miércoles, 11 de julio de 2012

Arana apeló resolución judicial que no reconoce arbitrariedad de su detención

Ideeleradio.- El líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, apeló la resolución judicial del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca que no reconoce la arbitrariedad de la detención de la que fue víctima el pasado cuatro de julio, incidente en el que fue golpeado al ser conducido a la comisaría de Cajamarca, anunció su abogada Mirtha Vásquez.

“[Nosotros] hemos apelado esta primera decisión del juez en el extremo de que se evita reconocer la arbitrariedad de la detención. Necesitamos que se reconozca que hubo una detención arbitraria, que hubo ausencia de una justificación para su detención”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Cuando el juez hace el análisis de los hechos básicamente reconoce que no existía flagrancia, que no existía una orden judicial, pero simplemente se pronuncia diciendo la detención fue desproporcionada cuando no había ninguna situación que se justificara para la detención de Marco Arana”, anotó.

La abogada subrayó, en ese sentido, que la intervención policial a Arana Zegarra fue absolutamente arbitraria, al no existir un motivo para que se ejecutara la medida, tras recordar que se presentó un hábeas corpus para lograr su liberación.

“El día de la detención de Marco Arana interpusimos un hábeas corpus ante el Poder Judicial y recién fue resuelto el cinco de julio. No se resolvió en el momento [de la detención], lo cual hubiese ayudado mucho”, precisó.

“Realmente fue a todas luces arbitraria y, sin embargo, el juez solo se pronuncia diciendo que es una detención absolutamente desproporcionada. […] La arbitrariedad quiere decir que no había motivo para su detención y la desproporción quiere decir que al momento de detenerlo se excedió la policía”, aclaró.

Buscaremos que se logren establecer responsabilidades
Finalmente, reiteró que la declaración de arbitrariedad de la orden de detención tiene por objeto lograr establecer responsabilidades penales por el abuso de autoridad. Sostuvo que un estado de excepción no implica que se violen los derechos fundamentales.

“La declaración de arbitrariedad nos daría lugar a que las autoridades que ordenaron su detención, tanto de la Policía y si es que estuvo involucrado el Ministerio Público sean procesadas penalmente. El juez debería ordenar que se abra un proceso penal contra estas autoridades por la detención arbitraria, por el abuso que cometieron y eso nos parece importante como precedente”, argumentó.

“Un estado de excepción o un estado de emergencia no significa una carta blanca para que las autoridades o para que las personas violen derechos fundamentales”, concluyó.
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