viernes, 13 de julio de 2012

Defensoría pide definir responsabilidades en caso de Marco Arana

Ideeleradio.- La investigación de la agresión que sufrió el líder ambientalista Marco Arana en el momento de su detención en la plaza de armas de Cajamarca debe definir las responsabilidades del caso, aseveró Porfirio Barrenechea, comisionado de la Adjuntía de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

Fue al comentar la intervención a Arana Zegarra, el pasado miércoles, ocurrida el primer día de entrada en vigencia del estado de emergencia en tres provincias de este departamento, en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga.

“Desde la Defensoría hemos estado muy preocupados por lo que pasó porque en principio podría ser un exceso de parte de las fuerzas del orden e incluso se ha denunciado maltrato físico al interior de la comisaría. Hay todo un tema que tiene que investigarse y establecerse las responsabilidades”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Así como se dice hay que sancionar y procesar aquellos que realizan desmanes. También hay que tomar en cuenta que cuando hay excesos de parte del Estado, pues, también tienen que ser sancionados”, anotó.

El comisionado calificó de grave el hecho de que las decisiones que se tomen se encuentren encaminadas a agredir a determinadas personas que puedan tener algún tipo de representación. En ese sentido, denunció la situación de desprotección del ciudadano de a pie.

“Si a un personal de la Defensoría se le agrede, si a una persona con mucha exposición mediática reconocida nacionalmente también se le agrede, ¿qué será del campesino de un ciudad o pueblo alejado? […] Es muy grave, en términos de que las decisiones últimamente van por la agresión a determinadas personas que puedan tener alguna representación. Lo más grave es que el ciudadano de a pie puede sentirse aún más desprotegido. Si hay un exceso, maltrato, no pasa nada”, argumentó.

“Y el mensaje que se da al ciudadano es esa sensación de impunidad. Entonces, lo que tiene que existir es una respuesta del Estado que diga esto se va a investigar, que esto no estaba autorizado; por lo tanto, quienes han cometido ese tipo de excesos serán sancionados, de igual manera del otro lado. Es decir, si alguien toma una carretera, atenta contra la propiedad pública, privada también tiene que asumir la responsabilidad y esa impunidad se viene dando”, indicó.

Finalmente, se refirió a la movilización acatada en Cajamarca durante la declaratoria de estado de emergencia. Refirió que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución del país, pero anotó que no se justifica ningún acto de violencia.

“Dar opinión en relación a una protesta o una decisión de gobierno no corresponde mucho a la Defensoría, pero sí lo que podemos decir es que el derecho de protesta está garantizado por la Constitución Política. En todo caso, no se justifica la violencia en los conflictos y, en esa lógica, si hay un grupo de personas que desean expresar su descontento, su rechazo a una decisión o una autoridad está en todo derecho […]”, recalcó.

“Una precisión en cuanto lo que es el ejercicio de los derechos durante el estado de emergencia. No es que se suspendan los derechos, no es que no existan, sino que la Constitución dice que se restringen y ahí la intervención del Estado va básicamente orientada a la racionalidad y proporcionalidad. Entonces, va a depender mucho si una manifestación genera esa zozobra o no, entonces ahí hay una disquisición que hay que tomar en cuenta”, añadió.

Participación en temas de ordenamiento territorial
Finalmente, consideró que es necesario una mayor apertura y participación de otros sectores sobre lo que el Gobierno tiene previsto en relación al proceso de ordenamiento territorial, y en materia de legislación en lo que respecta al desarrollo de actividades extractivas en el país.

“Justamente, ya lo han expresado los presidentes regionales en términos de ser escuchados porque la problemática específica de una región de repente difiere de otra y ahí es necesario poder tener una mirada mucho más general, más grande de la problemática en el país y mientras más participativa sea una decisión de gobierno en temas ambientales o cualquier tema, seguramente, habrá una mayor legitimidad y ahí la necesidad que estemos todos involucrados”, declaró.

“[Se necesita] que se pueda escuchar la voz del ciudadano de la región o de la zona más alejada del país y también de las propias autoridades para consensuar medidas que permitan recuperar la confianza en la población y a partir de ahí brindarle al ciudadano la posibilidad de que cuando tiene una demanda, una preocupación, confíe en su autoridad y no se llegue a la situaciones de crisis de violencia como hay en los conflictos”, finalizó.
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