jueves, 19 de julio de 2012

García Sayán: Es legítimo que se cobre reparaciones a condenados por corrupción y terrorismo

Ideeleradio.- El cobro de las reparaciones no debe quedar como un saludo a la bandera o como un ritual, y el Gobierno está en su legítimo derecho de darle un seguimiento y de exigir este pago a los condenados por corrupción, por terrorismo o por cualquier otro delito, afirmó el exministro de Justicia Diego García Sayán.

Fue al ser consultado por la viabilidad de las medidas anunciadas por el ministro Juan Jiménez Mayor, quien dijo que se aplicará el embargo y la ‘muerte civil’ a los terroristas que en los próximos meses cumplan sus condenas y no hayan formalizado el pago de la reparación civil.

“Lo que la Constitución y las normas internacionales no permite es la prisión por deudas y eso vale para todos los delitos. Sin embargo, me parece muy legítima la posición del Estado de que esta reparación civil no sea un saludo a la bandera, de que quede en las sentencias casi como un ritual sea cual sea el delito, y que el Estado después no le dé seguimiento a ello”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] No es un asunto que se está inventando ahora, que ha puesto el Gobierno en la agenda, sino que las sentencias que se dictaron hace años, todas incluyen una reparación civil que le corresponde al propio Poder Judicial ejecutar, que esto haya demorado es otro asunto”, argumentó.

El exministro coincidió, en ese sentido, con las declaraciones del presidente del Poder Judicial, César San Martín, en relación a que si se comete algún error respecto a las incautaciones, existen todos los recursos impugnatorios disponibles para corregir algún error.

“[¿El que no se haya hecho cobrado las reparaciones con anterioridad no significa que así tiene que ser? En absoluto y por supuesto si en algún caso en ese proceso de incautaciones se comete un error –como lo ha dicho el propio presidente del Poder Judicial– hay todos los recursos impugnatorios disponibles para que se corrija el error, eso es una cosa natural”, anotó.

No obstante, aclaró que la Constitución y las normas internacionales no permiten la prisión por deudas. Argumentó que, por ende, a nadie se le prolongar su detención por no pagar la reparación civil y que eso vale para todos los delitos.

“[El cobro es legítimo] no tanto por la cantidad de dinero que el Estado pueda captar a través de ellos, sino porque es parte de la pena. Entonces, esto evidentemente es un asunto complicado porque se trata de personas que realmente no tienen dinero para poder pagar esa reparación de manera que ejecutarla es difícil”, explicó.

Por otro lado, opinó sobre las declaraciones de un sector fujimorista que pide que se les cobre también a los terroristas por reparación civil. Admitió, que en algunos casos es complicado hacer los requerimientos de pago por este concepto porque los procesados transfieren sus bienes a terceros.

“Y en otros casos, más que todos en los casos de corrupción, las personas que han ido a lo largo del proceso, fueron transfiriendo sus bienes a terceras personas de manera que la incautación se hace, a veces, difícil y compleja y que tendría que en cada caso demostrarse que hubo una transferencia de mala fe para ocultar bienes propios y ponerlos a nombre de un hijo o familiar”, anotó.
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