lunes, 26 de noviembre de 2012

Arbizu: Valor y fuerza del audio en caso Pastor son contundentes para una investigación

Ideeleradio.- La fuerza del audio del caso Aurelio Pastor, difundido por Cuarto poder, es suficientemente contundente para que una investigación siga su curso y, en algún momento, se formalice una actividad preparatoria, sostuvo el procurador anticorrupción Julio Arbizu, al cuestionar que el exministro aprista señale que la grabación fue ilegalmente obtenida y que no podría ser comprendida en las indagaciones.

Fue al comentar la denuncia periodística que señala que Aurelio Pastor habría ofrecido resolver el pedido de vacancia de la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, a cambio de 50 mil soles, en base sus grandes relaciones en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Corte Suprema.

“[¿No teme el futuro del caso, tras el archivamiento de casos vinculados al Apra en el Ministerio Público?] Nosotros vamos a estar muy atentos a esto y, sin embargo, yo creo que aquí la fuerza de un documento como es el audio propalado [ayer] por la televisión es suficientemente contundente para que la investigación siga su curso y, efectivamente, algún momento se formalice la actividad preparatoria”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Con actos como este lo que se hace es trasmitir un mensaje equivocado a la población y al ciudadano, que siente que para acceder a la justicia se necesita influencias o dinero pervirtiendo el derecho fundamental de acceder a la justicia”, refirió.

Valor de las pruebas fue superado ampliamente
Inicio El representante de la Procuraduría Anticorrupción rechazó, en ese sentido, los argumentos de Pastor Valdivieso y precisó que tanto la justicia peruana como el propio Tribunal Constitucional (TC) se han pronunciado sobre la constitucionalidad de ese tipo de pruebas.

“Eso ya ha sido superado ampliamente, si fuera de otro modo, del modo que dice Pastor ninguno de los vladivideos que sirvieron para imputar responsabilidades penales a sujetos relacionados con la mafia que asaltó el poder en los noventa podría haber sido procesado”, aclaró.

“Lo que aquí hay son dos personas que conversan y uno de ellas graba la conversación propia. Sobre la constitucionalidad de esa prueba se ha pronunciado tanto la justicia peruana como el propio Tribunal Constitucional […] Estamos esperando el audio que hemos solicitado y en el transcurso del día se presentará la denuncia”, indicó.

Tema de inmunidad se verá posteriormente
Inicio El abogado del Estado opinó que el hecho de que el excongresista Aurelio Pastor haya sido un funcionario público da cuenta de que es posible que pueda ejercer cierta influencia. Insistió, en señalar que no es necesario que sea un funcionario público.

“El tipo [penal] es abierto, no está dirigido únicamente a funcionario público. Aquí lo que está ocurriendo es una perversión, una distorsión del derecho de acceso a la justicia como detrás de cada acto de corrupción hay vulneración de derechos fundamentales”, subrayó.

“[¿Tendrá que hacerse la denuncia ante la Fiscalía de la Nación porque él fue ministro de Justicia?] Eso tendrá que decidirse, lo que pasa es que esto merece la apertura de una investigación preliminar y esto de la inmunidad se verá posteriormente. Tendría que abrirse una investigación preliminar para efectivamente investigar, analizar estas pruebas que se van a acopiar”, anotó.

Finalmente, recordó que hubo un proyecto de ley en el Congreso de la República para modificar algunos tipos penales relacionados con delitos contra la administración pública, entre ellos, el caso de que las denominadas influencias fueran simuladas.

“[¿Jorge del Castillo presentó un proyecto en el que se señalaba que las influencias tendrían que materializarse en el acto?] Lo recuerdo perfectamente porque [yo] era asesor del Congreso donde se rechazaba la figura del ‘vendedor de humo’, pero ese proyecto no prosperó y sí el agravamiento de las penas, que antes era la pena para el delito de tráfico de influencias hasta cuatro años, y hoy es de hasta seis años y cuando se es funcionario público hasta ocho años”, concluyó.