Ideeleradio.- Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, este asume toda la responsabilidad en torno a la vida de los presos, sostuvo Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al ser consultado por el cambio del centro de reclusión de Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta Humala.
Fue al considerar que el internamiento de un recluso no debe significar una sentencia de muerte y al cuestionar que exista la posibilidad de que se atente contra la vida de una persona dentro de un reciento carcelario, argumento utilizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Esa es la responsabilidad del Estado, cuando un Estado priva de la libertad asume la mayor responsabilidad porque va a caer bajo su completa responsabilidad. […] Y si hay amenaza, evidentemente, hay algo que no funciona en ese establecimiento penal, en primer lugar. O sea [en] un establecimiento penal de reclusión no [se] puede permitir que haya peligro a la vida de las personas que están allí”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“No de ninguna manera [puede haber un privilegio para alguien que tiene un vínculo con el que gobierna un país], pero eso es igual para todos, si hay peligro de vida dentro de una instancia penitenciaria donde realmente no debería ser, evidentemente el Estado tiene la primera responsabilidad. O sea mandar la gente a la cárcel no es sentenciarlo a muerte, no hay pena de muerte, por lo tanto tiene que garantizar la vida.
Viceministerio de DDHH: Voluntad de cambio
En otro momento, el funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó que el Perú haya creado un Viceministerio de Derechos Humanos y sostuvo que esto es una muestra tangible de una voluntad política de cambio.
"Para mí y para la oficina es un honor poder estar en el país y acompañar este esfuerzo de la creación del nuevo viceministerio de Derechos Humanos, cuando se institucionaliza el tema de derechos humanos, nosotros estamos más que satisfechos y que es una muestra tangible no solo de la voluntad política de hacer cambio, de también llevarlo a la práctica, y eso es lo más importante”, refirió.
No hay ciudadanos de primera o segunda categoría
Indicó, igualmente, que todos los seres humanos nacen con similares derechos y que no puede haber funcionarios de primera, segunda o tercera categoría, al ser consultado por las declaraciones del entonces presidente Alan García en relación al conflicto en Bagua (Amazonas). Subrayó que los países tienen que balancear sus necesidades de recursos con sus posibilidades de desarrollar los derechos ciudadanos.
“El tema de derechos humanos es un tema que nos corresponde a cada uno de nosotros, como seres humanos, no hay seres humanos de primera, segunda, ni tercera categoría; todos nacemos con los mismos derechos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra inclinación política”, aseveró.
“Evidentemente, en un país tiene que balancear sus necesidades de recursos con sus posibilidades de desarrollar cada vez más los derechos que le corresponden a cada una de las personas, y eso es justamente lo que se trata de alguna manera en el esfuerzo que se trata de compartir con las autoridades del Perú, la experiencia internacional en relación con el plan de acción en materia de derechos humanos”, acotó.
Añadió que lo recomendable sería que los sectores del Gobierno y la sociedad civil se reúnan para definir cuáles son las prioridades que se van a atender a corto, mediano y largo plazo, con acciones concretas y medibles, con mecanismos de supervisión y de monitoreo participativo.
“El Estado es el gran responsable de realizar los derechos humanos, porque tiene toda la potestad para hacerlo, pero en su ejercicio también necesita que haya un monitoreo de la sociedad civil en su conjunto”, enfatizó.
Política criminal y política penitenciaria
Finalmente, al ser consultado por el eventual cierre del penal de Challapalca (Tacna), recomendó tener una política integral criminal que incluya el tema de la política penitenciaria. Incidió en que la prisión preventiva no puede ser una regla y que el Estado debe invertir en la rehabilitación de los internos, especialmente de los jóvenes.
“Lo que si no puede ser es que la prisión preventiva sea un regla, eso significa que otra cosas no funcionan en el Estado. […] La situación carcelaria nos muestra situaciones que afuera de las cárceles no funcionan, entonces tenemos que prestar atención. Tenemos que ser claro con cuál delito como sociedad no lo vamos a tolerar. […] No solo eso, [el tema de las penas alternativas] sino ver cuál sector de la población que ha infringido realmente es rescatable de alguna manera, si hay o no persona que fue rescatada. Si hay el Estado, tiene que invertir, especialmente nuestra apuesta en los jóvenes porque los jóvenes pueden ser rehabilitados con mayor facilidad que los adultos”, explicó.
“[¿Se debe cerrar Challapalca?] Hay penales que dependen un poco de cada uno de las políticas y qué tipo de penales de mayor o seguridad, lo importante es tener una política integral, que es una política criminal que va predicada a una política penitenciaria; no puede ser apartada, tú no puedes tener una política penitenciaria sin saber exactamente qué va a hacer la parte del Ejecutivo, que está encargado de combatir el delito. […] Una sociedad tiene que discutir qué tipo de sociedad queremos, no puede ser una sociedad que solo abre las puertas para poner la gente adentro, eso no sirve”, declaró.
