lunes, 10 de septiembre de 2012

Estiman que en dos meses habrían resultados de labores de monitoreo ambiental en Espinar

Ideeleradio.- En un par de meses tendremos ya resultados concretos respecto al monitoreo ambiental sobre la actividad minera en Espinar, consideró la congresista cusqueña Verónika Mendoza, al señalar que el recojo de muestras y su análisis estaría concluyendo en tres semanas.

Fue al comentar el inicio del monitoreo ambiental participativo para establecer si la actividad minera que desarrolla la empresa Xstrata Tintaya en la provincia cusqueña de Espinar es contaminante.

“[¿No sé sabe en qué plazo terminará este proceso de monitoreo?] El recojo de muestras y su análisis estaría concluyendo en tres semanas y el análisis integral de todo esto, eso como está definido, no sé pero me imagino que en un par de meses tendríamos ya resultados concretos. Luego habrá que ver un cronograma de implementación de medidas correctivas y de mitigación”, informó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

”El Ministerio de Salud hablaba de la necesidad de adquirir filtros para el agua potable y de consumo humano, temporalmente se han adoptado algunas medidas de urgencia como el aprovisionamiento de forraje para las zonas donde los pastos que se han visto afectados por el tema de la contaminación, lo cual está incidiendo en la mortandad de animales y luego se van a requerir estrategias más a largo plazo”, añadió.

Contaminación debe dilucidarse a nivel técnico
La congresista cusqueña dijo, igualmente, que lo más importante es determinar cuál es la fuente de contaminación y si esta deriva de la actividad minera. Mencionó, del mismo modo, que el Estado tendrá que definir cuáles son las medidas de mitigación y las sanciones correspondientes.

“Evidentemente, hay un nivel de contaminación natural como lo hay en toda la zona, pero está pendiente absolver si la actividad minera está generando un nivel de contaminación. La población de Espinar está completamente convencida de ello, pero evidentemente se requiere dilucidar este tema a nivel técnico y determinarse que la actividad minera está teniendo un impacto negativo en el ambiente”, explicó.

“El Estado tendrá que definir cuáles son las medidas de mitigación correspondiente y eventualmente las sanciones correspondientes y la propia empresa tendrá que hacer las correcciones necesarias para que esto no se siga produciendo. Eso digamos en el plazo más inmediato y poder así evitar algo que está ocurriendo días y semanas recientes, que ha habido una mortandad elevada de animales que ha preocupado mucho a la población y que ellos refieren que tiene que ver con la contaminación que derivaría de la actividad minera”, agregó.

Resulta insuficiente la creación del Senace
Por otro lado, se refirió a la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y dijo que más allá de la voluntad política de lo que se propone, resulta insuficiente.

Criticó que en lugar de fortalecer como ente rector al Ministerio del Ambiente para la certificación, se cree un consejo directivo incorporando a otros ministerios. “Es curioso que secunde al Ministerio del Ambiente, el ministerio de Economía, que no sé qué sabe de certificación. Lo más preocupante resulta el artículo que establece que, a pedido del sector, se pueda exceptuar proyectos”, comentó.

“Tal y como esté redactado la norma, deja abierta la posibilidad de que se exonere de este mecanismo de certificación ambiental cualquier proyecto. Cuando se deja todo a discrecionalidad de los sectores competentes, se abre las puertas a una serie de evasiones en este caso de la certificación ambiental”, acotó.

Una institucionalidad ambiental
Sin embargo, reveló que este proyecto de ley que propone la creación del Senace, tendrá que pasar por el Congreso y va a tener que analizarse a la luz del dictamen emitido por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que ha tratado ampliamente este tema.

“Durante todo el año, hemos tenido un largo proceso de discusión sobre certificación ambiental y la Comisión de Pueblos Indígenas aprobó un dictamen que está pendiente de discusión en el Pleno y que se acumulará con el proyecto de ley del Ejecutivo por el cual el dictamen nuestro de la Comisión de Pueblos Indígenas establecía que la certificación ambiental estaba netamente en manos del Ministerio del Ambiente”, declaró.

“Incorporamos una serie de elementos que no están en el proyecto [del Ejecutivo] de que se pida opinión técnica a los gobiernos regionales. En el proyecto no hay ningún viso de descentralización. Eso sí es algo que se tendrá que discutir. No se establece [tampoco] un margen de plazo y todo queda sujeto a la voluntad política del Gobierno”, argumentó.

Finalmente, consideró que si bien es un avance la creación de dicha institución, se revela que la presión de la sociedad civil está logrando que se hagan reformas respecto a la institucionalidad ambiental. En este sentido, dijo que espera que la experiencia de Espinar permita recoger propuestas que terminen siendo políticas de Estado. “Hemos pasado de un gobierno que decía no podemos hablar ni tocar los estudios de impacto ambiental, que los trataba como sacrosantos”, remarcó.



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