miércoles, 17 de agosto de 2011

José Ugaz: Se está tomando el rábano por las hojas en crisis penitenciaria

Ideeleradio.- La salida irregular de José Francisco Crousillat del Penal para Reos Primarios (ex San Jorge) demuestra la crisis total del sistema penitenciario y que se necesita una solución integral del problema, afirmó el exprocurador José Ugaz, al considerar que se está tomando el rábano por las hojas.

“En realidad hablamos de un sistema que ha colapsado y cuando estamos en una situación como esa cualquier medida disciplinaria resulta insuficiente […] el tema es que estamos tomando el problema de una manera fragmentada y eso nos lleva a soluciones insuficientes por todo lados. La idea en este caso es buscar una solución integral al problema y no estar tomando el rábano por las hojas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Ugaz Sánchez Moreno sostuvo que el Gobierno aún no cuenta con cuadros importantes que garanticen una buena dirección del país. No obstante, el ex procurador saludó la designación de Francisco Eguiguren en el Ministerio de Justicia, tras indicar que espera buenos resultados en esta materia.

“[En cuanto a este gobierno] señales no ha habido ninguna todavía, estamos a la expectativa, en realidad estamos en un periodo de acomodo. […] En realidad yo supongo que en la medida que arman sus cuadros, hay cierta percepción de que no tienen todas las personas que necesitan para cubrir los cuadros importantes que se requieren para dirigir el país en los distintos sectores”, señaló.

“Hay algunos gestos importantes, creo que los nombramientos del Gabinete en general son adecuados, por afinidad al sector justicia, creo que tenemos una buena designación en el ministro [de Justicia Francisco] Eguiguren que ha convocado a [ex procurador Iván] Meini, hay que esperar que ellos puedan crear un equipo que funciones en esa materia”, refirió.

Sobre el caso Roy Gates
En otro momento, comentó a la designación de Luis Roy Gates, abogado de Rómulo León, uno de los principales implicados en el caso de los supuestos negociados petroleros. Argumentó que la persona que decide asumir la defensa de determinados procesados de alguna manera está asumiendo el costo de lo que va a significar una eventual presencia pública.

“Las trayectorias de los abogados marcan la perspectiva de trabajo y una imagen, entonces la libertad de la elección del cliente de cada abogado tiene que ser tomada en cuenta también cuando asume una función pública. Si queremos dar un mensaje en un sentido, no podemos elegir a una persona que ha venido trabajando en un sentido contrario”, remarcó.

“Me imagino que quien ha asumido una posición ética frente a determinado tipo de ejercicio de la profesión, porque obviamente quien defiende a un narcotraficante o terrorista no lo hace narcotraficante o terrorista, pero también es verdad que lo abogados tenemos derechos a elegir nuestros casos y cuando uno hace una elección está optando por una decisión frente a una determinada problemática; quien decide asumir la defensa de narcotraficantes o terroristas de alguna manera está asumiendo el costo de lo que va a significar si quiere tener una presencia pública”, indicó.

Discrepa con reducción de pena a Antauro Humala
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Corte Suprema reduzca la pena de 25 años que se le impuso a Antauro Humala por el sonado caso de “Andahuaylazo”, Ugaz Sánchez Moreno afirmó que tiene responsabilidad penal pese a que no disparó.

“Lo que vimos en algún momento es como remataron a policías que habían sido reducidos, eso evidentemente es asesinato, ahí se está actuando con alevosía […] Si la persona gatilló o no el revólver […] eso no tiene nada que ver con el nivel de responsabilidad del que planifica, dispone, toma las órdenes y controla de alguna manera un aparato de poder o en el caso de una banda u organización como pareciera ser este grupo […] el que tiene la decisión detrás eso, se llama autor mediato, que es la teoría con la que se condenó a Fujimori”, mencionó.

“La crisis general porque creo que lo de Antauro no solamente implica un problema dogmático que su padre ha venido planteando en el sentido de que si es rebelión, sedición o asesinato, expresa también en una manera la crisis del sistema penitenciario”, subrayó.

Un nivel de concertación de autoridades
En otro momento, estimó que las autoridades del Estado tienen una visión de túnel, porque solo plantean medidas improvisadas y fragmentadas para hacer frente a la delincuencia.

“Me parece que estamos teniendo un Estado reactivo con una ‘visión de túnel’, se produce una circunstancia, como la lamentable agresión en contra de la hija de [el congresista Renzo] Reggiardo y de pronto salen soluciones improvisadas nadie se ha sentado a pensar, por ejemplo, si vamos a un sistema de endurecimiento de penas con una reducción de beneficio ¿qué vamos hacer con cárceles colapsadas?”, refirió.

“[…] Si lo que se quiere es que no salga los que roban celulares, los microcomercializadores de droga, ¿dónde los ponemos? Tiene que haber un nivel de concertación donde se sienten jueces, funcionarios del [Poder] Ejecutivo, del INPE, de fiscales, etc a realizar una política criminal del Estado peruano”, remarcó.

A favor de política criminal del Estado contra delincuencia
Igualmente, consideró que las diferentes autoridades deben contribuir a la elaboración de una política criminal del Estado y no de un sistema reactivo.

“Tiene que haber una política criminal del Estado peruano y no un sistema reactivo, porque cuando reaccionamos por los golpes, tenemos salidas desesperadas, improvisadas, fracasadas finalmente, que lo único que hace es gastar el sistema penal”, aseveró.

“Una política criminal tiene varios eslabones y el nivel penitenciario es el último y eso no se puede tomar fragmentadamente, tiene que verse como un sistema […] tiene que ver con política de prevención, como se aplican sanciones graduales y qué política penitenciaria se aplica a cada uno de ellos”, concluyó.

OCMA a favor de modificar beneficios penitenciarios

Ideeleradio.- El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, se mostró a favor de que se modifique la actual legislación para restringir la concesión de beneficios penitenciarios en los casos de robo agravado o de delincuentes que son reincidentes.

Fue al comentar la decisión de algunos magistrados que liberaron a delincuentes que tienen antecedentes por cometer graves delitos, como el caso de la niña Romina y la de Ariana, hija del congresista Renzo Reggiardo, quienes resultaron heridas por avezados criminales.

“[…] En el caso de la niña Romina o la hija menor del congresista Reggiardo el tema va más allá, estamos hablando de penas demasiado benignas quizás, demasiado negociadas con conclusiones anticipadas, confesiones sinceras que provocan una serie de rebajas en beneficios, tanto que este delincuente que disparó contra esta menor [Ariana Reggiardo] había cumplido su pena el 2008 a pesar que había sido involucrado en siete delitos porque hay refundición”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Las sanciones] deberían ir acompañadas –felizmente también ya ha sido recogido estas inquietudes– de modificatorias legales para evitar, por ejemplo, que haya beneficios penitenciarios para delitos como el robo agravado o [que] solo los beneficios, lo accedan los [delincuentes] primarios o que no haya refundición de penas”, acotó.

Explicó que en el caso de la investigación a los jueces, la OCMA hace ponderaciones en cada caso concreto porque los magistrados pueden argüir razones equivocadas para ordenar la libertad de un reo.

“Cuando no las hay [las razones válidas], es que cuestionamos el trabajo del juez. Estamos en un terreno fronterizo en cuanto a lo que es criterio funcional o jurisdiccional. Lo que sí podemos advertir es que los resultados ya los estamos cosechando hace dos meses, con recapturas y restricciones”, refirió.

“Nosotros estamos fijando criterios y la presidencia ya ha fijado criterios, nosotros intervenimos cuando hay una infracción. […] Si [antes] se daban diez beneficios ahora se da tres […]. Sí existe gente que si merece estos beneficios, el problema es cuando delincuentes de alta dañosidad como es el término que se aplica a este tipo de delincuentes, salen, que es algo inexplicable y que va contra toda razón”, agregó.

Beneficios penitenciarios concedidos han disminuido
El jefe de la (OCMA) informó, asimismo, que desde marzo se ha comenzado un trabajo de visitas inopinadas en diversas regiones para analizar las resoluciones de magistrados que pudieran ser cuestionadas.

“Tenemos un plan de trabajo por los beneficios penitenciarios, revisando la laxitud o [sanciones] restrictas, que deben haber en el otorgamiento de estos beneficios por parte de los jueces”, detalló.

“Por eso se ha rebajado menos del 50 por ciento, el otorgamiento de beneficios que se daban a los internos, hasta antes del mes de mayo del presente año, hay muchos casos que se han visto en este momento y que la opinión pública se ha informado por los periódicos, pero son liberaciones que han sido en meses anteriores”, subrayó.

Explicó, por ejemplo, que en la región La Libertad se ha recapturado a 32 peligrosos criminales que habían sido liberados sin mayores fundamentos. En tal sentido, afirmó que si antes se otorgaba beneficios en diez casos, ahora se dan sólo en tres.

“En La Libertad, hemos encontrado 73 causas donde ha habido un supuesta infracción a los criterios que deben manejar los jueces, de esos 73 ha habido una reacción saludable y se ha ordenado la recaptura de 32 delincuentes que fueron beneficiados, casi la mitad ha sido recapturado”, puntualizó.

Mendoza Ramírez indicó que la decisión del juez debe garantizar que la sociedad no se verá afectada por cuestionadas liberaciones de presos. Anunció, asimismo, que la Oficina de Control de la Magistratura, dará a conocer en los próximos días, una serie de sanciones a jueces cuyas resoluciones han sido objetadas.

“En los próximos días estarán saliendo varias sanciones, pero, por otro lado, si son posibles de impugnar y cuestionar en el Consejo Nacional de la Magistratura, todas estas sanciones [interpuestas por la OCMA] son por razones de garantías procesales impugnables porque tienen derecho”, argumentó.

“En realidad nosotros [la OCMA] propugnamos que los jueces sean garantistas, pero también garantistas con la sociedad, no sólo con los delincuentes, con el interno o reo”, recalcó.

Caso Antauro y Crousillat se pudo prever
El jefe de la (OCMA) sostuvo, finalmente, que tanto la tolerancia con la que cuenta el interno Antauro Humala para declarar desde el penal de Piedras Gordas o la salida irregular de Francisco Crousillat del penal San Jorge se pudo prevenir.

“Ante este tipo de irregularidades hay que reaccionar inmediatamente y aplicar las enmiendas que sean necesarias, hacer y sancionar drásticamente, pero prever las cosas hay que ser siempre previsor y no esperar que se produzca la situación”, sentenció.

Wilson Hernández: Ya presenté mi renuncia irrevocable al INPE

Ideeleradio.- El interno Antauro Humala no tiene ningún privilegio en el penal de Piedras Gordas, aseguró Wilson Hernández, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras confirmar que presentó su carta de renuncia irrevocable el pasado 2 de agosto, al inicio del nuevo gobierno.

“Es verdad [que yo presenté mi renuncia el 2 de agosto], el señor ministro [Francisco Eguiguren] ha tenido la gentileza de pedirme que permanezca [temporalmente en el cargo], mientras nombra mi reemplazo [en el INPE]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo esperaba salir bien del cargo, porque el INPE acababa de ganar dos premios de buenas prácticas de gestión pública; sin embargo, yo había tomado la decisión de dejar el cargo y de salir bien, por esto que ha sucedido estamos en el pico de la opinión pública; yo ya he tomado una decisión, yo prefiero dejar el cargo. […] La renuncia que he presentado es irrevocable”, puntualizó.

Nueva administración evaluará pedido de Antauro
Indicó, en otro momento, que serán las nuevas autoridades penitenciarias las que tendrán que evaluar un eventual cambio de régimen o traslado del interno Antauro Humala a otro recinto carcelario. En la víspera, el hermano del Presidente dirigió un manuscrito al ministro de Justicia, en el que señala que se le mantiene en un penal de régimen cerrado especial, a pesar de que le correspondería uno de tipo ordinario.

En la misiva de tres páginas, Humala Tasso recuerda también que en todos los penales de régimen ordinario del INPE se instalan cabinas telefónicas públicas para uso irrestricto de los internos, al citar como ejemplo el caso de Alberto Fujimori, quien dice goza de “disponibilidad reglamentaria de teléfono”.

“Es verdad que él está bajo el régimen cerrado ordinario, él está en etapa de mediana seguridad y justamente este mes le corresponde ser evaluado; sin embargo, es verdad también que el penal de Ancón es un penal de régimen cerrado especial, pero hay un pabellón que es de régimen cerrado ordinario; adicionalmente, el señor Humala se encuentra en el Área de Prevención, junto a otros cuatro internos, o sea totalmente aislado de la población del régimen cerrado especial”, explicó.

“Si hay un pedido oficial del señor Humala tendrá que ser evaluado por las nuevas autoridades penitenciarias y tendría que evaluarse cuáles son las condiciones de su pedido. No he leído ningún documento [o manuscrito] del señor Humala. […] El reglamento del Código de Ejecución Penal establece el derecho de los internos a la comunicación, pero ese derecho es regulado, en las horas que establezca el consejo técnico del penal y bajo el control de las autoridades penitenciarias”, acotó.

No estamos a favor ni en contra de Antauro
En otro momento, el jefe del INPE precisó que en el caso de Antauro Humala, quien concedió varias entrevistas a diversos medios de comunicación, se ha producido una violación de las normas de seguridad. Ratificó el aislamiento provisional de Humala Tasso y descartó que el procesado tenga algún privilegio en el penal de Piedras Gordas.

“Frente a esto, ya es de conocimiento público que se está adoptando dos procedimientos, respecto a la responsabilidad del INPE y del interno, inclusive ha ameritado que el consejo técnico del penal resuelva como una medida preventiva su aislamiento provisional en tanto se aplique una sanción”, mencionó.

“Él para nosotros es un interno más, por eso es que frente a los hechos que son de conocimiento público se está tomando las medidas de acuerdo a ley. […] No hay ninguna actitud a favor, ni tampoco en contra, ningún privilegio, ni tampoco se está buscando presionar al interno, nos hemos tocado con estos temas y se están tomando las medidas que corresponden nada más”, añadió.

Óscar Benítez fue trasladado a otro ambiente
Hernández Silva confirmó, también, que Óscar Benítez Linares, investigado por sus vínculos con el narcotráfico fue trasladado a otro ambiente dentro del mismo penal de Piedras Gordas, porque el ex informante de la DEA recibía visitas que en realidad eran para Antauro Humala.

“En el caso de este interno, es verdad que ha sido trasladado, pero no a otro penal, sino a otra área del mismo penal, porque está siendo sometido a un proceso administrativo sancionador. Es verdad que estas tres personas que ingresaron [en realidad a ver a Humala] dicen ‘vamos a visitar al interno Benítez’ y él dice que sí son sus visitas, y es por eso que ha sido trasladado dentro del penal, conforme las atribuciones del Consejo Técnico Penitenciario”, refirió.

“Yo reitero que no hay ningún privilegio, se están tomado las medidas, inclusive la seguridad inmediata del área en que está el interno Humala está a cargo de un personal que no es el del penal, sino del grupo de Operaciones Especiales del INPE; sin embrago, la seguridad, por más medidas que se tomen, siempre existe el riego de poder ser vulnerada. Se están tomando las medidas esperamos cumplirlas eficientemente y eficazmente”, concluyó.

Beingolea: Gobierno da pésimo mensaje al designar a Murga en Criminalística y suspender erradicación

Ideeleradio.- El Poder Ejecutivo está dando pésimos y malos mensajes al suspender la erradicación de la hoja de coca en el Huallaga y al nombrar como jefe de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional al general Félix Murga, quien fue cuestionado por el caso de los "Pishtacos", sostuvo Alberto Beingolea, presidente de la Comisión de Justicia.

“En lo que respecta en lucha contra la criminalidad en esto lo que me estás diciendo [en torno a la designación de Félix Murga] es un mal mensaje y, en general, creo que estamos recibiendo algunos malos mensajes. También en esto de la lucha antidrogas hay malos mensajes, mensajes malísimos”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Creo que de los peores mensajes que hemos recibido [del Poder Ejecutivo] están en esta materia [de lucha antidroga] pero esperemos. Creo que hay que esperar la presentación del Consejo de Ministros para saber y hago votos para que después de eso, sepamos a dónde vamos”, puntualizó.

El general Eusebio Félix Murga volvió a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, luego de ser removido en el 2009 de ese mismo cargo por la presunta autoría de la teoría de los “Pishtacos”.

Es un pésimo inicio para Ricardo Soberón
En ese sentido, opinó que no debería suspenderse la erradicación de la hoja de coca y, por el contrario, enfatizó en que se debería continuar con esta labor y en paralelo trabajar una propuesta para eliminar el problema. Beingolea Delgado añadió, asimismo, que este es un pésimo inicio para Ricardo Soberón, responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

“Por donde lo veas este mensaje de decir ‘vamos a parar la erradicación’ creo que es un pésimo mensaje. No estoy de acuerdo, creo que tendríamos que continuar [con la erradicación]”, mencionó.

“Se puede seguir haciendo los estudios del caso, mientras que seguimos la erradicación tal como está planteada, sobre todo después de los cuestionamientos que se han planteado sobre algunas personas que ahora están encargadas de este sector y que han sido cuestionadas desde algunas tribunas. No me parece que sería lo correcto para comenzar [en relación a Ricardo Soberón], apuntó.

Parece que no se quiere combatir el TID
El titular de la Comisión de Justicia se mostró en contra de que hayan relevado del cargo al general Carlos Morán Soto de la jefatura de la Dirección Policial Antidrogas (Dirandro), para asumir la dirección de la XX Dirtepol Callao. Consideró que Morán Soto tiene experiencia en la lucha contra “narcotraficantes estelares”.

“Me preocupa las señales que da el Gobierno, hablabas de Soberón hace un rato y estoy viendo que se ha cambiado al director de la Dirandro [Carlos Morán Soto] quien tiene experiencia en lucha contra narcotraficantes estelares. Entonces, no son los mejores mensajes porque sacamos a los luchadores más importantes antidrogas y ponemos a personas que más bien generarían alguna sospecha”, refirió.

“¿Cuáles son los mensajes acá? ¿Vamos o no a combatir el tráfico ilícito de drogas? Diese la impresión que no, los mensajes son muy malos. Entonces, vamos a esperar la presentación del Consejo de Ministros y seguramente tendremos que hablar de este tema [lucha antidrogas]”, agregó.

Antauro no debería tener beneficios penitenciarios
Finalmente, comentó que sería una “barbaridad” que se indulte a Antauro Humala, quien está recluido en el penal de Piedras Gordas por la asonada en Andahuaylas. Sostuvo también que el hermano del Presidente no debería acceder a un beneficio penitenciario.

“Yo respeto la independencia de los jueces, sin embargo, este es un tema absolutamente visible. No creo que Antauro Humala deba salir, de ninguna manera. No creo que deba aplicarse el 3 x 1. Hoy mismo como una medida preventiva y con buen criterio el despacho del ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, determinó el aislamiento preventivo [de Antauro Humala], eso no es por las puras, ha habido una inconducta, es el primer mensaje que estamos recibiendo, entonces, no me parece que deba recibir estos beneficios, tampoco me parece que deba bajarse la pena”, concluyó.

Crousillat será comprendido en investigación por su salida irregular de San Jorge

Ideeleradio.- El ex propietario de América televisión, José Francisco Crousillat, será comprendido en la investigación que desarrolle el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por su salida del penal ex San Jorge sin las medidas de seguridad que exige la ley, sostuvo Wilson Hernández, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Indudablemente [Crousillat] tiene que ser comprendido en una investigación, los resultados de esta dirán si él tiene responsabilidad o no. En el caso de [Antauro] Humala es diferente porque él dice yo no he autorizado ninguna entrevista […] pero en las imágenes se ve que él está mintiendo y que él sabía que se trataba de una entrevista. […] Los internos tienen sus argumentos y ya las investigaciones dirán si hay o no responsabilidad”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Habría que comprobarlo [si es que se ha producido un acto de corrupción o no]. En los tiempos de corrupción es difícil llegar a una conclusión. Tendríamos que determinar si las personas que burlaron la seguridad e ingresaron una cámara oculta, ha habido negligencia o corrupción, en el caso de Humala. En el caso de Crousillat tendríamos que determinar si esa autorización de salidas sin el uso de un vehículo oficial, su traslado por parte del policía sin usar los grilletes, ha habido negligencia o corrupción. Habría que encontrar pruebas para poder decirlo, la posibilidad existe pero habría que comprobarlo”, refirió.

Derivan caso de policía a Inspectoría
En otro momento, informó que el INPE derivó también a la Inspectoría General de la Policía Nacional el caso del miembro de la Dirección de Seguridad de Penales que acompañó a Crousillat Carreño en el taxi que lo trasladaba a la Clínica Angloamericana.

“En este caso, el personal del INPE lo ha entregado [al interno] a la policía, la persona que se ve acompañando al interno es un policía de la Dirección de Seguridad de Penales, que tampoco cumplió sus reglas de ir uniformado, de colocarle grilletes al interno y hemos puesto el hecho de conocimiento de la Inspectoría General de la Policía Nacional para que ellos como institución responsable tome sus medidas”, detalló.

“Indudablemente sí tiene responsabilidad, la responsabilidad que le corresponde era de estar uniformado y colocarle los grilletes, si no hay movilidad, no era un caso de vida o muerte, era cuestión de pedir un vehículo de apoyo, finalmente, frente al riesgo de un hábeas corpus, tomar la decisión de que no salga”, acotó.

Podría haberse registrado otros casos similares
Hernández Silva no descartó, además, que casos similares al de José Francisco Crousillat se hayan registrado debido a la presión de las circunstancias ya que algunos penales no cuentan con un número adecuado de vehículos oficiales para trasladar múltiples casos de internos que requieren de urgente atención médica.

“En el caso del señor Crousillat, la [ahora ex] directora del penal manifiesta que ella tiene un solo vehículo tipo ambulancia, que tampoco es una ambulancia con todo lo que ello implica. El día lunes 15, el interno Crousillat tenía programada una cita para rehabilitación en la Clínica Angloamericana, a la vez había otros tres internos que también tenían programadas emergencias hospitalarias, de modo que se le han cruzado estas cuatro diligencias, [y ella] optó por priorizar un caso de intervención quirúrgica, de modo que ya no tenía ambulancia para atender el traslado del interno Crousillat; sin embrago lo que ha obviado es coordinar el apoyo de otro penal y darle una solución”, puntualizó.

“Es probable que por la presión de las circunstancias, en algunas casos tengan que ser utilizado un vehículo de este tipo, pero en este caso se trata de un interno conocido por la opinión pública y cualquier cosa que se haga o no se haga va a trascender, debemos entender que se van a tomar las medidas que correspondan”, subrayó.