miércoles, 19 de diciembre de 2012

García Sayán critica que funcionarios desconozcan ordenamiento internacional en caso Barreto

Ideeleradio.- El conocimiento por parte de los funcionarios públicos de que el Estado está obligado a investigar y sancionar una denuncia por violación de derechos humanos debe ser una tarea nacional y esta materia tiene que ser incorporada en el Plan Nacional de Derechos Humanos, afirmó el exministro de Justicia, Diego García Sayán.

Fue al comentar la demora de dos años por parte de la Fiscalía en formalizar su acusación contra el exintegrante del grupo Colina, Santiago Martin Rivas, y de uno de sus presuntos cómplices José Alarcón González, ambos procesados por el secuestro, tortura y asesinato de la agente de Inteligencia, Mariela Barreto.

“Hay dentro de las tareas nacionales, que ojalá se incorpore eso en el Plan Nacional de Derechos Humanos, una tarea esencial en lo que es la formación de los funcionarios y la responsabilidad que ellos tienen que tener [respecto a las obligaciones internacionales]”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Una tarea de que] la necesidad que en todas las normas internas para el ingreso a la función pública, para las promociones y los ascensos el verdadero conocimiento y compromiso con las obligaciones internacionales sea casi el ABC del trabajo de un funcionario porque cuando eso se omite, se genera una tremenda responsabilidad para el Estado, pese a que el Gobierno pudiera tener la mejor buena voluntad de cumplir esas obligaciones”, refirió.

Jurisprudencia no está en conciencia de los funcionarios
Inicio El exministro criticó, en ese sentido, que este tipo de jurisprudencia no se haya enraizado en la conciencia de los funcionarios públicos que –según dijo– están obligados a guiarse por el ordenamiento internacional y la Constitución.

 
“El Tribunal Constitucional desde hace más de 5 años viene repitiendo una jurisprudencia que lamentablemente no ha enraizado en el conocimiento y en la conciencia de los funcionarios públicos que todos los funcionarios sin excepción que están obligados a actuar guiándose por el ordenamiento internacional y, por supuesto, por la Constitución”, afirmó.

Obligaciones son vistas como asuntos que solo competen a Cancillería
Inicio Al respecto, cuestionó que los funcionarios públicos consideren que las obligaciones internacionales son asuntos que sólo competen a la Cancillería y al Gobierno. Indicó que esta situación no sólo se da en el Perú, sino también en otros países.

“Hay una cosa que va más allá de cualquier caso que es una obligación internacional que cuando haya una denuncia de una violación de derechos humanos, el Estado está obligado a investigar y si fuera el caso a sancionar. Indudablemente, cuando el Estado no lo hiciera eso entraña una responsabilidad internacional para el Estado y perfectamente el Estado tiene todo el derecho de repetir –como se dice en lenguaje jurídico– contra el funcionario que ha llevado que el Estado incumpla con su responsabilidad”, finalizó.