martes, 4 de septiembre de 2012

Defensoría: Ley del negacionismo podría afectar libertad de expresión si no se es riguroso

Ideeleradio.- El proyecto de ley del negacionismo, que busca sancionar a quien niegue, minimice o apruebe los actos terroristas ocurridos en el país, podría afectar la libertad de prensa y expresión si es que no se toma en cuenta los límites y la rigurosidad que exige el derecho penal, afirmó el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

“En relación con la norma concreta [el proyecto de ley del negacionismo], estamos en un estudio preliminar de la norma, y sin duda lo que vemos es que ya hay alguna similitud con lo que es el artículo 6 de la Ley de Terrorismo, que penaliza todo lo que puede ser la incitación y la apología. Diría que hay eso y que sin duda hay que tener en cuenta que se podría afectar de alguna manera la libertad de prensa y expresión en general, si es que no se toman en cuenta los límites y la rigurosidad que a veces exige en el derecho penal”, comentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“A mí me preocupan principalmente esas cosas, vamos a seguir en el análisis. Sin duda hemos estado muy atentos al debate, a los artículos que se han escrito y vemos que la norma no tiene –digamos– todavía el consenso que se requiere en normas de este tipo”, agregó.

Estado debe poner las barbas en remojo
Inicio El representante de la Defensoría del Pueblo pidió, además, que no se pierda de vista el crecimiento del terrorismo y sus grupos de fachada, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Consideró que el Estado Peruano debe poner “las barbas en remojo” y realizar una acción conjunta para poder enfrentar el tema.

“Quienes conocemos la universidad y hemos visto cómo el magisterio se ha expresado en este último tiempo o la posibilidad de que el Movadef se inscriba como grupo político, vemos que en este último tiempo, lamentablemente, Sendero Luminoso, su ideología, y sus grupos de fachada han crecido en el país y el Estado Peruano tiene que poner las ‘barbas en remojo’ y decidir una acción conjunta, Estado y sociedad, que pueda enfrentar esta situación. […] Este es un tema político, social, cultural que va más allá de normas concretas. Las normas penales siempre van a ser de última ratio”, declaró.

Vega Luna dijo que es necesario enfrentar el terrorismo y abordarlo en toda su magnitud. Además, cuestionó el crecimiento de estos grupos al interior de las universidades.

“Si tenemos que enfrentar el terrorismo y todas sus variantes y crecimiento en el país, hay que acordar y abordarlo en toda su magnitud. Mi llamado a las universidades, a los rectores. ¿Qué se está haciendo para que sea el lugar donde crecen estos grupos o en el magisterio mismo? Lamentablemente, hay que decirlo con claridad, yo diría para mí hay un primer elemento que estamos evitando en el debate y que estamos pasando sin una reflexión y sin una acción mucho más concreta y certera”, argumentó.

Defensoría envió un informe a la Corte
Inicio Reiteró, asimismo, que la sentencia emitida a favor del grupo Colina se apartó del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2001 por el caso Barrios Altos. Recordó que se preparó un informe defensorial y que lo hizo llegar ante la magistrada que revisa la acción de amparo en este caso, y que este mismo ha sido remitido al Sistema Interamericano.

“La Defensoría en este tipo de situaciones actúa como un amigo de la Corte, haciendo llegar sus argumentos, sus fundamentos y pidiendo a las autoridades judiciales nacionales y de la Corte que puedan evaluarlos y tomarlos en cuenta al momento de servir como argumentación”, aseveró. En este aspecto, afirmó que si hay un pronunciamiento de este organismo supranacional respecto a la sentencia será en los términos de que no se cumplió con su mandato y no porque no se defendió bien ante dicho organismo.

“No olvidemos que esta es una audiencia de supervisión para ver el cumplimiento ya de la sentencia que había emitido la Corte años atrás. Sin duda esto va a ser importante ver cómo va a resolver la Corte y qué medidas y recomendaciones va a tomar si el Estado está cumpliendo o no. Pero, efectivamente, este tema que está pendiente en la justicia peruana va a tener que evaluarlo y sopesarlo”, subrayó.

Población es la principal interesada en denunciar filtraciones
Inicio En otro momento, pidió al Estado estar alertas y reducir al máximo las filtraciones dentro de los programas sociales. En este aspecto, consideró que se debe contar con la propia participación de la población, que es la principal interesada en saber quiénes no deberían recibir este beneficio.

“Hay que escuchar a la población, las maneras de enterarnos de estas denuncias y filtraciones justamente ha sido por quejas de los propios usuarios. Luego implementar también labores de monitoreo que permitan estar permanentemente actualizados”, refirió.

Precisó, finalmente, que hay una posibilidad que no se debe descartar y estudiar y es que se haga una mayor publicidad respecto a los padrones de los beneficiarios. Acotó que el hecho de que la prensa haya conocido los padrones ha permitido que se detecten estas filtraciones.

“Siempre va a haber lamentablemente estar personas que van a querer filtrarse, aprovecharse de estos programas lo cual lo desnaturaliza a los programas que sin duda hay que afianzarlos para poder evitar reducir al máximo este tipo de situaciones”, concluyó.

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