Ideeleradio.- Los centros de rehabilitación que no cumplan con lo que establece la ley deben ser cerrados y el Ministerio de Salud (Minsa) tiene que brindar otra posibilidad a las personas que estén internadas en estos establecimientos, sostuvo Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad.
Fue al comentar el incendio ocurrido el día sábado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde 27 internos murieron asfixiados en el centro “Cristo es amor”.
“El Minsa inmediatamente debe ingresar a fiscalizar estos centros, previa coordinación con la municipalidad y la Fiscalía para ver en qué condiciones se encuentran, para que pasen a ser autorizados por el Ministerio de Salud […] Deben entrar a estos lugares y ver las condiciones en que están, preguntarles a los internos, cómo han llegado y que todo sea de acuerdo a derecho. Ahí van a registrar uno por uno [estos centros] y deben exigirles que se adhieren a los estándares del Ministerio de Salud”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“No se puede dejar al aire a nadie, los [centros] que no tienen [las condiciones] deben de cerrar, y el mismo Ministerio de Salud debe brindar la otra posibilidad para las otras personas que están ahí internadas o que requieren internamiento. A nosotros nos preocupa qué es lo que ha pasado y dónde están las personas [de Cristo es amor] que requieren la atención y si han sido recibidas por algún centro de apoyo por parte del Estado”, mencionó.
Minsa debe buscar salida legal
Indicó, en otro momento, que el Ministerio de Salud (Minsa) debe buscar una salida legal en relación a la Ley de Comunidades Terapéuticas, al tiempo que exhortó a esa dependencioa del Estado a asumir de manera inmediata la rectoría de los centros terapéuticos.
“El Ministerio de Salud señala que hay una Ley de Comunidades Terapéuticas, pero tenemos entendido que no la han reglamentado porque al momento de definir qué son las comunidades terapéuticas, esta colisiona con las funciones del Ministerio de Salud, porque solamente es el ministerio el responsable de la salud y no se le puede atribuir esta función a entes como comunidades terapéuticas, que imposibilitan además la fiscalización por parte del Ministerio”, explicó.
“[¿No deberían haber centros de rehabilitación que no estén bajo la rectoría del Ministerio de Salud?] Efectivamente, esto es lo que debería haber, claro y el Minsa debería tomar las decisiones lo más pronto posible porque si hay una ley [de Centros Terapéuticos] que colisiona con sus funciones y ellos deciden no reglamentar; entonces, inmediatamente tienen que buscar la salida legal para solucionar estos problemas y comenzar a fiscalizar con los pocos que hay. Deben existir los servicios que necesitan los familiares de estas personas”, puntualizó.
La representante de la Defensoría del Pueblo agregó, además, que ningún ente privado puede asumir labores como ente rector al marguen de la ley y subrayó que estos centros deben respetar los derechos fundamentales y tener las condiciones adecuadas de internamiento e infraestructura.
“No puede decir usted no me puede fiscalizar porque soy privado, porque estoy orando, porque yo no veo salud. No hay forma de atender a estas personas, sino es viendo el aspecto de salud y, además, que no se violen los derechos fundamentales como es la libertad, pasando por la dignidad, vida y las condiciones de internamiento y de infraestructura”, indicó.
“El día sábado ha muerto la mitad de una población pequeña de un establecimiento privativo de la libertad y es un horror. Podemos hacer una comparación con un penal, porque estas personas están contra su voluntad y están privadas de su libertad y hacinadas”, estimó.
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