viernes, 21 de diciembre de 2012

IDL analizó paquete de decretos legislativos en Defensa e Interior

El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha efectuado un análisis de los 26 decretos legislativos emitidos entre el 7 y 10 de diciembre pasados por el gobierno del presidente Ollanta Humala, que norman aspectos que involucran a los sectores Defensa e Interior. La aprobación de estos dispositivos se inició en setiembre de 2012, cuando el Congreso -incumpliendo requisitos formales- delegó al Ejecutivo amplias facultades para legislar sobre los referidos portafolios.

El IDL pretende generar un mayor debate en torno a este paquete legislativo, pues considera que lo correcto, en una sociedad democrática, hubiera sido someter este conjunto de normas a una discusión previa a su aprobación, pues afecta aspectos centrales de la vida nacional. Por ello, la primera conclusión del informe señala que los decretos legislativos generan significativos riesgos pues imponen una relación distinta de poder con los militares y establecen normas poco trascendentes respecto a la seguridad ciudadana.

En el ámbito de Defensa, se establecen varios retrocesos que tienen que ver con el sobredimensionamiento del Sistema de inteligencia y sus nuevas y múltiples atribuciones, lo que lleva a recordar la oscura década de los 90 que vivió el sector. Asimismo, con el Decreto legislativo Nº 1129, se intenta implantar un absoluto “secretismo” en temas de seguridad y defensa, violando frontalmente los derechos constitucionales de acceso a la información pública, así como las libertades de prensa y de información.

Otra conclusión de este informe es que con este paquete legislativo se busca, de manera asolapada, regresar al Servicio Militar Obligatorio que fue escenario de prácticas discriminatorias, reclutamientos forzosos, y violaciones de derechos humanos. Por otro lado, si bien el Ejecutivo señaló que no legislaría en materia de seguridad ciudadana, es evidente que con los decretos legislativos sí se tendrá incidencia en esa materia. El IDL cree que, tanto para el reforzamiento de la institución policial como para la lucha contra la inseguridad, la creación de más leyes no representa una solución.

Cabe señalar también que, reforzar a la Policía Nacional es igual a reforzar a uno de los actores encargados de combatir parte del problema de la inseguridad. Es una condición necesaria, pero no suficiente para contrarrestar efectivamente los avances de dicho problema.

Por último, el IDL invoca al Congreso a realizar el control parlamentario de los decretos legislativos, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento del Congreso y teniendo como base la Constitución y los tratados de derechos humanos. No hacerlo supondría una renuncia y la abdicación de su función constitucional principal, que se sumaría a la primera abdicación cuando delegó facultades al Gobierno. Puede leer el informe completo en el siguiente enlace: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc20122012-133205.pdf