miércoles, 5 de diciembre de 2012

Lama: Ministro Castilla podría ser sometido a antejuicio por no acatar fallo del TC

Ideeleradio.- Los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se exponen a ser multados o destituidos, y en el caso del ministro Luis Miguel Castilla a un procedimiento de antejuicio ante el Congreso por no respetar la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que dispone la homologación de sueldos para los magistrados superiores, opinó Héctor Lama More, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“[¿A qué se expone el ministro de Economía o sus funcionarios sino se cumple con la sentencia del TC?] El Código Procesal Constitucional establece opciones. El Artículo 22 señala que el juez está habilitado para imponer multas económicas a la parte demandada que incumple las decisiones judiciales, puede ser una persona particular o puede ser un funcionario”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este caso es un funcionario, podría ser multa o destitución, el juez es el que en cada caso va a decidir, eventualmente podría ser la destitución. Obviamente, que el ministro tiene una prerrogativa de antejuicio, no podría ser [un pedido directo de destitución] respecto al ministro, pero sí respecto a otros funcionarios que tengan la obligación de atender el pedido”, anotó.

Un procedimiento de antejuicio
Inicio El magistrado precisó que el ministro Luis Miguel Castilla podría ser sometido en el Congreso de la República a un procedimiento de antejuicio, que podría ser solicitado por un juez. El magistrado enfatizó en que es el Ejecutivo, a través del presidente de la República, el que debería autorizar el cumplimiento de esta resolución del TC.

“[¿En el caso del ministro de Economía como se procedería si no se llega a un acuerdo?] Eventualmente, tendría que ir a un antejuicio, o sea ir al Congreso y el Congreso tendría que decidir porque se trata de un alto funcionario [del Ejecutivo]”, manifestó.

“[¿O sea se está exponiendo el ministro de Economía?] Lo que pasa es que el artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Estado señala que el presidente de la República debe cumplir las sentencias y debe hacerlas cumplir. Sin duda, es una norma constitucional clara, precisa, que traslada la obligación al Ejecutivo, personificado en el presidente de la República. Entonces, el Ejecutivo está obligado a dar cumplimiento a la sentencia judicial. Los apercibimientos no los inventa el juez, tampoco los inventa el Poder Judicial, están en la ley y la ley es promulgada por el Congreso, esa es la realidad”, concluyó.