Ideeleradio.- El informe final de la Comisión de la Verdad (CVR) es importante porque permitió conocer el contexto de los crímenes que se cometieron entre 1980 y el 2000, sostuvo Ricardo Brousset, presidente de la Sala Penal Nacional (SPN), al descartar que exista un doble estándar en el juzgamiento tanto de terroristas o de un grupo de militares que cometió actos de violación de derechos humanos.
Fue al comentar las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, quien dijo que hubo mucha teatralización en los testimonios que recogió la CVR y aspectos que sobredimensionaron la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas.
“Como se demuestra con la producción de las sentencias de la SPN, todas ellas que han pasado por la Corte Suprema, debe quedar en claro que no hay un doble estándar, hay un solo estándar. La justicia penal en el país para ver casos de criminales, de terrorismo, de violación de derechos humanos tiene un solo estándar, que es la prueba, porque constitucionalmente, todo imputado – sea cual sea la imputación– está premunido de la presunción de inocencia y le corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, probar la responsabilidad y ese es el único estándar que tenemos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“De tal manera que bien podemos nosotros, como toda la ciudadanía, es repudiar en genérico los actos tanto del terrorismo, como de violación de derechos humanos; como jueces tenemos como única brújula y elemento determinante la prueba para decir que esta persona es culpable y, en consecuencia, se le debe imponer una pena”, apuntó.
Informe de CVR es importante
Indicó que el valor del documento que elaboró la CVR radica en que logró situar el contexto de los crímenes que se perpetraron y luchar contra la impunidad. Remarcó que a pesar de que la actividad probatoria es la que prima en el desarrollo del juicio, no puede soslayarse de ninguna manera el texto de esta comisión.
“El informe de la CVR es importante, dentro de esa perspectiva de conocer la verdad y luchar contra la impunidad y si hablamos de luchar contra la impunidad de los grupos terroristas […] creo que también el mensaje de la sociedad democrática debe ser nunca más al terrorismo, pero nunca más a la respuesta de malos agentes de las fuerzas del orden, de algunos agentes del Estado que de algún modo nos deslegitimaba a todos”, señaló.
“Cuando los agentes del Estado son llamados a obrar con justicia y equidad, terminan generando situaciones similares a los de aquellos que están fuera de la ley, lo que pasa es que la ley se va a debilitar, dejando siempre en claro que el rol de las fuerzas de seguridad, oficial y legalmente, de aquellos que actuaron de acuerdo a ley es un rol importante, y fueron los que nos defendieron para la derrota del terrorismo”, apuntó.
Se hace esfuerzos para tener condiciones de seguridad
Por otra parte, al referirse a la planificación desde los penales para fijar una millonaria recompensa a quien logre asesinar a un grupo de magistrados contra el crimen organizado, mencionó que el sistema de jueces y fiscales está haciendo los esfuerzos para dotarlos de las respectivas condiciones de seguridad.
“Justamente por esa razón y frente a esa innegable realidad, lo que el crimen organizado no solamente tiene recursos económicos y técnicos para procurar sus fines ilícitos, sino además una potencialidad de peligro y de amenaza respecto de los fiscales y jueces, y por esa razón es que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha asignado competencia especial a la SPN para que conozca estos casos de crimen organizado de rango nacional e internacional y el Ministerio Público ha establecido una fiscalía de crimen organizado que ve los casos conjuntamente con la sala. Evidentemente nada es perfecto”, declaró.
“Considero que el sistema está haciendo los esfuerzos para dotar a los magistrados de las condiciones de seguridad. Ahora, frente a la potencial amenaza de estas organizaciones criminales no podríamos decir que estamos completamente libres de cualquier cosa; por ejemplo, la Sala Penal Nacional contamos con una infraestructura ad hoc para fines de seguridad de todos los magistrados, sino incluso la documentación de expedientes a efectos de fundamentar la posible imputación de corrupción”, añadió.
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