jueves, 23 de junio de 2011

Defensoría: Estado espera que haya muertos para resolver conflictos sociales

Ideeleradio.- El Estado tiene una pésima respuesta a los conflictos sociales porque espera que haya muertes para intentar resolverlos, afirmó el defensor del Pueblo en función, Eduardo Vega, al confirmar que se han registrado 88 decesos en los últimos cuatro años por el mal manejo en la solución de las protestas.

Fue al lamentar el fallecimiento de tres personas durante la última controversia en Huancavelica contra la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja y al informar que las últimas cifras nacionales arrojan un total de 16 víctimas mortales solo en el 2011.

“No podemos esperar que haya muertes para solucionar los conflictos sociales, esa es una pésima forma de resolver los conflictos, una pésima respuesta del Estado”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[88 muertos] es una cifra bastante alta que lamentablemente nos deja estos conflictos y que aún no hemos aprendido las lecciones del todo, la respuesta del Estado aún continúa siendo insuficiente para atender las grandes expectativas que se generan, pero también hay una violencia desproporcionada por parte de algunos sectores de la población”, subrayó.

Defensoría reconoce solución planteada por premier
Vega Luna criticó, en ese sentido, que en el Parlamento se haya aprobado la creación de la de la Universidad Autónoma de Tayacaja sin el presupuesto correspondiente y sin tener en consideración los procedimientos que están claramente establecidos en la Ley Universitaria. Resaltó, asimismo, que la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, haya buscado una solución al problema, desde el Poder Ejecutivo.

“La solución llega y nosotros lo hemos reconocido el día de ayer y creo que hay que señalarlo con mucha honestidad, la ministra [Rosario Fernández] ha dado una solución a esto, pero lamentablemente ha habido tres muertos en el camino”, indicó.

El defensor cuestionó, además, la reacción desproporcionada de los pobladores de Huancavelica por haberse enfrentado con la Policía y provocar la muerte de tres peruanos, entre ellas una menor de edad.

“Tenemos que decir que el conflicto en Huancavelica es un conflicto distinto a los que normalmente se han presentado y los que normalmente reporta la Defensoría del Pueblo y que se origina en el Congreso por un interés legítimo de pueblo de Tayacaja de contar con su propia universidad y también, por otro lado, de la población de Huancavelica de mantener su propio presupuesto”, sostuvo.

Resolución de conflictos no es un tema policial
Al referirse a los sucesos en Puno, Huancavelica y Huancayo, Vega Luna comentó que la resolución de los conflictos no es un tema que deba ser abordado en última instancia por la Policía Nacional, sino que es un aspecto que deben de considerar tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales.

“La solución en el tema de fondo de los conflictos no está en la manos de la Policía. La solución está en otro terreno, en el Ejecutivo, el Congreso y los Gobiernos Regionales. Veamos ese lado [porque] la Policía solo entra para cautelar el orden interno […] entonces hay que señalar que la solución del conflicto no está en manos de la Policía”, opinó.

“Lo primero que hay que cautelar es que la respuesta sea proporcionada, nunca debe haber una respuesta desproporcionada ante un conflicto y esto lo que vemos en los últimos días. La Policía va a tener que guiarse por mecanismos de proporción, pero sobre todo no podemos recargarle toda la responsabilidad a la Policía en estos conflictos [sociales]”, añadió.

La Policía fue prudente en Puno
El encargado de la Defensoría del Pueblo destacó el rol que cumple hasta ahora la Policía Nacional en Puno, donde se ha evitado ejercer cualquier tipo de violencia con los manifestantes de la zona sur de Puno, quienes rechazan todas las concesiones mineras.

“En el caso de Puno ha habido una situación muy prudente de parte de la Policía y más bien ha habido mucha violencia por parte de los manifestantes, lamentablemente hay que decirlo. [En el caso de] las Fuerzas Armadas solo está permitido para custodiar algunas instituciones públicas o algunos servicios estratégicos”, estimó.

“Yo creo y esa es la mirada de la Defensoría, una mirada optimista, que puede evitarse llegar a esa situación. Puede evitarse la confrontación entre ciudadanos y esa es la puesta que quisiéramos hacer e invocar [a la calma] en este momento de cambio y transición en el país”, puntualizó.

Al ser consultado sobre las reuniones entre el Ejecutivo y los dirigentes aymaras a raíz de los conflictos sociales en Puno, quienes exigen la cancelación de las concesiones mineras, el funcionario dijo que todo cambio en relación de las actividades mineras y petroleras debe realizarse de acuerdo al marco normativo vigente y promoviendo la consulta previa a las comunidades afectadas por las actividades extractivas.

Estado debe ser un articulador
En otro momento, consideró que el Estado debería actuar como un articulador entre la población y las inversiones privadas a fin de armonizar los intereses de cada una de las partes.

“Hay un conjunto de expectativas y demandas de la población que siente que el crecimiento económico que se observa en el país, no necesariamente llega a estas zonas más pobres y donde justamente está la actividad minera. Ahí hay que tratar de armonizar los intereses de ese crecimiento económico con los intereses de la población y el Estado debe ser el gran articulador de estos dos intereses. Nosotros vemos que ese es el marco de fondo”, concluyó.

Defensoría: Estado espera que haya muertos para resolver conflictos sociales

Ideeleradio.- El Estado tiene una pésima respuesta a los conflictos sociales porque espera que haya muertes para intentar resolverlos, afirmó el defensor del Pueblo en función, Eduardo Vega, al confirmar que se han registrado 88 decesos en los últimos cuatro años por el mal manejo en la solución de las protestas.

Fue al lamentar el fallecimiento de tres personas durante la última controversia en Huancavelica contra la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja y al informar que las últimas cifras nacionales arrojan un total de 16 víctimas mortales solo en el 2011.
“No podemos esperar que haya muertes para solucionar los conflictos sociales, esa es una pésima forma de resolver los conflictos, una pésima respuesta del Estado”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[88 muertos] es una cifra bastante alta que lamentablemente nos deja estos conflictos y que aún no hemos aprendido las lecciones del todo, la respuesta del Estado aún continúa siendo insuficiente para atender las grandes expectativas que se generan, pero también hay una violencia desproporcionada por parte de algunos sectores de la población”, subrayó.

Defensoría reconoce solución planteada por premier
Vega Luna criticó, en ese sentido, que en el Parlamento se haya aprobado la creación de la de la Universidad Autónoma de Tayacaja sin el presupuesto correspondiente y sin tener en consideración los procedimientos que están claramente establecidos en la Ley Universitaria. Resaltó, asimismo, que la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, haya encontrado una solución al problema, desde el Poder Ejecutivo.

“La solución llega y nosotros lo hemos reconocido el día de ayer y creo que hay que señalarlo con mucha honestidad, la ministra [Rosario Fernández] ha dado una solución a esto, pero lamentablemente ha habido tres muertos en el camino”, indicó.

El defensor cuestionó, además, la reacción desproporcionada de los pobladores de Huancavelica por haberse enfrentado con la Policía y provocar la muerte de tres peruanos, entre ellas una menor de edad.

“Tenemos que decir que el conflicto en Huancavelica es un conflicto distinto a los que normalmente se han presentado y los que normalmente reporta la Defensoría del Pueblo y que se origina en el Congreso por un interés legítimo de pueblo de Tayacaja de contar con su propia universidad y también, por otro lado, de la población de Huancavelica de mantener su propio presupuesto”, sostuvo.
Resolución de conflictos no es un tema policial
Al referirse a los sucesos en Puno, Huancavelica y Huancayo, Vega Luna comentó que la resolución de los conflictos no es un tema que deba ser abordado en última instancia por la Policía Nacional, sino que es un aspecto que deben de considerar tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales.

“La solución en el tema de fondo de los conflictos no está en la manos de la Policía. La solución está en otro terreno, en el Ejecutivo, el Congreso y los Gobiernos Regionales. Veamos ese lado [porque] la Policía solo entra para cautelar el orden interno […] entonces hay que señalar que la solución del conflicto no está en manos de la Policía”, opinó.

“Lo primero que hay que cautelar es que la respuesta sea proporcionada, nunca debe haber una respuesta desproporcionada ante un conflicto y esto lo que vemos en los últimos días. La Policía va a tener que guiarse por mecanismos de proporción, pero sobre todo no podemos recargarle toda la responsabilidad a la Policía en estos conflictos [sociales]”, añadió.
La Policía fue prudente en Puno
El encargado de la Defensoría del Pueblo destacó el rol que cumple hasta ahora la Policía Nacional en Puno, donde se ha evitado ejercer cualquier tipo de violencia con los manifestantes de la zona sur de Puno, quienes rechazan todas las concesiones mineras.

“En el caso de Puno ha habido una situación muy prudente de parte de la Policía y más bien ha habido mucha violencia por parte de los manifestantes, lamentablemente hay que decirlo. [En el caso de] las Fuerzas Armadas solo está permitido para custodiar algunas instituciones públicas o algunos servicios estratégicos”, estimó.

“Yo creo y esa es la mirada de la Defensoría, una mirada optimista, que puede evitarse llegar a esa situación. Puede evitarse la confrontación entre ciudadanos y esa es la puesta que quisiéramos hacer e invocar [a la calma] en este momento de cambio y transición en el país”, puntualizó.

Al ser consultado sobre las reuniones entre el Ejecutivo y los dirigentes aymaras a raíz de los conflictos sociales en Puno, quienes exigen la cancelación de las concesiones mineras, el funcionario dijo que todo cambio en relación de las actividades mineras y petroleras debe realizarse de acuerdo al marco normativo vigente y promoviendo la consulta previa a las comunidades afectadas por las actividades extractivas.
Estado debe ser un articulador
En otro momento, consideró que el Estado debería actuar como un articulador entre la población y las inversiones privadas a fin de armonizar los intereses de cada una de las partes.
“Hay un conjunto de expectativas y demandas de la población que siente que el crecimiento económico que se observa en el país, no necesariamente llega a estas zonas más pobres y donde justamente está la actividad minera. Ahí hay que tratar de armonizar los intereses de ese crecimiento económico con los intereses de la población y el Estado debe ser el gran articulador de estos dos intereses. Nosotros vemos que ese es el marco de fondo”, concluyó.