Ideeleradio.- La titular de Trabajo, Manuel García, tendría responsabilidad política en el caso del pago irregular de 90 mil soles a favor del ex ministro Fernando Barrios y este ex funcionario no debería ser investigado en el Congreso, sino en el sistema judicial, porque no goza del derecho de antejuicio, sostuvo el ex procurador Ad Hoc, Luis Vargas Valdivia.
Fue al referirse, a la Resolución Suprema Nº 023-2010-TR, firmada por la máxima responsable del sector Trabajo y el presidente de la República, Alan García, a través de la cual se “da por concluida la designación” de Barrios Ipenza a EsSalud en vez de aceptar su renuncia.
“El presidente [de la República] no tiene, como sabemos, ningún tipo de responsabilidad, allí la responsabilidad es de los ministros y de los funcionarios que hicieron los informes dando paso a esto, porque cuando le ofrecieron a Barrios la posibilidad de integrar el gabinete, lo que debió hacer es renunciar al cargo y no esperar a que lo cesen, esto es un acto de transparencia, es un acto lógico”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Creo que acá no cabe una acusación constitucional [contra Fernando Barrios], porque el señor Barrios ha cometido este hecho no como ministro, sino como presidente de EsSalud y el presidente de EsSalud no tiene la protección que la Constitución da a los altos dignatarios. […] Es cierto, algunos dirán que el hecho se supo cuando ya era ministro del Interior, pero la renuncia fue [cuando estaba] en Essalud”, aclaró.
El ex titular del Interior deberá acudir hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder en torno al cuestionado pago que recibió por concepto de “despido injustificado”. Congresistas de diversas bancadas presentaron, además, una denuncia constitucional contra Barrios Ipenza, por la presunta comisión de los delitos de concusión, cobro indebido y enriquecimiento ilícito.
“Si se va a un puesto en el que existe incompatibilidad, debería renunciar y no [acogerse a] un despido arbitrario, esto no resiste el menor análisis y allí habrá que ver la responsabilidad política del ministro de Trabajo y la respuesta ante la vía penal de los demás funcionarios que están involucrados en este hecho”, opinó.
“Creo que esto debe ser debidamente investigado [este caso], debe ser esclarecido, no podemos dejar que estas cosas pasen así nomás, con explicaciones que no tienen mayor sentido. Eso no es un error circunstancial, ni coyuntural, esto responde a prácticas que demuestran falta de transparencia”, apuntó.
Inacción de Fiscalía y Procuraduría
El ex abogado del Estado cuestionó, en otro momento, que aún no se tenga noticias del inicio de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, ni se haya planteado alguna denuncia de los procuradores. Criticó el mecanismo que se siguió para justificar un supuesto “despido arbitrario” porque dijo eso no resiste el menor análisis jurídico.
“[Hay que] lamentar toda esta situación y este el último escándalo no creo que sea el último de las secuela de escándalos; en realidad lo que nos llama es a indignación a la colectividad, porque un funcionario de alto nivel es cesado para ingresar al cargo de ministro y se le paga por despido arbitrario, eso no resiste el menor análisis jurídico ni lógico, lo que se ha hecho es buscar un subterfugio a la ley, pero esto no tiene sentido”, refirió.
“Son mensajes que no ayudan a lo que es transparencia y lucha anticorrupción, porque finalmente los funcionarios públicos, como el ex presidente de Essalud, anteayer, sale a declarar que él no tiene por qué dar cuenta a nadie. […] La reacción posterior de este funcionario, revela que estamos frente a gente que no tiene conciencia o que no le interesa la magnitud de los hechos”, apuntó.
Un gobierno sin políticas anticorrupción
Finalmente, Vargas Valdivia indicó que no se están sopesando los mecanismos de control y que se está simplemente frente a respuesta reactivas. Lamentó que no se haya implementado una política de transparencia ni adoptado medidas adecuadas.
“Esto es consecuencia de falta de políticas anticorrupción, lo que se avanzó en el Gobierno de Transición, lo poco que se hizo en el gobierno del ex presidente [Alejandro] Toledo se ha dejado totalmente de lado durante este gobierno. No ha habido ninguna medida efectiva de lucha contra la corrupción”, señaló.
“En realidad, esto lo que revela es una falta total de una política ordenada de lucha contra la corrupción, ni siquiera a mediano, largo plazo, ni en el corto plazo. Por el contrario, los mensajes que se han ido dando desde las altas esferas del poder, del propio presidente de la República han sido mensajes que no han contribuido en lo que es reforzar lucha contra la corrupción”, concluyó.
