura y ganadería pueden coexistir y complementarse sin que eso signifique una afectación del medioambiente.

“La empresa ha cumplido con un proceso de información que seguramente puede ser mejorado, seguramente puede ser ampliado, y sentimos que estamos en este momento en un esfuerzo de la naturaleza, pero hay intereses detrás, hay intereses de personas que están buscando soliviantar a la población, hay intereses de personas que quieren sembrar la cizaña, sembrar la discordia, sembrar la duda, y de esa manera no están contribuyendo a un proceso de diálogo, a un proceso de concertación y paz […] hay población que con preocupaciones legítimas están escuchando voces de otros que están sembrando la duda, y eso genera un clima de tensión, un clima de violencia”, concluyó.

Defensoría: Poder Judicial no responde adecuadamente a casos de feminicidio

Ideeleradio.- El Poder Judicial no responde adecuadamente a los casos de feminicidio, sostuvo Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, al sostener que la tolerancia de los magistrados permite que todavía persistan situaciones de discriminación por cuestiones de género.

“El Poder Judicial no está respondiendo de manera adecuada a los casos de feminicidio […] Queremos incidir en un estudio que se hizo sobre casos de feminicidio en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer donde se ve claramente la propia tolerancia de los propios magistrados y magistradas que hace que todavía persistan una serie de aspectos que, sin duda, manifiestan situaciones que reflejan los problemas que hay de discriminación por razones de género”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

La representante de la Defensoría del Pueblo mostró, en ese sentido, su preocupación porque este tipo de casos se pudieron prevenir, ya que en su mayoría existieron hechos previos de violencia.

“En los casos analizados en nuestro estudio preocupa que en el 82,2% de casos de feminicidio existieron hechos previos de violencia familiar, [es decir] antes que se cometa el homicidio y se pudo evitar la muerte. En realidad, el homicidio fue la manifestación final de hechos previos de violencia que debieron haber sido prevenidos”, lamentó.

“Si se ubica el registro de feminicidio del Ministerio de la Mujer y de las poblaciones vulnerables entre el 2009 y 2011, se han presentado 530 casos de feminicidio, que es la más grave afectación porque se trata de homicidio de mujeres por razones de género”, informó.

El sistema de justicia y la desprotección
En relación al tema de violencia sexual, detalló que en el 70. 8 % de los casos analizados por la Defensoría del Pueblo, no se dictaron las medidas de protección para la agraviada, a pesar de que la normativa lo permite.

“Muchas veces las mujeres se sienten amedrentadas por quienes fueron, efectivamente, sus violadores y a veces ellos están en situación de comparecencia y cuando esto sucede al final por temor ellas terminan cambiando de versión”, argumentó.

“Existe la posibilidad de que se le brinde protección policial, que se le cambie de domicilio, aquí el problema es del sistema de justicia, porque obviamente estas medidas están establecidas en el nuevo Código Procesal Penal que ya se está aplicando en la mayor parte de los distritos judiciales”, aseveró.

Cuestionó, por ejemplo, que se cite a declarar a las mujeres víctimas de violencia sexual hasta en cinco oportunidades y que este tipo de situación les genera un grave daño psicológico. “Resulta tan serio que se le indaga su vida sexual previa, afectando su dignidad e intimidad como mujeres”, puntualizó.

Esperamos descentralización de los Centros de Emergencia Mujer
En otro momento, estimó que los Centros de Emergencia Mujer han venido cumpliendo una labor importante para las víctimas de la violencia sexual, pero recordó que en su mayoría estos lugares no cuentan con una sala de cuidado de niños y niñas. La funcionaria señaló la necesidad de que dichos centros vuelvan a ser descentralizados.

“Si bien estos fueron transferidos en julio del año pasado a los gobiernos locales y provinciales por la situación de emergencia y por su calidad de eficiencia, se ha emitido un decreto para que vuelvan a ser administrados por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables”, aseveró.

“Estamos en la coincidencia que esta medida debe ser implementada para que al 30 de junio que es la fecha que termina este proceso donde se [espera que] se haya logrado la suficiente calidad y eficiencia para que nuevamente vuelvan a ser descentralizados”, acotó.

Finalmente, apuntó que se han logrado avances significativos en lo que respecta a la mortalidad materna, aunque reveló que le preocupa haber encontrado un alto número de muertes en algunas regiones del país.

“La libertad, 43 [muertes]; Puno, 42; Cajamarca, 35; Cusco, 23. Esto es inaceptable porque son muertes que pueden ser prevenidas”, concluyó.

Figallo: Minjus buscará líneas de comunicación para que Mindef dé información sobre casos de DD.HH.

Ideeleradio.- El Ministerio de Justicia (Minjus) buscará las líneas de comunicación pertinentes para que el Ministerio de Defensa (Mindef) entregue información que solicita el Ministerio Público respecto a las investigaciones por violación de derechos humanos que involucraría a un sector de las Fuerzas Armadas, informó Daniel Figallo, viceministro de Derechos Humanos.

“Hemos recibido la información en relación a que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público no se pueden avanzar pues se carece de la información que se solicita al Ministerio de Defensa, este es un asunto previo a esta gestión […] Nosotros hemos informado esto al ministro para establecer cuáles son las líneas de comunicación porque se decía –y queremos información sobre esto y lo estamos haciendo a nivel interministerial– que la información ya no existía, que se había perdido”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] No puede ser pues, no puede ser que una respuesta como esta pueda impedir la concretización del derecho a la verdad, el derecho a la no impunidad para las víctimas […] y para los propios militares y que significará la rapidez en esta situación de incertidumbre y que todos queremos que ya termine. Ese es un asunto prioritario que hemos despachado con el ministro”, agregó.

Plantearán que no se cierre el registro
En otro momento, el funcionario anunció que el Ministerio de Justicia planteará que no se cierre el Registro Único de Reparaciones, tras reconocer que una reparación siempre será poca en relación al inconmensurable daño causado.

“Y otro asunto es lo relacionado con el cierre del registro, la norma ya indicó que se cierra el registro. La norma ya indicó que se cierra, pero no, una propuesta que está siendo enviada por el ministro [Juan Jiménez] es la modificación del cierre del registro. Lo otro es dejar a la comisión multisectorial que ahora está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecer cuáles son los criterios para poder realizar la ‘efectivización’ de las reparaciones, incluso las reparaciones individuales”, remarcó.

Indicó, también, que una de las acciones concretas que se proyectarán está vinculada a la modificación de las normas relativas a cómo se ejecuta el programa integral de reparaciones y la edad para acceder a este beneficio.

“Para acceder a la reparación, aún cuando se haya vulnerado sus derechos, por ejemplo una persona que ha sido violada sexualmente, tiene que esperar a cumplir los 65 para ser reparadas, eso es absurdo. Definitivamente, no se está reparando, se está ahondando en las heridas y se está cometiendo el mismo error que se cometió que provocó y fue caldo de cultivo a estos temas que nosotros sufrimos permanentemente”, acotó.

El funcionario resaltó, en ese sentido, el trabajo del Consejo de Reparaciones en la identificación de los beneficiarios y calificó de extraordinaria y superlativa la labor de la Comisión de la Verdad (CVR).

Reunión con el MP para entrega de restos
Confirmó, igualmente, que se han reunido con altos funcionarios del Ministerio Público para concretizar la entrega de restos de las víctimas de la violencia a sus respectivos familiares.

“Hemos establecido reuniones con el fiscal de la Nación [José Peláez], hay restos para entregar, restos para entregar, restos para poder determinar de quién son, es decir cómo se van a comenzar a curar las heridas si aún no se han enterrado a los fallecidos, los beneficiarios tienen que cumplir con el rito del entierro, y esto hay cerca de 700 en Ayacucho”, declaró.

Reconoció, además, que es claro que el Perú es deficitario en materia de derechos humanos y que lo que se busca hoy es una política de inclusión con atención a los temas de derechos humanos.

“Es claro que somos deficitarios en materia de derechos humanos en el Perú, es un asunto que está postergado y viene ya de décadas atrás, ahora también es claro que se ha insertado una política de inclusión y de atención a todos estos asuntos relacionados con los derechos humanos, se ha creado por ejemplo Midis [Ministerio de Inclusión Social], que es una de las muestras en este terreno”, refirió.

Audiencias públicas y prioridades del Plan de DD.HH.
Dijo, finalmente, que las prioridades en materia de derechos humanos se tienen que diseñar de todas maneras con la participación de la sociedad civil porque esta no puede ser impuesta de arriba hacia abajo. Remarcó que los enfoques, los avances, los monitoreos y los métodos de acción estarán vinculados al Plan Nacional de Derechos Humanos.

“Ya la sociedad civil reconoce y participó en un plan que fue el plan diseñado para el 2005-2010, este plan que fue aprobado para el 2011 y se establecieron allí los focos de atención donde debería traducirse las políticas públicas, por ejemplo, el tema de discriminación, de niños, de acceso a la justicia. Es decir, hay una serie de líneas matrices. No obstante, ello este plan no fue ejecutado, este plan fue postergado porque no había voluntad política para poder ejecutado y tampoco fue evaluado”, declaró.

“¿Cuál es la tarea ahora? Precisamente con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado es evaluar el plan, diseñar un nuevo acercamiento a través de 13 audiencias públicas con la comunidad para poder establecer cuáles son estas prioridades que debemos adoptar y además un asunto que es fundamental, es diseñar un sistema de indicadores y mediciones del plan, […] porque si no se controla y si no se involucra en el control a la sociedad civil, entonces los planes no funcionan”, concluyó.