lunes, 14 de noviembre de 2011

Juan de la Puente: Gobierno usa colapsado modelo de gestión de conflictos del aprismo

Ideeleradio.- El Gobierno pudo haber resuelto de una forma más sencilla la pequeña ola de conflictos, pero aún está utilizando el colapsado modelo de gestión de conflictos que heredó del aprismo, en el que el Estado es lerdo, sostuvo el analista político Juan de la Puente.

“Podía haber sido más sencillo [administrar la controversia], si es que se cambiaba el modelo de gestión de conflictos heredado del gobierno anterior y en general de la década pasada, que es un modelo que ha colapsado, que no funciona, es un modelo que ha sido derrotado por los acontecimientos, ese modelo de gestión incluye mesas de diálogo actas, comisiones de alto nivel, y desde el lado de la sociedad, incluye obviamente marchas, tomas de carreteras […]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Aquí el problema fundamental es el Estado, y en ese modelo el Estado es lerdo, en ese modelo hay que esperar que la población se levante para ir a firmar actas, […] ese modelo ha colapsado y se necesita obviamente un nuevo modelo, y en eso una actitud del Estado más cercana en una calidad de árbitro frente a este tema”, dijo.

Demandas ambientales y de inclusión social

Refirió que la base de la mayoría de conflictos sociales responde a intereses de caracteres medioambientales y sociales, como los suscitados en Andahuaylas, donde la población reclama la eliminación de la minería informal y también de ordenamiento territorial, como el de las comunidades de Cajamarca.

“En la base de los conflictos hay intereses ambientales, medioambientales, pero son principalmente sociales, en algunos casos, se tratan de pedidos para que la minería informal sea erradicada, fundamentalmente, en el caso de Andahuaylas; en el caso de Cajamarca, se trata de una demanda en función de una expectativa de ordenamiento territorial”, señaló.

Indicó que a diferencia de los conflictos sociales ocurridos en gobiernos anteriores, donde los reclamos eran cuestiones de políticas globales, los actuales pedidos son exigencias de inclusión social.

“Yo vería esto como una pequeña ola [de conflictos] en el programa de inclusión del nuevo gobierno no es una demanda como en gobiernos anteriores lo que se trataba es de cuestionar políticas globales. […] Hay un lineamiento político en el Gobierno, quizás porque sólo tiene 100 días o quizás porque no ha habido cuidado en plantearlo”, anotó.

Un gobierno que incluye a vencedores y vencidos

En otro momento, precisó que la actual gestión contrasta con las administraciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque a diferencia de estos países, el presidente Ollanta Humala ha construido un gobierno que incluye también a los vencidos, al punto que está conformada por nacionalistas, socialistas y liberales.

“El presidente Humala ha construido un gobierno que no es de vencedores y vencidos, donde una parte de los vencidos están sentados en el Gobierno, por eso que el señor [Miguel] Castilla es ministro de Economía, entonces, no es un modelo [como el de] [Hugo] Chávez, [Rafael] Correa o [Evo] Morales, [más bien] es un equilibrio donde hay nacionalistas, socialistas y liberales”, indicó.
Los que votaron en primera y segunda vuelta
El analista estimó que los pobladores y comuneros que protestan en Cajamarca, Ancash y Andahuaylas no son parte de grupos radicales, sino de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta. Añadió que estamos ante un momento que requiere de un nuevo modelo de gestión de conflictos.

“Yo creo que los que protestan hoy día no son los que formaron parte del 31 o el 32% de Humala en la primera vuelta, son parte de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta, o sea, yo no creo que esto sea una demanda radical, al interior pueden haber grupos radicales […] minoritarios, pero estas son demandas sentidas en Andahuaylas, nadie va a decir que los que han salido a las calles son radicales”, declaró.

“Entonces, estamos frente a un nuevo momento, sobre el cual se necesita un nuevo tipo de gestión de conflictos del Estado y ese paso no se ha dado y mientras se siga con ese modelo de gestión de conflictos vamos a tener eso”, argumentó.
Megaconsulta y Pacto Nacional Minero son interesantes
En otro momento, calificó de interesantes tanto las propuestas del presidente Ollanta Humala de realizar una megaconsulta concerniente al tema del ordenamiento territorial, como la del asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, quien planteó crear el Pacto Nacional Minero, porque será la población total quien decidirá si habrá o no minería en su zona.

Cuestionó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por deslizar la idea de erradicar la minería en su región porque no ha hecho un estudio ambiental que le permita llegar a esa conclusión, ni ha consultado a su población.

“Me parecen dos iniciativas interesantes, porque el Perú debería decidir donde realizar minería y donde no, eso no puede nacer desde la iniciativa de un presidente regional. Yo el otro día escuché a Gregorio Santos decir ‘ya no más minería en Cajamarca’ y quién es él para decir eso, se le ocurrió a él, ese día amaneció dispuesto a decirlo, acaso ha hecho un estudio”, refutó.
 
Conflictos son una oportunidad de generar crisis
Advirtió, finalmente, que esta secuencia de conflictos sociales puede ser empleada por sectores políticos y empresariales para intentar desequilibrar la administración de Ollanta Humala, en el sentido de generar una crisis en el interior del Ejecutivo y un cambio de su orientación inicial.

“Los conflictos también son una oportunidad para los sectores políticos, y para los sectores de la gran empresa, esta es una oportunidad también para provocar e intentar generar una crisis en el interior del gobierno y un cambio de orientación”, concluyó.
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