García Sayán: Ataques a la Corte buscarían contradecir fallos sobre Justicia Militar

Ideeleradio.- Los ataques en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) buscarían contradecir sus fallos en materia de Justicia Militar, a pesar de que está claro que los tribunales castrenses solo pueden abocarse a casos de delitos de función, advirtió Diego García Sayán, presidente de este organismo supranacional, tras asegurar que el Sistema Interamericano saldrá fortalecido de la última campaña de desprestigio.

Fue al ser consultado sobre las intenciones que habrían detrás de las críticas que se formulan contra las reparaciones que fija la Corte IDH, en el marco del anuncio del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), Carlos Mesa Angosto, de que se comenzará a revisar los expedientes de más de 700 militares procesados en el fuero civil por supuestas violaciones a los DD. HH.

“Es curioso, no quiero especular, pero es curioso que haya [en Perú] este ataque sistemático de pronto a la Corte Interamericana cuando no ha pasado nada nuevo en términos de alguna sentencia que se haya dictado o sea urticante, sino más bien parecería que hay una intencionalidad orientada a bajarle la cresta, como se diría en criollo, a la Corte Interamericana”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“[Bajarle la cresta para] eventualmente hacer ciertas cosas que podrían estar en contradicción con la jurisprudencia de la Corte en materia de justicia militar, por ejemplo, eso no lo sé. Eso habrá que verlo pero esto [respecto a la campaña de desprestigio] es un desarrollo que se está viendo; hay una cosa tan sistemática, tan reiterada, que diera la impresión que hay algo que viene después”, estimó.

La intención de un subalterno o la posición del Estado

García Sayán reveló, además, que percibe ciertos indicios que evidenciarían la intención de favorecer a violadores de derechos humanos. Fue al comentar el hecho de que se hayan nombrado cuatro miembros del Tribunal Supremo Policial-Militar que firmaron el Acta de Sujeción de 1999.

“Veremos si esa intención existe, ahí hay varios indicios de que eso parecería ser el caso. La gran cuestión es si está por encima de la intencionalidad de un subalterno, lo que es la posición oficial del Estado peruano, lo expresado pública y reiteradamente por el presidente de la República en materia de los compromisos internacionales de los derechos humanos, la convicción expresada también de que la globalización de los derechos humanos [que] hoy es un valor esencial”, manifestó.

Subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha sido creada por un grupo de burócratas, sino en razón de que los estados así lo decidieron, con el objetivo de preservar y proteger los derechos fundamentales del ser humano, considerando una jurisprudencia independiente.

“Los jueces [de la Corte] son elegidos por los Estados, pero a diferencia de jueces imaginarios que estarían digitados por el poder político, ellos se comportan de manera independiente. Yo estoy seguro que este episodio que estamos viendo a través de algunos medios tendrá que superarse porque hay valores que son política de Estado que están por encima de este tipo de intenciones” declaró.

Corte Interamericana saldrá fortalecida

Añadió que la Corte IDH trabaja en función de lo que establece la Convención Americana y de lo que se obtiene del proceso y no con el fin de obtener algún respaldo popular o en base a las encuestas. El presidente de este organismo vaticinó que su institución saldrá fortalecida de cualquier tipo de circunstancia adversa o campaña en contra.

“La Corte llega a determinadas conclusiones que son por lo general coherentes con otras conclusiones de otros casos parecidos. Si eso eventualmente genera una situación política adversa por campañas como las que hoy se están viendo que son iguales a las del año 98, la Corte en lugar de ser debilitada saldrá fortalecida porque esas circunstancias llevaron a que afinara su jurisprudencia y a que el tema, por ejemplo, de la Justicia Militar se precisara mejor a partir de lo que presentó el Perú”, relató.

“En su momento, el Consejo Supremo de Justicia Militar del año 2001 presidido por el almirante Noriega señaló que la Justicia Militar es parte del Estado Peruano y está sujeta a las obligaciones internacionales y remitió los autos del caso Barrios Altos a la justicia ordinaria”, recordó.

Estimó que esta campaña de desprestigio podría obedecer a determinados objetivos políticos de ciertos actores, que acaban siendo a mediano y largo plazo, efectos alimentadores que fortalecen al Sistema Interamericano. Dijo, igualmente, que no quisiera ponerse en un escenario en el que más casos lleguen al Sistema Interamericano, con decisiones contrarias a los convenios internacionales.

“No es que la Corte busque los casos, ningún tribunal puede tomar iniciativa para iniciar un proceso sino trabaja en función de lo que llegue. No quisiera pensar que esta es la antesala de más casos que llegarán a Sistema Interamericano, sino que simplemente estamos expectando un tira y afloja de tipo político”, afirmó.

“Al final se va a imponer la razón y prevalecerá lo que ha dicho el jefe de Estado, que es el compromiso de los derechos humanos, ser respetuosos de los tratados y lo que es más importante que es respetar las sentencias de tribunales internacionales. No hacerlo, es ponerse en una situación complicada”, añadió.

No ganamos nada levantando el fantasma del terrorismo

Reconoció que el tema del terrorismo es un tema sensible para todos los peruanos y coincidió en que existe un consenso nacional en que nadie quiere que se recrudezca ese tipo de atrocidades. No obstante, incidió en que nada se avanza levantando fantasmas en base a datos que no son ciertos.

Fue al comentar las declaraciones de la lideresa de la agrupación Fuerza 2011, Keiko Fujimori, quien señaló que este tipo de indemnizaciones son inaceptables y que serían destinadas – en caso de llegar a la presidencia- para las familias de las víctimas del terrorismo.

“Levantar este fantasma, esto en base a la sensibilidad que tiene un político sino todos los peruanos no es algo que ayude a todos los peruanos”, precisó.

Corte IDH es la que fija reparaciones
Finalmente, se refirió a las declaraciones del ex representante del Perú en la OEA, Antero Flores-Aráoz, quien sostuvo que no es posible que las causas por derechos humanos se hayan convertido en una especie de negocio y que debió aprobarse la propuesta del Perú respecto a la reforma de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

García Sayán rememoró que esta fue una propuesta que hizo Flores Araoz cuando ocupó el cargo de representante en la OEA, a cual sostenía que las reparaciones las fijara el Estado cuando la Corte estableciera una responsabilidad. El jurista aclaró que la Convención Americana establece que si se encuentra alguna responsabilidad internacional es el órgano supranacional quien fija las reparaciones.

“Hay algo muy importante, si la Corte constata que el Estado tiene su propio sistema de reparaciones y este funciona, la Corte reconoce las reparaciones determinadas por el Estado y no plantea nada adicional […]. Es el Estado el que tiene que ir construyendo su propio sistema de reparaciones para todas las víctimas en general de hechos de esta naturaleza. Aquí sin embargo, estamos en una fase muy inicial”, observó.

“Sería interesante que antes de hacer demagogia –y no me estoy refiriendo a Flores Aráoz– se piense en soluciones concretas. Un Estado no puede decir 'a mí qué me importan los derechos humanos', tiene que ver como se fortalecen los mecanismos nacionales, si es que no se quiere llegar a tribunales internacionales. Ojalá que no se tuviera más casos en el Sistema Interamericano porque sería decir que no se están violando los derechos humanos o que los mecanismos internos están funcionando. Ojalá que este debate se lleve en los próximos meses”, concluyó.

García Sayán: Estado puede cobrarle deuda a terroristas de reparaciones fijadas por la Corte

Ideeleradio.- El Gobierno puede retener las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), si es que la persona favorecida le debe al Estado una reparación civil fijada por el Poder Judicial y es responsabilidad de las autoridades nacionales el establecer las normas internas que permitan el cobro de estos montos, afirmó Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Si es que las personas han sido condenadas por algún delito, la Corte le ha respondido hace dos años, en una resolución de interpretación en un caso, que si es que la persona considerada víctima, tiene una deuda con el Estado, entiéndase, por ejemplo la reparación civil derivada de una sentencia [judicial], no está en contradicción con la aplicación de la sentencia de la Corte, que el Estado cobre esa suma que esta persona le debe al Estado […], es decir, el Estado tiene todo el derecho de cobrar todas las reparaciones y deudas que una persona le tiene al Estado”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“La pregunta que yo haría es si quienes asesoran a los ministros de Justicia que han seguido bastante en los últimos dos años, han propuesto las normas internas, el decreto supremo, la resolución correspondiente para que eso sea así, de manera que las cosas están claras, si Perico de los Palotes tiene derecho a recibir una reparación de 10 mil [ordenada por la Corte], pero esa persona le debe al Estado 100 mil, le sigue debiendo al Estado [90 mil]”, agregó.

García Sayán Larrabure estimó, en ese sentido, que existe probablemente una razón política, más que técnica, en la ausencia de la toma de decisiones correspondientes que permitan asegurar la existencia de normas de derecho interno que garantice que el Estado tenga todo el derecho de cobrar lo que se le debe.

Lo lógico es que un ministro sepa qué firma

En otro momento, comentó que lo lógico es que todo funcionario público sepa el contenido de las decisiones y resoluciones que se firman en su despacho. Fue al preguntársele por las declaraciones del ex titular de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo que no recuerda si se mencionó el nombre de Lori Berenson durante una sesión del Consejo de Ministros, en la que se aprobó el Decreto de Urgencia 030 – 2005, a través del que se disponía de pagos a personas que habían tenido fallos favorables en la Corte IDH.

“Prefería no hacer juicios, porque si alguien tomó una decisión como funcionario público, siendo ministro, lo lógico es que sepa cuál era el contenido de la decisión y que después de ella, pero más allá de eso, el hecho es que los casos llegaron a la Corte después de un largo proceso y de resoluciones que son públicas”, refirió.

Remarcó que la oportunidad procesal para que el Estado cuestione el pago de una reparación o plantee una reducción de los costos y gastos que se fijan a favor de un peticionario, es durante el proceso y no varios años después de que se este haya concluido.

“En el caso de Lori Berenson se dice que recibió una indemnización, el Estado argumentó que no correspondía hacerlo y el único pago que se hizo fue a Lori Berenson, sino a los padres por costas y gastos, pago que se hace por parte de quien pierde a favor de quien lo gana. Treinta mil dólares solo cubre una parte de un largo proceso que duró como 10 años en espacios internacionales que cuestan muchísimo más dinero, pero en reparación, la indemnización a favor de Lori Berenson la Corte dispuso cero [soles], al acoger los argumentos del Estado”, aclaró.

“En este caso, la representación de ella como de la Comisión Interamericana había argumentado ante la Corte que la legislación antiterrorista, violaba las normas de la Convención Americana, que afectaban los derechos humanos. […] Todo se ventila en función de lo que se argumenta y se prueba en el proceso”, puntualizó.

Se dicen falsedades y tonterías sobre fallos de la Corte IDH

Rechazó, además, que se formulen una serie de falsedades y tonterías sobre los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclaró que él no ha participado en los casos en los que el Perú es parte interesada por su nacionalidad y que ese tribunal supranacional no se pronuncia nunca sobre temas de materia penal.

“Hay gente que dice y repiten y repiten esta tontería, sin haberse informado un poco más, porque yo creo que cualquier persona puede no estar debidamente informada, pero alguien que se lanza a ser declaraciones y diga por ejemplo: Es el colmo que una persona que haya violado la ley haya que pagarle reparaciones y que el Estado no pueda cobrar la reparación civil”, señaló.

“Hay una serie de falsedades [que se dicen] sobre los derechos humanos, sobre la sentencia de la Corte [en el Caso Berenson], en un curioso coro en el que se persiste en decir que la Corte está dando indemnizaciones millonarias y dejando de lado, algo que es fundamental en el origen de todo esto”, apuntó.

Juicios ante la Corte y la responsabilidad de Fujimori

El presidente de la Corte Interamericana subrayó, en otro momento, que el Perú ha enfrentado tantos casos ante la Corte Interamericana, por la sencilla razón que durante la década de los noventa se atropelló el Estado de Derecho, el derecho a la vida, el debido proceso y se formaron grupos paramilitares.

“Los casos que hay en el Sistema Interamericano prácticamente todos vienen de esa época […] esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos: Quién puede estar detrás de pretender que esos hechos, en donde hay gravísimas responsabilidades y si algo ha tenido que asumir el Estado por reparaciones, la pregunta es quién le debe a quién y si el Estado no tiene que cobrarles a los responsables de todos esos graves hechos”, remarcó.

“Se tuvo que dar una ley para revisar los casos de inocentes condenados sin pruebas, por tribunales sin rostro, y eso no lo hizo la Corte IDH, esa ley la dio Fujimori y Fujimori liberó a 513 que él mismo había hecho condenar sin pruebas. Después el Gobierno de Transición lo hizo con ciento y tantos, entre ellos Yehude Simon. […] La agenda de la Corte sobre Perú, prácticamente todos se remontan a la década de 90”, concluyó.

Antonio Salazar: Rey está avalando Acta de Sujeción

Ideeleradio.- El ministro de Defensa, Rafael Rey, está avalando con sus actos y declaraciones el Acta de Sujeción de 1999, documento que fue firmado por un grupo de altos mandos castrenses para impedir el juzgamiento de los militares inmersos en actos de violación de derechos humanos, opinó Antonio Salazar, integrante del Área Legal del IDL.

“¿Qué esperamos de Rafael Rey, político vinculado al fujimorismo? No es necesario que el firme el Acta de Sujeción, él avala todo lo que acá se aprobó y con sus actos lo vemos que lo está haciendo de manera permanente”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“El actual ministro de Defensa va más allá, él era parte de este grupo de políticos vinculados a Fujimori y en un discurso [del 2010] sale a hablar a favor de [Juan] Rivero Lazo, ex jefe de la DINTE que es investigado por los crímenes de La Cantuta ¿Tiene que ver esa defensa política con la firma [de los militares] de esta Acta de Sujeción? Nosotros creemos que sí”, agregó.

Salazar García subrayó que ahora se entiende la negativa del Ministerio de Defensa y de los institutos armados de negar información al Poder Judicial y al Ministerio Público, sobre los procesos por violación a los derechos humanos.

Recordó que el punto 8 del Acta de Sujeción señala textualmente que los firmantes se comprometen a “asumir el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones [militares], a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo”.

“Esto tiene que ver de manera directa con la negativa permanente del Ministerio de Defensa, de la Comandancia General del Ejército que dirigían los batallones, las zonas militares, los comandos políticos militares y quiénes eran los militares los actos que ejecutaban los actos que se están investigando y hasta el momento no entregan esa información. En muchos casos, dicen está quemada o que no existe, esto es una expresión de esa posibilidad y parte de ese compromiso”, ratificó.

Salazar García dijo, además, que el IDL tiene conocimiento de que los decretos que se están elaborando en función de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, se están trabajando desde el Ministerio de Defensa, encabezado por Rafael Rey y el Consejo Supremo de Justicia Militar, presidido por Carlos Mesa Angosto.

Estimó, finalmente, que el acta de sujeción es como esa escena de El Padrino en que Michael Corleone asume el mando de la mafia y todos los mandos de las diferentes organizaciones le besaban la mano. “En el acta de sujeción le da esa imagen, Vladimiro Montesinos, con todos los altos mandos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y servicio de Inteligencia a favor de él y Alberto Fujimori”, enfatizó.