Seminario Nacional de Comunidades Altoandinas, Inclusión Social y Actividades Extractivas‏

Contexto

Las comunidades campesinas del Perú controlan el 40% de la superficie agropecuaria nacional. Concentrándose en un 95% en la sierra, son los actores más significativos de la realidad andina del país. A pesar de contar con 19 millones de hectáreas de tierra, la sierra es la región más pobre –49% frente a 17,7% en la costa y 37,3% en la selva–.

El escenario que articula esta realidad es una compleja combinación de factores, entre los cuales se encuentran deficiencias educativas, precariedades de los servicios públicos, baja productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria, ausencia de tecnologías eficaces, problemas de territorialidad, afectación de tierras de 3.326 de las 5,452 comunidades campesinas por denuncios mineros, entre muchos otros.

El evento

El “Seminario Nacional de Comunidades Altoandinas, Inclusión Social y Actividades Extractivas” reunirá a más de 60 líderes de comunidades campesinas de zonas altoandinas de 10 regiones con representantes de los diversos sectores del estado y especialistas de la sociedad civil para discutir, reflexionar y generar propuestas que contribuyan a la inclusión social de estas comunidades, mejorando sus medios económico productivos, fortaleciendo la institucionalidad pública, asegurando sus derechos para la gestión sostenible de los recursos naturales en zonas afectadas por la minería y mejorando sus condiciones de vida, siendo reconocidos como sujetos de derechos frente a su propio desarrollo .

Este evento busca generar y articular las propuestas de las comunidades andinas, que –siendo una de las poblaciones más vulnerables del país al cambio climático y las actividades extractivas– no son tomadas en cuenta en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas, en la concesión de territorios para actividades extractivas, ni en la promoción de proyectos de inversión de gran envergadura. En un escenario, donde el nuevo gobierno inicia una propuesta de inclusión social desde grandes programas sociales y la reformulación de políticas públicas frente a las actividades extractivas, lo cual viene generando una serie de movilizaciones a nivel nacional, el seminario cobra una gran relevancia en la generación de propuestas y búsqueda de soluciones dialogadas proactivamente desde los protagonistas con los tomadores de decisión.

El “Seminario Nacional de Comunidades Altoandinas, Inclusión Social y Actividades Extractivas”, que se llevará a cabo los días 05 y 06 de diciembre en la ciudad de Lima, se centrará en cuatro ejes temáticos: propuestas económicas productivas en comunidades altoandinas (seguridad alimentaria, tecnologías intermedias, ecoeficientes y ancestrales), actividades extractivas en comunidades altoandinas (afectación de derechos y gestión de recursos humanos), institucionalidad y estado (actores y su rol local, atención del Estado y descentralización) y condiciones de vida (poblaciones vulnerables, salud, educación y nutrición).

Para cerrar este encuentro, el día 06 de diciembre a las 6pm, se realizará la presentación de conclusiones, en el cual los representes de las comunidades campesinas expondrán sus principales propuestas. A su vez se ha convocado a representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, Educación, Mujer y Desarrollo Social, Inclusión Social y de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes recibirán estas propuestas y expondrán las políticas públicas encaminadas en los temas abarcados.

Las propuestas resultantes de este seminario se consolidarán al día siguiente, el miércoles 07 de diciembre, en una jornada de visitas de los líderes comunales a las diferentes instituciones de gobierno, así como a diversos congresistas.

El evento está organizado por la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), CooperAcción, Servicios Educativos Rurales (SER), Muqui, Conades, y Allpa; con el apoyo de Diakonia, el proyecto 11.11.11, la Cooperación Belga al Desarrollo y la Unión Europea.

Información

Seminario:

Días 05 y 06 de diciembre

Av. Belén 245 - San Isidro

Presentación de conclusiones y propuestas:

Día 06 de diciembre a las 6pm

Av. Belén 245 - San Isidro

Salgado: Indulto humanitario es para enfermedades terminales y ese no es el caso de Fujimori

Ideeleradio.- El indulto humanitario solo procede para casos de enfermedades terminales y esa no es la situación de Alberto Fujimori, expresidente que fue condenado por violación a los derechos humanos, sostuvo Luis Salgado, procurador público supranacional.

“Como funcionario en lo personal me atengo a lo que dice la ley: El indulto por razones humanitarias se da en casos por enfermedades terminales debidamente comprobadas. Esta no es la situación del reo Alberto Fujimori, por lo menos hasta donde sabemos. O sea [un indulto] es a la persona que le dan dos semanas, un mes de vida para que vaya a pasar con su familia; si eso se comprobara, quién se puede oponer”, argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Pero que nos metan gato por liebre como otros indultos [por ejemplo] el caso del señor Crousillat en la época de Alan García diciendo que estaba a punto de morirse y ya sabemos que eso fue un delito porque se falsificaron documentos y llegó hasta el más alto nivel, eso es otra cosa. Además, el señor Alberto Fujimori está incurso en el tema Chavín de Huántar y está en proceso una solicitud de extradición a Chile y eso hay que mirarlo con cuidado”, opinó.

Agregó que los funcionarios del Estado tienen que tener siempre las ‘antenas’ muy bien puestas porque -dijo- son estas precisamente las que permite observar las condiciones en la toma de decisiones correctas.

Viceministerio de Derechos Humanos está en etapa de reglamentación

En otro momento, informó que el reglamento de organización y funciones del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia se dará en un plazo no mayor de 90 días, luego de que el Poder Legislativo aprobara la nueva ley de organización del Ministerio de Justicia. Estimó, igualmente, que antes de marzo, el Ejecutivo designaría al nuevo viceministro de Derechos Humanos.

“Una buena noticia es la aprobación de la propuesta del reglamento del Poder Ejecutivo en el Pleno del Congreso, la nueva Ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con lo cual se crea el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, estamos en los 90 días de reglamentación de organización y funciones”, precisó.

Adelantó que con la instauración de este viceministerio, el país ingresará a un nuevo proceso, en donde el propio Ejecutivo se compromete a promover y activar la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, que refleja un cambio de actitud de los funcionarios del Estado.

“La idea es que con este nuevo viceministerio, a partir de convicciones, entremos a un proceso inédito, el hecho que se le agregue el nombre no es una cosa formal, sino fruto de entender que desde la acción del Poder Ejecutivo esta es la filosofía que entendemos y compartimos con el ministro [Francisco] Eguiguren”, refirió.

“El contenido real de esto es que el Poder Ejecutivo se convierta en un agente activo de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, esto da un mensaje de una nueva actitud que deben tener los funcionarios del Estado, los empleados públicos, en este caso el Ejecutivo porque el concepto es transversal”, puntualizó.

Fiscalía determinará responsabilidad en esterilizaciones

Aseguró, en otro momento, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene participación en la investigación y determinación de responsabilidades por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de los noventa. Puntualizó que el Ministerio Público es el organismo que tendrá que resolver si los altos funcionarios del gobierno de ese entonces conocían de estos ilícitos actos.

“Es responsabilidad de la Fiscalía investigar a fondo realmente para establecer si es que hubiera el concepto de lo generalizado, de lo sistemático, empresa criminal conjunta y si es que los más altos niveles de decisión sabían o debieron de haber sabido que estaban ocurriendo estas muertes, pero eso sólo lo determinará la Fiscalía en sede nacional, nada que ver con la CIDH, ellos no investigan, ni meten preso a nadie”, expresó.

“Uno de los compromisos centrales era que el Estado se comprometía a investigar y sancionar debidamente a quienes resultaran responsables de estas prácticas de esterilizaciones forzadas”, añadió.

Señaló, finalmente, que uno de los casos que fueron expuestos ante la CIDH, en donde el Estado se comprometió a resolver e investigar estos temas, fue el de María Mamérita Mestanza, quien en el año 1997 murió a consecuencia de la práctica de una esterilización no forzada. Recordó que son entre 260 a 290 mil las mujeres que fueron esterilizadas.

“En las reuniones de trabajo que tuvimos, una de las más importantes fue el caso de María Mamérita Mestanza, una señora que fue esterilizada forzadamente en 1997, murió a raíz de ello, dentro de un programa nacional de control de la natalidad y esterilizaciones forzadas de salud reproductiva, en el cual fueron esterilizadas entre 260 a 290 mil mujeres”, concluyó.

Salgado: Creo que hay elementos para llevar a la nulidad el contrato del proyecto Conga

Ideeleradio.- Creo que existen elementos para que el Estado declare la nulidad del contrato referido al proyecto Conga, opinó el procurador público supranacional Luis Salgado, tras considerar que no sería exagerado señalar que dicha inversión es ya inviable.

“Por lo que he leído y por lo que sabemos, efectivamente, no es ninguna exageración sostener que es altamente probable que el proyecto Conga ya sea inviable, se trata y ya nos hemos enterado con cierto detalle de la destrucción nada menos que de cuatro lagunas, adicicionales a las seis o siete, algunos hablan de 10 lagunas destruidas. […] Yo creo que hay elementos [para llevar el tema a la nulidad] porque ese Estudio de Impacto Ambiental [está ahí]”, precisó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Salgado Tantte consideró, además, que sí existe la posibilidad de anular un contrato cuando hay elementos de falsedad o alteración en el contenido de lo que lo motivó. Fue al ser consultado por las declaraciones de Carlos Santa Cruz, gerente de operaciones de Newmont para Sudamérica, en el sentido de que los contratos firmados deben ser respetados.

“Hay contratos leoninos y cuando en el contrato ha habido un elemento de falsedad, que altera la situación […] y cuando una de las partes firma un documento sobre la base de un entendimiento de cómo están las circunstancias y que una de esas circunstancias centrales y que causó que esa parte se animara a firmar, se descubre que tiene un vicio de nulidad, un vicio de falsedad que altera sustantivamente los términos de ese contrato, pues la parte afectada tiene derecho [a la nulidad]”, argumentó.

Apuntó que ese Estudio de Impacto Ambiental fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de Alan García. Recordó que una de sus propuestas fue que esa cartera no puede ser juez y parte. "Esto lo sabemos, ellos no pueden calificar las bondades de un proyecto cuando están interesados en que ese mismo proyecto se apruebe", subrayó.

Gestión de García dejó Conga de mala fe 

Señaló, en otro momento, que la controversia que genera el proyecto Conga es un problema que fue dejado de mala fe por el gobierno de Alan García a la actual administración nacionalista. Sostuvo que la gestión aprista se identificó con los intereses de los grupos de inversión, al punto de brindarle todos los privilegios y minimizar condiciones, en una práctica similar a la del régimen de Alberto Fujimori.

“Es un problema que ha encontrado el gobierno actual, es un problema que de mala fe dejó el gobierno de Alan García, porque fue un gobierno absolutamente identificado incondicionalmente con los intereses de las transnacionales, fue la continuación del estilo fujimorista, de dejarle todos los privilegios, acostumbrados a tener ingentes ganancias”, dijo.

“Se trata de analizar y comprender qué es lo que dejó el gobierno anterior, un gobierno que ninguneaba y despreciaba a las tres cuartas partes de peruanos, llamándoles ciudadanos de segunda categoría o perros del hortelano, un gobierno de ultraderecha y con fuerte dosis de corrupción, el gobierno de Alan García”, manifestó.

Argumentó que la relación entre la minería y el Estado debe darse en un marco de respeto a la institucionalidad del Gobierno, requisito que no se ha presentado desde el régimen de Alberto Fujimori.

“Está bien que la minería sea un factor que coadyuve al desarrollo, pero tiene que ser una minería en la cual se relacione con un Estado que respeta y se hace respetar, eso no ha ocurrido desde los años 90”, aseguró.

Medioambiente es un verdadero tema de fondo

El abogado del Estado expresó, finalmente, que en medio de este problema se está dejando de lado al medioambiente, tema que señaló debe ser considerado un tópico de fondo, porque la ejecución del proyecto pondría en peligro las lagunas, bofedales y la posibilidad de que Cajamarca adopte una imagen parecida a la de Cerro de Pasco, La Oroya o Cajamarca, ciudades que han sido perjudicadas ambientalmente por la minería.

“El tema de fondo son los bofedales, las lagunas, han sido destruidas seis o siete lagunas a lo largo de estos 18 años por la minera Newmont y Yanacocha, ya hay parajes en Cajamarca que se parecen a Casapalca, a La Oroya, a Cerro de Pasco, son parajes, prácticamente, de desolación”, mencionó.

Remarcó, igualmente, que la explotación de minerales causaría serios daños a las principales actividades económicas de los pobladores como lo son la agricultura y la ganadería. “La labor de la extracción minera […] es un factor altamente contaminante, eso es lo que va destruyendo las lagunas, envenenando los campos y la reproducción de la agricultura, ganadería y en los seres humanos, eso es el trasfondo”, concluyó.

Luque: Estado de emergencia no es carta blanca para violar derechos fundamentales

Ideeleradio.- El estado de emergencia no es una carta blanca para violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino un régimen de excepción que protege los derechos de todos, afirmó Rolando Luque, adjunto para Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, al referirse la medida que se cumple en Cajamarca en el marco del conflicto que genera el proyecto Conga.

Fue al comentar el decreto supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, que oficializó la declaratoria de estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca (Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá) por 60 días.

“Estado de emergencia no significa una carta blanca para violar derechos fundamentales, estado de emergencia es una situación excepcional a través de la cual más bien se protege los derechos de todos. De paso, si alguien siente que su derecho ha sido afectado puede recurrir a la Defensoría del Pueblo. Las competencias defensoriales no se suspenden en los estados de emergencia, al contrario están mucho más activas y atentas para proteger los derechos de las personas”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[La solución del conflicto en Cajamarca] creo que mucho va a depender de la velocidad con que se actúe. Nosotros estamos en comunicación con dirigentes y alcaldes para exhortarlos continuamente a que se pueda terminar de informar, explicar, y proceder a la firma de este documento. Ahora hemos hecho un primer recorrido por la ciudad y vemos que todo vuelve a la normalidad, incluso los colegios han abierto sus puertas para recibir nuevamente a los alumnos”, refirió.

Esperamos que se restablezca el diálogo

El representante de la Defensoría del Pueblo confirmó, además, que durante el proceso de diálogo en Cajamarca, los participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus preocupaciones y puntos de vista. Incluso refirió que la reunión fue amplia y se realizó con la mejor disposición para llegar a acuerdos.

“En una democracia, el diálogo no se rompe sino se suspende y nosotros tenemos la esperanza de que a lo largo del día ese diálogo se pueda restablecer y podamos completar lo que ayer se inició y pasar a un nuevo momento, un momento en que se abre un proceso en el que habrá un debate técnico, científico, donde se plantearan todas las opciones que sean razonables para salir de todas las dudas respecto del proyecto Conga”, acotó.

Alcaldes y dirigentes querían consultar con sus bases

Reveló, además, que existió un sector de alcaldes y dirigentes que señalaron que estaban de acuerdo con los puntos en negociación y que sólo pedían unas horas para consultar a sus bases para anunciar públicamente que se levantaba el paro.

“Hubo un sector de alcaldes y dirigentes que dijeron que estaban de acuerdo con todo, pero que en relación al levantamiento del paro pedían unas horas para consultar a la población, a las bases, y que luego de eso suscribirían el acta. Estamos hablando quizás de un problema de fondo del ejercicio de la representación que el Perú no es una representación seria”, estimó.

“Se tiene un mandato para negociar ciertos márgenes, pero puede ser que de acuerdo a las tradiciones, costumbres de determinadas zonas en el país se debe volver a informar y eso es lo que pedían, volver para informar, para explicar los acuerdos y luego de eso proceder para la suscripción y en ese proceso estamos”, remarcó.

El Ministerio de Cultura y los modelos de negociación

Consideró, finalmente, que existe un problema de orden cultural en torno a los modelos de negociación y por ello, recomendó a los representantes del Ministerio de Cultura, responsables de implementar el derecho a la consulta, que se analice los usos y costumbres de cada comunidad para el buen funcionamiento del proceso de diálogo.

“Estamos justamente ante un problema de orden cultural de modelos de negociación y eso hay que tenerlo muy presente también cuando se implemente el derecho de consulta. Hay que entender bien y adaptar los del proceso de consulta a las costumbres y a la forma en cómo se resuelven los problemas en las comunidades de los pueblos indígenas”, dijo.

“De manera que estamos simplemente ante esa distancia cultural en modelos de negociación, algo que es superable para este caso concreto [del proyecto Conga] y que además el Estado debe tener una estrategia hacia adelante para comprender situaciones particulares en el resto del país. No se negocia de la misma manera en Lima que se negocia con una etnia machiguenga o se negocia con los aymaras. Hay distintos modelos de negociación, tenemos que ser flexibles y adaptarnos a esa circunstancia”, concluyó.

Santos sobre estado de emergencia: Ganan votos y después mandan las botas

Ideeleradio.- “Ganan los votos y después mandan las botas”, afirmó el presidente regional Gregorio Santos, al considerar que el estado de emergencia que se implementará por 60 días en Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, es una “payasada” del ministro del Interior, Óscar Valdez, que no soluciona el conflicto.

“[…] Se le está mintiendo al país, [cuando se dice] que se están resolviendo conflictos, lo que se está haciendo es solo alargarlos, enfriarlos y después va a costar caro al país. [Ayer] se avanzó en cosas de forma, porque el Ejecutivo ante el poder transnacional y con el tratado de Libre Comercio no puede maniobrar en cosas de fondo, son conversaciones para calmar simplemente los ánimos de la población, pero realmente no se están resolviendo [los problemas]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ellos nos dijeron firmen ahorita o ya saben lo que se viene a las 12 [a.m.], el ministro [Salomón] Lerner dice yo no he dicho esto, pero lo que nos decían a cada rato, y se paseaban los oficiales de la policía y la Dinoes con las armas por nuestras narices. Todo ha sido militarizado como nunca en la historia de Cajamarca […] Ganan los votos y después mandan las botas, eso es lo que está ocurriendo ahorita”, puntualizó.

Ministro Valdez indujo al error a Humala

Santos Guerrero indicó que el titular de la cartera del Interior hizo incurrir en un error al presidente de la República, Ollanta Humala, al decretar este régimen de excepción por el que suspenden ciertas garantías constitucionales. Opinó, asimismo, que al ministro Óscar Valdez le gusta rodearse de tropas para aparentar que tiene autoridad.

“Ese estado de emergencia es una payasada de Óscar Valdez, tiene nombre propio para hacer aparecer que es el hombre que tiene poder, y que sobrevolando con los helicópteros asustará a la gente y le va a impedir que se movilice, es un ridículo que hace cometer un error al presidente [Ollanta Humala]”, señaló.

“Esta es una payasada que se está viendo de este señor ministro que vino con todo el Ejército tres días antes y metió las tropas que podía, cuando todo estaba normalizado, cuando se había trabajado por desbloquear las vías, cuando habíamos convencido a varias organizaciones […] y todos estaban trabajando para reiniciar las clases con normalidad”, anotó.

Levantamiento de paro estaba garantizado

La autoridad regional refirió que la población hubiera acordado el levantamiento del paro, si es que en la reunión que sostuvieron con el primer ministro Salomón Lerner se hubiera aprobado los puntos en los que había consenso.

“[El levantamiento del paro] todo eso estaba garantizado, todo; pero el método no, y nos increpaban incluso con rudeza, ¿decides porque eres presidente regional? Oiga señor puedo tener el cargo que tenga, pero me he criado en las organizaciones y he nacido con ellos, y sé que todo nuestro proceso es de consulta y por qué [entonces] el Gobierno aprueba la consulta previa. Arriba, el Ejecutivo dispone y los provincianos considerados de tercera categoría, se los quería humillar y mancillar y ahora dicen no que todo ha sido respetuoso ¿y las avionetas que te pasan por las narices?”, aseveró.

Podemos reunirnos si levantan estado de emergencia

Comentó además que el Ejecutivo ha magnificado el caso Cajamarca para aparentar que se ha recuperado autoridad. Mencionó que las autoridades regionales podrían reunirse con los altos funcionarios del Poder Ejecutivo y tomar algunos acuerdos, si es que se suspende el estado en emergencia en las cuatro provincias de Cajamarca.

“[…] Una cosa tan simple que la han magnificado para decir a los medios de Lima, que el Estado ha recuperado autoridad, Cajamarca no se lo cree estimados, si el primer ministro levanta el Estado de Emergencia podemos reunirnos, sino nos va obligar a reunirnos bajo responsabilidad del Estado y del Gobierno […]”, declaró.

“No vamos a caer en este juego que lo pedía la Chacón y el fujimorismo, no. Hemos dicho al primer ministro suspendan el Estado de Emergencia, ahorita nos reunimos en dos o tres cuatro horas, o hasta la noche, mañana a primera hora la gente estaría con todos los acuerdos en la mano y estoy seguro que la gente acordaría el levantamiento del paro y la continuidad de los debates sobre desarrollo regional”, concluyó.

Luis Salgado: Espero que estado de emergencia se maneje con absoluta prudencia

Ideeleradio.- Espero que el estado de emergencia decretado por el Gobierno en Cajamarca, tras casi dos semanas de protesta contra el proyecto Conga, se maneje con absoluta prudencia, sostuvo el procurador público supranacional Luis Alberto Salgado, al resaltar el llamado a la calma realizado por los dirigentes regionales.

Fue al considerar que la decisión del Gobierno tiene como trasfondo el reclamo de esta región contra el proyecto Conga y el antecedente de la falta de credibilidad de la empresa minera Yanacocha.

“Esa es un antecedente muy importante para ver que dentro de un estado democrático, ante estas circunstancias donde hemos llegado, donde el Presidente y el premier han decidido aplicar el estado de emergencia por 60 días, yo espero –y formo parte de este Estado– que eso se maneje con absoluta prudencia. El trasfondo es la defensa que la gran mayoría de cajamarquinos hace de su vida, del agua”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“A nosotros inmediatamente no nos afecta, pero son compatriotas nuestros que ven cómo va avanzando la desertificación de su tierra, […] entonces la aplicación del estado de emergencia tiene que hacerse y he escuchado que los mismos dirigentes están llamando a la calma y la prudencia, lo cual me parece una buena reacción por parte de estos dirigentes”, agregó.

Comentó que su postura es reflexiva y de mucha serenidad y que no busca criticar la decisión que tomó el jefe de Estado en relación al estado de emergencia, medida que fue comunicada en la víspera a través de un mensaje a la nación.

"Cada día se toman decisiones, fruto de un análisis serio, equilibrado, sereno, a veces son decisiones que se toman fruto de informaciones que se toman de tres o cuatro factores y no he considerado otros tres o cuatro importantes. Obviamente yo no voy a criticar la decisión del presidente, pero sí tengo una actitud reflexiva y de mucha serenidad porque de por medio está el Estado y de mi país", reclacó.

Ultraderecha quiere solución a sangre y fuego

No obstante, Salgado Tantte criticó a un sector político del país al que calificó de “ultra derecha” y al que acusó de pedir mediáticamente que el conflicto social que se vive en Cajamarca se “resuelva a sangre y fuego” y que se “meta bala y se mate gente”. Remarcó que se debe tomar en cuenta que más del 90% del pueblo cajamarquino rechaza los antecedentes muy negativos de Yanacocha y Newmont.

“Hay sectores de ultra derecha y que tienen expresiones en varios medios y tabloides que están pidiendo que esto se resuelva a sangre y fuego, que están pidiendo al gobierno de Ollanta Humala que meta bala y que mate gente. Incluso leí un artículo que pedía que se encarcelara a todos los dirigentes que se oponían al proyecto y hablaban de la república soviet de Cajamarca, eso es una situación altamente irresponsable, esa es una estrategia criminal para que un Estado mismo se quiebre las rodillas y su base social”, manifestó.

“Entonces este es un elemento de reflexión, ese es uno de los sectores que –algunos dirían– son senderistas de derecha […] Y es cierto que hay agitadores, pero no puede aceptarse que se diga que todos estos son subversivos y terroristas, cuando el 90% del pueblo de Cajamarca rechaza por los antecedentes muy negativos y pésimos de la empresa Yanacocha y Newmont, allá en Cajamarca”, señaló.

Apuntó que quienes cuestionan la gestión de Ollanta Humala y la del ministro de Justicia, Francisco Eguiguren provienen de los mismos sectores que buscan la resolución de la controversia en Cajamarca “a punta de explosivos”.

“Son los mimos medios de comunicación, dime de dónde viene y dime quién te ataca. Son sectores sumamente irresponsables muy vinculados al fujimorismo que estarían encantados con que regresara la salita del SIN, que hubieran cartas de sujeción y que se reprimieran los derechos económicos sociales y laborales, aunque el Estado se pudriera en corrupción; de manera que esa campaña de esos sectores forma parte de un propósito de destrucción de todo aquello que pueda significar un avance o un desarrollo y atacan al mismo ministro que es uno de los principales promotores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Preguntémonos por qué están en contra de eso”, refirió.

Replanteamiento del proyecto y morigeramiento

Dijo que el estado de emergencia no resuelve el problema y que es más un manejo de la coyuntura. Opinó que debería comenzarse a evaluar un replanteamiento del proyecto Conga, así como una suspensión de sus actividades, como lo hizo Barack Obama hace dos semanas en relación a la construcción del oleoducto Keystone XL, proyecto de 7 mil millones de dólares que fue postergado hasta el 2013.

“Es un replanteamiento de morigerar sus expectativas de mejorar sus expectativas económicas, si han estado acostumbrado a ganar 10 mil millones, pues que se morigeren y se contenten con ganar 3 mil 500 o 4 mil millones. […] aquí hay que comprender que es importante la inversión […] como decía Haya de la Torre venga de donde venga y no venga como venga; allí está la gran cuestión, el talento y la inteligencia de los estadistas y de los verdaderos transformadores y revolucionarios”, acotó.