Guillén: Congreso y MP deben investigar supuesto espionaje ilegal desde la Dirando

Ideeleradio.- El Parlamento y la Fiscalía de la Nación deberían investigar el uso que se les habría dado a las escuchas legales por parte de la Dirección Antidrogas (Dirandro) para espiar a líderes políticos, consideró el ex fiscal supremo provisional Avelino Guillén.

Fue al referirse a la información que publicó el diario La República en relación a que las sospechas de utilización del programa de escuchas legales "Constelación" para interceptar las comunicaciones de políticos dejan las dudas sobre la posibilidad de este ilegal uso por remanentes del anterior gobierno o del actual.

“El caso del Plan Sábana, el caso Fefer- Iván La Torre y ahora el caso del señor [Omar] Chehade, son hechos de grave connotación política, donde yo creo que el Congreso de la República tiene que tomar cartas en el asunto y, por otro lado, el Ministerio Público como responsable de la persecución del delito tiene que, de oficio, iniciar una investigación”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Precisó que el jefe de la Dirandro, general PNP Nemesio Hurtado, no ha esclarecido este tema, ni ha dado a conocer las medidas que se aplicarán solucionar este problema. El exmagistrado comentó así las declaraciones del jefe de la Dirandro, quien negó que durante su gestión se haya realizado escuchas telefónicas de carácter político, tampoco en la de su antecesor Carlos Morán Soto.

“El señor general no ha sabido indicar qué medidas se han tomado para que estos casos se esclarezcan, […] qué medidas se han tomado para solucionar, para corregir estos hechos graves. Las instituciones en un país en democracia tiene que saber reaccionar y, en este caso, el Congreso de la Republica y el Ministerio Público tienen que tomar cartas en el asunto y no dejar pasar hechos tan graves”, indicó.

Según La República, este medio recibió, a fines de noviembre, tres resúmenes de supuestas interceptaciones telefónicas a Omar Chehade, los mismos que no datan de los días de la campaña electoral, sino que son posteriores a la cena en las Brujas de Cachiche, lugar donde se reunió el segundo vicepresidente con un grupo de generales.

Procurador pide tener cuidado al analizar eventual pedido de indulto de Fujimori

Ideeleradio.- Las autoridades deben tener muchísimo cuidado al evaluar la solicitud de indulto y el informe médico que pueda presentar la defensa del expresidente Alberto Fujimori, sugirió el procurador supranacional Luis Alberto Salgado, al señalar que una medida de este tipo debe enmarcarse dentro de la ley, tanto nacional como internacional.

Fue al comentar un comunicado difundido este sábado, en el que el abogado César Nakazaki señaló que un equipo médico está por dar a conocer el resultado de los estudios practicados al ex mandatario recluido actualmente en la Diroes.

“Hay que tener muchísimo cuidado; para evaluar [un indulto] si se trata de salud o de depresión, pues tendría que indultársele a los más de 35 mil internos en toda la República. Un secuestrador, el líder de una banda, un narcotraficante de gran escala tendría perfecto derecho también a solicitar indulto humanitario presentando estos certificados [argumentando depresión]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esta [posibilidad de un indulto humanitario que no esté justificado] es una situación aberrante, impensable, inconcebible en un Estado de Derecho, en autoridades dignas y decentes en un Estado democrático y en esa medida hay que tener muchísimo cuidado al evaluar solicitudes de indultos que pueden presentar los familiares con autorización del reo interesado a través de sus abogados”, agregó.

Indultar a Fujimori acarrearía graves consecuencias

Por otro lado, advirtió que la concesión de un indulto acarrearía graves consecuencias no sólo al Estado Peruano y a nivel internacional, sino también al mismo presidente de la República. Fue al recordar el caso de José Enrique Crousillat López Torres, a quien se le concedió una gracia presidencial en base a informes médicos que no daban cuenta de su real estado de salud.

“La gravísima irregularidad que aconteció al señor Crousillat fue evidente y debe ser materia de una investigación exhaustiva porque ahí es evidente que se adulteraron, falsificaron, alteraron los términos de un certificado médico que al final resultó fraguado y que resulta un delito contra la fe pública del interno. En consecuencia, no quisiera especular sobre ese tema y hay que tener cuidado”, mencionó.

“No cabe medias tintas, elucubraciones [en el caso Fujimori], es muy claro esta circunstancia y acarrearía graves consecuencias jurídicas no sólo para el Estado, sino para el propio presidente de la República. Mi deber como funcionario es alertar sobre eso para que no se incurra en ese error”, explicó.

El abogado del Estado insistió en que la concesión de un indulto en esas circunstancias donde no se ha comprobado una situación de carácter de enfermedad terminal acarrearía graves consecuencias jurídicas y estimó que esa fue la razón por la cual el expresidente Alan García evitó indultar al exmandatario.

“Esa fue la razón precisamente por la cual el expresidente Alan García no indultó al expresidente Fujimori. Seguramente fue puesto en aviso de esa circunstancia, él ya tiene algún tema con el Sistema Interamericano y asumo que no quiso empeorar su situación concediendo un indulto que tiene graves cuestionamientos y obstáculos insalvables desde el punto de vista de los derechos humanos”, detalló.

Lo importante es la respuesta del Estado

Recordó que el indulto es una prerrogativa del jefe de Estado y que una medida de este tipo debe enmarcarse dentro de la ley, tanto nacional como internacional. Remarcó que el indulto no procede para los condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Ya se pronunció la Corte Interamericana sobre el caso La Cantuta, Barrios Altos, de los casos que han llegado a esta instancia. Es claro que no cabe indulto en estas circunstancias para el señor Fujimori, ni todos aquellos que se sientan involucrados en esos crímenes considerados de lesa humanidad, desde el punto de vista internacional y de los derechos humanos”, mencionó.

“Los abogados y amigos del señor Fujimori pueden presentar los documentos que a ellos les parece, cualquier cosa, lo importante aquí es cuál va a ser la respuesta. En este caso de la autoridad del Estado correspondiente, es una comisión de indulto, luego pasa por el ministerio de Justicia, pasa por otro centro de gabinete en el Palacio de Gobierno y finalmente en el presidente de la República”, refirió.

Fujimori no está en una situación terminal

Salgado Tantte consideró que la legislación es clara en este tema y que debe haber un proceso para determinar algún tipo de situación de carácter terminal. Comentó que incluso desde el punto de vista del derecho interno hay una ley que data de 1995, donde no procede el indulto en caso de secuestro agravado.

“Sí califica [Fujimori] obviamente para salir a un hospital, y si está en una situación delicada de salud pues para que sea tratado de modo tal en razón de su situación, pero eso no requiere un indulto”, manifestó.

Chiabra: Valdés no debe caer en el juego y provocaciones de Chile

Ideeleradio.- El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, y todos los funcionarios del Gobierno no deben caer en el juego y las provocaciones de las autoridades chilenas, por el contrario, le deben bajar el tono de las declaraciones e ignorar las acciones del país del sur, sugirió el exministro de Defensa, Roberto Chiabra.

Fue al referirse a las declaraciones del premier, quien sostuvo en la víspera que le preocupaba la reacción chilena en relación al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el conflicto marítimo; y quien hoy aclaró que el Perú “quiere vivir en armonía con Chile”.

“Los que hoy día están ocupando los cargos en el Gabinete no deberían de caer en este juego verbal porque le estaríamos haciendo el juego a ellos. La expresión que ha dicho [Valdés], todos los peruanos la compartimos, pero al ser el primer ministro no la debe decir, debe bajar el tono e inclusive ignorar lo que están haciendo al otro lado”, mencionó en Ideeleradio.

Comentó que las afirmaciones de Valdés Dancuart se dieron en un contexto en donde el premier emitió su opinión como ciudadano y olvidó que es una autoridad del Gobierno. El extitular de Defensa sostuvo que se debe mantener las relaciones con Chile tal como están, sin caer en las provocaciones.

“[…] Cuando hay gente nueva que recién se inicia en política, no puede responder como ciudadanos, siempre respondemos por el cargo, yo creo que él ha respondido como ciudadano y ahora está bajándole el tono a lo que ha dicho. […] Los que están hoy en el Gobierno deberían mantener un tono muy bajo, mantener las relaciones sin caer en las provocaciones”, precisó.

El ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, dijo la semana pasada que su país debería mantener una fuerza militar disuasiva “muy preparada” frente a sus vecinos, y estimó un periodo complicado en las relaciones bilaterales con el Perú el año 2012 debido al acercamiento de la fase final del proceso en la Corte de la Haya para fijar los límites marítimos.

Chile pretendería cambiar de escenario de La Haya a la ONU

Advirtió, asimismo, que el gobierno chileno buscaría generar un ambiente ideal para que se modifique el escenario de la Corte de la Haya al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en vista que existe la percepción de que el argumento peruano es más sólido que el del país sureño.

“[…] No descarto [que quieran] generar con todo este ambiente verbal un incidente en la frontera que le permita cambiar el escenario, pasarla de la Corte de La Haya al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque […] hay una gran preocupación de que el argumento peruano es muy sólido”, indicó.

Chiabra León aseguró, igualmente, que Chile es consciente de que el fallo internacional le será adverso a sus intereses y que la única opción favorable que tienen es que se determine que se mantenga la situación, porque con un fallo negativo, las autoridades tendrían que argumentar el excesivo gasto bélico en que han incurrido, en medio de protestas para una mayor inversión en la educación.

“Ellos saben que tienen todas las de perder en La Haya, porque la única manera que tengan algo favorable sería que La Haya mantenga el statu quo […] cómo justificarían las Fuerzas Armadas chilenas el enorme gasto en armas que han realizado si tienen un fallo negativo, qué le dirían a su población”, declaró.

Pase al retiro de altos mandos genera mala imagen

Opinó, finalmente, que el eventual pase al retiro de veinte generales del Ejército y del propio comandante general, general de división EP Víctor Ripalda Ganoza, es una mala imagen para el Perú y una buena señal para otros países, porque esta decisión le resta estabilidad, fortaleza y madurez al Estado en un marco de respeto a las instituciones armadas del país.

“No sería una buena señal sacar al comandante general del Ejército, que tiene cuatros meses en el cargo, que se está desempeñando bien y no habría un motivo grave como para cambiarlo, eso también forma parte de la estabilidad, fortaleza y madurez que debe tener un Estado en víspera de entrar a una decisión tan importante como es el fallo de La Haya”, argumentó.

“Creo que deberíamos respetar, si queremos respetar a las Fuerzas Armadas, tenemos que respetar la jerarquía y tenemos que respetar a los que están conduciendo las instituciones, salvo que hubiera una falta grave que obligue a cambiarlos, pero cambiarlos por algún otro motivo es una mala imagen para nuestra país y es una buena señal para los de afuera”, concluyó.

Apra: Es absurdo sostener que García manipuló al PJ para perseguir a Rómulo León

Ideeleradio.- En el gobierno de Alan García se respetó la independencia de los poderes públicos y los jueces y fiscales hicieron lo que la Constitución les manda, sostuvo el congresista y expremier, Javier Velásquez Quesquén, al calificar de absurdas y sin fundamento las recientes declaraciones del exministro Rómulo León.

Fue al ser consultado por las afirmaciones que León Alegría dio al diario El Comercio, entrevista en la que dijo que no tuvo un debido proceso y que García Pérez “pretendió manipular a la fiscalía, el Poder Judicial” al pedir que el tema de los negociados petroleros se investigue y se le “meta preso”.

“Es absurdo y sin fundamento [que se hable de manipulación judicial]. En el quinquenio nuestro se respetó la independencia de los poderes públicos y los jueces y fiscales han hecho lo que la Constitución les manda, vivimos en democracia […] como peruanos que hemos gobernado el país en el quinquenio pasado hemos sido muy respetuosos de la libertad de expresión y la administración de justicia”, manifestó en Ideeleradio.

“Yo no quisiera opinar porque el señor León ya no es militante del partido, vivimos en una democracia y cada quien es libre de expresar lo que quiere. El Perú es consciente de que durante los cinco años de gobierno de Alan García no se ha perseguido políticamente a nadie y son expresiones del señor León, que él las asumirá y yo no las comparto”, agregó.

Es precipitado pedirle a Humala que cumpla ahora con promesas

Por otra parte, consideró que es precipitado que se haga una evaluación del nivel de cumplimiento de las promesas de Ollanta Humala a solo cinco meses de gestión. Argumentó que debería transcurrir por lo menos dos años y medio para hacer un análisis de la administración del líder de Gana Perú.

Fue al comentar el último estudio de la encuestadora Ipsos Apoyo para El Comercio, el mismo que revela que la popularidad del jefe del Estado es de 47%, nueve puntos porcentuales menos entre noviembre y diciembre. El sondeo menciona que un 66% de quienes desaprueban la gestión de Humala cree que no cumple con lo que prometió.

“A seis meses del gobierno es precipitado exigirle al Presidente que cumpla con las promesas de campaña, todavía le falta cumplir cuatro años y medio. […] A mitad de gobierno [sería un buen tiempo para evaluarlo] porque los grandes proyectos que son los que generan empleo y los que dan la renta para financiar los programas sociales no son proyectos que maduran en seis meses o un año, sino que después de dos años y medio comienzan a dar resultados”, refirió.

“[…] Eso no significa que la oposición se vaya a su casa y espere dos años y medio, entonces, lo que sí hay que estar vigilante en la lucha contra la corrupción, en que no se puedan reorientar las bases del modelo porque eso puede generar inflación y aumentar el déficit”, advirtió.

Encuestas no deben decidir prioridades en el Gobierno

En otro momento, estimó que se viene un futuro promisorio y que el jefe de Estado no debería decidir la prioridad de los actos del Gobierno en función de los sondeos de opinión, por respetables que estos sean. Remarcó que los niveles de popularidad son a veces transitorios y que estos no deben condicionar la disciplina y el realismo con que se encaren los problemas del país.

“Creo que se define un año promisorio, las dudas sobre el cambio de modelo de desarrollo del país se van disipando, se va afirmando la confianza en los actores económicos y sociales. Conducir a la patria por el camino correcto a veces no es bien aceptado en las encuestas, creo que el realismo y la responsabilidad por la que se encargue los destinos del país, es un valor más superior que una popularidad transitoria, coyuntural, que expresan solo el estado de emoción de ciertos sectores del país que no se ven tocados por el beneficio del crecimiento, pero ya llegará”, aseveró.

“Creo que los jefes de Estado no pueden estar decidiendo la prioridad en los actos de gobierno en función de las encuestas, por respetables que sean, lo importante es que el señor Humala ha tomado el camino correcto de garantizar la estabilidad económica, de promover la inversión y generar condiciones para generar empleo, el ajuste del último gabinete como que le ha pasado la factura para bien porque ha reordenado su gabinete para darle mayor solvencia, mayor unidad de criterio y asentar un principio de autoridad dentro del marco democrático”, concluyó.

Guillén: Peritaje internacional daría una opinión más categórica sobre salud de Fujimori

Ideeleradio.- Un peritaje internacional sobre el estado de salud de Alberto Fujimori, convocado por el Ministerio de Justicia, podría dar una opinión más categórica de si él padece o no una enfermedad terminal, planteó el exfiscal Avelino Guillén, al contemplar la posibilidad de que no se pueda conformar una junta médica estatal independiente o que esta pueda estar afecta a las presiones políticas en el marco de un eventual trámite de un indulto humanitario.

Fue al referirse a las declaraciones de César Nakazaki, abogado del exmandatario, quien señaló que un equipo médico está por dar a conocer el resultado de los estudios practicados al ex jefe de Estado, recluido actualmente en la Diroes.

“Quiero ser claro en señalar que tiene que existir una junta médica de diversos especialistas que evalúen realmente el estado de salud de Fujimori. La defensa puede presentar informes, escritos, una serie de documentos y opiniones de algunos médicos de forma aislada; sin embargo, tiene que haber un examen, una evaluación, independiente por médicos que formen parte del aparato estatal […] En la hipótesis que no se pueda realizar eso yo no descarto que un peritaje internacional pudiera contribuir a dar una opinión más categórica a este tipo de caso.”, expresó a Ideeleradio.

“Y en la hipótesis que no se dé una conformación [de médicos] adecuada sería de la opinión que este peritaje podría ser también a nivel de profesionales médicos a nivel internacional [peritaje internacional]. Hasta donde conozco el señor Fujimori no padece de una enfermedad terminal ni enfermedad grave porque si así fuera, hace meses hubieran presentado la solicitud del pedido de indulto y no lo han hecho”, anotó.

Opinó que para que se realice un informe especializado en las juntas médicas deben participar especialistas del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), del Ministerio Público (MP), del Instituto de Medicina Legal y de las universidades más prestigiosas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Cayetano Heredia.

Habría presión contra los médicos

El magistrado advirtió, además, que podría existir una presión contra los médicos que vean este caso, debido a los antecedentes registrados en junio pasado, cuando la junta médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Surquillo recibió ciertas presiones políticas para que determinen que el señor Fujimori estaba en estado grave.

“Esta fuerte presión de los médicos es algo inaceptable y eso es algo que se tiene que encontrar una solución a través del Ministerio de Justicia que convoque a algún organismo, ente, que pueda emitirse a través de un organismo internacional científico, una opinión valedera de manera objetiva e imparcial que señale de manera categórica si el señor Fujimori se encuentra o no en estado grave de salud o que padezca de una enfermedad terminal”, manifestó.

“El problema es que a nivel nacional existiría mucha presión sobre los médicos que tendrían que evaluar esta situación. Lo que yo conocí en junio de este año a raíz de unos informes médicos es que existió una fuerte presión mediática. Felizmente, los médicos resistieron esta presión y se pronunciaron en el sentido de que él no padecía de una enfermedad grave ni mucho menos que estaba padeciendo de un cáncer terminal”, agregó.

Guillén Jáuregui recomendó dejar que los profesionales médicos hagan su trabajo de la manera más tranquila y que para eso se debe respetar su labor y guardar prudente silencio.

“Hay que dejar que ellos se pronuncien. Si ellos de manera objetiva, imparcial, independiente, se pronuncian en un determinado sentido nosotros vamos a respetar su diagnostico médico, pero hasta el momento todas las consultas que he realizado con diversos especialistas me señalan que la depresión no puede causar una enfermedad grave ni mucho menos una enfermedad terminal porque si así fuere tendríamos que otorgar indulto humanitario a toda la población carcelaria del país porque la situación de las cárceles en el Perú son pavorosas e inhumanas y todos los internos sufren una fuerte depresión por estar privados de su libertad”, comentó.

No obstante, explicó que el tema del indulto está prohibido legalmente para los condenados que han incurrido en delitos de lesa humanidad y secuestro agravado. Indicó que el presidente Humala Tasso tiene la obligación de hacer cumplir la ley, tal como se señala en la Constitución Política del Perú, en el inciso primero del artículo 118.

“El Ejecutivo está impedido de otorgar cualquier tipo de beneficio a un condenado por delitos de lesa humanidad o secuestro por impedimento legal”, precisó.

Una estrategia muy inteligente

Guillén Jáuregui consideró, finalmente, que publicitariamente se está trabajando en “una estrategia muy inteligente” para sensibilizar a la opinión pública y de esa manera convencer al Poder Ejecutivo, para que el Ejecutivo determine un indulto a favor de Alberto Fujimori. Advirtió que si se incumplen las normas en el caso Fujimori se vulneraría el Estado de Derecho.

“Lo que están haciendo es trabajar publicitariamente una estrategia muy inteligente con la finalidad de presentar al señor Fujimori como si estuviera muy grave con la finalidad de sensibilizar a la opinión pública y de esa manera convencer al Poder Ejecutivo del otorgamiento de este beneficio. En mi concepto, si no se cumple con los presupuestos legales sería una medida arbitraria que vulneraría el Estado de Derecho”, concluyó