Ideeleradio.- El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Antonio Salazar, quien patrocina a los deudos del caso Barrios Altos, denunció ser víctima de una amenaza directa por parte del ex agente del destacamento del Grupo Colina, Jesús "Kerosene" Sosa Saavedra.
Fue durante la audiencia que se realizó en la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, integrada por las juezas Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, en la cual los miembros del Grupo Colina solicitaron acogerse al Decreto Legislativo N° 1097.
“Cuando nos tocó sustentar ante la sala para que no se aplique este decreto legislativo [1097] fuimos objeto de una serie de palabras del Grupo Colina. Pero además al salir [de la audiencia] este acusado [Sosa Saavedra] que no tuvo reparos en contar en el juzgamiento contra Fujimori que había sido uno de los agentes que participó en los sótanos del SIN quemando al agente de inteligencia Marco Roberto Barrantes Torres, tuvo una amenaza directa hacia mi persona”, denunció en el programa “
No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Estamos hablando de Jesús Sosa Saavedra y es importante señalarlo. Sinceramente los abogados de los organismos de los derechos humanos ya estamos acostumbrados [a este tipo de sucesos] pero no está demás señalar este hecho. Esto lo ha dicho al terminar la audiencia [‘Te crees bacán’]”, detalló.
Salazar García, narró que minutos antes, en tono burlón, los miembros del destacamento, se expresaron en contra de los abogados que defienden a las víctimas del caso Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri.
“[Los ataques también se produjeron por parte de] los propios abogados del Grupo Colina que explicaron que los organismos de derechos humanos lo único que defienden son los derechos de los terroristas y eso lo vienen diciendo permanentemente, como si las víctimas de Barrios Altos, Santa y Pedro Yauli, sean terroristas”, comentó.
Colinas vivieron fiesta en audienciaDetalló que los integrantes del Grupo Colina, así como Vladimiro Montesino, Julio Salazar Monroe, entre otros, vivieron un día de fiesta, durante los alegatos ante la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, en la cual se acogieron al Decreto Legislativo Nº 1097.
“Desde que se inició el ingreso al centro de juzgamiento era un ambiente de fiesta, se saludaban y se abrazaban. Ellos estaban celebrando como abrir sus celdas y salir en libertad a través del archivamiento definitivo de los procesos, como Barrios Altos, Pedro Yauri, Santa”, detalló.
“Incluso llegó Julio Salazar Monroe con igual algarabía al igual que todos los demás, sorprendió ver al enfermo llegar a la audiencia sin que lo traigan de grado o fuerza como sí sucedió en otras oportunidades, la algarabía fue por ese decreto”, puntualizó.
DL Nº 1097 fue para apoyar a Agustín
En otro momento, Salazar García estimó que el reciente paquete de decretos legislativos fue dado para apoyar al ex viceministro aprista Agustín Mantilla, quien está procesado como autor mediato por el caso del grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco.
“Hace pocos días hemos tenido acceso a una resolución de la Sala Penal Nacional del mes de marzo de este año, en la cual le niega a Agustín Mantilla la prescripción en el caso Rodrigo Franco porque la convención internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad impide darle la prescripción”, expresó
“[Ahora] tres meses después de la decisión de la Sala Penal Nacional sale este Decreto Legislativo [Nº 1097] que dice: a partir de noviembre del 2003 todos los hechos anteriores pueden prescribir, ¿tiene o no tiene nombre propio esta ley? [Entonces] sacaron el decreto para aplicar la prescripción a quiénes, a Agustín Mantilla y todo su comando Rodrigo Franco, el caso El Frontón y Cayara” estimó.
Opinó que este paquete de decretos legislativos en el fondo también buscaría beneficiar directamente al presidente Alan García, quien –a su criterio- estaría detrás de todo.
“Esto tiene nombre propio y por supuesto [Alan] García es parte de esta estrategia, no solo porque firma el decreto legislativo sino porque le conviene el archivamiento, a él y al vicepresidente [Luis] Giampietri”, narró.
Cabe precisar que en el año 2009, Mario Cavagnaro, abogado de Agustín Mantilla, planteó la prescripción de los delitos atribuidos al ex ministro aprista por presuntamente haber dirigido cinco asesinatos cometidos por el comando “Rodrigo Franco”, durante el primer gobierno de Alan García.
García Toma cometió un error
De otro lado, advirtió que las recientes declaraciones del ministro de Justicia Víctor García Toma, sobre su renuncia a este sector en torno a la dación de decretos, son un pretexto para no admitir que cometió un error al suscribir la publicación del paquete de decretos legislativos.
“El decreto es claramente expreso en cuanto a los beneficios para los violadores de los derechos humanos. No necesito una exposición de motivos para entender el sentido de este decreto. Me parece [que las declaraciones del ministro] son un pretexto por decirlo menos [para no admitir que cometió un error]”, sostuvo.
Pide el inicio de acciones de inconstitucionalidad por decreto N 1097
De otro lado, Salazar García detalló que la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1097 archiva constitucionalmente los casos Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri, donde los beneficiados serían Vladimiro Montesinos, Martin Rivas, Julio Salazar Monroe y Nicolás de Bari Hermoza, entre otros procesados.
“Lo grave [de este decreto] es que ya cierras los procesos, se cierra constitucionalmente. Por eso estamos solicitando se inicie las acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 1097 y los otros tres, porque cierra definitivamente los procesos contra todos los violadores de derechos humanos“[…] O sea es una total amnistía y es una muestra de que este gobierno aboga a favor de la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos”, agregó.
El letrado precisó que son 31 personas las procesadas por el caso Barrio Altos, Pedro Yauli y Santa y 22 los acusados que han pedido acogerse a la prescripción o el sobreseimiento.
“Lamentablemente este decreto le da estas dos posibilidades, si no le liga una, le liga la otra. Ahora que todos no hayan pedido esto, no significa que no se beneficien, la ley es clarísima. Basta con que uno lo pida para que se beneficien todos, como lo hizo el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) general (r) Juan Rivero Lazo y como argumentó su abogado, esto beneficia a todos los procesados por graves violaciones a los derechos humanos”, comentó.