jueves, 15 de diciembre de 2011

Anuncian que Fiscalía investigará todos los vínculos de congresista María López

Ideeleradio.- El Ministerio Público investigará todos los vínculos de la congresista fujimorista María López Córdova para determinar la procedencia del dinero que posee, en el marco de la investigación que se le sigue por un presunto desbalance patrimonial, informó José Peláez Bardales, fiscal de la Nación.

Fue al ser consultado por el informe periodístico del diario La República que señala que María López laboró en el Congreso, entre 1996 y el 2001, como asistente, secretaria y auxiliar de la parlamentaria Luz Salgado, obteniendo un ingreso total de 163,426 soles. Según este medio, comenzó ganando 800 soles y se retiró con un haber de 11 mil soles mensuales.

“[Se menciona que ella ha sido asistente de Luz Salgado y que empezó ganando 800 y terminó ganando 11 mil ¿Habrá que indagar por allí me imagino?] Yo pienso que sí, tiene que indagarse toda vinculación que pueda existir, y sobre todo establecer los caminos y rutas que nos lleven a determinar de dónde procede el dinero que le ha permitido tener estos signos de riquezas y el desbalance patrimonial”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El fiscal anticorrupción Walter Delgado denunció a López Córdova por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, debido a que se le detectó un desbalance patrimonial de S/.13,6 millones de nuevos soles junto a su esposo, Erlis del Castillo Cañari, en depósitos bancarios y la compra de siete embarcaciones pesqueras.

Peláez Bardales indicó que el trámite siguiente sería que el juez pida al Congreso el levantamiento del antejuicio de López Córdova para que pueda ser juzgada. Explicó que los hechos que se le imputan a la parlamentaria ocurrieron antes de que su condición de legisladora.

“Estos hechos se habrían producido antes que la señora sea elegida como congresista, por eso es que viene siendo investigada por un organismo de la Fiscalía de la Nación, del subsistema de anticorrupción. Son hechos que han producido antes de su condición de congresista que tiene el beneficio del antejuicio, esa es la situación y parece que se está demostrando que tiene un [des] balance patrimonial muy ostensible y eso configura el delito de lavado de activos”, expresó.

“Aquí lo que tiene que pasar, el procedimiento es que el fiscal formule la denuncia ante el juez, y el juez es el que oficie al Congreso de la República, pidiendo que se levante el antejuicio, para que pueda ser juzgada por la comisión de ese delito. […] Ese es otro momento procesal y otras instancias”, detalló.

Nuevo Código Procesal Penal está funcionando mejor
En otro momento, Peláez Bardales reveló que en Lima existen alrededor de 600 casos que comprenden a alcaldes y funcionarios públicos de diferentes entidades, que están siendo investigados por delitos de corrupción, desde que entró en vigencia la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Lima.

Informó que próximamente se dará a conocer un informe general sobre los hechos de corrupción a nivel nacional, que están siendo investigados por las fiscalías anticorrupción en las regiones y distritos judiciales. También, destacó que con el nuevo código se ha logrado acelerar los procesos legales, que en algunos casos con el Código de Procedimientos Penales duraba más de cuatro años.

“En todas las regiones, distritos, judiciales se viene procesando a una cantidad de alcaldes y ex alcaldes, concejales, por diversos hechos que han cometido en el ejercicio de su función. [¿Cuál es el balance del NCPP?] Indudablemente está funcionando mejor porque permite que los procesos concluyan en un promedio máximo de cuatro meses a diferencia de los procesos que siguen con el antiguo código de procedimientos penales que estaban al borde de los cuatro años”, acotó.

“Estos procesos son públicos, transparentes, y realmente permite concluir con el ahorro consiguiente de esfuerzos personales, dinero y otros beneficios que brinda el nuevo sistema”, remarcó.

José Peláez: Fiscalía no ha absuelto a Chehade y acudiré al Congreso si me citan

Ideeleradio.- El Ministerio Público no ha emitido una resolución u opinión que señale que el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, ha sido absuelto en el caso de la azucarera Andahuasi, afirmó el fiscal de la Nación, José Peláez, al asegurar que acudirá al Congreso si es que este poder del Estado lo convoca.

Fue al referirse a la decisión de su despacho de derivar al Parlamento todos los documentos y declaraciones que había recogido desde mediados de octubre, para no interferir ni hacer paralelismo en las indagaciones del Parlamento.

“Nosotros no hemos tenido resolución, simplemente hemos manifestado al Congreso que habiendo la Comisión de Acusaciones Constitucionales emitido un dictamen que ha pasado a la Comisión Permanente, que nosotros nos absteníamos de seguir conociendo el hecho hasta que el Congreso resuelva. No hemos emitido ningún tipo de opinión”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Esto no es una absolución?] El Ministerio Público no ha emitido ninguna opinión al respecto. Simplemente, hemos dicho concluyan ustedes, digan qué cosa tenemos que hacer después porque lamentablemente el artículo 100 de la Constitución dice que una vez que el Pleno del Congreso acusa, pasan los actuados al fiscal de la Nación y este tiene cinco días para formulación la acusación ante el juez supremo que no tiene más alternativa que abrir proceso”, agregó.

No nos lavamos las manos
El magistrado rechazó, en ese sentido, que el Ministerio Público pretenda lavarse las manos o tenga la intención de ocultar algo. Argumentó que se tomó la decisión de derivar este caso al Parlamento por una incongruencia, que tendría que ser corregida, en la Carta Magna, en el artículo 100 y 159, que le da al Fiscalía la atribución de ser titular del ejercicio de la acción penal.

“Lamentablemente en el tema de las acusaciones constitucionales, la función, según los doctrinarios y constitucionalistas dicen que el Congreso prácticamente se sustituye a la labor del Ministerio Público. […] Esa es la gran incongruencia que existe en la Constitución del Estado, por eso es que analizamos que tampoco se podría hacer dos investigaciones paralelas porque hay un principio del debido proceso, non bis in idem, de que no puede haber dos procesos por un mismo hecho a una misma persona. O sea el tema es respecto a la Constitución y la competencia que tiene el Congreso”, remarcó.

“No, no [este principio no es más a sentencias que procesos], ya el Tribunal Constitucional dijo que había el non bis in idem de forma y fondo. En este caso es de forma. Ese es el inconveniente, aquí no ha habido ningún tipo de lavarse las manos o de querer ocultar algo, en absoluto. Este es un principio que hemos tomado en base al respeto a la Constitución y al órgano competente que es el Congreso”, subrayó.

No puede haber dos investigaciones paralelas
El magistrado recordó que la investigación que inició el Ministerio Público data del 8 de octubre a raíz de las informaciones periodísticas. Relató que se recogió la noticia criminal y que se comenzó una investigación preliminar, sin hacer calificación de que delito se investiga.

Puntualizó que, el expediente se remitió al Poder Legislativo porque la Subcomisión de Acusación Constitucionales concluyó su trabajo y le atribuyó un presunto delito a Chehade Moya, y que ello podría implicar que haya dos investigaciones paralelas con resoluciones contradictorias.

“La Comisión de Acusaciones Constitucionales ha concluido ya y dice que sí hay delito, entonces frente a eso nosotros nos encontramos frente a una situación en la que podría haber una contradicción, si decimos que no hay delito y la comisión dice que sí, entonces tendríamos que hacer lo que manda el Congreso, si es que se aprueba la acusación constitucional. Y si dijéramos que sí hay delito, y no le levantan el antejuicio entonces, no podemos hacer absolutamente nada”, advirtió.

Pedirán cambio de artículo que pone camisa de fuerza 
El magistrado adelantó que en el Ministerio Público propondrá modificar el artículo 100 de la Constitución, que se contradice con el artículo 159, que es el que define las competencias del Ministerio Público. Mencionó que el artículo 100 le pone una camisa de fuerza a su institución porque en la eventualidad de una acusación constitucional, solo se puede denunciar a un funcionario por los delitos que determine el Congreso.

El artículo 100 señala que “en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente”. Se agrega en otro párrafo que “los términos de la denuncia fiscal y del autoapertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”.

“Exactamente, esa [parte que dice que solo se puede denunciar por los delitos que autorice el Congreso] es la fórmula por la que optó la Constitución de 1993, prácticamente nos pone una camisa fuerza y nos dicen ‘ustedes van a hacer esto’, lógicamente, es materia de interpretación”, indicó.

“Yo creo que va a ser objeto de una proposición que vamos a hacer nosotros para modificación del artículo 100 de la Constitución del Estado porque creo que esa norma tiene que cambiar, porque hay una evidente contradicción con la otra norma que confiere al Ministerio Público el titular del ejercicio de la acción penal pública [artículo 159]”, aseveró.

Deslizó, en otro momento, la posibilidad de que el Ministerio Público haga una interpretación extensiva frente a la contradicción existente entre el artículo 100 y 159 de la Carta Magna.

“Puede el Ministerio Público en estricto uso del ejercicio del derecho que le confiere el artículo 159, hacer una interpretación extensiva y podríamos eventualmente hacer una interpretación y decir ‘si bien es cierto la Constitución dice esto, pero tenemos el artículo 159 que nos da la titularidad del ejercicio de la acción penal’; yo creo que ese es el tema que puede surgir en los siguientes momentos en que se produzca esto u otros casos”, estimó.

“Yo creo que allí vamos a tener que por primera vez, el Ministerio Público podría estar sentando realmente una ejecutoria y eventualmente interpretar, saliéndose del mandato que establece el Pleno del Congreso, eso es una cosa que hay que verla más adelante, luego de que el Pleno, si es que formula acusación constitucional, tengamos que estar frente a ese caso”, apuntó.

Si me citan, iré al Congreso
Declaró, finalmente, que todavía no ha sido citado por el Congreso, pero mostró su predisposición de acudir al Poder Legislativo si es que se lo convoca. Días atrás, el parlamentario José Luna Gálvez anunció que su bancada pedirá que el máximo representante del Ministerio Público se presente ante la Comisión de Fiscalización.

“Si es que la comisión me llama, además es una atribución del Congreso llamar a los funcionarios y representantes de los órganos competentes, no habría ningún inconveniente de ir a explicar lo mismo”, concluyó

Peláez: Es muy difícil que se indulte a Fujimori si no cumple con requisitos legales

Ideeleradio.- Es muy difícil que se conceda un indulto o un indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori si es que no se modifica la norma que establece una prohibición de esta gracia presidencial para los delitos de secuestro y si no se acredita que tiene una enfermedad terminal que pone en riesgo su vida, sostuvo el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

Fue al comentar las declaraciones del congresista Kenyi Fujimori, quien dijo tener miedo de que su padre Alberto Fujimori, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pierda la vida dentro de la cárcel de la Diroes en Ate Vitarte.

“En principio, como ya lo he dicho en varias oportunidades, el tema de un indulto pasa por el hecho de si la ley permite o no permite la concesión de indultos para casos de delitos graves; en este caso el homicidio agravado y el delito de secuestro agravado no tienen indulto, entonces primero tendría que modificarse la ley para permitir el indulto”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ahora, si es indulto humanitario también se exige que la persona que está solicitando el indulto esté con una enfermedad terminal que pone en riesgo su vida inminente y ya por razones humanitarias esta persona no debe permanecer en prisión. Si no se dan estos requisitos creo que acá es muy difícil la concesión del indulto, a parte que la Corte Interamericana también prohíbe el indulto por este tipo de delitos”, puntualizó.

Indulto a Fujimori es un tema político
No obstante, Peláez Bardales consideró que el caso de Alberto Fujimori es un tema político que únicamente les compete al Gobierno y al presidente de la República, Ollanta Humala. Argumentó que el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el ámbito del sistema de justicia, ya cumplieron con su rol.

“Esto [el indulto a Fujimori] es un tema más de índole político y ya tú sabes que esto del indulto le compete, le corresponde, al presidente de la República al Gobierno en sí. Nosotros podemos tener opiniones, pero la decisión final la toma el gobierno y va a estar lógicamente sustentado en algunos elementos que acrediten el estado de salud del condenado”, acotó.

“Lo que yo siempre he dicho es que el Ministerio Público cumplió, el Poder Judicial cumplió con la sentencia y ya es un tema que le compete exclusivamente al Ejecutivo”, manifestó.

José Peláez: Fiscalía no ha absuelto a Chehade y acudiré al Congreso si me citan

Ideeleradio.- El Ministerio Público no ha emitido una resolución u opinión que señale que el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, ha sido absuelto en el caso de la azucarera Andahuasi, afirmó el fiscal de la Nación, José Peláez, al asegurar que acudirá al Congreso si es que este poder del Estado lo convoca.

Fue al referirse a la decisión de su despacho de derivar al Parlamento todos los documentos y declaraciones que había recogido desde mediados de octubre, para no interferir ni hacer paralelismo en las indagaciones del Parlamento.

“Nosotros no hemos tenido resolución, simplemente hemos manifestado al Congreso que habiendo la Comisión de Acusaciones Constitucionales emitido un dictamen que ha pasado a la Comisión Permanente, que nosotros nos absteníamos de seguir conociendo el hecho hasta que el Congreso resuelva. No hemos emitido ningún tipo de opinión”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Esto no es una absolución?] El Ministerio Público no ha emitido ninguna opinión al respecto. Simplemente, hemos dicho concluyan ustedes, digan qué cosa tenemos que hacer después porque lamentablemente el artículo 100 de la Constitución dice que una vez que el Pleno del Congreso acusa, pasan los actuados al fiscal de la Nación y este tiene cinco días para formulación la acusación ante el juez supremo que no tiene más alternativa que abrir proceso”, agregó.

No nos lavamos las manos
El magistrado rechazó, en ese sentido, que el Ministerio Público pretenda lavarse las manos o tenga la intención de ocultar algo. Argumentó que se tomó la decisión de derivar este caso al Parlamento por una incongruencia, que tendría que ser corregida, en la Carta Magna, en el artículo 100 y 159, que le da al Fiscalía la atribución de ser titular del ejercicio de la acción penal.

“Lamentablemente en el tema de las acusaciones constitucionales, la función, según los doctrinarios y constitucionalistas dicen que el Congreso prácticamente se sustituye a la labor del Ministerio Público. […] Esa es la gran incongruencia que existe en la Constitución del Estado, por eso es que analizamos que tampoco se podría hacer dos investigaciones paralelas porque hay un principio del debido proceso, non bis in idem, de que no puede haber dos procesos por un mismo hecho a una misma persona. O sea el tema es respecto a la Constitución y la competencia que tiene el Congreso”, remarcó.

“No, no [este principio no es más a sentencias que procesos], ya el Tribunal Constitucional dijo que había el non bis in idem de forma y fondo. En este caso es de forma. Ese es el inconveniente, aquí no ha habido ningún tipo de lavarse las manos o de querer ocultar algo, en absoluto. Este es un principio que hemos tomado en base al respeto a la Constitución y al órgano competente que es el Congreso”, subrayó.

No puede haber dos investigaciones paralelas
El magistrado recordó que la investigación que inició el Ministerio Público data del 8 de octubre a raíz de las informaciones periodísticas. Relató que se recogió la noticia criminal y que se comenzó una investigación preliminar, sin hacer calificación de que delito se investiga.

Puntualizó que, el expediente se remitió al Poder Legislativo porque la Subcomisión de Acusación Constitucionales concluyó su trabajo y le atribuyó un presunto delito a Chehade Moya, y que ello podría implicar que haya dos investigaciones paralelas con resoluciones contradictorias.

“La Comisión de Acusaciones Constitucionales ha concluido ya y dice que sí hay delito, entonces frente a eso nosotros nos encontramos frente a una situación en la que podría haber una contradicción, si decimos que no hay delito y la comisión dice que sí, entonces tendríamos que hacer lo que manda el Congreso, si es que se aprueba la acusación constitucional. Y si dijéramos que sí hay delito, y no le levantan el antejuicio entonces, no podemos hacer absolutamente nada”, advirtió.

Pedirán cambio de artículo que pone camisa de fuerza
El magistrado adelantó que en el Ministerio Público propondrá modificar el artículo 100 de la Constitución, que se contradice con el artículo 159, que es el que define las competencias del Ministerio Público. Mencionó que el artículo 100 le pone una camisa de fuerza a su institución porque en la eventualidad de una acusación constitucional, solo se puede denunciar a un funcionario por los delitos que determine el Congreso.

El artículo 100 señala que “en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente”. Se agrega en otro párrafo que “los términos de la denuncia fiscal y del autoapertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”.

“Exactamente, esa [parte que dice que solo se puede denunciar por los delitos que autorice el Congreso] es la fórmula por la que optó la Constitución de 1993, prácticamente nos pone una camisa fuerza y nos dicen ‘ustedes van a hacer esto’, lógicamente, es materia de interpretación”, indicó.

“Yo creo que va a ser objeto de una proposición que vamos a hacer nosotros para modificación del artículo 100 de la Constitución del Estado porque creo que esa norma tiene que cambiar, porque hay una evidente contradicción con la otra norma que confiere al Ministerio Público el titular del ejercicio de la acción penal pública [artículo 159]”, aseveró.

Deslizó, en otro momento, la posibilidad de que el Ministerio Público haga una interpretación extensiva frente a la contradicción existente entre el artículo 100 y 159 de la Carta Magna.

“Puede el Ministerio Público en estricto uso del ejercicio del derecho que le confiere el artículo 159, hacer una interpretación extensiva y podríamos eventualmente hacer una interpretación y decir ‘si bien es cierto la Constitución dice esto, pero tenemos el artículo 159 que nos da la titularidad del ejercicio de la acción penal’; yo creo que ese es el tema que puede surgir en los siguientes momentos en que se produzca esto u otros casos”, estimó.

“Yo creo que allí vamos a tener que por primera vez, el Ministerio Público podría estar sentando realmente una ejecutoria y eventualmente interpretar, saliéndose del mandato que establece el Pleno del Congreso, eso es una cosa que hay que verla más adelante, luego de que el Pleno, si es que formula acusación constitucional, tengamos que estar frente a ese caso”, apuntó.

Si me citan, iré al Congreso
Declaró, finalmente, que todavía no ha sido citado por el Congreso, pero mostró su predisposición de acudir al Poder Legislativo si es que se lo convoca. Días atrás, el parlamentario José Luna Gálvez anunció que su bancada pedirá que el máximo representante del Ministerio Público se presente ante la Comisión de Fiscalización.

“Si es que la comisión me llama, además es una atribución del Congreso llamar a los funcionarios y representantes de los órganos competentes, no habría ningún inconveniente de ir a explicar lo mismo”, concluyó.