martes, 24 de julio de 2012

Peláez: Fallo errado de Villa Stein no le facilita posibilidad de indulto a Fujimori

Ideeleradio.- La sentencia de la Sala Penal Permanente, que preside Javier Villa Stein y que contiene errores y concepciones equivocadas, no facilita la posibilidad de un eventual indulto al expresidente Alberto Fujimori ni afecta la sentencia de 25 años que se le impuso en el caso Barrios Altos, La Cantuta y sótanos del SIE, afirmó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

“[¿Se le podría hacer más fácil la posibilidad del indulto al quitársele el tema de lesa humanidad?] El delito de homicidio agravado también tiene impedimento para concederse el indulto, con la legislación vigente no podría. Tendría que modificarse la ley de indultos para excluir esa prohibición expresa que existe sobre la no concesión por delito de homicidio agravado”, puntualizó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El magistrado dijo, en ese sentido, que no tiene ningún asidero el planteamiento que desliza la defensa de Alberto Fujimori ni los congresistas de Fuerza 2011, quienes señalan que no se puede sancionar a alguien por autoría mediata, si es que en otro fallo se menciona que –supuestamente– no hubo una acusación por asociación ilícita y que no se configura un delito de lesa humanidad.

“La consideración que tuvo la sala para encuadrar el hecho dentro del delito de lesa humanidad no contribuyó de ninguna manera a incrementar la pena. […] No tiene ningún asidero [que se diga que el fallo afecta la sentencia contra Fujimori porque], tampoco se mencionó asociación ilícita para delinquir porque ahí se habló de autoría mediata por dominio del hecho a través de un aparato de poder, que era el destacamento Colina y toda la organización que venía desde la cúspide del poder”, manifestó.

“[…] La pena que impuso la sala presidida por el doctor San Martín fue la pena por el delito de homicidio calificado, esto es 25 años. De manera que el marco o el sombrero definitorio conforme lo establece la Corte Interamericana y todos los tratados internacionales, es que la definición de estas violaciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas se enmarcan dentro de lo de lesa humanidad, pero eso no incrementó la pena que fue solicitada”, añadió.

Recordó que el Ministerio Público pidió 30 años y que como los hechos se habían configurado entre 1992 y 1993, la pena que decidió aplicar el tribunal que presidió el magistrado César San Martín fue de 25 años por el delito de homicidio agravado.
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