martes, 31 de enero de 2012

Procuraduría invoca a jueces y fiscales a actuar con diligencia y cumplir con los plazos

Ideeleradio.- La demora de los operadores de justicia es inaceptable, afirmó el procurador anticorrupción Julio Arbizu, tras exhortar al Poder Judicial y al Ministerio Público a actuar con diligencia y cumplir con los plazos que establece la ley.

Fue al referirse a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) por la que se concede a la Corte Suprema un plazo perentorio de 120 días para tomar una decisión final sobre la situación jurídica del ex ministro de Economía Jorge Camet Dickmann.

“Ya lo hemos afirmado en anteriores oportunidades, hay una moratoria que es inaceptable de parte del Poder Judicial, de parte de los operadores de justicia, que tiene que ver ciertamente con la carga excesiva con la que cuenta el Poder Judicial y los operadores de justicia, pero también, en muchos casos con maniobras dilatorias de los abogados de la defensa y, seguramente, también en algunos casos con un actuar incorrecto o un actuar irresponsable de la defensa del Estado en algunos casos”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros llegamos hace poco menos de cuatro meses y teníamos encima el problema del exceso de carcelería del señor Rómulo León que tuvimos que afrontar en las primeras semanas nuestra gestión y, ciertamente, habían ocurrido 36 meses sin que se pudiera siquiera iniciar el juicio oral. Hay que insistir en esto, hay que hacer una invocación a los operadores de justicia para que actúen diligentemente y se cumplan los plazos, sino van a seguir ocurriendo estas cosas”, acotó.

Comentó, además, que en los casos vinculados al régimen anterior, tales como el de los Petroaudios y Business Track (BTR), se actuó con poca diligencia. Remarcó que hoy en día tienen “controlados algunos procesos que estaban por salirse de control”.

“Pasó en esos casos y pasó en todos, era más evidente en que estos casos en los que había cierto riesgo, como el caso de los petroaudios, en el caso BTR, se había actuado con muy poca diligencia, los abogados a cargo de la defensa o habían actuado irresponsablemente o eran encorsetados por el mismo procurador o por el mismo devenir de las investigaciones de la procuraduría. Y eso nos preocupó muchísimo, hemos tomado medidas y podemos decir que tenemos controlados los procesos y apuntamos a eso”, manifestó.

Buscan declarar insolventes a los que deben reparación
Arbizu Gonzales planteó, en otro momento, que las personas sentenciadas por delitos de corrupción sean declaradas insolventes, para obligarlas a pagar la reparación civil. Reveló que su despacho ya inició conversaciones con representantes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que estas personas cumplan con ese pago.

“Ya conversamos de manera informal con el Indecopi para ver si declaramos insolventes a esas personas, y así no puedan acceder a ningún tipo de crédito y obligarlas a revertir esa situación de deuda con el Estado”, subrayó.

El abogado del Estado propuso, además, que las personas sentenciadas por delitos de corrupción tengan que pagar la reparación civil, antes de poder acceder a un beneficio de reducción de penas.

“Se han hecho ya unas decisiones importantes, interesantes, por ejemplo, la promulgación del Decreto Supremo 003- 2012 –Jus que sujeta la posibilidad de la solicitud del beneficio de la redención al pago del íntegro de la reparación civil, es decir, aquel que trabajo para poder finalmente redimir su pena por libertad o estudio para conseguir el mismo objetivo, tendrás antes de beneficiarse con el beneficio de la redención que pagar la reparación civil”, enfatizó.

Añadió que solo los procesados por corrupción que fueron denunciados por la primera Procuraduría Anticorrupción para los casos Fujimori-Montesinos –dirigida por José Ugaz en el 2001– deben cerca de 1,000 millones de nuevos soles por concepto de reparación civil.

Son menos de 2 mil los expedientes
Puntualizó que a la fecha, la Procuraduría Anticorrupción realiza un seguimiento de dos mil expedientes, tras recordar que cuando asumió el cargo no se contaba con información certera del número oficial de casos.

“Al llegar por ejemplo, no teníamos certeza de cuántos procesos teníamos, ni cuántos procesados eran, ni cuántos procesados estaban con orden de detención, o cuántos con medida de comparecencia, no había ninguna base de datos certera. Es más, en su momento al pedido de información, se decía que la Procuraduría tenía por competencia casi 2 mil 500 casos solamente en Lima, delitos contra la administración pública […] y haciendo un trabajo [se determinó] que no son más de 2 mil entre expedientes en giro y expedientes en ejecución”, informó.

Apuntó que la Procuraduría Anticorrupción está en reestructuración y que, por ello, se prescindió de los servicios de algunos abogados que no contaban con el perfil de un abogado del Estado, para permitir el ingreso de profesionales de alto nivel que ayuden a agilizar estos casos ante el sistema de justicia.

Procurador sobre caso Comunicore: Críticas no me intimidan, me fortalecen

Ideeleradio.- Las críticas no me intimidan; por el contrario, me fortalecen, sostuvo el procurador anticorrupción Julio Arbizu, al reconocer que es probable que reciba cuestionamientos por parte de personas cercanas al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, tras su ratificación como representante de los intereses del Estado en el caso Comunicore.

Fue al comentar la decisión del Consejo de Defensa Judicial del Estado que remitió un oficio al 12° Juzgado Penal de Lima en el que se lo acredita como único abogado para ese tema, en que se ventila el presunto pago irregular de 36 millones de soles que efectuó la Municipalidad de Lima a la empresa Comunicore.

“Soy absolutamente consciente de eso [de que continuarán las críticas]. En su momento, la decisión que tomó la Procuraduría [de pedir la detención de Castañeda] – además fue una decisión institucional y colegiada una decisión que se consultó al interior de la Procuraduría misma– trajo como consecuencia la exaltación de algunas personas relacionadas al movimiento político del procesado; se dijeron una serie de mentiras, una serie de afirmaciones incorrectas”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo estoy seguro que eso va a seguir ocurriendo. Si me preguntas si eso me intimida o me llama a recular, pues de ninguna manera; es más, diría que eso me fortalece. Creo que estamos haciendo lo correcto en este caso, estamos haciendo lo correcto en otros casos donde actuamos con el mismo rigor pese a que la prensa quizá pone sus reflectores en algunos procesados y en algunos procesos”, manifestó.

El abogado del Estado apuntó que su despacho sigue investigando probables comisiones de delitos contra la administración pública en otras instituciones, sin que eso implique el enfoque de los reflectores de la prensa en algunos procesos o procesados.

Insiste en el peligro procesal y el pedido de detención
El procurador anticorrupción señaló, asimismo, que espera que el Poder Judicial resuelva el pedido que presentó para que se revoque la medida de comparecencia que se dictó contra Castañeda Lossio, cuando se lo abrió proceso en la primera semana de enero. Subrayó que existen suficientes indicios para argumentar la posibilidad de elusión de la actividad probatoria por parte del exburgomaestre.

“A nosotros nos parece que el peligro procesal puede estar expresado en el peligro de fuga, no es el caso a nuestro criterio, pero además hay algunos otros elementos que configuran ese peligro procesal, y uno de esos elementos y una de esas posibilidades es el entorpecimiento de la actividad probatoria”, señaló.

“Si el procesado en este caso hace todo lo posible por eludir la investigación por medios procesales o por medios dilatorios, hay ciertamente una evidencia de que este procesado está utilizando todos estos medios para eludir para salir de la investigación, para no salir investigado”, detalló.

Caso Comunicore se amplió porque Castañeda dilató el proceso
Arbizu Gonzales refirió, en otro momento, que el caso se amplió por cuatro meses más debido a que la defensa de Castañeda Lossio utilizó medios repetitivos para entorpecer la actividad probatoria y dilatar el proceso.

“El señor Castañeda a través de su defensa ha utilizado medios además repetitivos para precisamente eludir la investigación, eso a nuestro entender configura un supuesto de entorpecimiento de la actividad probatoria”, opinó.

“Y lo hace, entiendo yo, en atención a esas maniobras dilatorias, al primer hábeas corpus, le ha sucedido un segundo hábeas corpus, básicamente con los mismos argumentos. Entonces claro, el juez en atención a estas maniobras es que extiende el plazo y declara complejo el proceso para hacer una investigación en el plazo debido”, subrayó.

Peláez sobre caso Chehade: No se descarta nuevo pedido de antejuicio

Ideeleradio.- Si surgen nuevos elementos en la investigación que viene realizando en el Ministerio Público sobre la responsabilidad de los demás implicados en el caso de la azucarera Andahuasi, podría surgir la posibilidad de presentar un nuevo pedido de levantamiento de inmunidad contra el segundo vicepresidente Omar Chehade, confirmó el fiscal de la Nación, José Peláez.

Fue al comentar la situación de los congresistas Elsa Anicama y Amado Romero, quienes según versiones periodísticas podrían librarse del desafuero, a raíz de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales todavía no recibe las denuncias respectivas.

“Hay muchos congresistas que antes de ser elegidos como tales incurrieron en actos delictivos, entonces esos tienen otros procedimientos, no existen en muchos casos el pedido del antejuicio, sino que el Congreso autorice simplemente el inicio del proceso porque ellos no tienen la prerrogativa del antejuicio, de manera que no todo tiene que pasar por la Subcomisión, la Comisión Permanente y menos el Pleno del Congreso. Es cuestión de que se autorice ya el procesamiento del congresista sin que se haga el antefuero”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay casos, como por ejemplo, el señor Chehade que sí necesitaban el antejuicio y, eventualmente, el Congreso ha dicho que no procede. Sin embargo, como yo lo he manifestado, existe una investigación por determinación de la Fiscalía de la Nación que viene investigando los hechos en relación con otras personas que estuvieron como parte de la reunión en las Brujas de Cachiche y, eventualmente, si surgen nuevos elementos, tendríamos que pensar en la posibilidad de un nuevo pedido de antejuicio”, argumentó.

No se tomó en cuenta escritos de Procuraduría
En otro momento, aclaró que la decisión de investigar a los demás implicados en el caso del congresista Chehade Moya fue exclusiva del Ministerio Público y no tomó en cuenta los escritos ni el pronunciamiento de la Procuraduría Anticorrupción.

“El día en que se tomó la decisión de remitirlos [el caso Chehade] a todos al Congreso inmediatamente dije en cuanto se refiere a los civiles o a los policías que han participado en la reunión, eso lo derivamos a una fiscalía anticorrupción para que ahí continúe la investigación. Esa no ha sido decisión ni sugerencia de ninguna persona ajena a la Fiscalía de la Nación”, subrayó.

“No tengo conocimiento de si el procurador ha presentado algún escrito en ese sentido, pero las decisiones, repito, han sido completamente autónomas, exclusivas del fiscal de la Nación. Yo no he tenido a la vista los escritos del señor procurador, que dice que ha presentado. Esa es la aclaración puntual [la hago] en honor a la verdad “, mencionó.

Fiscalía investiga autenticidad de informe Lorito
Por otro lado, al referirse al caso de la interceptación de las comunicaciones telefónicas de la excandidata Lourdes Flores a fines del 2010, reveló que ha dado las instrucciones para que se investigue la autenticidad del informe denominado ‘Lorito’, que identificó como supuestos principales operadores de una red de chuponeo al abogado Rodolfo Orellana, al coronel PNP (r) Benedicto Jiménez y al congresista Heriberto Benítez.

“La instrucción que se ha dado a la Fiscalía es que no obstante que ese documento aparentemente no tenía firmas, y sellos que, sin embargo, debería ser considerado como un elemento apócrifo o podría haberse filtrado. Se está llevando a cabo la investigación, no está restringiéndose que ese documento sea analizado, que se determinen si es un documento auténtico o apócrifo. De todas maneras, se está haciendo esa investigación para salir de toda duda”, concluyó.

Peláez: Caso Cristo es Amor comprenderá a autoridades municipales y de otras dependencias

Ideeleradio.- La Fiscalía de la Nación investigará a las autoridades municipales y a todos los funcionarios de las dependencias del Estado que tengan responsabilidad en la tragedia ocurrida en el centro de rehabilitación Cristo es Amor, donde murieron 27 internos, aseguró José Peláez Bardales, titular del Ministerio Público.

“[¿El interés por determinar responsabilidades en este caso concreto va a ir más allá de los directamente vinculados al caso como las autoridades municipales?] Sí, yo creo que es necesario profundizar la investigación y llegar hasta las responsabilidades que pudieran tener las autoridades municipalidades y de otras dependencias del Estado”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No es posible que funcionen locales y nadie se apersone a ver a qué actividad se dedican, si tienen licencia o no, y si están autorizados para desarrollar esa actividad. Es importantísimo hacer una investigación profunda y llegar hasta la madeja, siguiendo el hilo que realmente es una serie de situaciones que dan lugar a que no haya ningún tipo de control en ninguna parte”, advirtió.

Peláez Bardales insistió en señalar que se realizará una indagación profunda sobre el tema e insistió en cuestionar a las autoridades ediles por la falta de fiscalización sobre este tipo de establecimientos.

“No es posible que la municipalidad ignore a qué actividad se dedican las casas que están funcionando con gente que entra y sale, con vehículos que llegan y salen. Entonces, creo que las municipalidades tienen que tener mayor control y las autoridades en sí”, subrayó.

Dijo que casos como este merecen realmente mucha atención y dedicación porque este tipo de lugares que funcionan como centros de rehabilitación sin ninguna clase de licencia, se presentan no solo en el distrito de San Juan de Lurigancho, sino en todo Lima.

“Sí, yo creo que es un tema que merece realmente poner mucha atención, dedicación y hacer una profunda investigación. Este es un caso de muchísimos que hay en todo Lima, no sólo el caso de San Juan de Lurigancho, sino en la carretera al sur, hay cientos de lugares que no tienen realmente licencia para funcionar como centros de rehabilitación”, mencionó.

“No sabemos qué gente está iniciando estos centros, debería haber psicólogos, profesionales de la salud para decir que realmente están rehabilitando a los jóvenes; entonces, creo que merece una profunda investigación y en esa línea vamos a dedicarnos no solo la Fiscalía, sino otras instituciones del Estado”, aseveró.

Procuraduría: Chehade podría ser acusado nuevamente si Fiscalía encuentra otros indicios

Ideeleradio.- El segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, podría ser acusado nuevamente si es que el Ministerio Público encuentra otros indicios que señalen su presunta responsabilidad en la reunión que sostuvo con tres generales de la Policía para abordar el desalojo de la azucarera Andahuasi, estimó el procurador anticorrupción Julio Arbizu.

Fue al recordar que su despacho impulsó ante el Ministerio Público el inicio de una investigación contra todos los implicados que no tienen derecho de antejuicio y que fueron mencionados en el caso.

“Nosotros fuimos los responsables de que en este momento en el Ministerio Público, en una fiscalía provincial exista esta investigación, no fue la Fiscalía de modo propio, se lo pedimos nosotros; nosotros abrimos esta posibilidad de que todavía exista este espacio, donde haya una investigación que pueda dar –eventualmente en el futuro con pruebas nuevas– lugar a una acusación constitucional diferente contra el vicepresidente Chehade”, declaró al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿El caso que está en la fiscalía provincial podría jalar algún tipo de responsabilidad en Omar Chehade?] Pues, yo estimo que sí, en la medida en que se encuentren allí nuevos indicios que den lugar a la presunción de algún tipo de responsabilidad del señor Chehade, pues ciertamente sí y podría dar lugar a una nueva acusación constitucional sobre los mismos hechos sustentados en otros indicios a los que originaron la primera acusación”, puntualizó.

No he recibido llamadas ni presiones
El abogado del Estado descartó, en ese sentido, que haya recibido alguna llamada o intento de presión para dejar de impulsar la investigación a Omar Chehade (Gana Perú). Enfatizó que gracias a la gestión de la Procuraduría se pudo iniciar una indagación en una instancia provincial y recordó que se opuso a la decisión del fiscal José Peláez de dejar que el caso se ventile solo en el Congreso, a raíz del tema del antejuicio.

“Actuamos siempre, lo hicimos desde el inicio. Si me dirías [preguntaras] ‘si hay voluntad’, te diría que en particular, yo no he recibido ningún llamado, ningún mensaje presionándome para que no investigue. Lo que hemos hecho nosotros es apersonarme a la investigación, hemos acudido puntualmente a todas y cada una de las investigaciones. Cuando el fiscal de la Nación decretó que no debía seguir investigando porque eso se debía dilucidar en el Congreso, en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nosotros no estuvimos de acuerdo y así se lo hicimos saber, ese escrito con esa opinión de la Procuraduría consta en el expediente”, precisó.

“Desde el inicio hemos atendido a los indicios que teníamos para construir el caso y a nuestro criterio esos indicios eran suficientes para iniciar la investigación y seguir [con esta]. Lo que se ha hecho es impedir que esa investigación continúe de esa manera, el fiscal al entregarle la capacidad exclusiva al Congreso de investigar ha declinado seguir investigando esos indicios, nosotros hicimos llegar ese escrito de que era perfectamente seguir investigando y ya lo que ocurrió, pues ocurrió”, relató.

Impulsaremos casos del actual gobierno
A reglón seguido, Arbizu Gonzales precisó que su despacho impulsará con la misma intensidad tanto los casos que devienen de actos de corrupción de la década fujimorista, del gobierno aprista y los del régimen de Gana Perú.

“De ninguna manera [se impulsará unos más que otros] y eso que quede absolutamente claro. […] he mencionado el nivel de protagonismo que hemos tenido en este caso [de Omar Chehade] y por razones ajenas a nuestra voluntad a acabado en esta situación en la que se encuentra”, aseveró.

Resaltó, en ese sentido, el apoyo del ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor y que existen señales de que se puede avanzar en la defensa de los intereses del Estado. No obstante, dijo que en el supuesto de que exista algún tipo de presión que vulnere su independencia, no dudaría en dejar la Procuraduría, como lo hizo en el régimen de Alejandro Toledo.

“Esto que te digo no es arbitrario, esto lo respalda una trayectoria mía y de mucha gente que me acompaña en la Procuraduría porque estuvimos en una época difícil, cuando todos o casi todos los que ahora hemos regresado a la Procuraduría decidimos salir y fue cuando se decidió no investigar a algunos funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo. En ese momento, hubo una serie de presiones y críticas, y preferimos, en ese momento, salir de la Procuraduría porque considerábamos que se estaba vulnerando nuestra independencia”, indicó.

“[…] Y sin duda que lo haríamos [salir del cargo] si es que algún caso ocurriese lo mismo, no ha pasado, esperemos, yo confío en que eso no va a pasar porque hay un mensaje claro del Gobierno por lo menos en lo que respecta a la Procuraduría de impulsar su labor. Tenemos el apoyo constante y permanente y nos encabeza además el ministro de Justicia, Juan Jiménez, y creemos que esas son señales de que podemos avanzar con tranquilidad”, apuntó.