Sheput: Silencio de la oposición y actitud de Humala contribuyeron al éxito de Movadef

Ideeleradio.- El éxito de Movadef en la recolección de 300 mil firmas para solicitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se debe a la falta de crítica por parte de la oposición y al descontento que genera en un sector de la población la actitud del presidente Ollanta Humala, estimó Juan Sheput, ex ministro de Trabajo y Promoción Social.

“El éxito del Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) es simplemente consecuencia de la actitud política de personas como la del presidente de la República, que hace un discurso radical durante diez años, y cuando llega al poder se ríe de los que lo apoyaron. Y lo peor no es la actitud de Humala, lo peor es que hay una oposición que sin coraje político opta por el silencio, en lugar de la crítica”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es por eso, que es muy fácil para las opciones radicales conseguir 300 mil firmas y cada vez esto será mucho más fácil, porque si el señor presidente llega al poder y le mete una patada a los izquierdistas o gobierna con el Ejército, entonces la persona que está en Cajamarca dice, pero yo voté por un cambio y sin embargo este señor me traiciona”, mencionó.

En otro momento, Sheput Moore subrayó que por estos cambios, la hoja de ruta se ha convertido en una suerte de cajón de sastre y coincidió con el sociólogo Sinesio López en el que el Gabinete que preside Óscar Valdés ha prostituido este instrumento de concertación.

“La hoja de ruta se ha convertido en un cajón de sastre en el cual entra todo, pero al final están tan distorsionadas, entonces ya se justifica todo. Sinesio López ha escrito un artículo estupendo en el cual ha dicho [que] se ha prostituido la hoja de ruta, el cual justifica todo, pero entonces hagamos un debate. ¿Qué es la hoja de ruta? porque yo tengo una idea de la hoja de ruta, que no tiene nada que ver con lo que dijo el señor Valdés”, señaló.

Chehade seguirá haciendo lo mismo

Asimismo, el dirigente de Perú Posible dejó entrever que tras el blindaje a Omar Chehade, el aún vicepresidente de la República “va a saber que tiene los votos y va a seguir haciendo lo mismo”.

“En el caso del señor Chehade, él mereció haber salido del Congreso, al menos hubiera sido investigado; sin embargo, se le dice, te protegemos. Entonces, es lo que va a pasar ahora, va a tener más experiencia, va a estar más curtido, va a ver que funciona, va a saber que tiene los votos y se va a seguir haciendo lo mismo, obviamente, pero ya detrás de cámara sin que se note”, manifestó.

“Es eso es lo que no entiendo de políticos curtidos que crean que la gente cambia, la sanción política histórica se hace porque como la política es pasión y la política es trayectoria y la política es demostración de actos concretos respecto a determinadas circunstancias por lo que la sanción política debía prosperar, puesto que la sanción políticamente busca sacar justamente del escenario”, concluyó.

TC: Pronunciamiento sobre caso Conga sería emitido entre mayo y junio

Ideeleradio.- El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el caso Conga podría darse entre mayo y junio, si es que se admite a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público contra la ordenanza regional de Cajamarca que declara inviable este proyecto minero, estimó Ernesto Álvarez, presidente del máximo intérprete de la Carta Magna.

“El Tribunal ya está estudiando la admisibilidad o la próxima semana debe salir la resolución de admisión, salvo que haya un impedimento de índole estrictamente procedimental, pero de no ser así es seguro que salga la próxima semana”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Posiblemente la vista de la causa se efectúe en marzo porque tenemos que notificar a la otra parte y esta tiene 30 días. Allí el Tribunal no va a poder apresurarse más allá de los plazos que el proceso le permite a ambas partes el Código Procesal Constitucional. De forma tal, que es prácticamente imposible un pronunciamiento del TC antes de fines de abril o con mayor sensatez estemos hablando entre mayo y junio”, refirió.

Álvarez Miranda consideró que tanto la demanda planteada y la emisión de una ordenanza regional de Cajamarca sobre el proyecto Conga representan un tema delicado y complejo, y estimó que por ello no cabe un desmesurado apresuramiento. Manifestó lo que está en discusión es la necesidad de desarrollo versus la defensa del medioambiente y de los derechos de las comunidades.

“Tampoco cabe un apresuramiento desmesurado [en el caso Conga], entendemos que la situación es delicada, pero no deja de ser complejo el tema por cuanto de por medio está la necesidad de desarrollo y crecimiento, y también de por medio está la necesidad de defender el medioambiente y de garantizar la no afectación a las comunidades que pueden ser implicadas en un proyecto de tan grande envergadura”, argumentó.

El TC, el PJ y los delitos de lesa humanidad

El magistrado dijo, por otra parte, que el Tribunal Constitucional ha establecido las características esenciales del delito de lesa humanidad, al recoger la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, anotó que es atribución de su organismo el hacer una revisión en torno a la correcta o incorrecta tipificación de los procesos penales que puedan estar violando o no derechos de los procesados.

“Allí cabe la atribución que el Tribunal siempre ha tenido que ver en última revisión, el control constitucional en torno a los procesos penales que puedan estar violando derechos fundamentales de algunos procesados, en tanto y en cuanto, no corresponde el tipo aplicado a los hechos producidos”, explicó.

“Hay que tener cuidado y solamente este control –que no es usual en el TC pero que sí existe una atribución para hacerlo– no sirva para la impunidad ni para aquellos para los que han cometido delitos de barbarie, como en el caso Accomarca en el cual el Tribunal ha mencionado que de una forma o de otra existiendo delito de lesa humanidad, los plazos han sido interrumpidos por diversos instrumentos destinados a la impunidad y, por lo tanto, lo que están en curso deben someterse al proceso penal”, dijo.

En otro momento, estimó que se ha perdido la perspectiva respecto a que por regla general las personas deben someterse a un proceso penal en libertad y que la carcelería es la excepción a la regla. Sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene en este ámbito, una tarea pendiente.

“Hay que fortalecer la capacidad interpretativa de los jueces ordinarios para tratar de blindarlos del embate mediático que muchas veces está sometido a temas de coyuntura y es efectivamente la soledad del juez especialmente de primera instancia y de provincia la que hace de que no se encuentren en las condiciones adecuadas”, detalló

Álvarez sobre caso Chehade: TC debería revisar levantamientos de inmunidad

Ideeleradio.- En el futuro debería plantearse la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) revise los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria porque ello permitirá desvincular lo político de lo jurídico, al momento de analizar una actuación aparentemente delictiva, sostuvo Ernesto Álvarez, presidente del máximo organismo constitucional.

Fue al referirse a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso que resolvió no acusar constitucionalmente al legislador de Gana Perú, Omar Chehade Moya, quien era investigado por el presunto delito de patrocinio ilegal.

“[Se ha actuado en el caso Chehade] por simple criterio político además. En Alemania el Tribunal Constitucional tiene una participación trascendente en los casos de levantamiento de inmunidad y podría en el futuro plantearse esta posibilidad [en el Perú]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por ejemplo, en el caso alemán y algún académico lo planteó para el Perú, fue de que ni el terreno político, que es el Congreso, ni en el terreno jurisdiccional ordinario, que es el Poder Judicial, cabía levantar el fuero parlamentario a un político por una actuación aparentemente delictuosa. Se planteaba que ese espacio de discusión donde se vincula tanto lo político con lo jurídico debía verse en el TC por la especial composición que tiene”, argumentó.

Álvarez Miranda precisó que la eventual evaluación que haría el TC estaría vinculada al pronunciamiento de si un funcionario que tiene protección constitucional debe ser o no investigado por los órganos jurisdiccionales, sin que influyan los criterios coyunturales o de conveniencia política.

“[¿La propuesta es que sea el Tribunal Constitucional el que vea un caso de esa naturaleza por la investidura de la persona que está inmersa para evitar esa correlación política que finalmente puede convalidar la impunidad?] Y al mismo tiempo para evitar que la revisión del caso sea meramente jurisdiccional, si no hay pruebas fehacientes, porque eso ya lo va hacer en una etapa posterior el Ministerio Público y el propio Poder Judicial”, remarcó.

“El tema es independientemente de los criterios estrictamente coyunturales o de conveniencia política existen razones fundadas para deslindar a un funcionario del Estado de la [protección] constitucional que tiene para someterlo a un proceso judicial o no. Esa reflexión bien podría estar en el campo del Tribunal”, puntualizó.

Chehade deberá demostrar idoneidad

El magistrado indicó que el caso del legislador Omar Chehade es un tema político que nos lleva a reflexionar sobre la conveniencia de haber evitado una investigación –que a decir de muchos juristas– hubiera posibilitado una limpieza de su imagen en la eventualidad de que no se encuentren pruebas.

Anotó que le corresponderá a Chehade Moya y a los miembros de su bancada demostrar la posible invalidez de las imputaciones en su contra, en base a su idoneidad y conducta personal.

“En el antejuicio no es necesario estrictamente encontrar las pruebas o la convicción jurídica. Será labor de su bancada y de él mismo tratar en los próximos meses de demostrar con su conducta y su idoneidad personal la invalidez de las observaciones y objeciones respecto a su actuación controversial”, explicó.

No obstante, refirió que la campaña mediática resulta tan fuerte que a veces impide reflexionar hasta qué punto existen los indicios suficientes y hasta qué punto los hechos aparentemente cometidos o la intencionalidad manifiesta ha sido realmente grave.

“Tengo una opinión como ciudadano, pero también es cierto que en algunas ocasiones de carácter político se magnifica tanto determinada circunstancia que se pierde la perspectiva. En un país donde los fiscales omiten investigar y sueltan a los delincuentes, como lo sucedido en la comisaría de Bagua, en un país donde se cometen tantas arbitrariedades a diario”, remarcó.

“Yo expreso mi mejor deseo de que todo esto no haya pasado de una mala imagen y comunicación y que en los próximos años encontremos que el político implicado es una persona honesta y que simplemente estuvo en el lugar menos indicado y que no corresponde a un hecho delictuoso”, concluyó.

Juan Sheput: Gana Perú blindó a Chehade con el respaldo de Ollanta Humala

Ideeleradio.- La bancada de Gana Perú blindó al legislador Omar Chehade y lo libró de la acusación constitucional por presunto patrocinio ilegal con el respaldo del presidente de la República, Ollanta Humala, sostuvo Juan Sheput, ex ministro y dirigente de Perú Posible.

“Me pregunto en voz alta por qué el Congreso y estas bancadas asumen un costo político tan alto y actúan de espaldas a un 80% de la población que quería sanción [para Chehade]. Porque simplemente no está exonerado el presidente de la República [Ollanta Humala] sobre esto. Es imposible y lo subrayo que la bancada de Gana Perú actúe de espaldas a una orden del presidente”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No [no es que Chehade tiene peso en Gana Perú], por supuesto que es algo que tiene el respaldo de Ollanta Humala, lo que pasa es que la hipocresía generalizada o el silencio complaciente o los intelectuales mudos no quieren sacudir al país de algo que es evidente y esa evidencia es que se ha abandonado por completo la lucha anticorrupción”, anotó.

Comentó, además, que en el marco del análisis político, si la Comisión Permanente hubiera aprobado la acusación constitucional contra Chehade Moya, la popularidad de Humala Tasso hubiera llegado a la de 70% o 75% y la del Congreso a 30% o 35%.

Podríamos llegar a una mexicanización del país

Sheput Moore dijo, en ese sentido, que Ollanta Humala debe emitir un pronunciamiento público si es que está en desacuerdo con la decisión de la Comisión Permanente y no optar por el silencio. Advirtió, además, que se corre el riesgo de una “mexicanización” del país, debido a la falta de definición oportuna y la debilidad de las instituciones.

“Entonces cuando yo veo, y eso indigna, que Oscar Valdés se pone de costado y dice que el Poder Legislativo haga lo que quiera, la señora Nadine [Heredia] diga que no hay ningún tipo de injerencia y el Presidente se niega a declarar, pues simplemente todo esto se une a la ola de indignación pues no hay pronunciamientos firmes respecto a hechos tan contundentes”, lamentó.

“Y se comete el error de decir es un gobierno que se inicia, ¿qué queremos?, que en tres años estemos como México por no hablar en el momento que se tiene que hablar. […] Estamos en un sistema político absolutamente deteriorado, el Perú no va a ser desarrollado para el 2050 ni el 2021, estamos yendo a una mexicanización así sin instituciones”, puntualizó.

¿Para qué hay alianza si AP y SP hacen lo que quieren?

Sheput Moore calificó, en otro momento, de decepcionante el rol de su agrupación política y la alianza que conforman con Acción Popular y Somos Perú, cuyos congresistas –dijo– “hacen lo que quieren”, al referirse al blindaje al segundo vicepresidente Omar Chehade.

“En primer lugar, es decepcionante para mí como militante de Perú Posible que un tema tan importante no haya sido tratado en una comisión política, para que de esa manera la bancada se comporte en función de lo que decide el partido. Estamos en una alianza parlamentaria en la cual Somos Perú, plantea lo que quiere y hace lo que quiere, Acción Popular igualmente, y Perú Posible va por su lado, entonces yo me preguntó en voz alta, ¿Para qué existe una alianza, si cada uno hace lo que quiere?”, enfatizó.

“Fernando Andrade ya desde hace días ya había indicado que iba a votar a favor del archivamiento, la gente de Acción Popular estaba absolutamente con ambigüedades, hemos visto que Víctor Andrés García Belaunde votó en un sentido y Manuel Merino de Lama en otro sentido. Y por parte de Perú Posible, Renán Espinoza que pues votó en contra, entonces, yo me preguntó: ¿las alianzas hoy en día en el Perú son eminentemente burocráticas para lograr mejores posiciones en el Congreso, en cuánto a curul y oficinas o son alianzas políticas?”, argumentó.

Las alianzas se revisan

El exministro aseveró que la imagen del partido que lidera Alejandro Toledo se deterioró con la actitud de las agrupaciones que integran el acuerdo parlamentario: Acción Popular y Somos Perú. Opinó que las alianzas tienen que revisarse y que esa es una cuestión que planteará en la Comisión Política de Perú Posible.

“Yo creo que las alianzas se revisan, yo estoy esperando que haya una comisión política porque acá ha habido un grave deterioro de la imagen de Perú Posible, la percepción ciudadana no es que Acción Popular o Somos Perú han blindado a Omar Chehade, sino que Perú Posible y Alejandro Toledo, y eso tiene que ser resuelto. Es más, el daño ya está hecho, […] cuando se diga que se blindó a un individuo acusado de corrupción, se dirá que esto se logró con la ayuda de Perú Posible, por lo que esto tiene que ser discutido en una comisión política”, recalcó.

Finalmente, Sheput Moore reconoció que el blindaje al segundo vicepresidente es el resultado final de un proceso de negociaciones en el que ha estado involucrado su propio partido.

“Yo creo que ese es el final anunciado de un proceso de negociaciones políticas –en el cual lamentablemente ha estado involucrado mi partido político (Perú Posible) – que tenía por objeto desde un principio el blindar a Omar Chehade”, puntualizó.

“Es por eso que el Congreso se convierte pues en un escenario en el cual hay 130 individualidades, no hay compromisos políticos, cada uno actúa en función de sus intereses personales, inclusive la cercanía de Perú Posible o de la alianza parlamentaria con Gana Perú no esta función de que hacemos en un sector que objetivos tenemos, que reformas impulsamos, si no que está en función de la coyuntura y de los intereses personales”, concluyó.

Ernesto Álvarez: Si un partido pierde su registro por ser antidemocrático es obvio que tampoco puede inscribirse

Ideeleradio.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está obligado a realizar una labor de interpretación de la norma porque si un partido pierde su registro porque su sistema ideológico quiebra el compromiso con la democracia y la Constitución es obvio que tampoco puede inscribirse si su naturaleza es antidemocrática, sostuvo el presidente del Tribunal Constitucional (TC).

Fue al ser consultado por la solicitud de inscripción del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

“El tema es que el JNE tiene el instrumento, pero para ello está obligado a realizar una labor de interpretación por cuanto la norma básicamente establece que los partidos políticos pierden la inscripción cuando tienen vinculación o quiebran en sus sistemas ideológicos el compromiso con la democracia y la Constitución, y esto está sujeto a un trámite”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Indicó, en ese sentido, que un juez electoral, constitucional u ordinario debe tomar en cuenta de que si una organización política pierde su inscripción con determinada circunstancia es obvio que no puede inscribirse si esa situación se presenta al momento de pedir su inclusión en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“Para no ser tan directo, por cuanto a la larga después de la sentencia de la suprema, podría llegar al Tribunal con amparo contra resolución judicial, en principio, yo diría [que] cualquier juez electoral, constitucional u ordinario tiene que encontrar que si con determinada presunción un partido político puede perder la inscripción deben de tratarse de que este es un impedimento para su inscripción”, argumento.

“[Es decir] si pierde su inscripción con determinada circunstancia es obvio que con esa situación no puede inscribirse, no puede ingresar a un sistema, una organización que de plano ya está incumpliendo y ya está incurriendo en causal para su eliminación del sistema”, acotó.

Estado y partidos no establecieron mecanismos de defensa

En otro momento, cuestionó el rol del Estado, de la opinión pública, de gran parte de los medios y de la clase política e intelectual porque no se establecieron los respectivos mecanismos de defensa cuando en los noventa los miembros de Sendero Luminoso (SL), que eran procesados, hablaron de formar un partido político.

“En principio, desde los años noventa sabíamos que en algún momento iban a tratar de formar partidos políticos, hubo un debate incluso de si Sendero Luminoso era o no un partido político, y algunos de sus integrantes procesados hablaron en su momento de formar un partido político; sin embargo, el Estado para variar no hizo nada al respecto, no se preparó no hubo un proyecto de ley, no se articuló un mecanismo de defensa y eso ha venido pasando casi siempre en el Perú”, remarcó.

“Nuestra clase política, la opinión pública y gran parte de los medios viven en la coyuntura, pero jamás tratan y ni siquiera intentan proyectarse a las necesidades mediatas, allí hay una autocrítica a todo el sistema de partidos y a toda la clase intelectual en el país, porque no ha sido posible prepararse”, puntualizó.