Ideeleradio.- Opiniones tan cerradas como las del Cardenal Juan Luis Cipriani no ayudan a mejorar las condiciones de los adolescentes en el país, sostuvo Gina Yáñez, directora del Movimiento Manuela Ramos, al comentar la campaña de distribución de 18 millones de preservativos que promueve el Ministerio de Salud.
“En este caso, creo que quienes somos cristianos y tenemos una religión, ahí están los espacios para eso, y hay un Estado que tiene que proteger, sin la menor duda, a todos los ciudadanos y particularmente a las adolescentes que requieran la información necesaria para poder tener una vida sexual, como lamentablemente en la perspectiva de ellas se realiza a muy temprana edad, pero es una decisión que tienen que tomar las personas de manera informada y esa tarea le corresponde, entre otros, a los gobernantes”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Por ello, no ayuda para nada realmente a las mejoras de las condiciones de las adolecentes, opiniones tan cerradas, tan poco abiertas a una realidad. El problema no es si se reparten o no condones, el problema es más profundo; el problema es que en este país la educación sexual no se toma en serio, el problema en este país es que las madres adolescentes no son debidamente protegidas, los violadores siguen libres, esos son los problemas de fondo”, agregó.
Repartan condones pero con información
Dijo que al Movimiento Manuela Ramos le preocupa fundamentalmente que casi 14 % de jóvenes adolecentes entre los 15 y 19 años sean madres y que esto debería se materia de preocupación por parte de las familias y el Estado. Sugirió, en ese sentido, que la campaña de distribución de condones esté acompañada de información adecuada en las escuelas y las familias.
“Corresponde a un Estado laico como el que debería ser nuestro país, que cada uno trabaje de manera adecuada en su espacio. En ese contexto, sí tenemos que reclamarle a las autoridades que trabajen con mayor responsabilidad frente a este tipo de problema, caso concreto la escuela, los medios de comunicación, la propia familia, tenemos que empezar en la casa hablando con problemas muy concretos, las relaciones sexuales en nuestro país se dan, a favor o en contra dependiendo de lo que pensemos, a muy temprana edad”, declaró.
“Esas relaciones sexuales deben ser plenamente informadas. ¿Dónde tenemos que tener la información? En la familia, en la escuela y allí creo que hay una tarea estatal pendiente, la escuela no puede cerrar los ojos ante esta realidad, tiene que trabajarse, también tiene que proporcionarse la información, en la salud pública no hay por ejemplo, establecimientos para adolescentes; efectivamente repartir condones tiene que ir acompañado de una información, hay que aumentar el número de personas, consultorios adecuados para jóvenes mujeres y hombres”, apuntó.
Yáñez de la Borda criticó, igualmente, que el Ministerio de Salud no haya todavía aplicado el protocolo para el aborto terapéutico, aquel que se práctica cuando se pone en alto riesgo la vida física o mental de la madre. Enfatizó que no hay voluntad política real para su implementación.
“Hay un pendiente con el ministro Ugarte, a quien hay que recordarle el protocolo por el caso del aborto terapéutico que es una urgencia y de verdad es una lástima que [no se haya hecho] por razones que no se explican, solamente podría ser tipo de presiones –me permito decir– de otra naturaleza, hoy no contamos con este instrumento necesario, de tipo formal, porque hay una ley que despenaliza esta figura”, precisó.
Despenalización de relaciones entre adolescentes
Remarcó que su organización está de acuerdo con la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que modifica algunos artículos del Código Penal para despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes.
“Lo que queremos con esta norma que ojalá en el Congreso y en el pleno se pueda aprobar a la brevedad, como lo ha hecho la Comisión de Justicia, es que no haya, por ejemplo, mujeres que se embarazan voluntariamente –hay que decirlo a los 16 y 17 años con sus parejas– y por el temor a que estas pueden ser detenidas, los hijos no tengan un padre que los firmen, no tengan una atención médica adecuada”, opinó.
“No estamos promoviendo para nada una relación sexual, estamos promoviendo lo contrario, el apoyo que debe tener toda relación cuando está bien planteada, digamos cuando está bajo las condiciones adecuadas para una persona de acuerdo a su edad. Entonces hace mal [en] mantenerse una ley donde se castiga insisto, donde la iniciación sexual en promedio es los 15 años, al margen de la voluntad tuya y mía y pretender por esta ley achacar los problemas de esta naturaleza”, añadió.
Mencionó, finalmente, que se debe castigar de todas maneras a quienes violentan a mujeres de todas las edades, no solamente a mujeres de 14 y 15 años, de 8 años y hasta mayores de edad, como la ley bien lo reconoce. Insistió en que el problema es que en el país no se aplican las normas vigentes.
“Es urgente que esta ley se pueda aplicar y derogar el artículo 133 del inciso 3 donde justamente se contempla este tema que nos está preocupando, pero más aún, la preocupación que pareciese se está dando en el Congreso, es que han considerado en esta propuesta, normas que penan hasta 25 años de cárcel a quienes tienen relaciones sexuales o mejor dicho a quienes violan a una joven entre catorce y ocho años, y eso está diciendo de la protección que como corresponde se tiene que dar, ahí la tarea es que se aplique la ley, porque insisto la ley no se aplica”, señaló.
La propuesta de la Comisión de Justicia agrava las penas cuando hay una violación sexual mediante fuerza o grave amenaza contra adolescentes de 14 a menos de 18 años.
