martes, 20 de noviembre de 2012

Defensoría: Autoridades máximas del PJ deben remarcar que detención es la última ratio

Ideeleradio.- Las máximas autoridades del Poder Judicial (PJ) deben remarcar claramente ante los magistrados del país que se tienen que evaluar mejor los casos y pensar en la situación penitenciaria, antes de decidir si una persona deber ir o no a prisión, afirmó Percy Castillo, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

Fue al ser consultado por el camino que debería seguir los planteamientos de los candidatos a la Presidencia del Poder Judicial (PJ) en relación a la detención preventiva, como medida excepcional.

“Los planteamientos deberían basarse en señalamientos claros a todos los magistrados del país. Es cierto que cada magistrado tiene independencia en su criterio, pero también debe haber ideas claras por parte de sus autoridades máximas podría ayudar a que los jueces de todas las instancias puedan evaluar mejor los casos, pensar la situación del sistema penitenciario, tomarla en cuenta antes de decidir si efectivamente una persona debe ir a un penal”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La detención debe ser la última ratio, eso lo dice la ley, los tratados internacionales, pero es necesario que esta idea se encarrile con más fuerza en los jueces […] La relación de cómo debe enfocar el tema del Poder Judicial, sí es realmente necesario que se replantee”, acotó.

60% de presos procesados y un 40% sentenciado
Inicio El representante de la Defensoría del Pueblo explicó que a nivel estadístico se puede observar que muchos presos ingresan con mandato de detención a un penal, pero permanecen solo tres meses. Según dijo, se debería evaluar si es necesario aplicar algún tipo de pena alternativa.

“Esa estadística es ofrecida por el propio INPE. Si en un periodo de seis meses ingresan 4 mil personas, en esos seis meses, la mitad se va a ir. Es decir, ya pasaron tres meses en un penal y se afectaron, una proporción de casi mil, tienen penas de suspensión o reserva del fallo, es decir, tampoco debieron de pasar por el centro penitenciario. Es importante que el Poder Judicial pueda establecer la necesidad en algunos casos de dictar mandatos de detención o la conveniencia de que si es necesario sentenciar o aplicar alguna pena alternativa”, manifestó.

“La relación del sistema penitenciario con el Poder Judicial es sin lugar a dudas importante, es el Poder Judicial el que ordena los mandatos de detención e impone las sentencias. Si se impone muchos mandatos de detención, vamos a tener una mayor cantidad de ingresos a los penales. Existe una relación del 60% de procesados y el 40% de sentenciados”, detalló.

Hay 100 o 150 internos por agente penitenciario
Inicio Por otro lado, al referirse al hacinamiento en los penales del país puntualizó que la capacidad de albergue es de 30 mil, pero señaló que actualmente se cuenta con el doble de internos. Asimismo, informó sobre el escaso número de personal abocado a la atención de los privados de libertad.

“El INPE cuenta con 6 mil trabajadores, de los cuales la mayor proporción se encuentra abocados a tema de seguridad como debe ser, pero una menor proporción que no alcanza a los dos mil trabajadores es la que debe emprender los programas de tratamiento”, subrayó.

“Al sistema penitenciario le falta personal en todo, tiene un déficit de seguridad importante, no alcanza los niveles necesarios para poder cubrir, por ejemplo, los torreones de un establecimiento penitenciario. Hablamos más de 100 o 150 internos, por agente penitenciario cuando las cifras internacionales dicen que por agente penitenciario debería haber veinte […]”, señaló.

Apoyo policial es necesario por falta de agentes
Inicio En este aspecto, consideró que el apoyo policial al INPE es necesario en la medida que actualmente falta personal de seguridad. No obstante, indicó que la presencia policial se ha retirado en casi la mayoría de establecimientos penitenciarios.

“La PNP solo conserva presencia en 10 penales y el más importante que maneja es el penal de Lurigancho. No es lo ideal que el sistema penitenciario mantenga una dualidad de funciones con la PNP, debe pasar todo el sistema penitenciario a manos del INPE; pero en la medida que falte recursos y personal, la PNP deberá cumplir esa labor”, dijo.

Finalmente, mencionó que el último informe defensorial recomendó implementar la carrera especial pública penitenciaria. Sostuvo que ello permitirá mejores condiciones laborales para los trabajadores.

“La carrera constituye un escalafón, la posibilidad de ascender por méritos, no ser cambiados y rotados como ocurre. En este periodo se ha dado el esfuerzo por incrementar el número de agentes, pero todavía es escaso el personal. Debemos estar en la mira que esto continúe y se les dé una capacitación”, concluyó.