lunes, 29 de agosto de 2011

Mulder: Es exagerado culpar al aprismo por las 191 muertes que dejaron conflictos


Ideeleradio.- Responsabilizar al gobierno aprista por los 191 muertos que se registraron durante los conflictos sociales de los últimos cinco años es exagerado, sostuvo el congresista Mauricio Mulder (Apra), tras advertir que no se puede descartar que se produzcan otros decesos durante la administración de Ollanta Humala.

Fue al comentar las declaraciones del jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Caballero Martín, quien precisó que del total de decesos, 153 fueron civiles y 38 policías y militares.

“Eso es exagerado porque si hay casos en los que ha habido violencia política no todo es atribuible al gobierno [del Apra] porque haya ocurrido entre el 2001 y 2006. Yo recuerdo el paro agrario que se hizo en Ayacucho […] y eso fue consecuencia de una acción interna de disparo de perdigones que se había hecho con arma hechiza y atribuírselo al gobierno aprista como si fuese un gobierno indolente o que propicia las muertes, a mí me parece una exageración de un titular estrictamente político”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo he leído uno a uno la lista de conflictos sociales de la Defensoría de Pueblo, la gran mayoría son reclamos en este tipo de temas, y queda, por lo menos, un 30% de problemas de carácter electoral. Ese tipo de conflictos siguen, eso ya se va a ver más adelante cómo se van a ir resolviendo, lo que hay es una especie de tregua política por un gobierno [de Gana Perú] que está entrando”, anotó.

Muertes podrían ocurrir también en esta gestión
Refirió que los decesos no son propios del gobierno aprista y vaticinó que, lamentablemente, sucederán también en la actual administración. El legislador instó a los grupos radicales a sumarse a un camino de diálogo para buscar soluciones reales a sus demandas sin emplear la violencia.

“No digamos ‘hagamos la contabilidad de aquí a cinco años para ver cuántos muertos hubieron por lo mismo en este gobierno’, porque habrán, lamentablemente, cuando se propicia actos de violencia se asume responsabilidades de esa índole; entonces, nadie puede decir ‘eso ya no ocurrirá más’, la verdad, es que el país todavía tiene que entrar en un proceso político”, puntualizó.

“Esperemos que los sectores radicales que no son proclives al entendimiento y al diálogo, que son proclives a la búsqueda de hegemonías autoritarias en el sentido de decir ‘aquí lo que hay que hacer es aprovechar el espacio para seguir avanzando’ tengan el arrebato de no seguir propiciando actos de violencia” acotó.

Humala tiene posibilidad de avanzar gracias al Apra
Comentó que el régimen de Gana Perú no tendría la posibilidad de hacer tantas proyecciones si es que la gestión del líder aprista, no hubiera sentado las bases de la descentralización y la reducción de la pobreza. A su juicio, el propio presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, reconoció el manejo responsable de la economía, durante su última presentación en el Congreso.

“[Salomón] Lerner dijo también una frase importante: ‘El Perú es el país de América Latina que mejor preparado está para enfrentar la crisis internacional del capitalismo’. Eso es el reconocimiento de que se ha manejado una economía y se ha dejado una economía con solidez suficiente como para que cualquier gobierno tenga los instrumentos de enfrentar esa crisis”, subrayó.

“A lo que iba yo es que si no hubiese habido un gobierno como el de Alan García que ha reducido pobreza, descentralizado el país, fortalecido los gobiernos locales, no tendría el gobierno que sigue la capacidad de poder avanzar como ellos están proponiéndose hacerlo”, apuntó.

Adelantó que lo que se va a poner en evidencia es la capacidad del Gobierno Central para poder enfrentar esos conflictos, al sostener que su partido ve en Gana Perú la intención de ‘hacer las cosas bien’. Estimó que hasta el día de hoy, Gana Perú tiene todavía “tiene un 90% de palabra y un 10% de hechos”.

“Yo creo que un examen completo de lo que hace un gobierno no es menos de 6 meses, hasta el día de hoy. Yo veo muy buenos propósitos de diálogo; y entendimiento por parte de Lerner lo hemos encontrado; intenciones de hacer las cosas bien, lo estamos viendo; propósitos de hacer de la política un mecanismos de entendimiento entre todos los peruanos, me parece complemente plausible. De manera que esos propósitos hay que respaldarlos porque están bien intencionados, otra cosa será cómo lo ponen en práctica”, argumentó.

La Ley de Consulta Previa podría generar falsas expectativas
Advirtió, además, que se deben tomar las precauciones del caso para que la población no crea que con la Ley de Consulta Previa se puede impedir algún tipo de concesión que plantee el Estado. Recordó que esta ley carece de efecto vinculante y que, finalmente, la última palabra la tiene el Gobierno y no la población.

“El Estado no puede renunciar a su condición de ser un Estado que aplique la ley y tampoco puede dejar de consultar. […] El tema es que no se vaya a generar las falsas expectativas de que como se ha hecho la consultas y la población dijo que no, el Estado va a aceptar ese ‘no’, porque la población o gran parte de la población no sabe que en realidad no tiene efecto vinculante la consulta y que el Estado puede decir ‘sí’, a pesar que la consulta diga ‘no’. ¿Qué va a pasar si eso ocurre?”, consideró.

Gravamen debe generalizarse a otros sectores
Finalmente, Mulder Bedoya saludó el acuerdo entre el Gobierno y las compañías mineras y propuso que este gravamen no solo sea aplicado al ámbito minero, sino también a otros sectores que han tenido ganancias ingentes en los últimos tiempos.

“Si vamos a ir al punto de comparación, yo no me voy a poner en el plan de decir ‘esto es malo’ porque como es más de lo que se [obtuvo] en el gobierno aprista yo le voy a petardear, no. Hay que saludarlo y ojalá esto se mantenga y se generalice a otros sectores, porque no son los únicos sectores que tienen ganancias ingentes en los últimos tiempos; además, esto permite también una mayor comprensión de lo que pueda significar el aporte minero”, opinó.

“La pregunta que habría que hacer adicionalmente es ¿a cambio de qué seguridades la minería está haciendo esta proyección [de tres mil millones anuales]? Porque es uno de los sectores que mayores dificultades tiene para invertir, dado el hecho que necesita la llamada licencia social y dado el hecho que ya se aprobó la Ley de Consulta Previa y es evidente que ellos [los empresarios mineros] van a verse acosados por determinados grupos que van a empezar a plantear otra vez un tema como territorio libre de minería o mayores condiciones para protección ambiental”, concluyó.

Afirman que García emitió norma con nombre propio para Caso Tren Eléctrico

Ideeleradio.- La administración de Alan García emitió una norma con nombre propio en la segunda etapa de obras del Tren Eléctrico, afirmó Derik Latorre Boza, especialista en contrataciones públicas, derecho de la construcción y arbitraje y exvocal del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Fue al comentar tanto el Decreto Supremo N° 262-2010-EF que lleva la rúbrica del expresidente Alan García y los ex ministros Ismael Benavides (Economía) y Enrique Cornejo (Transporte y Comunicaciones), así como el informe periodístico de IDL-Reporteros que menciona que Odebrecht obtuvo alrededor de 757 millones de dólares adicionales en cuatro obras: Tramo 1 del Tren Eléctrico, Tramo 2 de Interoceánica Sur, Tramo 3 de Interoceánica Sur y la Interoceánica Norte.

“No conozco directamente los casos que está tocando usted [los de Odebrecht], pero lo que sí podría decir que probablemente esto se ha desarrollado por otros regímenes de contratación pública, no de contrataciones del Estado. Por ejemplo, el segundo tramo de esta obra del tren eléctrico ha generado que se emita el año 2010, el Decreto Supremo 262 del sector Economía y Finanzas, que yo vería que es una norma casi con nombre propio, que es una norma que se emitió para la regulación exactamente del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, es decir han hecho un decreto para ese tramo”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esta obra será vía la modalidad concurso oferta, esto significa que el mismo proveedor [en este caso Odebrecht] se va a encargar de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra, cosa que está también previsto en la Ley de Contrataciones. Sin embargo, en la Ley de Contrataciones del Estado se dice que las modalidades de concurso oferta se dará siempre a través de la modalidad suma alzada, es decir, por un monto total fijo, pero para este caso se ha previsto precios unitarios [en la cual se cancela lo ejecutado] cosa que es llamativa porque la Ley de Contrataciones que regula el tema de manera general ha previsto que esto será siempre suma alzada”, observó.

Facultades bastantes flexibles
El especialista dio a entender que se modificó la Ley de Contrataciones del Estado para favorecer a la empresa Odebrecht, tomando en cuenta que el Decreto Supremo N° 262-2010-EF da “facultades bastantes flexibles” a la empresa que ejecute el Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

“Yo no hablaría de empresas porque esta norma regula la ejecución de una obra [pero Odebrecht hizo la I y se ha presentado a la II]. Esto se presentó en el 2010 y entiendo que debió ser antes de la adjudicación, pero se está regulando específicamente para una obra con nombre propio, o sea esta modalidad de concurso oferta a precios unitarios se va a aplicar solo para el caso del Tren Eléctrico”, detalló.

“Acá me llamó mucho la atención […] digamos hay facultades bastantes flexibles para la ejecución de esta obra e incluso se prevé que para adelante se van a poder aprobar parcialmente tramos del expediente técnico, o sea no se va a requerir el expediente técnico total, sino que se podrá elaborar por partes, es –digamos– llamativo este tema”, declaró.

Laudo arbitral a favor de Gildemeister
De otro lado, Latorre Boza explicó que en el caso de la compra de patrulleros para el sector Interior durante la gestión del ex ministro Luis Alva Castro, el máximo ente del sistema de contrataciones del Estado resolvió a favor del consorcio Gildemeister, en la cual supone que el Estado tendrá que pagar alguna reparación a favor de esa compañía.

“El laudo arbitral daba la razón al consorcio que había sido adjudicado en ese momento, me parece que es el consorcio de Gildemeister, pero en este caso la entidad declaró la nulidad del contrato y el consorcio cuestionó esta nulidad en vía de arbitraje y el laudo arbitral, finalmente, le dio la razón al consorcio [Gildemeister]”, manifestó.

Jueces y partes
Finalmente, Derick Latorre sostuvo que el Decreto Legislativo 1017, que fue aprobado en el 2008 como parte del paquete de normas para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unido, hizo que las entidades contratadas por el Estado sean jueces y partes en la ejecución de proyectos.

“Ahí lo que llama la atención es que la propia Ley de Contrataciones y su reglamento lo hizo para adecuar a los cánones de exigencia de los tratado de libre de comercio, es decir, en el caso de contratos que estén bajo la cobertura del tratado de libre comercio quien resolverá las controversias será el Tribunal de Contrataciones, o sea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)]”, anotó.

“Hace que las entidades sean jueces y partes y con un argumento que a mi entender es falaz ´siempre la idea de agilizar el gasto público’ y claro los mecanismos de observaciones a las bases y apelaciones son una forma de que los propios proveedores van a ejercer el control de las contrataciones por parte de las entidades. El Estado no se beneficia de la concurrencia, competencia, de proveedores. En la mayoría de casos de adjudica los contratos con un solo postor, o sea no hay competencia”, concluyó.

Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM: Pedido de Aduviri no se negocia

Ideeleradio.- El pedido del líder aymara Walter Aduviri Calizaya, para que no se desarrolle alguna actividad minera en Puno es no negociable, sostuvo Víctor Caballero Martín, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fue al referirse a las declaraciones del también titular del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno quien dijo que “no habrá minería en el Altiplano” y quien pidió además la renuncia del ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke por desconocer su representatividad.

“Eso no se negocia [el pedido de no minería], nosotros [en el Gobierno] tenemos que hablar con los líderes representativos de la población, con las autoridades legítimamente elegidas por la población, con los presidentes de las comunidades campesinas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El error que se comete es empoderar a los grupos radicales en el diálogo y devaluar la autoridad de los presidentes regionales, alcaldes, gobernadores, y presidentes de las comunidades. El haber empoderado a esos grupos radicales que no tienen lealtad al país, ni a ningún tipo de demanda popular ha terminado por fortalecer este tipo de acciones”, expresó.

Caballero Martín argumentó que muchas veces los pobladores se equivocan al otorgarles poder y representación a los líderes de organizaciones radicales y no a sus autoridades locales. Indicó que muchos de estos dirigentes no utilizan los canales de diálogo apropiado, sino que tratan de imponer sus propias decisiones con el empleo frecuente de la violencia como herramienta.

“Eso [el pedido de renuncia del ministro del Ambiente] es el resultado de haber empoderado a grupos que no representan a la población, por ejemplo, el error en Puno es haber evitado el diálogo con el presidente regional o haberlo dejado de lado, cuando las autoridades legítimas con las cuales había que dialogar eran los alcaldes provinciales y el presidente regional. […] Sustituir a estas autoridades y darles poder a este tipo de grupos es volver a repetir este círculo vicioso de violencia que ha vivido el país”, señaló.

Los 191 muertos se deben a una política sin diálogo
En otro momento, el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM estimó que los niveles de conflictividad en el país y las cifras que estas arrojan de 191 muertos en el régimen de Alan García Pérez es resultado de una política que no tuvo en cuenta los derechos de la población ni empleó el diálogo para evitar la controversia.

“La situación de conflictividad […] se debe fundamentalmente a una mala política, hemos visto la estrategia del ‘perro del hortelano’, que terminó generando niveles de violencia muy fuertes en la selva, [también] la estrategia de priorizar la investigación a costa de cualquier sacrificio humano”, subrayó.

“Hay una política que no contempló los derechos de la población, que no abrió las puertas del diálogo para adecuar las inversiones a las necesidades y modos de vida de la población y terminó imponiendo una serie de políticas, como las concesiones mineras y de lotes petroleros, que […] generó una reacción de esta naturaleza”, puntualizó.

El alto funcionario comentó que el elevado número de víctimas demuestra, además, la existencia de grupos radicales que carecen de visión de país y que no buscan el desarrollo de sus localidades, sino que responderían a intereses propios.

“Hay una decisión o voluntad de grupos radicales de producir un enfrentamiento a costa de muertos y un considerable número de heridos. […] Nosotros creemos que existen dentro de organizaciones radicales agendas propias, que no tienen nada que ver con la demanda legítima de la población”, recalcó.

Ley de Consulta es una conquista de pueblos indígenas
Caballero Martín consideró, en otro momento, que la aprobación de la Ley de Consulta Previa representa un triunfo para los pueblos que históricamente han sido olvidados. Enfatizó que con este dispositivo empieza un nuevo proceso para el país y vaticinó que las poblaciones encontrarán salidas idóneas a sus demandas.

“Es una conquista histórica de los pueblos indígenas y amazónicos, […] es una solución política a un complejo panorama de conflictos, sobre todo, ambientales. Esperamos que a partir de la fecha se abra un nuevo proceso y se construya un nuevo país más tolerante, más inclusivo, con más decisión de conversar con la gente, con no agotar el diálogo, que nunca debe concluirse, ni agotarse”, enfatizó.

Dialogaremos con todos los sectores
Aseguró, finalmente, que el Gobierno está abierto al diálogo y a los requerimientos de la población, pero advirtió que los pedidos o reclamos deben llegar mediante los mecanismos convenientes.

“Lo más importante en esta nueva gestión es cambiar de actitud respecto a la prevención de conflictos. Actualmente, lo que se está haciendo es actuar de manera rápida con los sectores para evitar que las demandas o reclamos devengan en movilizaciones y enfrentamientos”, mencionó.

Opinó que todos los sectores tienen derecho a desplegar sus demandas, así respondan a intereses propios, pero en una plataforma idónea en donde converjan los planteamientos del demandante, pero también del Estado. Consideró que quienes perdieron los comicios deben aceptar la voluntad de la mayoría, que se refleja en las decisiones y políticas del Gobierno.

“Estamos en una nueva gestión, en una nueva actitud, el diálogo está abierto para todos los sectores que quieran hacerlo, pero hay gobiernos legítimos, hay políticas que han sido aprobadas de manera legítima por sus autoridades, […] si estas decisiones políticas son cuestionadas u observadas existen los mecanismos para solucionarlas o corregirlas. Aquellos que tienen agenda propia tienen todo el derecho político de presentar sus demandas, pero en los canales políticos respectivos. Si perdieron una elección, la perdieron, la democracia exige el respeto a la voluntad ciudadana”, sentenció.

Mauricio Mulder: Químper busca irradiar situaciones de venganza al atacar a García

Ideeleradio.- El ex directivo de Perupetro, Alberto Químper, uno de los implicados en el Caso Petroaudios, busca irradiar situaciones de venganza al acusar al exmandatario Alan García de haberse “levantado más plata que Vladimiro Montesinos”, sostuvo el parlamentario Mauricio Mulder.

Fue al ser consultado por las recientes declaraciones de “Don Bieto”, quien en una entrevista a un diario local dijo que el líder aprista se hizo más rico en este gobierno y que “García no perdona nada, si se trata de agarrar plata, la agarra”.

“Son palabras dichas por una persona que está estigmatizada por frases muy duras de Alan García [quien llamó ‘ratas’ a los implicados en los negociados petroleros] y que tiene ahora la posición de querer evidentemente irradiar situaciones de venganza”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es claro, de que frases como esta tiene por lo menos que estar rodeada de ciertos indicios o de ciertas cosas y a mí me parece que aquí hay mucho de maniqueísmo, porque están dichas en un contexto en que es una persona que está siendo investigada judicialmente [por el caso Petroaudios]”, anotó.

Caso Petroaudios no debe ser visto en el Congreso
En otro momento, Mulder Bedoya consideró que el Caso Petroaudios no debe ser analizado otra vez en el Parlamento porque este tema ya es ventilado en el Poder Judicial. No obstante, recordó que el Partido Aprista Peruano votó a favor de que se investiguen temas como el tren eléctrico, el Estadio Nacional, del seguro social o del Banco de Materiales en la Comisión de Fiscalización.

“Nosotros hemos señalado que sobre las investigaciones que se quieran plantear vamos a votar a favor. Y de hecho en la última reunión de la Comisión de Fiscalización, el congresista Lescano ha planteado siete temas que tienen que ver con el gobierno aprista y hemos votado a favor. Lo que creemos es que investigar temas que ya el mismo Congreso investigó y que están en estos momentos en el Poder Judicial, es solamente búsqueda de notoriedad por parte de algunos parlamentarios”, advirtió.

“Esto de los petroaudios no [debería ir al Congreso] porque se ha investigado ya en el Congreso y esto dio motivo a un proceso que se dé un proceso judicial que está en pleno proceso; entonces, todo esto que se está diciendo tiene que dilucidarse en el Poder Judicial. […] El Congreso tampoco te garantiza que haya una investigación imparcial, el Congreso lo que hace es una investigación de carácter político”, puntualizó.

Apuntó que los pedidos de investigación tienen plantearse sobre hechos mínimamente establecidos y que las solicitudes no deben girar en torno a nombres, sino situaciones específicas.

“Hacer una investigación con un nombre es lo más inconstitucional que hay, decir ‘voy a investigar a Alan García para ver que hay’, no. [Se debe decir] investigo a Alan García o cualquier otra persona sobre este tema. […] Al congresista Lescano le escuché hablar del tren eléctrico, del Estadio Nacional, del seguro social, del Banco de Materiales, son temas que han surgido después, totalmente de acuerdo [que se investigue] y que de allí surja lo que tenga que surgir”, declaró.

Audio de Alva Castro debe ventilarse en el PJ y MP
En otro momento, el dirigente aprista subrayó que la difusión de un audio de una presunta conversación entre el ex ministro del Interior, Luis Alva Castro, con Alberto Químper, debe ser ventilada en el Ministerio Público o el Poder Judicial porque ya fue ventilada anteriormente en la comisión que presidió el legislador Daniel Abugattás.

“Hay que investigar [este tema de la compra de patrulleros], eso ya se sabía, cuando hubo una comisión de petroaudios que encabezó Daniel Abugattás, ese tema salió, recuerdo que declaró el representante de la Mitsui, Alva Castro concurrió a esa comisión, entiendo que después toda la investigación ha ido al Poder Judicial y eso está en estos momentos en juicio. Entonces, yo creo que esos dichos tendrán que ser cotejados por los jueces, por los fiscales y allí se verá qué cosa tiene de efectos delictivos y qué no”, argumentó.

“Yo confío en que mis compañeros van a saber salir airosos de los temas que han tenido alrededor de lo que señalas [los casos], yo creo que mucho de política hay también alrededor”, acotó.

Odebrecht tiene que aclarar denuncia de IDL-Reporteros
El legislador estimó, además, que la brasileña Odebrecht no debería tener ningún problema en aclarar el por qué las obras que ejecutan terminan invariablemente multiplicando su costo original. Según IDL-Reporteros, el Estado le pagó a Odebrecht un total de 757 millones más en cuatro obras implementadas por esa compañía.

“Sería interesante que nos digan cómo es que eso ocurre, porque ocurre que siempre tú haces una proyección y al final te encuentras con que tienes que hacer otro tipo de obras para llegar a tu obra; sin duda eso, sí merece ser esclarecido […]”, aseveró.

“Ahora si Odebrecht, que es una empresa que ha financiado la campaña de Humala y que tiene el contrato para la central hidroeléctrica de Inambari y el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que ahora se va a hacer a través de Electroperú, como es Electrobras esa central con Odebrecht, entonces me imagino que con ese protagonismo esa empresa brasileña no tendrá ningún problema en contestar cómo es que esas cosas ocurren”, refirió.

Preparan ambiente sicosocial para liberar a Antauro
El legislador denunció, igualmente, que se está preparando un ambiente sicosocial para liberar a Antauro Humala, implicado en la muerte de policías durante el ‘Andahuaylazo’. Fue al referirse a la evaluación que hace la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y la controversia generada entre los vocales en torno a si se mantiene o no el delito de secuestro y si se adecúa o no la pena.

“Yo veo otro tipo de influencia, en la medida de que al señor Antauro Humala ya están a punto de bajarle la pena. […] Y va a ver usted [que lo van a hacer] porque están preparando un ambiente sicosocial en el sentido de que la discrepancia entre los jueces ya no es si debe haber ratificación de la pena, sino si es 19 o 17, en cuyo caso de todas maneras tendría una disminución sustantiva […] y estaría saliendo”, opinó.

“Yo tengo toda la impresión de que se está preparando el ambiente para que eso ocurra y eso lo están haciendo a través de los jueces, quiere decir entonces que cuando ocurra, entonces dirán que el Poder Judicial es independiente, nosotros no hemos hecho nada, bueno, pues, entonces ese Poder Judicial que investigue todos los apristas porque para eso está”, enfatizó.