Cristian Correa: Debe evitarse postergación de reparación individual

Ideeleradio.- El Estado, a través del Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), debe evitar que las víctimas de la violencia política sigan esperando su certificación y las reparaciones individuales, estimó Cristian Correa, asociado principal del Centro Internacional para la Justicia Transicional y experto en el tema de reparaciones.

“Yo creo que hay que procurar algo que permita que no tengan que seguir esperando las víctimas que han sido reconocidas y que tienen su certificación. Ahora la gran pregunta es cómo hacer el cálculo financiero de cuántas víctimas son para poder decir cuánto hay que pagar, de manera que la caja fiscal y el Ministerio de Economía sepa cuál es su compromiso”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Otros países que han registrado un número significativo de víctimas han podido hacer el cálculo. Si tenemos 20 mil víctimas de muerte, desaparición y de violación sexual identificadas y tenemos una proyección de que faltan unas 30 mil más por registrar, ya es posible en base a números serios y con proyecciones bastantes firmes el poder decir sí podemos hacer un cálculo. Creo que la CMAN y el Consejo de Reparaciones están en condiciones de hacer la estimación seria de cuántas víctimas podrían ser y en base a eso [hacer un cálculo y] no es necesaria una postergación”, agregó.

Estado debe reconocer responsabilidad en conflicto

Agregó que es necesario establecer la forma en que debe ser abordada la reparación monetaria a las víctimas, ya sea a través de un sistema de pensiones, de un monto fijo o en cuotas, de tal manera que la caja fiscal no se vea afectada. Consideró además que la reparación económica deberá también ser acompañada del Estado respecto a su responsabilidad en el conflicto.

Estimó que una estrategia de desarrollo que se enfoque en las regiones más afectadas podrá tener un efecto reparatorio y dijo que ello deberá ir sumado a un programa integral de los distintos servicios que buscan apoyar a aquellos que sufrieron directamente las secuelas.

“Por el gran número de víctimas es una responsabilidad muy grande el cómo hacer un programa que sea significativo, que le entregue a las víctimas algo que pueda cambiar, para bien, su vida. Que no sea simplemente un simbolismo, que no tiene ningún impacto en su vida económica, asimismo, que sea posible financiarlo, sin que la economía se resienta”, detalló.

“Si yo entrego un cheque y nada más, el efecto reparatorio va a ser mínimo, pero si esto va acompañado de una disculpa del Estado donde reconozca su responsabilidad. Es necesario que no se le endose a otro grupo esta responsabilidad, que reconozca que no protegió, que violó directamente los derechos humanos y que por eso se hace cargo de las secuelas”, acotó.

Señaló que las consecuencias del conflicto como la pérdida, la vivencia de la tortura o la violación sexual son experiencias que marcan la vida de las personas. En tal sentido, refirió que la reparación es la demostración tangible de una sociedad que dice que se hace cargo del dolor y que rechaza lo ocurrido. “No basta voltear página y decir sólo tenemos verdad y todo bien. No estamos todos en la misma situación”, afirmó.

FF.AA. deben reflexionar sobre su rol

En otro momento, refirió que es necesario que dentro del sector de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se reflexione sobre el papel que cumplieron durante el conflicto armado interno, en lugar de que se promuevan campañas en contra del informe de la Comisión de la Verdad (CVR).

“[Dentro de las FF.AA.] se debería reflexionar sobre el papel que cumplieron durante el conflicto armado interno y que su actuación en estos tiempos deslinda con la utilizada durante la violencia política”, afirmó.

“La reflexión que uno quisiera que hubiera en las FF.AA. [es] que hubo responsabilidades individuales, políticas durante el conflicto, pero que ellos rechazan esa forma de actuar y que se comprometa la Policía y las Fuerzas Armadas a actuar de otra forma con el pueblo y a relacionarse con la gente de otra forma”, subrayó.

No pueden tapar el sol con una mano

Sostuvo que se “intenta tapar el sol con una mano” cuando se hace una campaña para negar la verdad del informe de la Comisión de la Verdad (CVR), tras considerar que existe claridad respecto a la atribución de las responsabilidades, tanto de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno.

“Si uno escucha a los comuneros, si escucha relatos de víctimas de ambos bandos, uno se da cuenta que esto básicamente fue por la indiferencia de un grupo subversivo y de una fuerza armada que no tuvo sensibilidad para escuchar al pueblo. Entonces uno ve el mismo tono racista, excluyente y displicente respecto al derecho de las víctimas, de aquellos que tenían poder y armas y de quienes no lo tenían”, remarcó.

Finalmente, dijo que es un desafío para la comisión encargada del Museo de la Memoria no solamente escuchar experiencias internacionales o consultar académicos sobre el proyecto, sino ir a las comunidades para que conozcan como se ha enfrentado el tema de la violencia.

Cristian Correa es actualmente director del proyecto "Incidencia de organizaciones de victimas en el proceso de reparaciones" y brinda asesoría a los procesos de reparaciones en Sierra Leona, Timor Oriental, Balcanes y Perú.

El experto fue asesor legal y asistente de la Comisión para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Chile, creada para investigar y proporcionar soluciones a los errores cometidos durante el proceso de identificación de desaparecidos; para proponer programas de reparaciones a víctimas por violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura de 1973-1990, y para asesorar el diseño de una política nacional de derechos humanos.

Hernani: Medidas del Mininter son un parche más al problema de inseguridad

Ideeleradio.- Las recientes estrategias de prevención promovidas por el Ministerio del Interior (Mininter), que buscan reducir el alto nivel de delincuencia en nuestro país, son medidas efectistas y ‘un parche’ ante el problema de inseguridad ciudadana, afirmó el ex ministro del Interior Remigio Hernani.

Fue al comentar la Ley Nº 28879 de Servicios de Seguridad Privada que plantea que más de 120 mil vigilantes apoyen la labor de la Policía, así como la asignación de mil 930 millones para el año 2011, monto que será destinado al resguardo policial.

“En lo que respecta al patrullaje que se ha visto implementado últimamente es más de lo mismo, es un parche más. Es algo efectista para tratar de acallar el clamor de la ciudadanía sobre la falencia que hay en el tema de seguridad ciudadana, es un fracaso total”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“De alguna manera se quiere tratar de quedar bien [ante la ciudadanía], tratando de dejar algo pero solamente para [los titulares de] los diarios porque no se ataca el problema central”, acotó. Hernani Meloni estimó que la administración aprista no tiene la menor idea de cómo restablecer el orden y reducir los niveles de delincuencia en materia de seguridad ciudadana. Indicó que el Mininter debe reforzar dos puntos estratégicos: prevención e investigación criminal.

“Yo no tengo mucha esperanza en este Gobierno. Este Gobierno no tiene la menor idea de lo que es seguridad ciudadana y consecuentemente no puede hacer nada, no puede solucionar. Reitero, aumentar policías en la calle no va a solucionar el problema porque no se ataca el problema de raíz, hay que convocar a gente competente”, refirió.

Anular cédula viva es un despropósito
De otro lado, rechazó la decisión del Poder Ejecutivo, que busca a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anular la cédula viva para miembros de las FF.AA. y Policía Nacional. Calificó este hecho como un despropósito hacía la labor policial, teniendo en cuenta los años y horas de servicio al país.

“Es un despropósito total. Es un derecho adquirido que tiene la Policía. Los políticos no quieren comprender que ese derecho adquirido tiene que respetarse en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nosotros tenemos un sueldo miserable y hemos trabajado años, no ocho horas al día sino muchas horas al día, 16, 15 horas y ese trabajo es totalmente diferente a otro”, remarcó.

“En la Policía no hay sobretiempo, la Policía tiene que trabajar muchísimas horas más de las que corresponde y dice la Organización Mundial del Trabajo [respecto a las ocho horas laborales]”, añadió.

Alcalde de Lima tiene que ser un líder en seguridad

Igualmente, sostuvo que el próximo titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene que ser un líder en el tema de seguridad ciudadana, tras comentar la reciente reunión del alcalde Luis Castañeda Lossio y los candidatos a dicha comuna, en donde se abordó temas de gestión municipal.

“El alcalde de Lima necesariamente tiene que ver este tema [de Seguridad Ciudadana] y tiene que coordinar. No quiere decir que [los candidatos que exigen planes sobre Seguridad Ciudadana] van a reemplazar y ser jefes de la Policía, sino que tienen que preocuparse y hacer coordinaciones para que sus respectivos serenazgo coadyuven a las comisarías”, manifestó.

“Y ese liderazgo lo debe tener la alcaldesa que salga elegida en su momento. Ahí no hay ninguna interferencia con el ministro del Interior, por el contrario, el titular de este sector se va a sentir apoyado por estas autoridades, que son autoridades civiles que han sido elegidas por el pueblo”, señaló.

No pertenezco a PPC u otro partido

Finalmente, el ex titular del Mininter negó estar vinculado al Partido Popular Cristiano o a la lista de la candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores Nano, respecto a su cercanía con el postulante a regidor Jaime Salinas.

“Yo no soy miembro del PPC, no tengo el honor de pertenecer a este partido ni ningún otro, simplemente soy un ciudadano que pretende conocer algo de seguridad ciudadana por mi trayectoria y, por supuesto, estoy presto a dar algunas opiniones respecto a este tema”, concluyó.

García Toma: Hay un segmento del Poder Judicial en donde se percibe mal olor

Ideeleradio.- Existe un segmento del Poder Judicial en donde se percibe un mal olor y donde se registran signos evidentes de corrupción, afirmó el ministro Víctor García Toma, al comentar las declaraciones del jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, quien descartó la existencia de una red de corrupción al interior de este poder del Estado.

“Cualquier ciudadano común y corriente es testigo claro de algunos signos evidentes de corrupción en algunos segmentos del Poder Judicial. [...] Soy uno de los que manera reiterada ha declarado que en el Poder Judicial hay signos positivos de avance, pero el hecho de que yo reconozca o me congratule de que eso suceda, no puedo dejar de señalar [que hay] un área o un segmento del Poder Judicial en donde existe ciertamente mal olor, signos evidentes de corrupción”, expresó en conversación con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros no hemos señalado nombres, nosotros hemos dejado constancia de nuestro respeto y consideración por las autoridades del Poder Judicial, por quienes guardamos particular respeto y hemos dejado expresa confianza en la OCMA. En consecuencia, de parte de ningún funcionario del Ministerio de Justicia ha emitido una sola calificación en contra del Poder Judicial como tal, ni el señalamiento a ningún funcionario en particular. Esperamos que los órganos correspondientes actúen con eficacia y con la celeridad que la ciudadanía demanda”, expresó.

García Toma estimó que los signos de corrupción son evidentes, pues algunos malos funcionarios del Poder Judicial no están a la altura de sus responsabilidades e impiden el cumplimiento de la ley y desacatan sentencias del Tribunal Constitucional. Recordó que la defensa del Estado acumuló un grupo de denuncias ante la OCMA para esclarecer hechos que generan suspicacias.

“[Además del Caso Valdez y de los Sánchez Paredes] existen otros dos procesos en los que las reiteradas muestras, ya no de negligencia sino de evidente concertación de voluntades para impedir el cumplimiento de la ley o desacatar sentencias del Tribunal Constitucional, estoy hablando específicamente de los casinos tragamonedas y la importación de autos usados”, precisó.

“Basta con solo acudir a las encuestas que los medios llevan a cabo o recorrer las calles para saber el grado de insatisfacción ciudadana en relación a la impartición de justicia. En consecuencia, este hecho no puede ser negado, no podemos meter en el closet a un cadáver, porque ese cadáver tiene un asesino. Y en consecuencia existe la necesidad de develar o descubrir donde es [que ocurrió] el crimen sin que eso signifique acusar a todo el barrio, pero que existe esta situación para nadie es un secreto”, acotó.

El titular del Minjus expresó, finalmente, la disposición de su portafolio de colaborar con la Oficina de Control de la Magistratura, tomando en cuenta que el Consejo Nacional de la Magistratura está en pleno proceso de ratificación de jueces y fiscales.

García Toma: Consulta de la PCM no viola autonomía del JNE en Caso Fonavi

Ideeleradio.- La consulta que formuló el presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en torno a la posibilidad de realizar una campaña informativa sobre las obligaciones que asumiría el Estado ante una eventual devolución de los aportes del Fonavi, no es una violación a la autonomía del máximo organismo electoral, sostuvo el ministro de Justicia Víctor García Toma.

Fue al comentar la marcha que realizará hoy la Asociación Nacional de Fonavistas, ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la participación de un grupo de observadores en el próximo referéndum pues según sus dirigentes, existe en el Gobierno “el deseo de querer torcer la voluntad de más de dos millones de peruanos”.

“De acuerdo al mandato constitucional, le corresponde al presidente convocar a los procesos electorales, en consecuencia, en acatamiento al propio mandato de la Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional el próximo mes vamos a elegir autoridades ediles y nos vamos a pronunciar vía referéndum sobre el tema del Fonavi, con estricta sujeción a lo que señala el Tribunal”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El premier, en una acción que todos los miembros del gabinete respaldamos, ha señalado que entiende que la pregunta no es clara y genera dudas, y que esto implica que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho de sufragio de manera cabal. Esto no significa, en modo alguno, interferencia en el Jurado porque finalmente este es el órgano que decide si se atiende o no el pedido”, agregó.

Remarcó que la consulta formulada por el jefe de gabinete se plantea en razón de que la pregunta podría llevar a equivocación al elector y que se hace en el marco del respeto de la autonomía del JNE.

Rómulo León no es un huésped, es un penado

Al ser consultado sobre los supuestos privilegios que estaría recibiendo el ex ministro aprista Rómulo León en el penal San Jorge, García Toma indicó que la versión que se propaló en la víspera no fue la correcta. Subrayó que la salida del penal de León Alegría una clínica local estuvo dentro de las normas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“En el caso de Rómulo León es claro que la información que se dio no es correcta, [porque] los reclusos salen de los penales en tres circunstancias: la primera es por una diligencia judicial, la segunda para recibir un tratamiento que no se puede dar en los penales y en tercer lugar, en situaciones dramáticas como el fallecimiento de un familiar”, explicó.

“En el caso de Rómulo León, [él] tiene una autorización del médico para recibir un tratamiento en la clínica Angloamericana por un tema que requiere de un cierto cuidado y luego de lo cual ha sido reingresado al penal San Jorge. Él no tiene oficina, él tiene una celda; su condición no es la de huésped, sino la de penado y hay una placa fotográfica que ha sido tomada por un tercero desde un local comercial, fuera del penal y que gráfica de manera muy clara cuál es su situación”, añadió.

El ministro confirmó, asimismo, que su despacho dispuso una exhaustiva investigación sobre la conducta del médico del INPE Pedro Huellas Pérez, por el informe que emitió sobre la salud del suspendido alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, actualmente con arresto domiciliario.

“En relación al caso [Luis] Valdez le hemos remitido un documento al presidente del INPE para que abra un proceso de investigación contra un médico de la institución porque no nos convence el informe elaborado y él es el primer interesado en deslindar cualquier tipo de imputación que pudiera surgir sobre la materia. Los primeros interesados en corregir y enmendar situaciones que se producen somos nosotros”, aseguró.

“Al igual que en el Poder Judicial hay funcionarios que nos merecen el mayor respeto y existen otros que ciertamente hay que combatir y desterrar de la institución. En días recientes se declaró en reorganización el área administrativa vinculada a la elaboración de informes de verificación de beneficios penitenciarios. Esa es un área que nos parece que puede ser mejorada y eventualmente si se encuentra algún tipo de responsabilidad por supuesto que la acción administrativa será bastante dura”, recordó.

Decretos legislativos son frutos del consenso

Finalmente, García Toma dijo entender que los decretos legislativos que se publicaron hoy en el diario oficial El Peruano fueron parte de un consenso. El Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo que regula el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, en una situación de estado de emergencia, para hacer frente a un grupo hostil.

“La delegación de facultades si bien fue solicitada por el Poder Ejecutivo, ciertamente por la naturaleza de los temas, la elaboración de esos dispositivos correspondió al ministerio de Defensa, dejando a salvo que en relación al decreto sobre el uso de la fuerza, de manera antelada y a través del Consejo Nacional del Derecho Internacional Humanitario, en la que incluso forman parte instituciones de la sociedad civil, que fue entregado al Ministerio de Defensa (Mindef) para su conocimiento y que entiendo ha servido como fuente para la discusión interna y su posterior entre todos”, refirió.

“Estos dispositivos que fueron elaborados por el Mindef; a lo largo de tres intensos días y por una convocatoria del Minjus han sido debatidos a través de nuestros asesores, convalidados por los titulares de estos sectores y el día domingo han sido aprobados. Esas normas difieren en algunos aspectos sustantivos al proyecto original, entiendo que lo han enriquecido y nosotros desde la perspectiva del Minjus entendemos que son proyectos que son frutos del consenso y que ciertamente pueden ser útiles”, concluyó.