CAPS: Piloto de protocolo de daño psíquico estaría validado antes de julio en todas las regiones

Ideeleradio.- La aplicación piloto del protocolo de daño psíquico en víctimas de violencia, herramienta que permite estandarizar la evaluación de las secuelas psicológicas en este sector, podría estar validada en todas las regiones antes del mes de julio, estimó Carlos Jibaja Zárate, director de Salud Mental del Centro de Atención Psicosocial (CAPS).

Fue al referirse al último taller de entrenamiento en el que peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) de 20 regiones del país, conocieron la importancia de contar con este protocolo implementado por la comisión técnica conformada por representantes del IML, el CAPS y el Movimiento Manuela Ramos.

“En realidad, [la aplicación de este protocolo] es un proceso que ha tomado tiempo porque requiere un nivel de validación a nivel nacional, incluyendo los componentes interculturales de nuestro país. Hemos tenido la semana pasada, un entrenamiento para que las personas de 20 regiones del país, puedan tomar estos protocolos de manera piloto”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Una vez] que terminen con este periodo de validación del protocolo y en el corto plazo, antes quizás de la mitad de año, podamos contar con este instrumento completamente validado y funcional, como para que los miembros, psiquiatras y psicólogos del Instituto de Medicina Legal [lo] empiecen a tomar”, agregó.

Jibaja Zárate, comentó que esta actividad se desarrolló gracias a que el Ministerio Público ha tomado conciencia de la utilidad del protocolo, pues los informes de la Defensoría del Pueblo estimaban que existían ciertas carencias al momento de hacer los peritajes psicológicos, de cómo se puede detectar el daño psicológico en una víctima de violencia familiar, sexual o de tortura.

“Este protocolo que estamos trabajando desde más de dos años, como sociedad civil, donde está el Centro de Atención Psicosocial y el Movimiento Manuela Ramos junto con un comité especializado de psiquiatras y psicólogos del Instituto de Medicina Legal dentro del Ministerio Público, ha venido desarrollando este proceso para tener una guía de valoración del daño psicológico en víctimas de violencia familiar, sexual y de tortura”, precisó.

“Una de las dificultades a nivel mundial es la falta de guía de valoración, sea de un modo estandarizado, por lo general la práctica tiene mucho que ver con formas diversas de evaluar el daño psicológico, pero uno de los aportes de este nuevo instrumento será la estandarización de forma de poder evaluar, de tal manera que sea aquí en Lima, Huancavelica, Amazonas, el perito estará entrenado a seguir los mismos pasos y en gran medida que llegue a las mismas conclusiones”, apuntó.

Defensoría del Pueblo advierte problemas de sobrepoblación y carencia de personal en centro juvenil “Maranguita”

Nota de Prensa.- La Defensoría del Pueblo reveló que el Centro Juvenil de Rehabilitación y Diagnóstico de Lima, conocido como “Maranguita”, enfrenta serios problemas, referidos a sobrepoblación, deficiente infraestructura y escaso personal, para atender en forma debida a los menores infractores de la ley.

La Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, sostuvo que, según datos actualizados de diciembre del 2010, el número de los adolescentes internos (656) sobrepasa la capacidad de albergue, que es de 370 plazas, lo que origina una sobrepoblación del 77%, así como una situación especialmente crítica en algunos ambientes del centro.

La Dra. Merino agregó que a ello se suma una infraestructura deteriorada por el paso de los años (algunos ambientes han sido clausurados), lo que incrementa la sensación de hacinamiento en el centro. En otros ambientes, denominados “San Francisco de Asís” y “San Martín de Porres”, continuamente se presentan problemas de filtraciones de agua e inundaciones.

El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, Dr. José Ávila señaló que la insuficiente dotación de personal de tratamiento –integrado por profesionales del Equipo Multidisciplinario y Educadores Sociales– no permite atender y desarrollar un tratamiento personalizado y adecuado. Por ejemplo, un psicólogo debe atender diariamente, en promedio, a 51 adolescentes; un educador, a 66. “De los 656 adolescentes, 122 mantienen la condición de procesados, pero 534 la de sentenciados. La infracción más recurrente es la patrimonial (hurto y robo), en la que está involucrado el 68.9% de la población interna”, agregó el especialista.

“Con los resultados de las supervisiones de este centro de rehabilitación de menores, realizadas por la Defensoría del Pueblo, se ha elaborado un informe que se ha elevado al Presidente del Poder Judicial, César San Martín, con recomendaciones para atender los problemas de infraestructura y la construcción de centros juveniles en los conos de Lima y el Callao, así como el incremento del personal”, acotó la Defensora del Pueblo.

En el documento de la Defensoría también se destaca el compromiso asumido por el personal del Centro, y el de su Director, el Licenciado César Von, para atender, en la medida de sus posibilidades, las necesidades de los adolescentes, pero asimismo se precisa que hace falta un apoyo inmediato de las más altas autoridades para el desarrollo adecuado de su labor.

Al mismo tiempo, en el informe de supervisión se recomienda a los Presidentes de las Cortes Superiores de Lima, Lima Norte y el Callao, que disponga la organización de cursos de capacitación en temas de derecho penal juvenil a los magistrados competentes sobre infracciones penales, especialmente a los jueces mixtos.

Finalmente, el Dr. Ávila informó que la Defensoría del Pueblo gestiona el desarrollo de un primer curso de capacitación destinado a los educadores sociales del Centro Juvenil, así como del Centro Juvenil “Santa Margarita”, que alberga a las adolescentes en Lima. “Ésta es una de las demandas del personal que atiende en el Centro Juvenil, en su afán por brindar un mejor servicio a los adolescentes infractores”, precisó

José Tizoc: Solidaridad Nacional reformará el Mininter y no la PNP

Ideeleradio.- El Partido Solidaridad Nacional, que lidera el candidato presidencial Luis Castañeda Lossio, estructurará una reforma del Ministerio del Interior (Mininter), pero no de la Policía Nacional del Perú (PNP), afirmó José Tizoc Lindley, miembro del plan de gobierno de esta agrupación en materia de seguridad ciudadana.

“Yo que particularmente he sido policía y soy en ejercicio independiente considero la palabra reforma como una mala palabra. El reformismo es la que está dejando a la Policía como está en estos momentos [respecto a la imagen negativa que tiene esta institución]. Nosotros queremos retomar el policía de esquina, el policía que practica la ingeniería social, queremos recuperar a la Policía, entonces la recuperación del hombre policía es principal”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Solidaridad Nacional va a estructurar una reforma del Ministerio del Interior, no [una reforma] de la Policía, a los miembros de la Policía se les tiene que capacitar, modernizar, darle la confianza y autoridad para que intervengan, no es cuestión de comprar patrulleros. ¿Por qué? Porque un patrullero sin radio no funciona, un patrullero sin Central 105 no funciona, entonces no hay reacción y no hay prevención”, acotó.

Indicó que la paz y la tranquilidad en el Perú es el principal objetivo que promueve Solidaridad Nacional y destacó que los operadores de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, son la columna vertebral para reducir los altos niveles de inseguridad.

“Nosotros hemos definido que la paz y la tranquilidad en el Perú es un objetivo prioritario, no podemos seguir viviendo con la inseguridad y magnificaciones de violencia, para esto requerimos modificar el sistema de seguridad ciudadana”, manifestó.

“Los operadores de justicia son la columna vertebral y son los que van a judicializar los actos delictivos y para retomar eso tenemos que reforzar el capital humano de la Policía [porque] el sistema remunerativo es bajo”, señaló.

Solución del VRAE es de carácter social y económico

El ex director general de la Policía dijo que la solución en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) es de carácter social y económico, tales como, la construcción de carrerteras y mejora en los sistemas de educación y salud.

“El narcotráfico no es un cuento nuevo, el volumen ha crecido y la gente emigra a los sitios menos accesibles, pero en el fondo la solución no es una solución policial militar, sino una solución social. El doctor Castañeda ha ido al VRAE por tierra, se ha demorado 18 horas aproximadamente, y conoce la realidad de la carretera”, relató.

“Él es participe que la solución es hacer infraestructura, hacer presencia del Estado, ver la educación y la salud, promover que los productos de estas personas salgan a los mercados. Tenemos que darle soluciones de carácter social y económico y llevar la presencia del Estado”, detalló.

Finalmente, Tizoc Lindley sostuvo que se requiere de un sistema de integración entre los sistemas de justicia, vale decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PNP y las municipalidades, para mejorar los reducir la inseguridad.

“Si vamos a atacar los efectos, tenemos que tener como principio que la columna vertebral son los operadores de justicia, los demás elementos son complementarios y sumatorios. En cuanto a las municipales tiene que hacerse seguridad ciudadana desde una perspectiva municipal. Esto requiere la integración de un sistema no podemos estar asumiendo más gasto al ciudadano y en torno al tema de los ronderos se tiene que tener control para evitar abusos”, concluyó.

Ricardo Soberón: Ministro del Interior subestima problema del narcotráfico

Ideeleradio.- El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, subestima el problema del narcotráfico cuando dice que en el Perú no hay cárteles de la droga, cuando sí existen organizaciones que sacan toneladas de cocaína del país, afirmó Ricardo Soberón, miembro del plan de gobierno de Gana Perú en materia de seguridad ciudadana.

Fue al comentar las declaraciones de Hidalgo Medina, quien afirmó que en el Perú no hay cárteles de droga del nivel de las organizaciones criminales que existen en México o en Colombia, sino grupos pequeños de acopiadores que ya están plenamente identificados por la Policía Nacional.

“Para Gana Perú hay una necesidad de redimensionar las instituciones y golpear donde más les duele: criminalidad organizada, dinero ilícito y mafias que están con insumos químicos, con droga y lavado de dinero. El ministro Miguel Hidalgo dice que no hay carteles en el Perú, me parece que está subestimando el problema. No sé si se llamarán cárteles, pero de que hay organizaciones criminales destinadas a sacar toneladas de cocaína por Paita, es un hecho”, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lamentablemente, la experiencia del modelo de Devida –que se inició con Fujimori con Contradrogas, luego siguió el señor [Nils] Ericson durante la administración [Alejandro] Toledo y ha seguido el señor Rómulo Pizarro– es un completo fracaso. El Perú ha vuelto a reposicionarse como principal productor mundial de cocaína, justamente del 2000 al 2010”, refirió.

En otro momento, Soberón Garrido consideró necesario que la Dirección Antidrogas (Dirandro) solo se avoque a investigar a grupos organizados encargados de sacar droga fuera del país.

“En concreto, el Perú debe recuperar la capacidad de tomar decisiones y no depender de la cooperación internacional. El narcotráfico es un problema global y el Perú debe de separar las dos áreas más vulnerables, me refiero a la selva alta y a la juventud de los pueblos jóvenes, del trabajo policial para poder enfatizar lo que la Dirandro hace solamente a aquellos grupos organizados encargados de sacar drogas al exterior”, refirió.

Creación de la Policía Rural

En otro momento, subrayó que dentro del plan de gobierno de Gana Perú está la creación de la Policía Rural, para ayudar a generar mejores condiciones de seguridad en las zonas de la sierra y la selva del país. Detalló que una de las propuestas de Gana Perú es que la conducción del Ministerio del Interior esté a cargo de un civil.

“Ante la escasez de recursos humanos para la Policía Nacional, conformar una policía rural basándose en la experiencia de los ronderos en diversas partes de nuestra serranía y selva alta, de modo que puedan ayudar a generar mejores condiciones de seguridad en las zonas rurales y eso a su vez, permitirá contar con mayores recursos para las grandes ciudades, que es donde se observa que se viene extendiendo la criminalidad”, señaló.

Conasec no debe depender del Mininter

Finalmente, consideró que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) no debe depender del Ministerio del Interior (Mininter), sino ser un organismo público descentralizado con capacidad de convocar a las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana.

“El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no debe depender del Ministerio del Interior porque si precisamente el Ministerio del Interior colabora con el municipio para que preste el servicio de seguridad ciudadana, el Conasec no debe estar a cargo del ministro. Por eso, pensamos que el Conasec debe pasar a ser un Organismo Público Descentralizado con capacidad de convocar, reunir, articular a todas las entidades que, lamentablemente, hasta la fecha mandan adjuntos a todas las reuniones del Consejo de Seguridad Ciudadana”, concluyó.

Mora: Mexicanización del Perú se daría en tres años sin inversión en lucha antidrogas

Ideeleradio.- Si el Gobierno no invierte en la lucha contra el narcotráfico en los próximos tres años, se verá la mexicanización de todo nuestro sistema en el Perú, alertó Daniel Mora, miembro del plan de gobierno de Perú Posible en materia de seguridad ciudadana.

“No es posible que el Estado peruano sólo viva de las donaciones internacionales, el Gobierno no se compromete a invertir en la lucha contra el narcotráfico y esto es peligroso. Estamos a tiempo de poder solucionarlo porque si no lo solucionamos ahora, en los próximos tres o cuatro años vamos a ver la mexicanización de todo nuestro sistema en el Perú”, sostuvo en conversación con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Creemos que debe incentivarse la inteligencia financiera, el lavado de activos, pero fundamentalmente debe erradicarse el narcotráfico y lo conocemos. ¿Cómo es posible que no podamos controlar insumos? Sabemos por donde van y somos incapaces de controlarlos desde su ingreso al país porque algunos son importados. Hemos hablado de muchas soluciones, pero no se implementa”, agregó.

Mora Zevallos detalló que Perú Posible propone la implementación de un sistema satelital con el que se pueda monitorear las zonas de cultivo de hoja de coca, amapola y otros insumos.

“Nosotros planteamos el control de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, de amapola y de otros, a través del sistema satelital que nos va a ahorrar tremendas cantidades de dinero y saber dónde se está sembrando coca y entrar rápidamente con los programas de sustitución de cultivos, pero en forma franca”, apuntó.

Policía comunitaria que genere confianza

En otro momento, señaló que la propuesta de Perú Posible es tener más policías patrullando las calles, para que haya más cercanía con la comunidad. Dijo, además, que dentro del plan de gobierno de la chakana se priorizará la capacitación y una mejor remuneración para los miembros del orden.

“Nosotros planteamos reformas en la Policía, pero sin cambiar la Constitución. Necesitamos una policía más pegada a la comunidad, debemos sacar a las calles la mayor cantidad de policías. En el estudio que hemos hecho, podemos sacar hasta 60 mil policías a las calles. La filosofía de actuación de la policía debe ser preventiva y eso se logra con una policía comunitaria logrando un mayor nivel de confianza”, expresó.

Alcaldes están pintados en seguridad ciudadana

Finalmente, dijo que muchas veces los alcaldes distritales “están pintados”, lo que ha generado que no haya una buena relación entre varios gobiernos locales y las organizaciones que trabajan en temas de seguridad ciudadana.

“Las relaciones que ha habido con las organizaciones de seguridad ciudadana no han sido las más afectivas porque entre otras cosas, el alcalde está pintado y hay que decirlo con todas sus palabras. Los gobiernos locales han desarrollado en algunos casos y los que tienen más recursos han desarrollado un sistema de seguridad propio con más serenos. Muchas veces vemos que hay municipios que tienen más recursos que su propia comisaría, como es el caso de San Borja”, sentenció.

Genaro Matute: Caparrós debe salir del Minjus porque afecta imagen del Gobierno

Ideeleradio.- El actual viceministro Leonardo Caparrós Gamarra debe salir del Ministerio de Justicia (Minjus) porque su permanencia afecta la imagen del Gobierno, sostuvo Genaro Matute, ex contralor y actual coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Fue al referirse a la denuncia del diario Perú 21, que revela que Caparrós Gamarra habría violentado la Ley N° 27588, que les prohíbe a los funcionarios públicos, por un año, trabajar en empresas privadas que hayan estado vinculadas a su función.

“Eso tiene un conflicto de intereses tremendo. […] Lo que hay que [hacer] inmediatamente es salir de la posición. [¿Sacarlo del cargo de viceministro?] Por supuesto, porque está afectando la imagen del Gobierno. […] Basta que cosas como estas sucedan para que inmediatamente se afecte la imagen del empleado público”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Definitivamente, allí ha fallado el escoger a la persona a cargo en el viceministerio, porque en este caso, lo que hay que revisar es el conflicto de intereses que se pueda generar con una persona así. Si ha sido gerente de una empresa no puedes asumir una posición de viceministro, sobre todo si es proveedora”, agregó.

Según el informe periodístico, Caparrós Gamarra ejerció la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) –entre abril de 2007 y febrero de 2009–, entidad que adquirió equipos electrónicos a la empresa Unlimited Systems SAC, la misma que lo acogió como gerente general, tan solo un mes después de que dejara el sector público.

Gerardo Castro sería el primero al que apliquen NCPP

Matute Mejía dijo que el ex viceministro de Justicia, Gerardo Castro Rojas, investigado por supuesto delito de cohecho activo, podría ser una de las primeras personas sancionadas con el nuevo Código Procesal Penal.

Estimó, asimismo, que un juez probo debería sentenciarlo a la máxima pena por el presunto intento de soborno –10 mil dólares– a un funcionario del Ministerio de la Producción para que los propietarios de tres embarcaciones ampliaran sus permisos de pesca.

“Yo no dudo que un juez probo, que revise el caso, le va a dar la máxima pena. […] Una de las cosas que ha hecho el Poder Judicial ha sido implementar el nuevo Código Procesal Penal para casos de corrupción, yo creo que él va a ser el primero a quien le apliquen una sanción con esta nueva norma”, declaró.

“Yo creo que no hay que esperar nada [para emitir un pronunciamiento], el acto se ha cometido, se ha filmado, él ha estado presente e [incluso] solo por el hecho de estar presente ya es cómplice, esa es la realidad. Además por el alto cargo que ha tenido él no puede estar envuelto en un problema de esa naturaleza. Entonces, de hecho, si no hay una forma de acusarlo específicamente está cometiendo un severo acto de ética o contra la ética, porque de ninguna manera uno puede participar en una situación de esa naturaleza”, enfatizó.

Ley de Gestión de Intereses ayudará

Estimó, además, que si la Ley de Gestión de Intereses funciona sería mucho más fácil identificar a quiénes visitó el exviceministro y por qué razón lo hizo. Adelantó que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha presentado una propuesta que está en el Congreso para mejorar este dispositivo legal.

“Si uno hace gestión de intereses tiene que estar registrado y tiene que aparecer la razón por la cual se acerca a un funcionario. Por ejemplo, la Ley de Gestión de Intereses pide que se registre toda visita que tenga un funcionario. Lo que la ciudadanía se debe estar preguntando es: ¿Cuántas veces habrá ido este señor acompañando a alguien para lograr un beneficio adicional y ha pagado o sobornado a un funcionario?”, señaló.

“Con eso puede identificarse directamente si ha participado en algún otro soborno. […] Esa es la gran duda [si tuvo otras gestiones] y no se puede decir o acusar directamente a una persona, un sistema o un partido por esta persona; sin embargo, las cuestiones o problemas de corrupción está señalando que hay mucha gente que está infiltrada y buscando trabajar para sí mismo”, apuntó.

Matute pide derogatoria de DU porque afectan también a Contraloría

Ideeleradio.- Los dos decretos de urgencia que promulgó el Poder Ejecutivo para facilitar el desarrollo de 33 proyectos de inversión deberían ser derogados, porque no solo afectan el medioambiente, sino también la labor de fiscalización de la Contraloría, aseveró Genaro Matute, coordinador de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción.

Fue al comentar la emisión de los Decretos de Urgencia Nº 001–2011 y Nº 002–2011, mediante los cuales se dictan disposiciones para facilitar estos proyectos, omitiendo algunos procesos de control y de impacto ambiental.

“[¿Debería derogarse?] Debería derogarse. Yo le digo no solo se está afectando el medioambiente, está afectándose también el control porque antes que saliera este decreto la Contraloría tenía opinión previa de las opciones de financiamiento o deuda que se podrían presentar y también revisaba la naturaleza del proyecto, dando una recomendación preventiva respecto a qué aspectos se podían revisar”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esto de acá se hizo igual con la Interoceánica Sur donde la Contraloría revisó con sus ingenieros e indicó que podrían haber problemas, está opción de la Contraloría se retira con el decreto de urgencia […] Ahora lo que se dice es que este decreto solo afecta el proceso pre inversión, o sea la parte de revisión de los proyectos que van a venir adelante, pero una vez que entre la ejecución esto retorna, pero ya es muy tarde”, criticó.

El ex contralor recordó que los Decretos de Urgencia Nº 001–2011 y Nº 002–2011 tienen características similares a otro dispositivo legal de hace dos años. Al respecto, señaló que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) debería buscar otras alternativas de desarrollo económico.

“Este decreto de urgencia es la repetición de un decreto que salió hace dos años, más o menos, donde también se planteaba [la] reducción de procesos administrativos para la aprobación de estas concesiones. […] Entonces cuando salió, también se discutió la validez de esos decretos y se estableció que era porque se necesitaba inversión, pero en este momento, yo creo que es un exceso sacar un decreto de esta naturaleza aduciendo que se necesita inversión. Proinversión que es quien promueve el decreto no necesita este tipo de cosas para poder actuar rápido”, subrayó.

En otro momento, Matute Mejía opinó que la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción debería continuar con su labor, al marguen de las personas que dirijan esta entidad o personas que la integren.

“Estamos terminando el informe, pero se espera que esta comisión continúe, estamos buscando la forma que esto continúe de repente no con las mismas personas o en mi caso como coordinador general, pero con cualquier otra persona que pueda trabajar para la comisión […] También están participando muy bien, Proética, Confiep [Confederación de Instituciones Empresariales Privadas], Acuerdo Nacional, los representantes de alcaldes y la ANGR [Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales], entonces se espera que continúe”, concluyó.

Carlos Bruce: Toledo no tiene ningún vínculo con Manuel Sánchez Paredes

Ideeleradio.- El expresidente Alejandro Toledo no tiene ningún vínculo con Manuel Sánchez Paredes, investigado por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico, y Perú Posible no ha recibido ningún aporte de él o de sus empresas, aseguró el congresista Carlos Bruce.

Fue al comentar la fotografía de marzo del 2006, que publica la revista Caretas, en la que se observa el entonces jefe de Estado con Manuel Sánchez Paredes, durante un almuerzo en Mamacona.

“Esto no es ninguna prueba o muestra de un tipo de vínculo, amistad o cosa parecida que pueda tener Toledo con Sánchez Paredes. Debo señalar que al expresidente lo han acusado de muchas cosas durante su gobierno, pero nunca él ha tenido ninguna acusación de tener algún vínculo con el narcotráfico, ni él ni Perú Posible y creo que la acusación de una foto en un almuerzo público no significa nada”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Con todo énfasis debo decir que ningún vínculo con ese señor. Ese señor no tiene ninguna relación con el expresidente Toledo, ni amical ni eventual y no tenemos ninguna relación en la campaña con estos señores. No han hecho aportes a su campaña, ni ellos ni ninguna de sus empresas y si hubieran intentado hacerlo, no lo hubiéramos aceptado”, apuntó.

Bruce Montes de Oca remarcó que la fotografía data de un encuentro incidental que sostuvo el exmandatario durante una exposición de caballos de paso, en las instalaciones la Asociación Peruana de Caballos de Paso, en Mamacona (Lurín).

“Es una foto absolutamente incidental. En abril del 2006, [Toledo] es invitado por la Asociación Peruana de Caballos de Paso a una exposición y un posterior almuerzo y en esta asociación están los más importantes criadores de caballo de paso, como Roque Benavides, José Miguel Morales, Ricardo Briceño y a esta asociación también pertenece el señor Sánchez Paredes; en este almuerzo mucha gente se le acercan a saludarlo y una de estas personas era este señor [Sánchez Paredes], se acercó y se tomó una foto, delante de un montón de personas que había en este almuerzo”, explicó.

Si los Sánchez Paredes son culpables, serán castigados

Indicó que el hecho de que Perú Posible no haya suscrito el pacto ético contra la infiltración del narcotráfico promovido por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), no significa que vaya a influir, en un eventual gobierno, en el desenlace de los juicios que se le sigue al clan de los Sánchez Paredes.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra, además los juicios espero que sigan el camino que deban seguir y si son culpables que sean castigados. Nosotros no firmamos ese pacto porque Devida no era la organización que debía promover ese tipo de acuerdo entre partidos políticos, la organización era el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), nosotros hemos firmado el Pacto Ético [del JNE], entre los cuales está el compromiso de no permitir la filtración del narcotráfico”, argumentó.

“Devida se encarga de otras cosas, en el cual está un ex militante de Perú Posible [Rómulo Pizarro] que prefirió quedarse en el gobierno siguiente y con ese señor no hemos firmado ningún documento”, anotó.

Hoy entregarán información al JNE

El candidato a la primera vicepresidencia por Perú Posible, anunció que hoy entregarán al JNE la información de los ingresos y los gastos de campaña que se prevé realizar en la agrupación de la chakana.

“Hoy estamos entregando al JNE esa información, de todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos, incluyendo con nombre propio para que vean que no hay gente vinculada al narcotráfico”, enfatizó.

Perú Posible condena balacera en Ica

El jefe de campaña de Perú Posible calificó de terrible el deceso de dos personas durante una balacera entre quienes defienden los intereses de Manuel Sánchez Paredes y aquellos que respaldan a cinco de sus seis hijos, por la administración y manejo del complejo minero San Simón en Cachicadán, Trujillo.

“Es terrible, sobre todo la violencia que trae como consecuencia esta disputas y de gente que tiene acusaciones muy serias de estar vinculados al narcotráfico y que no tiene ningún problema de recurrir a la violencia para solucionar problemas, por eso es que el narcotráfico trae esta secuela de violencia”, opinó.

“Algunos ex presidentes quieren evitar [el debate], nosotros ni adscribimos ni estamos en contra, decimos que hay que analizarlo. Es condenable que gente vinculada a esta actividad está haciendo actos de violencia y ojalá que la justicia actúe pronto y castigue a estas personas vinculadas al narcotráfico”, concluyó.