jueves, 20 de diciembre de 2012

IDL: TC se puso de costado y evitó dictar medidas en caso de detención arbitraria de activistas de DD.HH

Ideeleradio.- El Tribunal Constitucional (TC) se puso de costado y evitó dictar medidas correctivas o exhortos al Gobierno en el caso de las detenciones arbitrarias e ilegales de activistas de derechos humanos, sostuvo Juan Carlos Ruiz, integrante del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar la resolución de este organismo que declara improcedente el hábeas corpus innovativo que se interpuso para solicitar que se reconozca la ilegalidad de la detención de los representantes de la Vicaría de Sicuani, Jaime Cesar Borda Pari y Romualdo Ttito Pinto.

“Estamos muy preocupados por esta sentencia del TC. En este caso [el de la Vicaría], llegó al Tribunal, era una oportunidad para que el TC ponga coto, ponga freno estas detenciones arbitrarias e ilegales y, sin embargo, lo que ha ocurrido ayer es que nos han notificado una sentencia donde el Tribunal un poco que se ha puesto de costado”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Como se recuerda, Borda Pari y Ttito Pinto, junto con Sergio Huamaní, vicepresidente del Frente Único de los Intereses de Espinar (FUDIE), fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía en los exteriores del campamento minero Tintaya Marquiri y Antapacay, luego de acudir al llamado del fiscal Héctor Herrera.

Planteamos un hábeas corpus innovativo
Inicio Explicó que el IDL presentó dos hábeas corpus, uno que exigía la inmediata liberación de Borda Pari y Titto Pinto, que fue amparado judicialmente, y otro que planteaba que se reconozca la arbitrariedad e ilegalidad de su privación de la libertad porque no hubo orden de detención, no existió una situación de flagrancia y no estaba vigente el estado de emergencia.

“En el caso de la Vicaría de Sicuani, nosotros interpusimos dos hábeas corpus, uno que era reparador porque era evidente, y después el juez de Cusco lo reconoció, que no hubo ni orden judicial ni flagrancia al momento de la detención de los trabajadores de la Vicaría”, aseveró.

“Y también exigimos la aplicación del hábeas corpus innovativo, que establece que en casos de que ya fueron liberados, en virtud de este hábeas corpus el juez ordena una serie de medidas para que estos hechos de detención arbitraria no vuelvan a ocurrir, [pero el TC no se ha pronunciado]”, apuntó.

El letrado lamentó, en ese sentido, que el TC haya evitado pronunciarse en torno a los planteamientos del IDL, entre los que se solicitaba que se exhorte al Poder Ejecutivo a no manipular las fechas del estado de emergencia.

“Nosotros le dijimos al Tribunal que [si bien] ya estaban libres, que sí procedía el hábeas corpus innovativo. Aquí el 28 de mayo fueron detenidos los trabajadores de la Vicaría y el 31 de mayo salió el presidente de la República [Ollanta Humala] a decir que fue una detención legal”, relató.

“Entonces, lo que le pedimos al Tribunal era que reconozca que fue una detención arbitraria e ilegal, que exhorte al Ejecutivo a no manipular las fecha del estado de emergencia, ese es un grave problema que ha habido en este caso, el decreto supremo sale un martes, pero establece que entra en vigencia desde el día anterior”, dijo.

Criminalización contra activistas
Inicio Denunció, finalmente, que lo está ocurriendo en el país una criminalización en contra de activistas de derechos humanos, al recordar el caso del exsacerdote Marco Arana, quien fue detenido ilegalmente en Cajamarca, bajo las mismas circunstancias.

“De un tiempo a esta parte está ocurriendo lo que se llama la criminalización de activistas de derechos humanos, primero fueron los trabajadores de la Vicaría de Sicuani, luego fue el padre Marco Arana, luego fue Jorge Chávez, el periodista en Celendín. El denominador común en todos ellos son activistas de derechos humanos que son detenidos sin orden de detención, sin estar en una situación de flagrancia, y sin estar en vigencia el estado de emergencia”, refirió.

“Por ejemplo, en el caso de Marco Arana, la sala de Cajamarca ordenó a la Policía y al Ministerio Público que no vuelva a cometer estos actos, curso oficios al fiscal porque había indicios de delito, exhortó a las autoridades a evaluar el momento de proceder la detención”, concluyó