Ideeleradio.- “Es tan terrorista el que pide impunidad para Abimael Guzmán, como el que pide amnistía para Alberto Fujimori”, afirmó Marisol Espinoza

Ideeleradio.- “Es tan terrorista el que pide impunidad para Abimael Guzmán, como el que pide amnistía para Alberto Fujimori”, afirmó Marisol Espinoza Cruz, vocera de la Bancada Nacionalista, al considerar que ambos personajes afectaron la democracia y cometieron graves violaciones de derechos humanos.

“¿Qué hay que combatir? El tema de quienes afectan la democracia. El que afecta la democracia, es tan terrorista el que pide inmunidad o amnistía para Abimael, como el que pide amnistía para Fujimori. ¿Por qué? Fujimori no está preso porque robó al país o porque Montesinos le entregó dinero a Carlos Raffo, no está preso porque robaron 6 mil millones de dólares, Fujimori está preso por el Grupo Colina porque mando a matar a inocentes,”, expresó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“[Fujimori está preso] porque organizó una estructura de poder no solo para corromper a las Fuerzas Armadas, sino para atacar a los ciudadanos cuando tenía la obligación de cuidarlos en su calidad de jefe de Estado. Aquí es tan antidemocrático, se opone a la democracia, tanto Abimael Guzmán como Fujimori porque los dos han cometido delitos de lesa humanidad y lo que está pidiendo Rafael Rey y el Gobierno de García y lo que está promoviendo el fujimorismo es que ésta gente que cometió delitos de lesa humanidad quede libre. ¿Eso es democrático?”, puntualizó.
Espinoza Cruz resaltó, en cambio, la dignidad y el rol de los de las Fuerzas Armadas en el combate contra el terrorismo, aunque lamentó que en este conflicto hayan aparecido malos militares, en referencia a los generales Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo, acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

Estimó que el Gobierno aprista ya ensayó un posible intento de liberar al condenado Alberto Fujimori a través del indulto que se le brindó al ex empresario de televisión José Enrique Crousillat. Consideró que este hecho forma parte de una alianza estratégica entre el Apra y el fujimorismo.

“Ya han hecho el intento ofreciendo la amnistía a José Enrique Crousillat, han querido recuperar canales para devolverlos a la mafia. Y hay una gran mafia a través de medios de comunicación que trabajan para Keiko Fujimori, el servicio de inteligencia, contra la oposición”, añadió. “Estamos ante el mismo sistema demoledor que utilizó Vladimiro Montesinos y es más de repente lo están preparando desde el penal con la misma cabeza de Montesinos”, apuntó.

La parlamentaria comentó que la reciente delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que legisle en materia de normas procesales y penitenciarias de justicia militar, confirma nuevamente la teoría de una alianza entre el Partido Aprista Peruano y el movimiento fujimorista.

“Esto es entre el Apra y el fujimorismo, una de las alianzas, no olvidemos que la Comisión de Justicia está en manos del fujimorismo y ¿qué hicieron ellos? Le dieron capacidades y poderes más allá de lo que pedía el Poder Ejecutivo, el único objetivo aquí es defender a quienes violaron los derechos humanos”, concluyó.

PNP: Villa Stein debe decir quién es el responsable en Caso USB-BTR y no enviar acertijos

Ideeleradio.- La tarea del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, es decir quién es el responsable de la manipulación, cambio o sustracción de los USB de Giselle Gianotti, ex ejecutiva de Business Track (BTR) y no enviar acertijos que provocan vergüenza respecto del Poder Judicial, sostuvo Marisol Espinoza, vocera de la Bancada Nacionalista.

Fue al comentar las declaraciones del titular de la Corte Suprema, quien descartó que los USB hayan sido cambiados en el Poder Judicial, sin revelar en donde pudo haber sido manipulada la información y dejando entrever que este tema beneficia a “algún político no de turno”.

“Qué vergüenza que tengamos un Poder Judicial que nos haga pasar por un acertijo cuando su tarea y su obligación es decir ¿Quién es?, ¿Quién? Porque yo no le puedo pedir a un juez o a un encargado de la justicia, oye mándame un acertijo. ¡Por favor! eso es absurdo, totalmente absurdo”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Aquí está comprobado que los únicos beneficiados eran Palacio de Gobierno y sus ministros, con la venta de los recursos naturales, lotes petroleros, la entrega de hospitales y los aranceles, aquí hay que demostrar quién fue limpiando el camino para que estas historia de corrupción más grande, que ha removido al gobierno de García no se conozca”, sostuvo.

La parlamentaria denunció que los documentos del Caso Business Track están siendo manipulados por un grupo de especialistas contratados, que trabajan con la anuencia y la venia de los más altos funcionarios del país. Indicó que por ello se desconoce quiénes son los responsables de dicha acto de corrupción.

Baguazo debe pasar factura a Mercedes Aráoz

En otro momento, Espinoza Cruz comentó que es hora que los lamentables sucesos de Bagua, ocurridos el pasado 5 de junio del 2009, le cobren factura a la ministra de Economía Mercedes Aráoz, a propósito de su eventual candidatura al sillón presidencial.

“La señora Aráoz tiene todo el derecho de participar en una elección para la presidencia de la República, pero sería interesante [saber] cómo le responde al pueblo, cuando dijo se cae el TLC si se derogan los decretos legislativos [sobre la Ley de la Selva], ahora dice que no dijo eso, habría que pasarle las copias para que recuerde”, señaló.

“[Mejor] que el Baguazo le pase la factura a esta señora que hasta ahora no reconoce el derecho, ni de los pobladores amazónicos, jubilados, ni de los mineros, ni de los pescadores que se mueren día a día; sin embargo, ellos prometieron pagarles y hasta ahora no les pagan, o sea aquí hay muchas cosas pendientes”, agregó.

Nacionalismo comprometido con terminar su tarea

Igualmente, Marisol Espinoza desmintió la versión de que algunos congresistas de la Bancada Nacionalista estén evaluando ir a la reelección. Aseguró que hasta el momento dentro del partido no hay una predisposición que apunte a ese objetivo.

“Los congresistas de la Bancada Nacionalista estamos comprometidos con terminar nuestra tarea, nuestra tarea es decirle al Gobierno todos los errores que cometen todos los días, por eso hemos presentado una denuncia contra Pluspetrol porque el Gobierno se lava las manos”, mencionó en referencia al derrame de petróleo en la Región Loreto.

Caso Camisea: García busca recursos para campaña

La vocera de la Bancada Nacionalista remarcó, en otro momento, que el presidente de la República le miente al país, cuando afirma que hay suficiente reserva de gas para la demanda interna. En ese contexto, sostuvo que el único interés de este Gobierno es garantizar un socio en las próximas elecciones y tener un financiamiento para la campaña del año 2011.

“El señor Alan García está equivocado y miente cuando dice que se han bajado las tarifas […] El Gobierno está exportando dos balones de gas por un sol ochenta (S/. 1.80) y a cuánto se le vende a la ama de casa en el Perú, entre 30 y 35 soles. Y abusivamente justo en la zona de Echarate donde la gente cocina con leña, el gas se vende a 60 soles”, desmintió.

“Lo único que le interesa a este Gobierno son dos cosas: Las elecciones del 2011 para garantizar un socio que les cuide las espaldas para volver el 2016 y el otro tema, es entregar los negocios a sus amigos para garantizar el financiamiento de la campaña y garantizar la impunidad de la cúpula fujimorista”, opinó.

El cuco del terrorismo

Finalmente, Marisol Espinoza subrayó que el presidente Alan García está aplicando la misma estrategia que utilizó el movimiento fujimorista, a través de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, sobre la implantación del miedo en la opinión pública con la presencia del terrorismo.

“El cuco del terrorismo y eso es lo que nos está vendiendo el gobierno de Alan García, diciendo cuidado aquí está nuevamente el cuco del terrorismo, aquí hay que ser claros. El fujimorismo se jacta de haber vencido el tema del terrorismo, cuando ellos más bien vencieron la dignidad de las Fuerzas Armadas”, sentenció.

Aprodeh advierte que Grupo Colina sería traslado también a ex cuartel Tarapacá

Ideeleradio.- Los integrantes del Destacamento Colina serían también trasladados al ex Cuartel Tarapacá, el cual se convertiría en un centro de reclusión exclusivo para violadores de los derechos humanos, tras el acuerdo sostenido entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ejército, advirtió Gloria Cano Legua, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Fue al referirse al traslado de siete condenados y procesados por el homicidio del periodista Hugo Bustíos y la desaparición forzada de varios pobladores, a un pabellón de la nueva cárcel de mujeres Virgen de Fátima, construida sobre parte del terreno del ex cuartel del Ejército Tarapacá (Chorrillos).

“[Los miembros del Grupo Colina] podrían ser trasladaos allí también. Nosotros recordamos que hace ya un tiempo la defensa de Santiago Martín Rivas estaba tratando de que sea traslado del penal Sarita Colonia donde se encuentra un penal militar, en Chorrillos. Creemos que esto puede ser el inicio o el piloto para que todos sean trasladados a ese sector y hacer del ex cuartel Tarapacá un centro exclusivamente para violadores a los derechos humanos”, declaró al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esto puede terminar en tratar de formar una especie de cárcel dorada para los acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos. Nos informaron que hay un convenio firmado por el INPE con del Ejército Peruano para establecer dentro de este ex cuartel Tarapacá un centro de detención para militares. Sin embargo, esto no había sido conocido”, informó.

Cano Legua refirió que la infraestructura y las condiciones del penal no estaban adecuadas para convertirlo en un centro de reclusión mixto ya que era exclusivamente para mujeres e insistió en que no se han prestado las medidas de seguridad para este fin.

“Lo que nos refirieron es que las condiciones de infraestructura del penal no estaban adecuadas para albergar como un penal mixto y que habría muchos problemas porque hasta ese momento no nos confirmaban la presencia de militares allí, porque esto es exclusivamente para mujeres. Se estaría tratando de conformar una cárcel dorada para ellos”, subrayó.

La letrada dijo que no le resulta extraño este tipo de medidas, porque estas formarían parte de una serie de acciones para beneficiar a militares vinculados a casos de derechos humanos, pues tiene como contexto la delegación de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo en esta materia.

“Dentro de las facultades que se han otorgado está la de legislar con respecto a beneficios penitenciarios, a procesos de ejecución penal, lo cual va a referir [no solo] a los posibles beneficios, sino también las condiciones carcelarias y los propios procesos de ejecución. Nosotros creemos que los delitos de lesa humanidad son graves, por tanto, no se les puede calificar con medidas de mínima seguridad por la gravedad de los hechos y por la actitud que han tomado la mayoría de estas personas en estos procesos judiciales, que es la de seguir dando dolor a las víctimas”, opinó.

Denuncia de Pichilingüe es jalada de los cabellos

Cano Legua calificó como una acusación “jalada de los cabellos”, la denuncia constitucional que formuló el ex miembro del Grupo Colina, Carlos Pichilingüe Guevara, contra los vocales supremos César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe, por supuesta violación a la Carta Magna en la sentencia que condenó al ex presidente Alberto Fujimori por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta.

Alertó que Pichilingüe Guevara tratará de ejercer presión, a través de sus aliados fujimoristas en el Parlamento, contra los jueces que juzgaron al ex mandatario, pues la denuncia está en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso.

“Él ya había formulado una denuncia penal contra algunos testigos del caso Barrios Altos señalando su pertenencia de ellos a Sendero Luminoso […] Nosotros no creemos que va a tener ningún futuro [la denuncia constitucional], pero sí creemos que las fuerzas fujimoristas van a tratar de presionar a los jueces con este tipo de situaciones ante el Congreso de la República”, afirmó.

“[Recordemos que] ya lo había hecho Pichilingüe ante las autoridades judiciales y no resultó porque fue archivado. Ahora va a sus aliados en el Congreso para lograr algún tipo de presión o sanción a los jueces que hicieron justicia, por primera vez en un país, contra un ex presidente”, acotó.

Delegación fue filtrada por Souza

La defensora de derechos humanos dijo, además, que no le resulta extraño que el congresista fujimorista Rolando de Souza, trate de apoyar este tipo medidas.

Denunció que el parlamentario actúa a pedido de los clientes de su estudio de abogados, tras recordar que fue él quien filtró el documento para que el Ejecutivo legisle sobre normas procesales y penitenciarias de personal militar-policial investigadas por violación a los derechos humanos.

“Efectivamente es el congresista Souza quien viene desde hace bastante tiempo tratando de filtrar ese tipo de medidas legislativas. Nosotros hemos presenciado dentro del proceso judicial de Barrios Altos cómo Salazar Monroe reclamaba a su defensa hecha por el doctor [César] Nakazaki que es socio del estudio de Souza, sobre los beneficios penitenciarios. Decía: ¿dónde está el proyecto? Lo decía a voz en cuello en la sala que lo juzga. Ahí está la respuesta, a pedido de sus clientes se está haciendo este tipo de propuestas legislativas de delegación de facultades”, argumentó.

PJ y MP no actúan frente a maniobras de procesados

Reveló que Salazar Monroe viene negándose a comparecer en el caso Barrios Altos, hasta que no se vea la situación de sus beneficios penitenciarios. Manifestó que este tipo de personajes actúan coordinadamente para alargar sus procesos y después denunciar un exceso de carcelería.

“Hemos venido alertándolo pero lamentablemente el Poder Judicial no toma las medidas necesarias para poder contrarrestar este tipo de maniobras. Vemos también una actitud bastante complaciente en no protestar, no señalar que estos plazos extraordinarios que se están dando son por culpa de los abogados y de los propios procesados en delitos de lesa humanidad, para que se cumplan por estricto y que las audiencias también sean de forma igual. Lamentablemente sólo participamos como parte civil y vemos una constante de ampliar los plazos y tratar de dilatar para evitar juicios orales”, acotó.

Finalmente, aclaró que en los casos de desaparición forzada si bien no pueden pedir que se les aplique el “2 x 1”, si pueden pedir que se le aplique otro tipo de beneficios. Refirió que hay miembros del Destacamento Colina que están solicitando determinados beneficios para salir en libertad. “Es falso lo que se señala acá [que no tengan beneficios]”, concluyó.

Afirman que fallos del TC puede servir para desarrollar consultas hasta que se promulgue la ley

Ideeleradio.- Las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que están referidas al derecho a la consulta de los pueblos indígenas pueden servir como herramienta para desarrollar este mecanismo en algunos casos específicos hasta que se promulgue la ley, sostuvo Pedro Grandez Castro, director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Eso es muy relevante porque desde los medios de difusión se tiende a mirar solo el fallo de la sentencia del TC y no se toma en cuenta que los tribunales son ‘altas cortes’ […], y lo relevante son los argumentos que desarrolla en los fundamentos de las sentencias”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En el caso nuestro, la interpretación del TC sobre la Constitución y el Convenio 169, resulta relevante de cara a lo que podríamos llamar los estándares mínimos en materia de protección de las comunidades y creo que se puede construir algunos tramos a partir de la fundamentación que hay en dos o tres sentencias relevantes sobre el derecho a la consulta previa, con información transparente y neutral en el caso del gobierno, y con respeto de las lenguas [de los pueblos indígenas]”, agregó.

El catedrático indicó que el tema de la consulta pasa por establecer estándares y principios mínimos que tampoco implique cerrar las posibilidades de desarrollo. Sostuvo que la inversión extranjera no es el único que tiene que emitir un pronunciamiento, porque este es un aspecto que involucra al gobierno y la representación de comunidades indígenas.

Recordó que en un último coloquio internacional se analizó el tema del derecho constitucional de los pueblos indígenas frente a la inversión minera, en el marco de un espacio de colaboración entre la Clínica Jurídica de la UNMSM y la Universidad de Boston, y que pudieron conocer experiencias de Canadá y Guatemala.

“Se evaluaron experiencias como la de Guatemala, donde la inversión minera ha confrontado directamente con problemas muy cercanos a los nuestros, con comunidades que viven del entorno, de los recursos naturales y donde la inversión minera parece avasalladora y casi con pocos controles, debido a la fragilidad institucional que se muestra incapaz de ponerle reglas mínimas a estos capitales”, declaró.

“El tema de la consulta que él [Shin Imai, profesor de la Universidad de Boston] analizó en su exposición, presentaba matices en distintos contextos y pareciera ser que la discusión se centra en estos tiempos en cuál es el punto medio, si es una consulta informativa, donde como –él decía– hay modelos de consulta, un modelo donde uno va a un auditorio donde uno recibe gorritos o lapiceros y se retira y de pronto la empresa dice que ya hizo consulta. Y otros modelos, donde hay más diálogo, de la mano con lo que ha dicho el TC, el punto de la consulta es el consentimiento informado, recogiendo las expectativas de los que participan en este proceso”, concluyó.