miércoles, 14 de julio de 2010

Dircote: PNP brindará garantías a quienes colaboren con captura de "Artemio" y "José"

Ideeleradio.- La Policía Nacional del Perú (PNP) brindará todas las garantías legales a quienes den información sobre el paradero de los dos cabecillas terroristas “Artemio” (Huallaga) y “José” (VRAE), remarcó el general Edwin Palomino Vega, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Fue al ser consultado sobre las garantías que brinda el Estado a quienes brinden información que permita la captura de estos delincuentes subversivos, en un contexto en que las autoridades ofrecen un millón de soles por cada cabecilla, y donde se abre la posibilidad de cooperación económica de Estado Unidos.

“Las garantías [que ofrece la PNP] son que se mantienen en absoluta reserva respecto al manejo de las informaciones que se reciben y de la identidad del informante. [Es decir] la ley ordena, obliga, [a la PNP] a mantener en secreto la identidad del informante, aquel que incumple esa disposición tiene un proceso administrativo y penal”, expresó a Ideeleradio.

“[…] Entonces como unidad especializada estamos implementando y ejecutando el sistema de recompensas que es parte de una legislación que lo maneja la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de una comisión que también integra la Dircote. Ahí hay una escala de pagos por los cabecillas terroristas del VRAE y Huallaga, me refiero a José y Artemio, que se ofrece un millón de soles”, afirmó.

Indicó que la primera norma es mantener la reserva absoluta del informante y que una vez que se produzca la captura, será la Comisión de Recompensas de la PCM la instancia que analizará los datos recibidos y tras una contrastación, cancelará el monto fijado por la ayuda prestada al Estado.

En otro momento, Palomino Vega mencionó que está bien que toda la sociedad y la comunidad nacional e internacional colabore en la lucha contra el terrorismo, al ser consultado sobre la posibilidad –hasta el lunes no confirmada– de que el Gobierno norteamericano ponía a disposición de nuestro país, 5 millones de dólares que podrían ser utilizados como recompensa.

“Como unidad especializada no he tenido [hasta el lunes] la información oficial [sobre los 5 millones de dólares que ofrecería el Estado] pero creo que la lucha contra el crimen organizado, sobre todo los crímenes que comenten los narcotraficantes, no deben tener límites ni fronteras porque el delito no tiene fronteras. Entonces si toda la sociedad mundial colaboramos con la lucha contra las drogas, creo que estamos haciendo muy bien”, refirió.

“[Pero] tengan la convicción absoluta que la Dircote no baja la guardia y siempre estaremos un paso adelante en la lucha contra el terrorismo, solamente hay que comprender que hay muchas cosas que nosotros realizamos con absoluta reserva que es el procedimiento de Inteligencia. Entonces el pueblo peruano debe tener la convicción absoluta que nosotros la Policía siempre estamos persiguiendo nuestro objetivo que es la pacificación nacional”, concluyó.

Víctimas de La Cantuta destacan sentido del Tejidotón

Ideeleradio.- La representante de los deudos de las víctimas de la matanza de La Cantuta, Gisela Ortiz, resaltó la campaña “La chalina de la esperanza”, también denominada “Tejidotón”, que busca recordar a los más de 14 mil 500 desaparecidos durante la época de lucha interna.

Fue al comentar el proyecto que promueven Paola Ugaz, Morgana Vargas Llosa y Marina García Burgos, quienes buscan tejer –con la colaboración de todos y todas- una chalina que mida 1 kilómetro, la misma que hasta ahora mide dos cuadras.

“Es una iniciativa que surge el año pasado y que busca sensibilizar a la población civil sobre todos estos temas pendientes de la justicia, el derecho que se tiene como familiares para acceder a la justicia, a ser reconocidos como víctimas, recuperar el resto de los desaparecidos”, explicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Tiene un mensaje de tejer con la esperanza en un país donde se está viviendo muchos retrocesos, en esa lucha por la justicia, donde algunas voces se levantan para desconocer que hubo violencia y víctimas”, manifestó.

Indicó que con este proyecto se crea un ambiente grato de reencuentro entre los familiares de las víctimas, que buscan rendir un homenaje simbólico a cada uno de los desaparecidos.

“El producto del tejido es una ‘pastilla’ en formato A-4, donde puedes tejer y bordar mensajes. Esto significa una oportunidad para ofrecerles algo y preservar la memoria de nuestras familiares. El año pasado se hizo en Ayacucho y este año es en Lima, y va a coincidir con esta marcha que van a hacer mañana los familiares para exigir el derecho a la reparación económica individual, sino también la celeridad en los procesos judiciales”, declaró.

La próxima sesión del Tejido-ton será este sábado desde las 2 de la tarde en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ubicada en la calle Pezet y Monel 2467 Lince (A una cuadra del Touring Club del Perú).

Hernani: Salazar debe renunciar porque asesinato de presidente regional se debe a abandono de PNP

Ideeleradio.- El asesinato del presidente interino del Gobierno Regional de Ancash, José Luis Sánchez Milla, es el resultado del abandono en el que se encuentra la Policía Nacional y por eso debe exigirse la renuncia del ministro del Interior, Octavio Salazar, aseveró Remigio Hernani, ex titular del sector.

“[¿Debe exigirse la renuncia de Octavio Salazar?] Por supuesto, él debería renunciar pero no existe esa palabra en su diccionario. Ahora está fungiendo de intelectual y está escribiendo artículos en los diarios. Habla de [que] la Policía debe ser unida, no sé con qué moral y con qué conocimiento puede atreverse. […] ¿Cómo puede hablar de seguridad ciudadana cuando da muestras de la ignorancia total de estos temas?”, cuestionó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Este asesinato [de Sánchez Milla] tuvo como móvil el asalto y es producto del abandono [en] que se encuentra la Policía Nacional en ese lugar. No hay líderes en Trujillo que sepan de este tema de inseguridad ciudadana y consecuentemente estos asaltos van a seguir ocurriendo y cuántos ocurrirán a diario, sino que ahora se ha tratado de una autoridad política”, anotó.

Hernani Meloni dijo que la delincuencia crece cada día más en el país, en niveles que resultan alarmantes. Agregó que parte fundamental del problema es la falta de liderazgo, el desánimo y la total desmoralización de la Policía.

“La Policía está desmoralizada porque no tiene un líder, la Policía tiene un sueldo miserable, hay una desmoralización total con este sistema perverso del 24 x24, 24 trabajo y 24 me las busco en la vida privada. Eso trae como consecuencia todos estos desmanes de la PNP”, explicó.

“Cuando uno ve que sus líderes son corruptos como el que fue jefe de la región en Trujillo, el general Raúl Becerra, que está siendo investigado por Inspectoría de la PNP porque sobrevaloró obras, todo eso se ve. Entonces de ahí viene la desmoralización en Trujillo, está también esto del escuadrón de la muerte. Esto es terrible”, comentó.

No obstante, dijo que confía en las cualidades del personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y que en pocos días se dará con el paradero de los asesinos del presidente regional de Ancash.

Cuestiona también a director de PNP
Sin embargo, acusó al presidente de la República Alan García de no querer dar una solución al problema de la seguridad ciudadana y que por tal motivo mantiene en el cargo de ministro del Interior a Octavio Salazar y a Miguel Hidalgo como director general de la PNP.

“El general Hidalgo no tiene moral. Ha sido investigado por la justicia militar pero hace cuatro meses que no hay resultados. La desmoralización es total. ¡Presidente de la República por favor cambie ese ministro y ese director y trate de mejorar los sueldos de la PNP. Mire lo que ocurre en el norte y todas las denuncias que hay! Es la podredumbre”, exclamó.

“El presidente Alan García también mantiene al general Hidalgo para que investigue el caso Business Track cuando esta competencia debería recaer en la Dirincri. Se quiere tener personajes genuflexas para poder manejarlos. En tanto, el ministro da cuenta de rodillas al presidente Alan García”, comentó.

Denunció además que en todos los estamentos de la Policía para el tema de los ascensos o cualquier tipo de cambio se pide cupo y refirió que estamos camino a convertirnos en una narco-Estado.

“Si no existen personas con liderazgos, que traten de buscar un norte a la PNP vamos camino a que este país se convierta en un narco-Estado. Ojalá que con estas elecciones municipales en Lima, los líderes se organicen y tomen con seriedad este problema de seguridad ciudadana. Vemos la situación del Callao, no se tiene idea las cantidades denuncias que hay y que no aparecen por falta de confianza en la PNP”, concluyó.

Gisela Ortiz: Existe todavía un pacto entre cúpula militar para interferir en juicios por derechos humanos

Ideeleradio.- Existe todavía un pacto entre un sector de la cúpula militar, que se favoreció durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, para interferir en los juicios que se le sigue a un grupo de militares investigados por violación de derechos humanos, afirmó Gisela Ortiz, representante de los deudos de las víctimas de la matanza de La Cantuta.

Fue al comentar el anuncio del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Negreiros, de que solicitará al Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) que le informe en torno al nombramiento de cuatro nuevos vocales del Tribunal Supremo Militar Policial, que firmaron el Acta de Sujeción del 13 de marzo de 1999, en la que un grupo de mandos castrenses juró fidelidad a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

“Hay todavía un pacto vigente entre la cúpula militar que se favoreció durante la dictadura de Fujimori, con todas las prebendas que Montesinos les brindaba y este caso creo que se mantiene hasta hoy, en este afán prepotente de querer como órgano militar seguir interfiriendo en todos estos crímenes contra los derechos humanos que cometieron algunos malos elementos de las Fuerzas Armadas”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Indicó que el Perú atraviesa por un contexto bastante preocupante, pues se percibe el avance de la defensa de la impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, porque no se entiende el origen de los problemas concretos surgidos después de la violencia política.

“Quienes dirigen nuestro país entienden que esto es afán de venganza, que es una persecución absurda contra los miembros de las Fuerzas Armadas, nosotros como familiares siempre hemos sido claros respecto a las responsabilidades con nombre propio de algunos de estos malos elementos que hicieron del secuestro, de la tortura, del crimen, parte de su función militar”, remarcó.

El CSJM, el Caso Cantuta y la impunidad Inicio Recordó que el fuero militar ventiló en 1994, el caso de la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, “La Cantuta”, con el fin de garantizar la impunidad de los altos mandos involucrados.

Mencionó que el fuero castrense terminó fallando solo contra 11 miembros del Ejército con sentencias administrativas preparadas, entre las que se impuso penas de hasta de 20 años en el caso de Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe y algunos otros elementos del Grupo Colina.

“En este juicio preparado y bien articulado, ninguno de los responsables reconoció su participación, no se hablaba de una estructura como el Grupo Colina, fue un juicio sumarísimo, de una semana, porque el único objetivo era cerrar un caso escandaloso, que estaba poniendo en jaque la dictadura de Fujimori”, sostuvo.

“No se investigó más arriba de la estructura militar de ese entonces, Juan Rivero Lazo, como jefe de la Dinte que estaba sentenciado solo a 5 años por razones administrativas, hubo una denuncia prefabricada que se mandaron desde [Vladimiro] Montesinos, Nicolás Hermoza, [Luis] Pérez Documet para luego archivar el caso diciendo que no había pruebas suficientes para investigarlos, que nunca se nos notificó y que lo descubrimos en el 2002. Esto buscaba impedir en el futuro un proceso judicial y es por eso que hasta ahora no tienen sentencia, fue todo un circo para garantizar la impunidad”, relató.

Críticas a Corte IDH y los casos de derechos humanos Inicio Finalmente, advirtió que detrás de la campaña contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el tema de las indemnizaciones a favor de terroristas que fueron juzgados por jueces sin rostro, están también quienes buscan desacreditar a este organismo internacional por los fallos que emitió en importantes casos de derechos humanos.

“Se crea un contexto necesario para acusar a la Corte como un fuero internacional, ‘que apoyó a toda esta persecución a los militares y que también sus sentencias solo sirven para beneficiar a los terroristas’. No solo [lo hacen por el Caso Barrios Altos] porque la Corte también ha resuelto casos como el de [Ernesto] Castillo Páez y Cantoral y García”, aseveró.

“Se crea todo un panorama perfecto para decir que la Corte IDH no sirve y es injusto con nuestro país, el fuero común solamente persigue a los militares y el único que puede defendernos realmente es el fuero militar. Y es contar la historia desde una sola óptica, olvidándonos todo el papel que cumplió la Justicia Militar en 1990”, concluyó.

CAPS: Inpe carece de normas para tratar a hijos de madres que van a prisión

Ideeleradio.- El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) carece de normas y estrategias para el tratamiento de las familias y el cuidado de los niños que quedan en el abandono cuando sus madres son detenidas y recluidas, afirmó Carmen Wurst Calle, directora Ejecutiva del Centro de Atención Psicosocial (CAPS).

Fue al comentar el estudio “Hijos e hijas de madres detenidas durante etapa de violencia política que presentan consecuencias negativas en su salud mental”, que revela que un 65% -de esta población de jóvenes de hijos de detenidos- tiene ideas y deseos suicidas (académicamente denominada ideación suicida).

“No vemos que haya un cuidado y ni siquiera está dentro de las normativas del INPE para el tratamiento de las familias, en lo efectivo vemos que esto es muy débil porque en realidad cuando una madre es detenida muchas veces son los vecinos o familiares quienes se preocupan de la protección de los hijos”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“[…] Una de las cosas que hemos encontrado a diferencia de otros estudios, en otros países y aquí mismo, es que las madres entrevistadas manifestaron que sus hijos habían tenido alteraciones o secuelas después de su detención, siendo el problema mayor el relacionado a problemas afectivos, todo lo que tiene que ver con la tristeza y depresión”, comentó.

Indicó que el objetivo de este análisis es generar un interés en el Poder Ejecutivo para que se desarrollen políticas públicas en esta materia. Explicó que una separación muy violenta y abrupta –cuando se produce la detención de uno de sus padres– desestabiliza la formación emocional de todo menor.

“Los objetivos que tenemos como institución es justamente proponer recomendaciones y políticas públicas para el cuidado, no solamente de los hijos que son del conflicto armado, sino que puedan ser aplicadas a cualquier niño joven cuya madre esté detenida por cualquier otro delito”, acotó.

Finalmente, manifestó que las propuestas públicas del Centro de Atención Psicosocial serán presentadas hoy a partir de las siete de la noche, en las instalaciones del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).